Zeltzin Perez Matamoros

Expediente 1368/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1368/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Zeltzin Perez Matamoros

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés.Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Director General de Programación, Organización y Presupuesto y la Directora General de Recursos Humanos, así como su superior jerárquico, la Coordinadora General de Administración, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han sido omisos en coadyuvar con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que no han remitido las constancias con las que acrediten haber dado cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, tomando en consideración que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 297, fracción I, del supletorio código adjetivo federal, REQUIÉRASE POR ÚLTIMA OCASIÓN a Yolanda Carolina Salcedo Pérez Directora General de Recursos Humanos y a Luis Alberto Espinoza Sauceda Director General de Programación, Organización y Presupuesto, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que acrediten ante este Juzgado de Distrito haber realizado lo siguiente: a Yolanda Carolina Salcedo Pérez Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el término de DIEZ DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, haber solicitado al Director General de Programación, Organización y Presupuesto, la suficiencia presupuestal por la cantidad que asciende a $509,490.77 quinientos nueve mil cuatrocientos noventa pesos, 77/100 moneda nacional, por concepto de diferencias en el pago de aguinaldo, correspondiente a los ejercicios dos mil dos a dos mil dieciocho, y remitirle la planilla de liquidación por dicha cantidad. b Paulino Rodríguez López Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el término de DIEZ DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, haber otorgado la suficiencia mencionada en el inciso a que antecede. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción I del citado código, REQUIÉRASE POR ÚLTIMA OCASIÓN a Laura Ángeles Gómez Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la Directora General de Recursos Humanos y del Director General de Programación, Organización y Presupuesto, las conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a las vinculadas responsables el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. En el entendido de que no basta la sola manifestación de que giró oficios para instar a las citadas autoridades a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues debe acreditar que ejerció verdaderamente sus facultades como superior jerárquico de aquellas para vencer su renuencia, como la imposición de medidas de apremio de índole interno, disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, o bien solventar el punto en el que las autoridades directamente obligadas se señalan una a la otra, y no solo se quede como una mera autoridad expectante y no gestora del cumplimiento ordenado a sus dependientes, pues de, hacerlo solo así, resultara acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. En ese sentido, no obstante no se desconoce que existe un procedimiento interno que se sigue dentro de dicha dependencia para realizar un pago, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberán atender el presente requerimiento de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito. Apoya lo anterior la jurisprudencia que establece: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b, 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materias: Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10. En efecto, derivado de los múltiples asuntos que se substancian en este Juzgado de Distrito, es un hecho notorio para el suscrito las prácticas dilatorias de las autoridades vinculadas, para retrasar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa, en específico del Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como lo es que ante el inicio de próximo ejercicio fiscal, pretenderá reiniciar el procedimiento de pago bajo el pretexto de solicitar la planilla de liquidación actualizada, y así continuamente año con año de manera indefinida, evadiendo el cumplimiento de los requerimientos que le formula este órgano jurisdiccional; actuación que constituye una práctica dilatoria y negligente que obstaculiza y dificulta el cumplimento de la sentencia dictada en autos. Por lo que con en el objeto de evitar la prolongación indefinida del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, e impedir que llegue un nuevo año, que implique volver a empezar el procedimiento de cumplimiento, hágase del conocimiento de las responsables que únicamente se otorgara una prórroga para cumplir con lo ordenado en el presente proveído, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITEN GESTIONES FEHACIENTES que demuestren un avance en el procedimiento de cumplimiento. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa el siete de agosto de dos mil veintitrés, sin que hubiera realizado manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito y se procede a resolver lo conducente en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en el expediente. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, de rubro y datos de localización siguientes: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d3.75 ALONSO ANTONIO HERNANDEZ FLORES ESTA SEGUNDA SALA). (Registro: 192174, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243) Precisado lo anterior y toda vez que la litis en el presente juicio, versa sobre el incumplimiento de la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, pronunciada en el recurso de apelación RAJ.73108/2019 y RAJ.182002/2019 derivados del expediente TJ/I-79502/2019 del índice de la Primera Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, remítase a la referida Sala de anulación copia certificada de la sentencia y del acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictados en el juicio en que se actúa, así como de los oficios registrados con números de correspondencia 13842 y 20330, con sus anexos, para que de conformidad con el artículo 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley, dentro del término de DIEZ DÍAS hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de éste proveído, se pronuncie sobre el cumplimiento de tales determinaciones atendiendo a los documentos que se le remiten, y lo haga del conocimiento de este Juzgado, o en su defecto, manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta días unidades de cuenta; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese

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