Zayra Yayret Jimenez Gutierrez

Expediente 953/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
953/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Zayra Yayret Jimenez Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, uno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de veintiséis de octubre del año en curso, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo con que se formó este expediente; en tal razón, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el uno de diciembre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.YNJR/asvv

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de derechos fundamentales presentada por Zayra Yayret Jiménez Gutiérrez; fórmese expediente y regístrese con el número 953/2022, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. En ese contexto, del libelo constitucional presentado por Zayra Yayret Jiménez Gutiérrez, se desprende que carece de firma autógrafa, lo cual se afirma, toda vez que la que aparece al calce de la demanda no es original, sino una copia que no genera certeza de que hubiese sido estampada del puño y letra de la promovente, además de que así fue deposita en el buzón judicial y al ser convalidada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito con sede en esta ciudad, se advirtió que el escrito de demanda tenía firma "al parecer en copia", lo cual ahora se constata por esta autoridad. Sentando lo anterior, en la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XXIII y 6 de la Ley de Amparo, por lo que se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En ese contexto, si la demanda de amparo carece de firma autógrafa de Zayra Yayret Jiménez Gutiérrez, no se puede considerar a esté ejerciendo la acción constitucional, pues conforme al referido numeral 6 de la Ley de Amparo, la firma es una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover el juicio de amparo, mismo que se rige por el principio de instancia de parte agraviada establecido en el citado numeral, que preceptúa que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el agraviado, o través de su representante legal o de su defensor. Por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ende, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado en original por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial, por ser la expresión de la voluntad del accionante; por tanto, cuando se considere que no se reúne ese requisito, la demanda deberá desecharse, tomando en consideración que la firma es un requisito insubsanable de la demanda, puesto que expresa la voluntad de quien la suscribe, avalando a través de ella su contenido. En efecto, si no obra la firma autógrafa de quien suscribe la demanda no existe la certeza de la voluntad para ejercitar el derecho que en ésta se consigna, pues de lo contrario se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente cualquier juicio. Importa destacar que la demanda de amparo no se presentó vía electrónica conforme al artículo 3 de la ley de la materia, sino que se depositó en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, por tanto, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén integrados y dirigidos recae en los usuarios, el mismo que deposito la demanda de amparo con firma en copia simple, omitiendo depositar el original en el cual se encontraba impostada la firma autógrafa de la promovente, así como se estableció en el sello de la Oficina de Correspondencia Común de Distrito con residencia en Boca del Río, en el que se cita la leyenda "Escaneo de demanda con firma al parecer en copia" como una forma preventiva, que ante los sentidos de este juzgador se percibe que ciertamente es una copia. Apoya lo anterior la tesis XVII.7 K (10a.), sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página dos mil ciento cincuenta y cuatro, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, registro 2009142, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA". Sin que con lo anterior, el que suscribe esté contraviniendo el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla el derecho de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional, pues esa garantía no es absoluta ni irrestricta a favor de los gobernados, porque el constituyente otorgó a los órganos legislativos el poder de establecer los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar, incluyendo además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador previó para cada clase de procedimiento. Exacta aplicación tiene la jurisprudencia 113/2001 del Pleno del más alto tribunal constitucional del país, consultable en la página cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, septiembre de 2001, Novena Época, de título y contenido siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 6 de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113, se desecha la demanda de amparo presentada por Zayra Yayret Jiménez Gutiérrez. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de los promoventes para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda. Por autorizada con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Inés Bartolomé Rivera López, ya que acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciada en derecho a través del registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República y téngase a los demás autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones al no haberse encontrado en dicho registro y por no contar con su número de cedula. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio. Notifíquese personalmente.

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