Zenaida Galan Cruz
Expediente 764/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 764/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Zenaida Galan Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
PRAL 764/2023 MESA 7 Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 764/2023; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante demanda de amparo recibida el cuatro de agosto de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada a este Juzgado el siete de agosto siguiente, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y de otras autoridades; mismos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Dicha quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés este Juzgado de Distrito, al que, por razón de turno, correspondió el conocimiento del asunto, entre otras cuestiones, ordenó formar expediente impreso y electrónico con el número 764/2023; admitió a trámite la demanda; solicitó su informe justificado a las autoridades responsables y le dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. TERCERO. Inexistencia de una autoridad responsable. En auto de veintidós de agosto pasado se precisó que la denominación correcta de la autoridad señalada en la demanda como "DELEGADO O ENCARGADO DE LA DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE LA TITULAR DE SU UNIDAD JURÍDICA" era Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que se ordenó reexpedir el comunicado respectivo con dicha denominación, denominación que se tuvo por inexistente en la audiencia constitucional, previa vista a la parte quejosa en auto de dieciséis de noviembre pasado. CUARTO. Citación para audiencia. Seguido el juicio en su trámite, el treinta de octubre del año en curso se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, además de que las autoridades responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a la fijación clara y exacta de los actos reclamados, los cuales la parte quejosa hace consistir en: a) La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir íntegramente los términos de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo **********, el **********, en términos de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de ninguna forma quede incumplida o se ejecute en plazos prolongados e inciertos. Que se reclama de la Sala Regional de Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. b) La omisión de acatar en el término de cuatro meses la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo *********, el *************; además, por realizar actos notoriamente dilatorios o prolongados, negligentes e injustificados. Que se reclama al encargado o titular de la Subdelegación de Prestaciones del referido Instituto. Es aplicable la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Presunción de certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable 1) magistrado presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca, negó la existencia del acto que se le atribuye. Por su parte, el 2) representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, en representación del encargado o titular de la Subdelegación de Prestaciones, negó parcialmente la existencia del acto que se le reclama en esta instancia. No obstante, la negativa total y parcial de las responsables se desvirtúa y se tiene por cierto el acto que se les atribuye, ya que de la documental que exhibió el magistrado presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca, como justificación a su informe, consistente en copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente **********, se aprecia que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (cuatro de agosto de dos mil veintitrés), aún no había sido cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad. De ahí que sí existe la omisión que se combate en este juicio de amparo. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". CUARTO. Consideraciones previas. a) Improcedencia. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni se advierte, de oficio, que se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. b) Conceptos de violación. El estudio del acto reclamado se realiza al tenor de los conceptos de violación, que es innecesario reproducir, toda vez que ningún precepto establece tal obligación. c) Suplencia de la queja. Con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado será analizado bajo el principio de suplencia de la queja. Es aplicable la tesis 2a. XCV/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS". En la inteligencia que se hará uso de tal figura, siempre y cuando implique un beneficio a la parte quejosa, en términos de la jurisprudencia 67/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)". QUINTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del tema a dilucidar, se procede a narrar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado en esta instancia constitucional: I. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintiuno ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ******************** demandó de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la negativa ficta a su escrito sin fecha, y presentado ante la demandada el trece de mayo de dos mil diecinueve. II. En auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitió a trámite la demanda, radicándola bajo el registro **********. III. Seguido el juicio en su trámite, el once de febrero de dos mil veintidós la referida Sala dictó sentencia, en la que resolvió lo siguiente: (Imagen escaneada) Sentencia que quedó firme el siete de diciembre de dos mil veintidós. IV. El dos de mayo de dos mil veintitrés la Sala responsable, de oficio, inició el procedimiento previsto en el artículo 58, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; por lo que requirió al titular de la Subdelegación de Prestaciones Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el término de tres días informara el cumplimiento a la sentencia definitiva y firme de once de febrero de dos mil veintidós; apercibiéndolo en sus términos. V. El ocho de mayo del año en curso se determinó que no había lugar a tener por promovida la instancia de queja interpuesta por la actora, en razón de que mediante acuerdo de dos de mayo de este año ya se había iniciado el procedimiento previsto en la fracción I, inciso a), del numeral 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. VI. Mediante acuerdo de uno de agosto pasado la Sala responsable hizo efectivo a la autoridad demandada el apercibimiento con que lo conminó en auto de dos de mayo de este año, y le impuso una multa, equivalente a trescientas unidades de medida y actualización; además, la requirió nuevamente para que cumpliera con la sentencia de referencia. Siendo la última actuación realizada en el expediente ********, a la fecha en que se resuelve este juicio de amparo. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. La parte quejosa alega, toralmente, que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el principio de acceso a la justicia a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque desde la fecha en que se emitió la sentencia definitiva, no ha sido cumplida. Concepto de violación que es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. El referido artículo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)". El citado precepto constitucional transcrito establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte. II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. De tal modo que ese precepto constitucional, en esta última etapa, acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2015591, de rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". En el mismo orden, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), reconoce el derecho a la protección judicial. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para la protección de este derecho es posible identificar dos obligaciones concretas del Estado. La primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de estas. La segunda, garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos. En ese sentido, el artículo 25.2.c de la Convención consagra el derecho al cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. De lo que se sigue que el Estado Mexicano al ratificar el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Y para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno formal y otro material. Este último aspecto, material, se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. De ahí que no sea posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se cumplan cabalmente, pues, de estimar lo contrario, la prerrogativa constitucional y convencional de acceso a la justicia tendría sólo carácter adjetivo o procesal, tan es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que la responsabilidad Estatal no termina cuando las autoridades competentes emitan una decisión o sentencia, sino que requiere además que el Estado garantice los medios y mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones definitivas, de modo que se proteja de manera definitiva los derechos declarados, pues la efectividad de las sentencias depende de su ejecución. En el caso concreto, como se anticipó, la Sala responsable emitió sentencia el once de febrero de dos mil veintidós, en el juicio de nulidad ******, resolviendo favorable a las pretensiones de la quejosa; pero desde la fecha que quedó firme dicha resolución (siete de diciembre de dos mil veintidós) hasta la presentación de la demanda de amparo indirecto (04-agosto-2023), dicha sentencia no se ha cumplido, sin que pase desapercibido que la Sala responsable únicamente ha requerido el cumplimiento de la sentencia en dos ocasiones, a saber, el dos de mayo y uno de agosto de dos mil veintitrés. En ese contexto, aun cuando el dos de mayo de dos mil veintitrés la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca, requirió por primera vez formalmente el cumplimiento de la sentencia a la autoridad demandada, lo cierto es que ese requerimiento se hizo casi cinco meses después de la fecha en que quedó firme la sentencia en el juicio de nulidad. Al respecto, es necesario señalar que la Sala responsable, para hacer cumplir sus sentencias, debe aplicar el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. (.)". Como se ve, dicho numeral dispone, sustancialmente, que debe asegurarse el pleno cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que, para ello, la autoridad demandada debe dar cumplimiento a la sentencia dentro de los tres días siguientes al plazo previsto en el numeral 52 de la misma ley (en el caso, cuatro meses); pues de no hacerlo así, deberá ser requerida y apercibida para el cumplimiento total que debe darse a la referida sentencia. Sin embargo, se reitera, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (cuatro de agosto de dos mil veintitrés) y a la en que se dicta esta resolución, la sentencia de once de febrero de dos mil veintidós, dictada en el juicio de nulidad **********, no ha sido cumplida por la parte demandada, en tanto que la autoridad rectora del procedimiento, Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la ciudad de Oaxaca, no ha asegurado el pleno cumplimiento de esas resoluciones; advirtiéndose que sus actuaciones, para ese efecto, fueron el dos de mayo y uno de agosto de dos mil veintitrés, donde requirió a la autoridad demandada para que dentro del término de tres días, contados a partir de su notificación, acreditara haber dado cumplimiento a la sentencia dictada. En esa medida, está probada la falta de diligencia eficaz en el trámite de ejecución de sentencia por parte de la Sala responsable, lo que evidencia no solo la transgresión al derecho fundamental de tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 17 constitucional, sino también su derecho a la seguridad social, que en personas jubiladas -como acontece en el caso- se traduce como el derecho que busca satisfacer la necesidad de subsistencia económica que persiste para quien dejó de trabajar y que puedan vivir dignamente durante su vejez, pues la jubilación constituye el único monto sustitutivo de salario que reciben para suplir sus necesidades básicas. En definitiva, la pensión y, en general, la seguridad social, constituyen un medio de protección para gozar de una vida digna. Así, al existir una omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad por parte de la autoridad y al no gozar la quejosa de los incrementos a su pensión que fueron ordenados en sentencia de once de febrero de dos mil veintidós, implica angustia, inseguridad e incertidumbre en cuanto al futuro de una persona mayor por la posible falta de recursos económicos para su subsistencia, ya que la privación de un ingreso lleva intrínsecamente la privación en el avance y desarrollo de su calidad de vida y de su integridad personal. En esa medida, resultan fundados los conceptos de violación, lo que impone conceder la protección constitucional solicitada por la quejosa ********************. Lo que se hace extensivo al acto reclamado al titular de la Subdelegación de Prestaciones Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por no reclamarse por vicios propios, pues de las constancias que obran en el juicio de nulidad ********** no se advierte ninguna actuación eficaz de su parte a fin de dar cumplimiento a la resolución emitida en ese expediente. SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto por el que se le comunique que causó ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables: 1. La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez: Emita las determinaciones conducentes en el juicio de nulidad *********, en los términos que establece el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que la autoridad demandada cumpla plenamente con la sentencia de once de febrero de dos mil veintidós, lo cual significa que deberá ser diligente en el trámite de la ejecución de la sentencia, a efecto de que el procedimiento no quede paralizado. 2. El titular de la Subdelegación de Prestaciones Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Acate los efectos de la sentencia de once de febrero de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario **********, en relación con el requerimiento de cumplimiento que le formule la Sala responsable, conforme al procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables 1) Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, y 2) titular de la Subdelegación de Prestaciones Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto, para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando octavo de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del órgano jurisdiccional.
- Principal
PRAL 764/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. De éstos se advierte que en acuerdo de dieciséis del mes actual se dio vista a la parte quejosa, para que, en el plazo de tres días, manifestara lo conducente respecto a la inexistencia de la autoridad responsable señalada como: "Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", el cual se notificó a dicha parte procesal el veintiuno de noviembre pasado; lo que denota que, a la fecha, se encuentra transcurriendo dicho plazo. 2. Diferimiento de audiencia. En esas condiciones, no es jurídicamente posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere, y se fijan las doce horas con siete minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para su desahogo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 764/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Inexistencia de autoridad responsable. Vistos los autos, específicamente la razón asentada el veinticuatro de agosto del año en curso por el actuario judicial adscrito a este Juzgado, se advierte la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 20062/2023 a la autoridad responsable "Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", debido a que fue informado por la jefa de la Unidad Jurídica de dicha dependencia, que esa denominación es incorrecta. 1.1. Vista a la parte quejosa. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 108, fracción III, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que, en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, aclare la denominación correcta de la autoridad que señaló como responsable en su demanda de amparo. 2.1. Apercibimiento. En el entendido que de no hacer manifestación alguna, se tendrá como autoridad inexistente, para efectos de este juicio de amparo, cesando toda comunicación con la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.153/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 72, noviembre de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 764/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento de la audiencia constitucional. Vistos los autos, advirtiéndose que se encontraban señaladas las diez horas con cincuenta y siete minutos del diecinueve de octubre del año en curso, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo; misma que no pudo desahogarse, ya que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés fueron declarados inhábiles, en sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado por el secretario Ejecutivo del Pleno mediante circular 28/2023, y a través del "AVISO DE SUSPENSIÓN DE LABORES" firmado por los coordinadores de a) magistrados de Circuito y b) jueces de Distrito, ambos del Decimotercer Circuito, de fecha veinticinco del mes actual, relacionado con la circular 29/2023 del referido secretario Ejecutivo del Pleno. En esas condiciones, se difiere la referida audiencia constitucional y se fijan las diez horas con siete del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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