Zeferino Piedra Coyote
Expediente 1319/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 24 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1319/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 06/09/2017
Partes del expediente
- Dionicio Bernal Carbajal
- Zeferino Piedra Coyote
- Jovita Iglesias Matías
- ZEFERINO PIEDRA COYOTE y Otros.
- DIONICIO BERNAL CARBAJAL y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Toluca, México; seis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Magistrado Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México, solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente sumario a fin de que se encuentre debidamente integrado el toca 333/2016 de su índice, en virtud de no tener conocimiento de que el auto de trece de febrero del año en curso -en que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo- haya quedado firme; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el artículo 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. En ese contexto, comuníquese a la autoridad oficiante que el auto de trece de febrero anteriormente citado, fue declarado firme por el diverso de dieciséis de marzo anterior ordenándose el archivo del presente sumario como asunto totalmente concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con el Secretario Jonathan Corona Belendez, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
iii Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que las partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de trece de febrero dos mil diecisiete (fojas 450 a la 453), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Por otra parte, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, se precisa lo siguiente: El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se concedió a los quejosos el amparo y protección de la Justicia de la Unión (Punto vigésimo primero, inciso IV, del Acuerdo de referencia). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que en interlocutoria de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo multicitado. De conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del palzo de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger las copias certificadas que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrán serán depurados y en su momento destruidos junto con éste. Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesado en proveído de treinta de enero de la anualidad en curso (foja 445), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: Zeferino Piedra Coyote, Jovita Iglesias Matías, Dionicio Bernal Carbajal, Erika Piedra Dionicio y José Candelario Entote, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO AUTORIDADES ORDENADORAS INTEGRANTES DEL PRIMER TRIBUNAL DE ALZADA EN MATERIA PENAL DE TOLUCA, DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. COMO AUTORIDAD EJECUTORA 1. SECRETARIO DEL PRIMER TRIBUNAL DE ALZADA EN MATERIA PENAL DE TOLUCA, DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 2. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO. 3. NOTIFICADOR DEL JUZGADO DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO. IV. ACTO RECLAMADO: Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras respectivamente: 1). RESOLUCIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2016, MEDIANTE EL CUAL LAS AUTORIDADES ORDENADORAS REVOCAN LA RESOLUCIÓN DE LA JUEZ DE CONTROL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO. 2). De las autoridades ejecutoras marcadas con los incisos 1), 2) y 3) el cumplimiento que pretendan otorgar al resultado de la nueva resolución." Mediante sentencia firmada el veintisiete de octubre de dos dieciséis (fojas 150 a 163), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Zeferino Piedra Coyote, Jovita Iglesias Matías, Dionicio Bernal Carbajal, Erika Piedra Dionicio y José Candelario Entote, contra actos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otras autoridades, por lo motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Inconforme con lo anterior, los quejosos Zeferino Piedra Coyote, Jovita Iglesias Matías, Dionicio Bernal Carbajal y José Candelario Entote, interpusieron recurso de revisión, mismo que fue radicado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, bajo el número de amparo en revisión 353/2016, en el que por determinación de doce de enero de dos mil diecisiete, resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia Federal Ampara y Protege a los quejosos Zeferino Piedra Coyote, Jovita Iglesias Matías, Dionicio Bernal Carbajal y José Candelario Entote, respecto la resolución dictada el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis por el Primer Tribunal de alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, para los efectos y en los términos determinados en la parte final del considerando último de esta sentencia." En obediencia a lo ordenado por la Superioridad, por auto de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo al Primer Tribunal de alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que el Primer Tribunal de alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, realice lo siguiente: Dejará sin efectos la resolución de apelación y en su lugar dictara otra en la que se apegara a los argumentos establecidos en la ejecutoria de amparo, confirmando la resolución dictada el nueve de junio de dos mil dieciséis por la Juez de Control del Distrito judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en la carpeta administrativa 1673/2015. En acuerdo de treinta de enero de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio 366, en el cual la autoridad responsable remitió copia certificada de la determinación dictada el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en el toca de apelación 333/2016, con lo cual, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Ahora, de la relación de constancias, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos, pues se advierte que la autoridad responsable, por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (foja 437 vuelta), dejó insubsistente la resolución dictada el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, dentro de los autos del toca de apelación 333/2016 y emitió una nueva resolución, en la cual siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, confirmó la resolución dictada el nueve de junio de dos mil dieciséis por la Juez de Control del Distrito judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en la carpeta administrativa 1673/2015, por la cual niega la apertura del procedimiento abreviado (foja 443). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído.
- Principal
COMO SE ORDENÓ SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL EN SINTESIS DICE: Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesado en proveído de treinta de enero de la anualidad en curso (foja 445), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: Zeferino Piedra Coyote, Jovita Iglesias Matías, Dionicio Bernal Carbajal, Erika Piedra Dionicio y José Candelario Entote, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO AUTORIDADES ORDENADORAS INTEGRANTES DEL PRIMER TRIBUNAL DE ALZADA EN MATERIA PENAL DE TOLUCA, DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. COMO AUTORIDAD EJECUTORA 1. SECRETARIO DEL PRIMER TRIBUNAL DE ALZADA EN MATERIA PENAL DE TOLUCA, DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 2. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO. 3. NOTIFICADOR DEL JUZGADO DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO. IV. ACTO RECLAMADO: Reclamo de las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras respectivamente: 1). RESOLUCIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2016, MEDIANTE EL CUAL LAS AUTORIDADES ORDENADORAS REVOCAN LA RESOLUCIÓN DE LA JUEZ DE CONTROL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO. 2). De las autoridades ejecutoras marcadas con los incisos 1), 2) y 3) el cumplimiento que pretendan otorgar al resultado de la nueva resolución." Mediante sentencia firmada el veintisiete de octubre de dos dieciséis (fojas 150 a 163), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Zeferino Piedra Coyote, Jovita Iglesias Matías, Dionicio Bernal Carbajal, Erika Piedra Dionicio y José Candelario Entote, contra actos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otras autoridades, por lo motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Inconforme con lo anterior, los quejosos Zeferino Piedra Coyote, Jovita Iglesias Matías, Dionicio Bernal Carbajal y José Candelario Entote, interpusieron recurso de revisión, mismo que fue radicado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, bajo el número de amparo en revisión 353/2016, en el que por determinación de doce de enero de dos mil diecisiete, resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia Federal Ampara y Protege a los quejosos Zeferino Piedra Coyote, Jovita Iglesias Matías, Dionicio Bernal Carbajal y José Candelario Entote, respecto la resolución dictada el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis por el Primer Tribunal de alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, para los efectos y en los términos determinados en la parte final del considerando último de esta sentencia." En obediencia a lo ordenado por la Superioridad, por auto de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo al Primer Tribunal de alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Ahora, la concesión del amparo fue para el efecto de que el Primer Tribunal de alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, realice lo siguiente: Dejará sin efectos la resolución de apelación y en su lugar dictara otra en la que se apegara a los argumentos establecidos en la ejecutoria de amparo, confirmando la resolución dictada el nueve de junio de dos mil dieciséis por la Juez de Control del Distrito judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en la carpeta administrativa 1673/2015. En acuerdo de treinta de enero de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio 366, en el cual la autoridad responsable remitió copia certificada de la determinación dictada el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en el toca de apelación 333/2016, con lo cual, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Ahora, de la relación de constancias, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos, pues se advierte que la autoridad responsable, por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (foja 437 vuelta), dejó insubsistente la resolución dictada el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, dentro de los autos del toca de apelación 333/2016 y emitió una nueva resolución, en la cual siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, confirmó la resolución dictada el nueve de junio de dos mil dieciséis por la Juez de Control del Distrito judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en la carpeta administrativa 1673/2015, por la cual niega la apertura del procedimiento abreviado (foja 443). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído.
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