Zeferino Zamarripa Escamilla

Expediente 1376/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1376/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Zeferino Zamarripa Escamilla

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por ***, con el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mixquiahuala, Hidalgo y otra. Fórmese expediente y regístrese con el número 1376/2021-6, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, el quejoso bajo protesta de decir refiere que no ha sido emplazado al juicio de Divorcio Unilateral 867/2021 promovido por Olga Lidia Calva Chávez; sin embargo, de los hechos y de las pruebas que anexa se advierte que en esencia reclama: El acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de divorcio unilateral 867/2021, en el que el juez admitió la demanda promovida por Olga Lidia Calva Chávez; en el que entre otras cosas decretó medidas de protección a favor de la actora, a fin de que el demandado, aquí promovente del amparo, se salga del domicilio conyugal con auxilio de la fuerza pública. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la literalidad del artículo y fracción mencionados, se advierte que contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, éste debe interponerse antes de ocurrir al amparo, en la inteligencia de que el numeral citado abarca a todos los medios ordinarios de defensa con que cuenta la parte quejosa, y que con su interposición pueda lograrse la nulificación de los actos reclamados. Al respecto, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de divorcio unilateral 867/2021, en el que el juez admitió la demanda promovida por Olga Lidia Calva Chávez; en el que entre otras cosas decretó medidas de protección a favor de la actora, a fin de que el demandado, aquí promovente del amparo, se salga del domicilio conyugal con auxilio de la fuerza pública, lo que estima violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal tutelan en su favor. Dada la naturaleza del procedimiento del que deriva el acto reclamado, resulta necesario invocar el contenido de los artículos 261, 262, 374, 382, 386, 424, del Código Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 261. Las resoluciones se dividen en Decretos, Autos y Sentencias." "Artículo 262. Las resoluciones son: I.- Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán acuerdos; II.- Determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llaman autos provisionales; III.- Decisiones que tienen fuerzas de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos; IV.- Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenado, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios; V.- Decisiones que resuelven un incidente promovido antes, o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias; y VI.- Sentencias definitivas." "Artículo 374. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el sólo efecto de apegarse al procedimiento." "Artículo 382. El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior." "Artículo 386. El litigante al interponer la apelación ante el juez, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida. Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días, y las que se interpongan contra sentencia definitiva, dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones." En atención a los artículos 261 y 262 transcritos, se advierte que la determinación reclamada en esta instancia constitucional, es un auto de mero trámite en el que se admitió la demanda de divorcio voluntario, y en lo que interesa se fijaron medidas de protección a favor de la quejosa, consistente en que el promovente se salga del domicilio conyugal, en caso de resistencia con auxilio de la fuerza pública; en este sentido no se ubica en los supuestos señalados en el artículo 374 del ordenamiento legal invocado. En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 386 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo, la resolución reclamada en el presente juicio de derechos es atacable mediante el recurso de apelación, ante lo cual resulta inconcuso que si la ley aplicable contempla un medio de defensa legal que tiene por objeto que el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, el quejoso, previamente a intentar la acción constitucional debió haber agotado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, interponiendo contra dicho acuerdo, el recurso de apelación a que se contrae el ordenamiento legal ya antes invocado. Apoya lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXX, Materia Común, página 1406, con rubro: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO." En consecuencia, el acto que por esta vía reclama la parte quejosa del amparo, lo constituye aquél que puede ser confirmado, revocado o modificado, mediante el medio de impugnación que la ley de la materia establece para ello, pues siendo parte, pues bajo protesta de decir expuso que ya fue emplazado al juicio de divorcio;, por tanto, está obligado a agotar el recurso previsto por la ley previamente a intentarse el juicio de derechos, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, pues no obstante que dicho acto pudiera considerarse de imposible reparación, lo cierto es que el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, señala expresamente que el amparo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 44/2012 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia Común, página 729, de rubro: ?PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.? Por todo lo expuesto, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, téngase como autorizado en términos restringidos, esto es, para oír y recibir notificaciones, a Gabriel Lugo López, al no acreditar contar con registro de cedula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerla como autorizada en términos amplios. Por otra parte, no ha lugar tener el correo electrónico y número telefónico como forma para oír y recibir notificaciones, debido a que el artículo 26 de la Ley de Amparo no contempla dichas comunicaciones para tales efectos; no obstante, se toma nota de los mismos, para el caso que resulte necesario entablar comunicaciones no oficiales. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento de los promoventes que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Notifíquese personalmente.

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