Zeferina Millan Rodríguez

Expediente 355/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
355/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/06/2021

Partes del expediente

  • Zeferina Millan Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de diez de mayo de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda de ************, quien se ostenta como apoderada legal de ********* Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se tuvo por no presentada la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que tuvo por no presentada la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diez de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que mediante proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, se previno a la parte quejosa para que, dentro del término, de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surtiera efectos la notificación de ese proveído, cumpliera con lo siguiente: "(.) PRIMERO. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo. Por su parte, la promovente del amparo ********, quien se ostenta como apoderada legal de *********, sin que acredite fehacientemente ese carácter con documento idóneo como al efecto lo establece el artículo 11 de la Ley de Amparo. Por tanto, requiérase a la impetrante para que acredite con documento fehaciente la personalidad con la que se ostenta como apoderada legal de ***********, esto, en razón de que la personalidad es un presupuesto procesal de cuya observancia depende la eficacia jurídica de la sentencia que en su momento se emita y cuyo análisis es oficioso, resulta indispensable probar tal circunstancia de manera fehaciente en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 48 del Apéndice al Semanario Justicia de la Federación, tomo IV, Novena Época, Julio de 1996, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". En efecto, la ocursante al presentar el escrito de demanda debe demostrar la personalidad con la que se ostenta, pero en el caso, no acompaña documento idóneo alguno con el que acredite la personalidad que aduce ostentar y tampoco expone el impedimento que tiene para presentarlo; por lo que deberá exhibir copia certificada del documento que la acredite como apoderada legal ********, así como copias simples para correr traslado a las partes. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad a que sea cumplido el requerimiento que antecede, se provea sobre el contenido de la misma verificándose si cumple con los requisitos de ley; asimismo, no pasa inadvertido que anexo al ocurso de demanda carta poder de fecha doce de abril de dos mil veintiuno. Se debe precisar que no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la promovente anexo a su escrito de demanda carta poder firmada por la directa quejosa antes dos testigos, sin embargo atendiendo a la naturaleza del acto reclamado que es administrativa, se considera no es apta para acreditar la voluntad expresa de la peticionaria del amparo, por lo que no es posible reconocerle el carácter de representante en los términos pretendidos. Al respecto cabe precisar que, en el orden jurídico mexicano el juicio de amparo constituye un mecanismo para la tutela judicial de la regularidad constitucional de los actos y omisiones de las autoridades, así, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal , prevé que aquél se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, en los casos en los que el acto u omisión que se reclame generen un perjuicio en la esfera jurídica del promovente de manera directa o debido a su especial situación frente al Ordenamiento jurídico. De acuerdo con el postulado constitucional, la Ley de Amparo detalla los requisitos que han de observarse en la tramitación de los juicios de amparo a fin de respetar el principio de instancia de parte agraviada, conforme al cual, es parte en dicho juicio el quejoso, y tiene ese carácter quien aduce ser titular del interés jurídico o legítimo vulnerado por el acto u omisión de la autoridad que se reclama. En ese sentido, conforme a la citada Ley de Amparo, corresponde al quejoso la presentación de la demanda de amparo, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la propia Ley, debido a que el requisito del interés para la legitimación dentro del juicio de amparo deriva necesariamente de que el acto autoritario transgreda la esfera de derechos de una persona o de un grupo de personas, derivado de la naturaleza extraordinaria de este mecanismo de control constitucional. Los artículos 6°, 10 y 11, en relación con el 108, fracción l, todos de la Ley de Amparo, establecen las reglas que deben cumplirse cuando el quejoso acude al juicio representado por un tercero, ya sea por su representante legal o bien, por su apoderado jurídico, preceptos que en lo conducente dicen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior." "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.) De los preceptos legales consultados se colige que los supuestos en los que el quejoso puede ser representado en el juicio de amparo por un tercero, son los siguientes: a) En los casos en que quien se ostente como apoderado de la parte quejosa tenga reconocida dicha personalidad ante la autoridad que haya emitido el acto que se reclama. b) Cuando la ley de la materia que rija el acto reclamado contenga una disposición expresa que establezca la forma en que debe acreditarse la personalidad, y en caso de que no exista disposición en ese sentido, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. c) Cuando los actos importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada o cualquiera de los previstos en el artículo 22 de la Constitución Federal, cualquier persona podrá presentar la demanda de amparo en nombre de la parte quejosa. La concatenación de los anteriores elementos de estudio permite establecer que en razón de que el acto reclamado lo constituye un acto que corresponde a la materia administrativa, por tanto, el presupuesto procesal de la personalidad de quien promueve el juicio de amparo en representación de la quejosa debe acreditarse fehacientemente, y acorde con la hipótesis del párrafo segundo del artículo 10 de la ley de la materia, resumida en el inciso b). En la especie se tiene que, **********, acudió al juicio de amparo en cuestión ostentándose como apoderada legal de la quejosa, y para acreditar tal carácter como se dijo, únicamente exhibió una carta poder simple otorgada por la quejosa ante dos testigos, sin embargo, ello resulta insuficiente para justificar el presupuesto procesal de que se trata. Se afirma lo anterior, ya que en términos del párrafo segundo del invocado artículo 10 de la Ley de Amparo, cuando la ley que rija el acto reclamado contenga una disposición expresa que establezca la forma en que debe acreditarse la personalidad se estará a esta disposición, y en caso de que no exista ésta, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, como debió hacerse y en el caso, en razón de que el acto reclamado es de naturaleza administrativa y la ley en la que se fundamentó el acto reclamado no prevé en la forma en que se acreditará la personalidad debió acatarse lo dispuesto en el artículo 1° del mencionado código1, conforme al cual, para promover mediante representante o apoderado, la intervención de éste debe estar autorizada en la ley. En ese contexto, debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 2555 del Código Civil Federal2, los mandatos generales deberán otorgarse mediante escritura pública o mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante notario, los jueces o autoridades administrativas correspondientes. Luego, si la promovente sólo exhibió junto con el escrito inicial de demanda carta poder simple otorgada ante dos testigos, pero sin la respectiva ratificación ante notario, o bien sin que el poder constara en escritura pública, es evidente que no demostró contar con facultades suficientes para instar el juicio de amparo en nombre y representación de la quejosa, motivo por el cual no puede considerarse satisfecho el requisito de personalidad exigido en los artículos 6°, 10 y 11, en relación con el 108, fracción l, todos de la Ley de Amparo, siendo que la personalidad en el juicio de amparo debe acreditarse de manera fehaciente. SEGUNDO. Exhiba nuevamente los anexos dos y tres de su escrito de demanda ya que las que allegó son ilegibles (.)" Ahora bien, dicho proveído fue notificado vía electrónica, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, por lo que el plazo concedido debió transcurrir del veinte al veintiséis de abril del año en curso, interrumpiéndose en esta última fecha el mismo ya que la parte quejosa intento subsanar la prevención formulada, no obstante, mediante proveído de veintinueve de abril del año que transcurre, se indicó que subsistía la prevención formulada y se le otorgó un día para que diera debido cumplimiento, término que transcurrió el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, sin que diera cumplimiento. En ese contexto, cabe precisar que el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, establece la facultad de los Jueces de Distrito de tener por no presentada la demanda de amparo cuando la parte quejosa no subsane las omisiones o deficiencias que en ésta se hubieran advertido o no exhiba las copias que resulten necesarias para la tramitación del juicio de amparo. Bajo esa tesitura, y ante la omisión de la parte quejosa de desahogar en la totalidad de sus términos la prevención formulada por este órgano de control constitucional, de quince de abril del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento, con el cual fue conminada en el primer auto de referencia, por lo que, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo de la ley de la materia, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTÍAS, para los efectos legales a que haya lugar. Al caso cobra aplicación la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 202, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "DEMANDA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. El cumplimiento de los requisitos señalados por el artículo 116 de la Ley de Amparo, son necesarios para la admisión de la demanda de garantías; por lo que si éstos no se acatan, no obstante la prevención hecha por el Juez de Distrito, procede tener por no interpuesta la demanda de garantías en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo". Sin que sea óbice para arribar a la anterior determinación, el imperativo contenido en el artículo 17 constitucional, los principios de certidumbre jurídica y buena fe, así como, la trascendencia que puede tener para los intereses de la parte quejosa, el no subsanar dentro del término legal, tales irregularidades, habida consideración, que este Tribunal Federal, previo a la aplicación del dispositivo 114 de la Ley de Amparo, tal y como se desprende del auto de prevención antes aludido, hizo saber expresamente a la parte promovente, mediante el apercibimiento respectivo, las consecuencias legales que derivarían de su incumplimiento, en la especie, el tener por no presentada la demanda de amparo. Se agrega escrito. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito con anexo recibido vía electrónica, con evidencia criptográfica que certifica la firma de la signante ********** apoderada legal de *********, mediante el cual, pretende subsanar la prevención de veintinueve de abril del año en curso. Atento a lo anterior, indíquese a la peticionaria que se esté a lo acordado en párrafos precedentes en donde se tuvo por no presentada la demanda de amparo; habida cuenta que tal ocurso fue presentado de manera extemporánea, pues el plazo legalmente concedido para desahogar dicha prevención concluyó el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, como se desprende de la certificación asentada por el secretario que da cuenta y tal petición se hizo llegar el seis de mayo del presente año, lo que se acredita con la evidencia criptográfica generada en dicha promoción. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso el acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno. Cuernavaca, Morelos; veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable Juez Menor de la Segunda Demarcación Territorial del Estado de Morelos, con sede en Puente de Ixtla, por el cual solicita una prórroga por los motivos que expone a fin de dar cabal cumplimiento con el fallo protector de que se trata, asimismo, solicita se aclare el efecto constitucional. Aclaración de sentencia. Ahora bien, respecto de que se aclare la data del auto que se debe notificar al aquí quejoso o parte demanda incidentista fin de dar cabal cumplimiento de la resolución emitida en el presente asunto, se provee lo siguiente: Este órgano de control constitucional advierte de oficio que del análisis efectuado a la sentencia de amparo, se asentó por error mecanográfico "b) Siguiendo los lineamientos de la presente sentencia, ordene la notificación del aquí quejoso *********** o de la parte demandada incidentista, del auto de cinco de junio de dos mil diecinueve, que dio trámite a la incidencia aludida", siendo lo correcto: tres de junio de dos mil diecinueve, tal y como se narró en los antecedentes, así como en la parte considerativa de dicha ejecutoria de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo, del artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, se efectúa la aclaración de sentencia en comento. Cabe señalar, que la aclaración de mérito, no está encaminada a corregir algún concepto ambiguo, rectificar algún punto contradictorio o explicar uno oscuro en el cuerpo de la sentencia relativa al fondo de la cuestión planteada, sino que consiste sólo en precisar la data del acuerdo que debe ser notificado a la parte quejosa a fin de dar cabal cumplimiento al fallo amparador. Prórroga. En consecuencia de lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se otorga a la autoridad responsable, una prórroga de cinco días, a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que allegue copia certificada de las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento al fallo protector; con el apercibimiento que de no hacerlo, o no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de proceder conforme al diverso 193 de la propia ley. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; quince de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio del Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica en representación de la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, por el que realiza manifestaciones en relación al acatamiento de la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; lo que se tiene por comunicado para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, para los efectos legales a que haya lugar, téngase por asentada la certificación en la que se hace constar que el oficio de cuenta fue recibido el trece de abril del año en curso y no el día doce. Notifíquese.

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