Zeferina Rocha Hernandez

Expediente 1484/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1484/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
03/01/2018

Partes del expediente

  • Zeferina Rocha Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE quejosa LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: De la certificación que antecede se advierte que la quejosa no recurrió dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto dictado el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 15 a 19), en que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al primer ordenamiento en cita, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que en este órgano jurisdiccional se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto, consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: REGISTRO Y EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese bajo el progresivo 1484/2017. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, fracción XVIII, 113 y 117, último párrafo de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo promovida por **, por no haber promovido oportunamente el juicio de amparo. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo, debe examinarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En el caso, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Por su parte los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento, disponen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Como se advierte, de acuerdo con las disposiciones legales transcritas, en el caso, el plazo para la interposición de la demanda de amparo que nos ocupa es de quince días contados a partir del siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, sin que se actualice alguna de las excepciones precisadas en el artículo 17. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la quejosa bajo protesta de decir verdad, manifestó tener conocimiento del acto reclamado el siete de noviembre del año en curso; lo anterior, en virtud de que fue en esa fecha en que recibió la contestación a la solicitud de historia registral **, expedida por el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad; es decir, en esa fecha tuvo conocimiento de que el bien inmueble ubicado en **, de esta ciudad del finado **, paso a ser propiedad de la Universidad de Guanajuato, mediante juicio sucesorio intestamentario **/2008-C del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, cediendo ésta, los derechos hereditarios en favor del Instituto Municipal de la Vivienda. Motivo por el cual, esa fecha es la que debe de tomarse, como aquella en que la quejosa conoció el acto reclamado. Para mayor claridad, oportuno resulta invocar la jurisprudencia IV.2o.C. J/7, bajo el número de registro 177995, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1035, tomo XXII, julio de 2005, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia. En esas condiciones, el plazo de quince días con que, en todo caso, la quejosa contó para promover juicio de amparo, comenzó al día siguiente hábil del que tuvo conocimiento del acto reclamado; por lo tanto, si la demanda fue presentada hasta el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, como se obtiene del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, resulta evidentemente extemporánea al no haberse promovido dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, por lo que se considera consentido tácitamente el acto que reclama, ya que dicho plazo transcurrió del ocho al veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, sin contar los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco y veintiséis de noviembre, por haber sido inhábiles. Sobre el particular tiene aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 14, que aparece publicada en la página 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que reza: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Además, en el caso no se está en un supuesto de excepción respecto del plazo para promover la demanda, pues no se reclama una norma general, un procedimiento de extradición o sentencia penal condenatoria; tampoco se combaten actos que puedan afectar el disfrute de los derechos agrarios de los núcleos ejidales o comunales, ni es de aquellos que pongan en peligro la vida, afectan la libertad personal de la quejosa fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, proscripción o destierro, desaparición forzada o de algunos de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional...

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