Zeferino Viveros Viveros
Expediente 998/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 998/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/12/2022
Partes del expediente
- Zeferino Viveros Viveros
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario adscrito al Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual, remite copia certificada del testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de catorce de diciembre del presente año, en el conflicto competencial administrativo C.C.A. 34/2022; en la que resolvió lo siguiente. "ÚNICO.- Se declara legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, promovida por ******************, al Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México." ARCHIVESE. NOTIFIQUESE.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, dictado en los autos del toca CCA 34/2022 de su índice, donde medularmente informa que se avoca al conocimiento del conflicto competencial planteado en auto; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 653/2022-III, de su índice ya que no aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, con motivo de la demanda de amparo presentada por ********************, por propio derecho, contra actos del Ministerio Público Titular de la Mesa y/o Unidad de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato y otras autoridades. Lo anterior, en virtud de no haber aceptado la competencia declinada por este juzgado federal en auto de treinta de junio de dos mil veintidós, para conocer del presente juicio de amparo 998/2022; en atención a las razones que en el mismo se exponen, las cuales se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias. En ese orden de ideas, confírmese la recepción correspondiente e indíquese al juzgado de mérito, de manera respetuosa, que este órgano jurisdiccional no comparte su opinión e insiste en declinar competencia a su favor, por las siguientes razones. En este juicio de amparo, a consideración de este órgano jurisdiccional, el acto reclamado consiste sustancialmente, en la instrucción de registrar en el Registro Público Vehicular (REPUVE), el reporte de robo con fecha de actualización de dos de junio de dos mil dieciocho, fecha de robo dos de junio de dos mil dieciocho, con motivo de la carpeta de investigación que originó dicho reporte de robo en la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Guanajuato. En ese sentido, es menester resaltar que en el sistema procesal acusatorio el Ministerio Público ya no debe formar un expediente de averiguación previa, cuyo contenido era la base del juicio, pues aportaba el mayor número de pruebas relevantes para decidir la contienda, sino que, en términos del artículo 217, en relación con el diverso 260, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente debe integrar una carpeta de investigación con el registro de aquellos actos que tengan el carácter de antecedentes de la investigación, que son aquellos de los que se generan datos de prueba para establecer que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y de los cuales, eventualmente, se producirán pruebas en el juicio oral. Lo anterior se desprende del criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la tesis I.8o.P.9 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2014667, libro 43, junio de 2017, tomo IV, materia penal, página 2875, que a continuación se transcribe: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. AL SER DESFORMALIZADA LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL EN LA QUE SE INTEGRA, SÓLO DEBEN REGISTRARSE EN AQUÉLLA LAS ACTUACIONES QUE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 260, AMBOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CONSTITUYAN PROPIAMENTE ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN (DATOS DE PRUEBA), DE LOS QUE EVENTUALMENTE PUEDEN GENERARSE PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL. . Conforme a lo anterior, resulta aplicable, por analogía el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que el juez de distrito en materia penal es competente para conocer del juicio de amparo interpuesto contra los actos realizados por el agente del ministerio público durante la integración de la averiguación previa. Tal criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 89/2004, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, registro 179990, tomo XX, diciembre de 2004, materia penal, página 22, que a continuación se transcribe: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. . Ahora bien, los actos reclamados están necesariamente vinculados con las denuncias realizadas ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Guanajuato, pues es precisamente en esa instancia en la que se dilucidan todos los aspectos que giran en torno a un delito, de modo que deben considerarse un acto materialmente penal, aunque formalmente proceda de autoridades administrativas, puesto que el registro vehicular con reporte de robo está conectada funcionalmente con su integración; cuestiones que deben analizarse con base, precisamente, en la legislación sustantiva en materia penal. De ahí que sea el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, el competente para conocer del presente asunto, ya que éste goza de la formación, especialidad y dominio de la materia penal, necesarios para resolver de manera más autorizada y con mayor prontitud la cuestión sometida a su jurisdicción. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias mínimas indispensables. En virtud de lo anterior, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que una vez que se tenga conocimiento del órgano colegiado que conocerá del recurso en cuestión lo habilite para los efectos antes indicados. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por *************, por derecho propio; contra actos del Ministerio Público Titular de la Mesa y/o Unidad de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 998/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Razones de incompetencia. Como cuestión preliminar, se debe destacar que la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose este dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Sobre dicho criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sostuvo que el legislador tomó como base dos criterios: i) la naturaleza del acto reclamado y ii) la naturaleza de la autoridad responsable. Por lo que solo deben tomarse en cuenta esos elementos, sin acudir a los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS."1 Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: [se transcribe] Razones de la incompetencia por materia Con base en el acto reclamado por el promovente, el cual puede constituir actos posiblemente emanados de algún delito, es posible advertir que en atención a su naturaleza, no se encuentran inmersos dentro de la materia administrativa, ya que su naturaleza debe fijarse en concordancia con la esencia de las consecuencias que pueden producir, como es en el caso, la comisión del algún ilícito. Así, toda vez que el acto reclamado por el quejoso se vincula con la probable comisión de algún ilícito, contra ella procede el juicio de amparo indirecto en materia penal, en términos de la fracción I del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece dicho supuesto, como así se desprende de la siguiente transcripción: [se transcribe] Del citado artículo se advierte que, para definir la competencia por materia de los jueces de Distrito en los juicios de amparo, el legislador determinó dos criterios: la naturaleza del acto reclamado y la autoridad responsable. Cabe destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio en el sentido que, tratándose de conflictos competenciales por razón de materia, deben resolverse atendiendo en exclusiva a la naturaleza de la acción planteada en el caso que da origen al conflicto, prescindiendo de la relación jurídica sustancial existente entre las partes en conflicto, porque esto constituye parte del análisis de las cuestiones de fondo. Ese criterio en comento se contiene en la tesis de jurisprudencia P./J. 83/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, foja veintiocho, de rubro y tenor siguientes: [se transcribe] Conforme al anterior criterio, para resolver el presente asunto debe determinarse la naturaleza jurídica del acto reclamado en el juicio de amparo y el cual quedó precisado en párrafos anteriores. De lo relatado se advierte que el acto reclamado, materia del presente asunto consiste, sustancialmente, en la instrucción de registrar en el Registro Público Vehicular (REPUVE), el reporte de robo con fecha de actualización de dos de junio de dos mil dieciocho, fecha de robo dos de junio de dos mil dieciocho, con motivo de la carpeta de investigación que originó dicho reporte de robo en la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Guanajuato. En ese sentido, es menester resaltar que en el sistema procesal acusatorio el Ministerio Público ya no debe formar un expediente de averiguación previa, cuyo contenido era la base del juicio, pues aportaba el mayor número de pruebas relevantes para decidir la contienda, sino que, en términos del artículo 217, en relación con el diverso 260, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente debe integrar una carpeta de investigación con el registro de aquellos actos que tengan el carácter de antecedentes de la investigación, que son aquellos de los que se generan datos de prueba para establecer que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y de los cuales, eventualmente, se producirán pruebas en el juicio oral. Lo anterior se desprende del criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la tesis I.8o.P.9 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2014667, libro 43, junio de 2017, tomo IV, materia penal, página 2875, que a continuación se transcribe: [se transcribe] Conforme a lo anterior, resulta aplicable, por analogía el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que el juez de distrito en materia penal es competente para conocer del juicio de amparo interpuesto contra los actos realizados por el agente del ministerio público durante la integración de la averiguación previa. Tal criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 89/2004, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, registro 179990, tomo XX, diciembre de 2004, materia penal, página 22, que a continuación se transcribe: [se transcribe] Ahora bien, los actos reclamados están necesariamente vinculados con las denuncias realizadas ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Guanajuato, pues es precisamente en esa instancia en la que se dilucidan todos los aspectos que giran en torno a un delito, de modo que deben considerarse un acto materialmente penal, aunque formalmente proceda de autoridades administrativas, puesto que el registro vehicular con reporte de robo está conectada funcionalmente con su integración; cuestiones que deben analizarse con base, precisamente, en la legislación sustantiva en materia penal. De ahí que sea el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, el competente para conocer del presente asunto, ya que éste goza de la formación, especialidad y dominio de la materia penal, necesarios para resolver de manera más autorizada y con mayor prontitud la cuestión sometida a su jurisdicción. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitirla al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Fórmese cuaderno de antecedentes de este expediente, únicamente con las constancias mínimas indispensables. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***************, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ténganse por autorizados en términos simples a *************, hasta en tanto registren su cédula profesional en el referido sistema. Acceso a expediente electrónico. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico, en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró el nombre de usuario "************", corresponde a**********. Notifíquese; personalmente al quejoso.
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