Zeferino Hernández Cid

Expediente 392/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
392/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Zeferino Hernández Cid

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 98, primer párrafo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el acuerdo dictado por este Tribunal el treinta de abril de dos mil veintiuno; con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la demanda, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 20, del capítulo octavo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el juicio de amparo carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, capítulo quinto, del Acuerdo General citado. Por lo que transcurridos más de seis meses, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E).. Se hace constar que en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el Estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto de la prevención que se le formuló por proveído de dieciséis del presente mes; en ese sentido, este órgano jurisdiccional procede a acordar lo conducente en los términos planteados en la demanda de garantías. Examinada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, del ordenamiento legal invocado, que señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". En efecto, el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y que se encuentra contemplado en la fracción transcrita, dispone que antes de acudir al juicio biinstancial, los inconformes Zeferino Hernández Cid y Juan Miguel Cabrera Gutiérrez, deben agotar los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos en la ley que rige el acto, que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo, siendo muy clara la disposición legal transcrita en el sentido de declarar improcedente el juicio constitucional si no se ha cumplido con ello. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que los promoventes del amparo, reclaman del Registrador del Instituto de la Función Registral con sede en Tuxtepec, Oaxaca, el oficio que emitió número 118/2020 de fecha doce de octubre de dos mil veinte, en el que manifiesta que no se encontró inscrito el testamento público abierto que en vida realizó Zeferino Hernández Moreno, no obstante que el citado testamento se inscribió legalmente. En ese contexto, contra el mencionado acto procede el recurso de revisión o juicio administrativo en términos de los artículos 1, primer párrafo, 98, y 215 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, este último, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, mismos que no requieren mayores requisitos para la obtención de la suspensión de los actos impugnados que los que exige la Ley de Amparo para la suspensión definitiva, los que para mayor claridad se transcriben enseguida: "ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen la Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública-Estatal; cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca.". "ARTÍCULO 98.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales-administrativas correspondientes ante el Tribunal. Para poder acudir al Juicio de Amparo, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en esta ley". "ARTÍCULO 215.- El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia; tal medida cautelar tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento. Se deberá analizar la apariencia del buen derecho y peligro en la demora al momento de decidir los efectos de la suspensión. Se concederá la suspensión siempre que: I. Se conserve la materia del juicio; II. No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y III. Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado". Por lo tanto, al no agotar los quejosos Zeferino Hernández Cid y Juan Miguel Cabrera Gutiérrez, previamente a la promoción del juicio de amparo dicho medio ordinario de defensa, se concreta la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar la demanda, de conformidad con el numeral 113 del mismo ordenamiento legal. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis sostenida por el entonces único Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, DEBEN AGOTARSE LOS, PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS AUN Y CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES A PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. Aun y cuando en la demanda de amparo se aleguen violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por falta de fundamentación y motivación en el acto reclamado, lo cierto es que, substancialmente se impugnan violaciones a las leyes ordinarias e indirectamente los de la garantía de legalidad que contemplan los preceptos supraindicados, esto es, al lado de las violaciones directas a la Constitución, se alegan violaciones al procedimiento seguido por la responsable para imponer multas, por no cumplir con los requisitos de seguridad e higiene, así como no instalar comisión mixta de capacitación en la empresa y pretende también que no le sea aplicable la Ley Federal del Trabajo, sino "un reglamento de aplicación federal", por tratarse de una empresa minera; de lo anterior, es claro que contrario a lo alegado, sí estaba obligado el hoy recurrente a intentar, previo al juicio de garantías el recurso que establece el artículo 23 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación; en consecuencia, no hay razón para pretender, que por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones de garantías de legalidad por estimar que se vulneran preceptos de leyes secundarias violación a la garantía de audiencia, no debe agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes; lo contrario, esto es, de estimar procedente el juicio de amparo por el simple hecho de hacer referencia a violaciones de preceptos constitucionales, sin que el afectado cumpla la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que establece la ley ordinaria que estima infringida, haría imperativo el criterio del quejoso para optar, entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca.". El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO... Número de expediente: 392/2021 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto el Estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto de la prevención que se le formuló por proveído de dieciséis del presente mes; en ese sentido, este órgano jurisdiccional procede a acordar lo conducente en los términos planteados en la demanda de garantías. Examinada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, del ordenamiento legal invocado, que señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". En efecto, el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y que se encuentra contemplado en la fracción transcrita, dispone que antes de acudir al juicio biinstancial, los inconformes Zeferino Hernández Cid y Juan Miguel Cabrera Gutiérrez, deben agotar los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos en la ley que rige el acto, que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo, siendo muy clara la disposición legal transcrita en el sentido de declarar improcedente el juicio constitucional si no se ha cumplido con ello. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que los promoventes del amparo, reclaman del Registrador del Instituto de la Función Registral con sede en Tuxtepec, Oaxaca, el oficio que emitió número 118/2020 de fecha doce de octubre de dos mil veinte, en el que manifiesta que no se encontró inscrito el testamento público abierto que en vida realizó Zeferino Hernández Moreno, no obstante que el citado testamento se inscribió legalmente. En ese contexto, contra el mencionado acto procede el recurso de revisión o juicio administrativo en términos de los artículos 1, primer párrafo, 98, y 215 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, este último, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, mismos que no requieren mayores requisitos para la obtención de la suspensión de los actos impugnados que los que exige la Ley de Amparo para la suspensión definitiva, los que para mayor claridad se transcriben enseguida: "ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen la Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública-Estatal; cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca.". "ARTÍCULO 98.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales-administrativas correspondientes ante el Tribunal. Para poder acudir al Juicio de Amparo, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en esta ley". "ARTÍCULO 215.- El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia; tal medida cautelar tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento. Se deberá analizar la apariencia del buen derecho y peligro en la demora al momento de decidir los efectos de la suspensión. Se concederá la suspensión siempre que: I. Se conserve la materia del juicio; II. No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y III. Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado". Por lo tanto, al no agotar los quejosos Zeferino Hernández Cid y Juan Miguel Cabrera Gutiérrez, previamente a la promoción del juicio de amparo dicho medio ordinario de defensa, se concreta la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar la demanda, de conformidad con el numeral 113 del mismo ordenamiento legal. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis sostenida por el entonces único Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, DEBEN AGOTARSE LOS, PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS AUN Y CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES A PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. Aun y cuando en la demanda de amparo se aleguen violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por falta de fundamentación y motivación en el acto reclamado, lo cierto es que, substancialmente se impugnan violaciones a las leyes ordinarias e indirectamente los de la garantía de legalidad que contemplan los preceptos supraindicados, esto es, al lado de las violaciones directas a la Constitución, se alegan violaciones al procedimiento seguido por la responsable para imponer multas, por no cumplir con los requisitos de seguridad e higiene, así como no instalar comisión mixta de capacitación en la empresa y pretende también que no le sea aplicable la Ley Federal del Trabajo, sino "un reglamento de aplicación federal", por tratarse de una empresa minera; de lo anterior, es claro que contrario a lo alegado, sí estaba obligado el hoy recurrente a intentar, previo al juicio de garantías el recurso que establece el artículo 23 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación; en consecuencia, no hay razón para pretender, que por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones de garantías de legalidad por estimar que se vulneran preceptos de leyes secundarias violación a la garantía de audiencia, no debe agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes; lo contrario, esto es, de estimar procedente el juicio de amparo por el simple hecho de hacer referencia a violaciones de preceptos constitucionales, sin que el afectado cumpla la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que establece la ley ordinaria que estima infringida, haría imperativo el criterio del quejoso para optar, entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca.". El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Zeferino Hernández Cid, y Juan Miguel Cabrera Gutiérrez, contra actos del Registrador del Instituto de la Función Registral con sede en Tuxtepec, Oaxaca; con registro de este Juzgado 392/2021; a fin de acordar lo procedente sobre la admisión de la demanda, con fundamento en los artículos 112 y 114 fracción II, en relación con el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días siguientes a su legal notificación, manifieste si señala también como autoridad responsable al Juez Primero de lo Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, que conoce del expediente 35/2020, relativo al juicio sucesorio testamentario, pues de los hechos que narran se desprende que el acto que reclaman en esta instancia constitucional, tiene relación con el citado juicio sucesorio. Apercibido que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo indicado, se acordará lo procedente en los términos planteados en la demanda de cuenta. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, teniendo por autorizados únicamente para tales efectos a las personas que indica, sin gozar de la plenitud de las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de abogados. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza el usuario Cabrela_Law, para ese efecto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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