Zazil Esther López Soto
Expediente 910/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 910/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Zazil Esther López Soto
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del mencionado Manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable. Vistos los autos de cuenta, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, como se expondrá a continuación. Sentado lo anterior, a juicio de quien provee, respecto del acto reclamado se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" [.]" Como se ve, el artículo en cuestión enarbola el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que tiene su razón de ser en la extraordinariedad que caracteriza a esta institución jurídica, que implica que solo puede solicitarse cuando se han agotado las vías ordinarias para tratar de reparar la violación constitucional o legal que, posteriormente, se pretende controvertir en el amparo. En ese tenor, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, tienen la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia ordinaria. Expuesto lo anterior, respecto a la determinación del no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público debe agostarse el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del precepto transcrito se desprende la regla genérica relativa a que, en el sistema de justicia penal vigente, las determinaciones del Ministerio Público sobre diversos tópicos deben ser impugnadas ante el Juez de control, quien se encuentra revestido de la facultad constitucional de ejercer el control del juicio sobre tales determinaciones. Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en sesión del dieciocho de abril de dos mil dieciocho, sostuvo las consideraciones siguientes: El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el procedimiento penal acusatorio, se conforma por las etapas que se enlistan a continuación: 1) La de investigación, que comprende las siguientes fases: Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación; e Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota, una vez que se haya cerrado la investigación; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En cuanto a ello es pertinente señalar que la etapa de investigación tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 de la Ley Fundamental. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en la carpeta de investigación que para el efecto se integre. También, debe señalarse que en la etapa de investigación, el Ministerio Público puede incurrir en una actitud omisiva con relación a su deber de investigar los delitos; esto es, que en la referida etapa -sea en su fase inicial o complementaria-, la autoridad ministerial incumpla su obligación de investigar el delito e integrar adecuadamente la carpeta de investigación, al omitir realizar las diligencias y actos conducentes -que deben practicarse de oficio, o que soliciten las partes- para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; conducta omisiva que si carece de justificación legal, desde luego puede conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal. En ese contexto, los Jueces de control deben conocer de las impugnaciones contra las resoluciones del Ministerio Público de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos, lo que deberán hacer mediante el desahogo de las audiencias procesales preliminares al juicio, conforme a los principios del sistema acusatorio. En ese contexto, los jueces de Control ejercen una vigilancia de los derechos de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia. De ahí que, las determinaciones del Ministerio Público emitidas durante la etapa de investigación pueden ser impugnadas ante el Juez de control dentro de los diez días siguientes a su notificación, y en ese caso, corresponde a dicho operador jurídico convocar a una audiencia para que, previo a escuchar a las partes, decida en definitiva lo que en derecho corresponda respecto de la resolución impugnada. Para corroborar lo anterior, conviene traer a cuenta diversas consideraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la multicitada contradicción de tesis 233/2017, en la que sostuvo lo siguiente: "[.] 79. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno [.]" De lo anterior, se concluye que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. En esas condiciones, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye el medio de defensa ordinario idóneo para combatir las determinaciones y omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Tiene aplicación al caso, el criterio jurisprudencial PC.I.P. J/68 P (10a.), emitido por los Plenos de Circuito, Decima Epoca, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II, página 1433, de texto y rubro: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DETERMINA DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La reforma constitucional en materia penal publicada en el Diario Oficial de 18 de junio de 2018, debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos publicada en el medio de difusión oficial indicado el 10 de junio de 2011 y armonizar la protección de éstos con los principios del nuevo procedimiento penal. En ese sentido, los artículos 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, deben interpretarse de acuerdo a los principios constitucionales que rigen el sistema acusatorio, especialmente el de contradicción y el de continuidad que constituyen los pilares en que se sustenta el referido sistema, motivo por el cual, aun cuando el recurso innominado previsto en el artículo 258 del código citado, no prevé la suspensión del acto reclamado en los términos descritos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esa circunstancia obedece a la fase procesal en que se emite el no ejercicio de la acción penal, cuya vigilancia recae en el Juez de Control, a quien está encomendado vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en esa etapa, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a ese tipo de decisiones, con lo que se garantiza que el juicio de amparo conserve su naturaleza: erigirse como un medio extraordinario que debe agotarse sólo en casos excepcionales. Es por lo anterior que, cuando se está frente a una resolución dictada por el Ministerio Público donde se decrete el no ejercicio de la acción penal, debe agotarse previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualizándose así, la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 citado.". Así como la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2017640 y rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." En mérito de lo anterior, se pone de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes de admitirse la demanda de amparo. Consecuentemente, en la especie se actualiza, de manera manifiesta, notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio fuera de audiencia. Determinación que se toma en cumplimiento al derecho de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, ya que el motivo de sobreseimiento advertido no podrá desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Consecuentemente, dado el sentido del presente auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cuarenta y dos minutos del cinco de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO 2022 Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable. Vistos los autos de cuenta, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse, como se expondrá a continuación. Sentado lo anterior, a juicio de quien provee, respecto del acto reclamado se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" [.]" Como se ve, el artículo en cuestión enarbola el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que tiene su razón de ser en la extraordinariedad que caracteriza a esta institución jurídica, que implica que solo puede solicitarse cuando se han agotado las vías ordinarias para tratar de reparar la violación constitucional o legal que, posteriormente, se pretende controvertir en el amparo. En ese tenor, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, tienen la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia ordinaria. Expuesto lo anterior, respecto a la determinación del no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público debe agostarse el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del precepto transcrito se desprende la regla genérica relativa a que, en el sistema de justicia penal vigente, las determinaciones del Ministerio Público sobre diversos tópicos deben ser impugnadas ante el Juez de control, quien se encuentra revestido de la facultad constitucional de ejercer el control del juicio sobre tales determinaciones. Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017, en sesión del dieciocho de abril de dos mil dieciocho, sostuvo las consideraciones siguientes: El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el procedimiento penal acusatorio, se conforma por las etapas que se enlistan a continuación: 1) La de investigación, que comprende las siguientes fases: Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación; e Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota, una vez que se haya cerrado la investigación; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En cuanto a ello es pertinente señalar que la etapa de investigación tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 de la Ley Fundamental. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en la carpeta de investigación que para el efecto se integre. También, debe señalarse que en la etapa de investigación, el Ministerio Público puede incurrir en una actitud omisiva con relación a su deber de investigar los delitos; esto es, que en la referida etapa -sea en su fase inicial o complementaria-, la autoridad ministerial incumpla su obligación de investigar el delito e integrar adecuadamente la carpeta de investigación, al omitir realizar las diligencias y actos conducentes -que deben practicarse de oficio, o que soliciten las partes- para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; conducta omisiva que si carece de justificación legal, desde luego puede conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal. En ese contexto, los Jueces de control deben conocer de las impugnaciones contra las resoluciones del Ministerio Público de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos, lo que deberán hacer mediante el desahogo de las audiencias procesales preliminares al juicio, conforme a los principios del sistema acusatorio. En ese contexto, los jueces de Control ejercen una vigilancia de los derechos de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia. De ahí que, las determinaciones del Ministerio Público emitidas durante la etapa de investigación pueden ser impugnadas ante el Juez de control dentro de los diez días siguientes a su notificación, y en ese caso, corresponde a dicho operador jurídico convocar a una audiencia para que, previo a escuchar a las partes, decida en definitiva lo que en derecho corresponda respecto de la resolución impugnada. Para corroborar lo anterior, conviene traer a cuenta diversas consideraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la multicitada contradicción de tesis 233/2017, en la que sostuvo lo siguiente: "[.] 79. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno [.]" De lo anterior, se concluye que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. En esas condiciones, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye el medio de defensa ordinario idóneo para combatir las determinaciones y omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Tiene aplicación al caso, el criterio jurisprudencial PC.I.P. J/68 P (10a.), emitido por los Plenos de Circuito, Decima Epoca, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II, página 1433, de texto y rubro: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DETERMINA DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La reforma constitucional en materia penal publicada en el Diario Oficial de 18 de junio de 2018, debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos publicada en el medio de difusión oficial indicado el 10 de junio de 2011 y armonizar la protección de éstos con los principios del nuevo procedimiento penal. En ese sentido, los artículos 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, deben interpretarse de acuerdo a los principios constitucionales que rigen el sistema acusatorio, especialmente el de contradicción y el de continuidad que constituyen los pilares en que se sustenta el referido sistema, motivo por el cual, aun cuando el recurso innominado previsto en el artículo 258 del código citado, no prevé la suspensión del acto reclamado en los términos descritos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esa circunstancia obedece a la fase procesal en que se emite el no ejercicio de la acción penal, cuya vigilancia recae en el Juez de Control, a quien está encomendado vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en esa etapa, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a ese tipo de decisiones, con lo que se garantiza que el juicio de amparo conserve su naturaleza: erigirse como un medio extraordinario que debe agotarse sólo en casos excepcionales. Es por lo anterior que, cuando se está frente a una resolución dictada por el Ministerio Público donde se decrete el no ejercicio de la acción penal, debe agotarse previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualizándose así, la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 citado.". Así como la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2017640 y rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." En mérito de lo anterior, se pone de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes de admitirse la demanda de amparo. Consecuentemente, en la especie se actualiza, de manera manifiesta, notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio fuera de audiencia. Determinación que se toma en cumplimiento al derecho de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, ya que el motivo de sobreseimiento advertido no podrá desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Consecuentemente, dado el sentido del presente auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cuarenta y dos minutos del cinco de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado y regístrese bajo el número de expediente 910/2022. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 2, 33 Fracción IV, 35, 112, 115, 117 y demás relativos de la vigente Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ****, contra actos del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Durango y otras autoridades. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado, aunado a que de la lectura de la demanda no se advierte capitulo expreso para ello. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables que dentro del término de quince días rindan sus informes justificados; con el apercibimiento de que la omisión de rendirlo generará las consecuencias que establecen los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, esto es, se presumirá cierto el acto reclamado; se señalan las nueve horas con cuarenta y dos minutos del cinco de septiembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que al rendir informe con justificación, remitan a este Juzgado de Distrito copia certificada LEGIBLE de las constancias de las que deriva el acto reclamado; apercibidos que en caso de no hacerlo, se les impondrá a cada uno una multa equivalente a cien días de salario mínimo (Unidad de Medida y Actualización), vigente en la ciudad de México, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ****de Durango y designando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ***o y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ***, toda vez que no tiene su cédula profesional de Abogado, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Resérvese a acordar lo relativo al emplazamiento de la parte tercero interesada, una vez que sean remitidas las constancias de las que deriva el acto reclamado. De conformidad con el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del seis de mayo de dos mil veinte, el presente expediente se podrá integrar con los acuerdos y determinaciones firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, toda vez que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Dese al Ministerio Público de la Federación la intervención que le concede la Ley y, toda vez que mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el cuaderno de varios que se lleva en este órgano jurisdiccional, se acordó el oficio 05/2021, presentado por la licenciada *****en su carácter de agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, en el que se autorizó la consulta de los expedientes electrónicos en trámite, a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, así como la notificación vía electrónica. En tal virtud, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo del Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación electrónica a la fiscal de mérito, con el usuario "****". Asimismo, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos con el objetivo de resguardar la integridad del personal del órgano jurisdiccional, así como de los individuos que se encuentren en el lugar donde deban practicarse las notificaciones, con fundamento en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la circular SECNO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se autoriza realizar las notificaciones a través de los medios y mecanismos electrónicos con que se cuente, ello en cumplimiento al marco de la ley que rige el procedimiento. En ese tenor, toda vez que constituye un hecho público y notorio que la Secretaría de Salud ha dispuesto para esta entidad federativa de Durango el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color "verde" con motivo de la pandemia COVID-19, por lo que con el propósito de evitar poner en serio riesgo a los Actuarios Judiciales de este órgano jurisdiccional a contraer dicho virus con motivo de notificaciones personales, de conformidad con el numeral 21 del propio Acuerdo General, esta determinación deberá notificarse únicamente por lista de acuerdos electrónica (internet), misma que adicionalmente deberá ser remitida a la Administración de este Edificio Sede para que la publique en un espacio de fácil acceso para quienes acuden sin contar con cita previa. En otro aspecto, se requiere a las demás partes para que en caso de contar con firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e. firma antes firma electrónica avanzada o "FIEL); continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3o de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con las denominaciones que se indican, no existan, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia, se le dará vista para que aclare su denominación, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá como inexistente, no se le dirigirán comunicaciones procesales y, al dictar resolución, se considerará que no existe; salvo que el inconforme señale correctamente a la autoridad. Por otro lado, con fundamento en los artículos 26 fracción II, 28, 29 y 30 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad responsable que los subsecuentes proveídos de mero trámite o de poca importancia, lo que incluye, por regla general cualquier diferimiento de la audiencia constitucional, no le serán notificados por oficio, sino por lista, la cual puede consultar en la página web oficial del Consejo de la Judicatura Federal, con la liga http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Encuentra sustento a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), con número de registro 2002576, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, Décima Época, Materia Común, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil doscientos cincuenta y tres, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Finalmente, comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que se dicten en el juicio, constituye información reservada hasta en tanto se emita sentencia definitiva, en cuyo caso, se publicarán sus datos personales; asimismo, hágaseles saber que están en aptitud de oponerse a la publicación de tales datos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1, 8 y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 1, 3, 5, 7 y 8 del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; en la inteligencia de que la falta de manifestación expresa conlleva a su aprobación para que tales resoluciones se publiquen sin supresión de datos. Notifíquese.
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