ZEFERINO GALINDO CORONA y Otros.

Expediente 572/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
572/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
03/06/2019

Partes del expediente

  • ZEFERINO GALINDO CORONA y Otros.
  • Zeferino Galindo Corona
  • JOSÉ DE JESÚS AMARAL peña y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    CÚMPLASE.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el catorce de mayo de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó en el juicio constitucional; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. Atento a lo dispuesto en el numeral Décimo Primero, tercer párrafo, del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger las documentales que exhibió, apercibida que de no hacerlo en en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Con lo anterior, se ordena dar vista en el cuaderno incidental derivado del presente juicio de amparo y una vez notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte tercero interesado NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente la resolución de catorce de mayo de dos mil diecinueve dese le notifica por medio de la presente lista dicha sentencia, en el que dice: Sentencia que pronuncia el Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan: (1) Vistos, para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 572/2019, promovido por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Jalisco, así como de otras autoridades; y (2) Resultando 1. Por escrito presentado el once de marzo de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, y remitido el miso día hábil por razón de turno a este Juzgado Federal, los quejosos demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Pleno, Magistrado Presidente, Secretario General, Actuario Notificador del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, también del Congreso, Comisiones Legislativas de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, así como del Secretario General y Actuario Notificador del Congreso, totalidad de autoridades del Estado de Jalisco; consistentes en: "Acuerdo de fecha 11 once de enero de 2019 dos mil diecinueve". Fojas 4 del juicio de amparo indirecto. 2. Previo requerimiento, mediante proveído de veintiocho de marzo siguiente se admitió la demanda de amparo y se registró con el número 572/2019, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. 3. Finalmente, se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que se celebró el día trece de mayo de dos mil diecinueve en términos del acta que antecede. (3) Considerando 1. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 modificado por el diverso 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el Acuerdo general 41/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Toda vez que se reclaman actos de autoridades que se encuentran dentro de la circunscripción territorial en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en el presente juicio de garantías. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; así como en tesis número P.VI/2004, número de registro 181810, de la voz: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que se reclama: a) El acuerdo dictado el once de enero de dos mil diecinueve en autos del expediente laboral; por el cual, se impuso como sanción la suspensión del cargo al incumplir con lo laudado. b) Su ejecución. 3. Sigue verificar la certeza o inexistencia de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia XVII.2º. J/10, con número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rótulo "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. Primero, porque ello se encuentra justificado con las actuaciones que en copia certificada fueron allegadas por aquéllas; documentales, que merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Segundo, pues así lo confesaron al rendir su respectivo informe justificado, o en su caso, si bien al rendir su respectivo informe previo negaron su existencia, aquéllas realizaron manifestaciones tendentes a acreditar la constitucionalidad de los mismos; lo anterior, con fundamento en la tesis 278, con número de registro 917812, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". 4. Previo al estudio del fondo del juicio de amparo, es obligado el examen de las causales de improcedencia de la acción constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación al acto delimitado bajo el anterior inciso a) del pasado considerando 2, reclamado de las autoridades responsables relativas al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se actualiza la causal contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; numeral, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Conforme a esta disposición legal, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, para la procedencia del amparo; sin embargo, dicha reforma no conlleva una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, pues el legislador introdujo un concepto jurídico, mediante el cual, se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En ese contexto, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. La redacción actual de ese artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) Aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. 2) Alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución. 3) Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 4) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En cuanto al tema, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado que para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión de la promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza, como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Así es, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 2747/69 determinó que los diversos intereses inherentes a una persona se ciñen a situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad, los que derivan en los llamados intereses simples que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado, cuando éste en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. Entonces, en el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, esto, al ser beneficiados con una conducta estatal, pero ello no conlleva que tengan derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada, por lo que el Pleno del Máximo Tribunal sostuvo que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado. De la ejecutoria que se comenta derivó la tesis aislada sin número, localizable en la Séptima Época, con el número de registro 233517; de título: "INTERÉS SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCIÓN JURÍDICA DIRECTA Y PARTICULAR". En conclusión, el actual contexto constitucional busca preservar los intereses jurídicos y legítimos, pero no los de carácter simple; y persiste el requisito de que el quejoso en el juicio de amparo acredite fehacientemente el interés -jurídico o legítimo- que le asiste para promover la instancia, pues no está permitido que se infiera con base en presunciones. Ahora, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: I) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado. II) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: *) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. *) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Debe entenderse que al referirse el artículo 107 constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Así pues, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2019456, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Así como lo sustentado en la jurisprudencia 1a. CXXIII/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro: 2004008, de rótulo: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO". Con base en lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la afectación que un determinado acto de autoridad ocasiona al gobernado debe probarse en términos del artículo 5 de la Ley de Amparo, en cuanto previene que el juicio de amparo solamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y por ende, el agravio que resienta el gobernado debe ser actual y, por añadidura, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional. De esta manera, la demostración del agravio que la parte quejosa aduzca le causa la responsable al emitir el acto reclamado, así como la legitimación para recurrirlo, conforme al artículo 107, fracción I, constitucional, constituyen requisitos de procedibilidad para el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues, como se ha visto, de conformidad con ese numeral, se requiere en principio, que el acto de autoridad cause perjuicio a la parte promovente y que ésta a su vez, se encuentre legitimada para impugnarlos, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto, es decir, determinar si los actos son o no inconstitucionales, si se satisfacen dichos requisitos. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona (sujeto activo) tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés, y otra persona (sujeto pasivo) que podrá ser un particular tratándose de derechos subjetivos privados tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada: que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Así, uno de los requisitos esenciales de todo derecho subjetivo es la existencia de una norma creada por el legislador con el propósito inmediato de tutelar el interés exclusivo, actual y directo del particular colocado en el supuesto. Por lo que se concluye que, tiene interés para acudir al juicio de amparo aquel que es titular de un derecho tutelado afectado directamente por un acto de autoridad. Con base en lo expuesto, se tiene que la forma de considerar el concepto de parte agraviada, dependerá de cada caso en concreto, es decir, de la manera en que la parte quejosa acuda al juicio de garantías y lo que aduzca que le causa un perjuicio, pues solo de esa manera, se determinará si el presupuesto que debe demostrarse es un interés jurídico como se ha considerado desde antes de la reforma, o bien, un interés legítimo. Ahora bien, de los términos en que fue planteada la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa impugna el acuerdo dictado el once de enero de dos mil diecinueve en autos del juicio laboral; por el cual, se impuso como sanción la suspensión del cargo de los demandados, al incumplir con lo laudado; sin embargo, de las constancias que obran en autos no se advierte que exista afectación actual en la esfera de derechos del impetrante, pues hasta el momento no se ha autorizado la suspensión señalada, como se verá a continuación. Para mayor comprensión, es necesario transcribir algunos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco: "Artículo 224. 1. Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la desintegración de los Ayuntamientos, y la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus miembros, previo el cumplimiento del derecho de audiencia y defensa de los afectados". "Artículo 225. 1. Cuando el Congreso del Estado reciba alguna denuncia o queja contra Ayuntamientos o Concejos Municipales o miembros de estos cuerpos colegiados por alguna o algunas de las causas graves tipificadas por la ley que establece las bases generales de la administración pública municipal, procede con arreglo a lo contenido en el presente capítulo". "Artículo 226. 1. Una vez ratificada la queja o denuncia, se presenta a la Asamblea del Congreso del Estado para que se turne a las Comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal, las cuales califican si la causa atribuida corresponde a las previstas por la ley y, si la denuncia reúne los requisitos de procedencia, deberá dictaminarse en un plazo de hasta cuarenta y cinco días hábiles. 2. Si las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal resuelven que la queja o denuncia no debe atenderse, deben proponer dictamen de acuerdo legislativo en tal sentido para que sea la Asamblea la que resuelva lo conducente. 3. En caso de que la Asamblea apruebe la sustanciación del trámite, los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal notificarán inmediatamente al denunciante y a los denunciados". "Artículo 227. 1. Los Ayuntamientos, Concejos Municipales o sus miembros denunciados, pueden manifestar lo que a su derecho convenga y presentar pruebas en el término de quince días hábiles a partir del día siguiente al en que fueron notificados". "Artículo 228. 1. Las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal actúan como instancias instructoras del Congreso del Estado, las cuales sustancian la causa, se allegan y reciben información, argumentos, declaraciones, reconocimientos y en general todas las pruebas necesarias y desahogan las mismas para el esclarecimiento de la verdad. 2. En cualquier tiempo las comisiones señaladas en este artículo pueden recabar información o hacer los requerimientos que consideren pertinentes para el mayor esclarecimiento de los hechos". "Artículo 229. 1. Dentro de los quince días naturales siguientes, se señala día y hora para que ante las comisiones instructoras se celebre una audiencia, misma que se debe efectuar dentro de los quince días naturales siguientes. 2. En dicha audiencia se desahogan las pruebas ofrecidas y se expresan los alegatos, citándose al denunciante y al representante del Ayuntamiento, Concejo Municipal o al miembro denunciado. Concluida la audiencia, las comisiones presentan, dentro de los cinco días hábiles siguientes, dictamen proponiendo el sentido de la resolución que deba adoptar el Congreso del Estado, según el caso". "Artículo 230. 1. Si la resolución adoptada por el Congreso del Estado se refiere a la desintegración del ayuntamiento y esto ocurre durante el primer año de ejercicio, se comunica mediante oficio, previo decreto, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el resultado de la resolución y los términos de la convocatoria a elecciones extraordinarias. 2. Si no procede que se celebren nuevas elecciones, el Congreso del Estado designa de entre los vecinos del municipio, a propuesta conjunta de las comisiones de Gobernación, de Desarrollo Municipal y de Asuntos Electorales, a los integrantes del Concejo Municipal que concluyen el periodo respectivo, en los términos de la Constitución Política del Estado y la ley estatal de la materia. 3. El Congreso del Estado debe nombrar una comisión encargada de instalar de inmediato el Concejo Municipal". "Artículo 231. 1. Cuando la queja se deba a la ausencia absoluta de la mayoría de los miembros propietarios y suplentes, de manera que no pueda integrarse el ayuntamiento, basta que las comisiones de Gobernación y Desarrollo Municipal constaten el hecho y que sometan su dictamen al Congreso del Estado, para que éste declare la desintegración del Ayuntamiento y se proceda a la designación de un Concejo Municipal o se convoque a la celebración de elecciones extraordinarias si así procede". "Artículo 232. 1. Si la resolución adoptada por el Congreso del Estado se refiere a la suspensión o revocación del mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento, se notifica a éste para que llame al suplente y desempeñe el cargo durante el término de la suspensión, el cual no puede exceder de un año, o para que concluya el periodo en caso de revocación del mandato". Lo trasunto revela el procedimiento para la suspensión en el cargo de los miembros de los Ayuntamientos, el cual compete al Congreso del Estado de Jalisco. Establece que ratificada la queja o denuncia correspondiente, serán las Comisiones de Gobernación y de Desarrollo Municipal de dicho ente legislativo, las que aprueben la sustanciación del trámite y actúen como instancias instructoras, encargándose de substanciar el procedimiento en el desahogo de pruebas, las cuales se desahogarán en una audiencia que se celebrará a los quince días siguientes. Una vez desahogada la audiencia, las comisiones aludidas presentarán dentro de los cinco días hábiles siguientes un dictamen en el que propondrán el sentido de la resolución que deberá adoptar el Congreso del Estado, según sea el caso. Una vez que cuente con el dictamen, el Congreso del Estado emitirá una resolución por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para lo cual, si se refiere a la suspensión o revocación del mandato, se notificará para que se llame al suplente correspondiente y desempeñe el cargo durante el término de la suspensión, el cual no podrá exceder de un año, o en su caso, para que concluya el periodo en caso de revocación del mandato. Ahora, en el presente asunto no se advierte que el acuerdo reclamado ocasione una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, porque aún y cuando el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco ordenó girar oficio al Congreso de la aludida Entidad Federativa para que lleve a cabo la suspensión temporal de la parte garantista, no se tiene evidencia de que ésta se haya aprobado, sin que exista dictamen al respecto. En ese orden, la decisión del Tribunal responsable de suspender por el lapso de quince días sin goce de sueldo a la parte quejosa, no produce, desde luego, ningún perjuicio a su interés jurídico o legítimo; pues si bien es cierto que en dicha actuación se hizo efectivo el apercibimiento previo decretado, también lo es que mediante éste no se hizo efectiva dicha sanción, en el sentido de sustanciar el procedimiento que para tal efecto lleva a cabo el Congreso del Estado, el que, cabe decir, es el único facultado para determinar y ejecutar dicha suspensión. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia: "SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE UN AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO, POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO CALIFICAR SI SE ACTUALIZA UNA CAUSA GRAVE QUE AMERITE LA IMPOSICIÓN DE DICHA SANCIÓN. De acuerdo con el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Legislaturas de los Estados, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre que éstos hayan tenido la oportunidad de defenderse. Ahora bien, el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios prevé, entre las medidas que el Tribunal de Escalafón y Arbitraje puede emplear para lograr el cumplimiento de un laudo, la suspensión del servidor público obligado a acatarlo; no obstante, de la interpretación de su último párrafo, se advierte que cuando se trate del titular de un Ayuntamiento quien incurra en incumplimiento, el tribunal laboral deberá remitir las actuaciones correspondientes a la autoridad facultada para aplicar dicha sanción, esto es, al Congreso del Estado, a efecto de que verifique mediante el procedimiento respectivo si se actualiza una causa grave que amerite la suspensión del servidor público, pues en términos de la Constitución Federal éste es el único facultado para suspender de sus funciones al Presidente Municipal de un Ayuntamiento, por tratarse de una medida excepcional para intervenir en la permanencia de los miembros del órgano de gobierno municipal". (Época: Décima Época, Registro: 2018369, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 111/2018 (10a.), Página: 1168). Así las cosas, será hasta en tanto el Congreso del Estado de Jalisco tramite el procedimiento correspondiente y lo resuelva de manera adversa a la parte aquí impetrante, cuando el acuerdo reclamado-al ser parte del proceso relativo-, pueda ocasionar un perjuicio a la impetrante del amparo, sin que exista evidencia que a la fecha ello hubiere acontecido. En consecuencia, se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto al actualizarse la causal contenida en el artículo 63, fracción V, en relación con la diversa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, todos los dispositivos legales correspondientes a la Ley de Amparo. Similar criterio sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver el recurso de queja 78/2019, en sesión de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Sobreseimiento que deberá hacerse extensivo al acto de ejecución establecido bajo el distinto inciso b) del aludido considerando 2, reclamado de las autoridades responsables correspondientes al Congreso del Estado de Jalisco, por no atribuírsele vicios propios y al ser una consecuencia del reprochado a las autoridades mencionadas líneas arriba; lo anterior, con fundamento en la jurisprudencia 105, aplicable a contrario sensu, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 394061, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS". En tales condiciones, toda vez que los sobreseimientos decretados impiden el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 394465, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". (4) Punto resolutivo Por lo expuesto y fundado se resuelve: 1. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo indirecto, contra los actos reclamados del Pleno, Magistrado Presidente, Secretario General, Actuario Notificador del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, también del Congreso, Comisiones Legislativas de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, así como del Secretario General y Actuario Notificador del Congreso, totalidad de autoridades del Estado de Jalisco.

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