Zeferino Osorio Braulio

Expediente 260/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
260/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Zeferino Osorio Braulio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos y téngasele haciendo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que la demanda de amparo promovida por ********************, le correspondió conocer por razón de cambio de turno al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dos de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio 14533/2022 del Secretario del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele informando que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, motivo del presente cuaderno de antecedentes. En consecuencia, hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente y archívese este asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso j), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se declaró carecer de competencia legal para resolver el asunto. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Alfredo García Ríos, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, por vacaciones de la titular (del veinticuatro de julio al siete de agosto de dos mil veintidós), en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintisiete de junio de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2975/2022, ante el secretario Fernando Cervantes Ruvalcaba, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vista la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y téngasele haciendo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que la demanda de amparo promovida por Zeferino Osorio Braulio, le correspondió conocer por razón de turno al Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Alfredo García Ríos, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, por vacaciones de la titular (del veinticuatro de julio al siete de agosto de dos mil veintidós), en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintisiete de junio de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2975/2022, ante el secretario Fernando Cervantes Ruvalcaba, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintidós de julio de dos mil veintidós. Visto el informe justificado de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tienen como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en copia certificada de la causa penal 1/2021 de su índice, constante de catorce tomos; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso particular, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, considera carecer de competencia legal para resolver el presente asunto. Para demostrar lo anterior, es menester traer a contexto lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción precedente se desprenden tres hipótesis que determinan cundo es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, las cuales son las siguientes: 1. Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, ante el que se presente la demanda cuando si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. 3. Es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que, es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en la especie, la hipótesis aplicable es la descrita en el punto número uno, pues el auto de formal prisión tiene ejecución material, lo cual, como se verá y justificará, ocurre en Coatzacoatcos, Veracruz. Atento a lo anterior, la suscrita juzgadora estima que este Juzgado Decimoprimero de Distrito, con residencia en Poza Rica, Veracruz, carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones que se exponen enseguida. Como primer punto, se establece que el acto combatido en el presente juicio es el auto de formal prisión dictado por el Juez Primero de Primera Instancia con residencia en esta ciudad, en atención al exhorto 136/2022 remitido por el Juez Primero de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, dentro de los autos de la causa penal 1/2021, por medio del cual solicitó legalizar la detención del aquí quejoso, tomarle declaración preparatoria y, una vez hecho lo anterior, resolver su situación jurídica, en virtud de que Zeferino Osorio Braulio, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz; sin embargo, ante la desaparición del Juzgado Primero de dicha ciudad, el diverso Juzgado Primero de Primera Instancia de Poza Rica, absorbió el trámite de aquél, razón por la cual la comunicación oficial de mérito se remitió al órgano jurisdiccional domiciliado en esta ciudad. Ahora bien, de lo anterior se advierte que el Juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad, actúo en los autos de la causa penal 1/2021 que se instruye al aquí quejoso por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, con base en una competencia que se le reconoció por una circunstancia extraordinaria, en este caso, en virtud del exhorto que se le remitió para su diligenciación y dada la situación de urgencia que se presentó, como es el resolver la situación jurídica del indiciado y respecto del cual contaba con un término perentorio. En este tenor, al desaparecer la situación de urgencia que prevalecía, el juez exhortado devolvió diligenciado el exhorto al juez de la causa, con la finalidad de que siguiera conociendo del procedimiento penal que se le instruye al quejoso, el cual, ante la urgencia de resolver la situación jurídica, solicitó el auxilio para llevar a cabo las diligencias más urgentes en la causa penal. De tal forma que, se estima competente en relación con el proceso penal, al juez que ejerce jurisdicción sobre el juzgado donde se lleva el proceso, ya que el juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad, cesó en su participación auxiliar, quedando el procesado sujeto al auto de formal prisión en los autos de la causa penal 1/2021 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz. De esta manera, si bien es cierto, el auto de formal prisión fue dictado por el juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad, lo que obedeció al exhorto girado por el Juez Primero de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, no menos lo es que la resolución de término constitucional emitida por un juez en cumplimiento a un exhorto, no es una resolución que surta efectos exclusivamente en el cuaderno relativo a éste, sino que sus efectos se trasladan de manera directa al proceso; en este caso a los autos de la causa penal 1/2021, del índice del citado Juez Primero de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz. Ello se estima así, toda vez que considerar lo contrario, es decir, establecer que el quejoso se encuentra sujeto a la potestad del Juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad, es incorrecto, pues es evidente que el proceso que se le sigue al aquí quejoso no es tramitado por el juez referido, sino por el que se ubica en Coatzacoalcos, Veracruz, y, por ende, sujeto a la jurisdicción de dicho órgano jurisdiccional. Máxime que el Juez Primero de Primera Instancia de esta ciudad, únicamente proveyó lo necesario, de conformidad con lo que le solicitó el juez de la causa y en razón de la urgencia de la medida; con lo cual su actuación no puede ser considerada aisladamente, sino como un acto derivado del proceso instaurado en su contra. Lo anterior es así, ya que la comunicación oficial enviada, al ser un acto aislado no constituye un acto de ejecución útil para determinar la competencia del Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, ya que ésta únicamente se trata de una actuación procesal más llevada a cabo en el proceso que se le instruye al aquí quejoso y cuya esencia es la de una solicitud de apoyo. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias siguientes: Registro digital: 160608 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Registro digital: 181558 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 8/2004 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Mayo de 2004, página 339 Tipo: Jurisprudencia EXHORTO. SU LIBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN QUE DETERMINE LA COMPETENCIA DE UN JUEZ DE DISTRITO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE GARANTÍAS. El exhorto que es girado concretamente con miras a lograr ejecutar lo ordenado en el auto de exequendo, sólo constituye una actuación procesal por medio de la cual se establece un vínculo de comunicación entre Jueces de distinta jurisdicción, pero de la misma jerarquía, que tiene como finalidad solicitar el auxilio del Juez exhortado para que, en uso de las facultades legales que puede desplegar en su jurisdicción, provea lo necesario, conforme a lo solicitado por el Juez exhortante, a fin de ejecutar lo ordenado en el auto de exequendo. Por lo tanto, el exhorto en sí mismo considerado, no constituye un acto de ejecución que sea útil para determinar la competencia de un Juez de Distrito, para conocer de un juicio de garantías, pues atento a su naturaleza, se trata únicamente de una actuación procesal, cuyo contenido esencial es una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución. Aunado a lo anterior, la comunicación oficial que se trata únicamente constituye el medio a través del cual se establece un vínculo de comunicación ambos juzgados -Poza Rica y Coatzacoalcos-, cuyo fin último es solicitar el auxilio del juez exhortado para que, en uso de las facultades legales que puede desplegar en su jurisdicción, provea lo necesario, conforme a lo solicitado por el juez exhortante. En el presente caso, se trató, entre otras cosas, de resolver la situación jurídica del quejoso, lo que a final de cuentas, se reitera, no puede ser considerado para determinar la competencia de un Juez de Distrito, pues tales actuaciones únicamente son un apoyo temporal a la actuación del juez de la causa, respecto del cual el aquí quejoso se encuentra sujeto a su potestad en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, quien le instruye la causa penal 1/2021. En ese tenor, conforme a las jurisprudencias transcritas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las que más adelante se invocan, se concluye que la ejecución del auto de formal prisión ocurre en el citado municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, y no en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz, por más que el auto de formal prisión se haya dictado por el juez residente en esta ciudad y en auxilio del primero de los citados, pues es ante el Juzgado de Coatzacoalcos, Veracruz, en donde se encuentra sujeto el quejoso a proceso penal y, por ende la ejecución del auto de formal prisión, es decir, la continuación de la privación de la libertad es producto del proceso que se le lleva en tal Juzgado. Entonces, la competencia conforme a la primer regla del artículo 37 de la Ley de Amparo, toca al Juez de Distrito en turno en el Estado de Veracruz con sede en Coatzacoalcos, pues el Juzgado de Primera Instancia, se ubica en dicha ciudad y no a los Juzgados Federales con residencia en esta ciudad de Poza Rica de Hidalgo. Luego, si bien es cierto, el quejoso se encuentra recluido en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, y que el auto de formal fue dictado por una autoridad que se ubica dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, contrario a lo que pudiera considerarse, el quejoso no se encuentra a disposición de ninguna de las autoridades residentes en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, contrario a lo que sucede en relación con el Juez Primero de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, Veracruz, respecto de quien el quejoso sí se encuentra a disposición, en virtud del auto de formal prisión combatido y de instaurarle el proceso penal. Esto se estima así, pues los efectos del auto de formal prisión, entre otros, son el dar inicio al proceso penal propiamente dicho con la apertura del periodo de instrucción, situación que evidentemente afecta la libertad personal del quejoso, consecuencia del dictado del auto de bien preso, el cual lo vincula con el juez del proceso, al quedar a disposición de éste por cuanto hace al proceso que se le instruye y recluido en el Centro de Readaptación Social en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, pero a disposición de la autoridad jurisdiccional, no así respecto de la administrativa. Dicho de otro modo, no se está en el caso de que el quejoso ya esté sentenciado y a disposición del ejecutivo, a través de autoridades administrativas, en donde sí se consideraría válida para determinar la competencia la sede del reclusorio donde esté preso, sino que en el caso particular, se encuentra sujeto a un proceso, y en concreto a la autoridad judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, cuyo juez es quien tiene radicado y le instruye el proceso penal que dio origen al auto de formal prisión reclamado, y cuya ejecución traducida en la continuación de la restricción de su libertad se lleva a cabo ahí. Por lo tanto, es evidente que la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en virtud de que la causa penal que se instruye al procesado es del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, autoridad respecto de la cual el aquí quejoso se encuentra a disposición en virtud del proceso que se le sigue. Recapitulando, la resolución por la que se dictó auto de formal prisión al aquí quejoso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, tiene una ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional exhortante; ya que las consecuencias derivadas del auto de bien preso no corresponde su conocimiento al juez que lo emitió, sino al juez que le sigue el proceso, por lo tanto, los juicios de amparo que pudieran promoverse en contra de ellos, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse tales actos, independientemente de la residencia del juez que emitió el auto de bien preso en auxilio del juez de la causa o del lugar en donde físicamente esté privado de su libertad el impetrante. En mérito de lo anterior, este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica de Hidalgo, declara carecer de competencia legal para resolver el presente asunto, y la declina a favor del Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos; con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Además, se destaca que la suscrita juzgadora ya proveyó en definitiva sobre la suspensión del acto reclamado, de modo que la decisión de incompetencia cumple con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo. CUADERNO DE ANTECEDENTES Y REMISIÓN DE LOS AUTOS En mérito de lo expuesto, fórmese cuaderno de antecedentes y remítanse los autos originales del presente juicio de amparo 260/2022, al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, junto con los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, así como los catorce tomos de pruebas remitidos por el Juez Primero de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz, como justificación de sus actos, a fin de que, de estimarlo conducente conozca su tramitación, solicitándole que una vez que se pronuncie al respecto, acuse el recibo correspondiente. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

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