Zayra Tinoco Sánchez
Expediente 1328/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1328/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Zayra Tinoco Sánchez
- Juez Octavo de lo Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase por alto que no se haya realizado el cómputo a las autoridades responsables para recurrir la resolución de mérito, pues en términos del párrafo segundo del artículo 871 de la Ley de 1 Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación. Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. 09/05/23 14:08:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e2.e5 MAIRA FLOR LÓPEZ VALENCIA Amparo, éstas carecen de legitimación para impugnar la sentencia constitucional. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a),2 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 4. Incidente de suspensión. Consecuentemente, de conformidad con el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se concedió la suspensión solicitada, se determina que el original del incidente de suspensión es DEPURABLE. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del mencionada Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 5. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE 2 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; [.] En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." 09/05/23 14:08:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e2.e5 MAIRA FLOR LÓPEZ VALENCIA DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase3 . 6. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 7. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 8. Devolución de tomo de pruebas. Finalmente, en atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo indirecto ********************, promovido por Zayra Tinoco Sánchez , por alegada violación de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al juez y actuario del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: I. Del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. El proveído dictado el quince de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio ejecutivo mercantil número 337/2022, en ejercicio de la acción cambiaria directa promovido por Nain Fuentes Nieto frente a Zayra Tinoco Sánchez y otros, mediante el cual autorizó al actuario de su adscripción se constituyera en el domicilio de la codemandada quejosa y le requiriera el pago y en su caso, procediera el embargo de bienes, asimismo, autorizó la ruptura de cerraduras II. Del Actuario del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán. Su ejecución. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de reclamarse una orden de requerimiento de pago o embargo que debe tener ejecución en Morelia, Michoacán, territorio en que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. La juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil número 337/2022, que acompañó en apoyo al mismo, de donde se desprende el proveído dictado el quince de noviembre de dos mil veintidós, reclamado, constancias que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, al ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Por su parte, el actuario responsable en su informe de Ley aceptó que en el órgano de su adscripción se tramita el juicio ejecutivo mercantil 337/2022 y se dictó el auto de quince de noviembre del año pasado en que le fue ordenado se constituyera en el domicilio de la quejosa y le requiriera el pago del adeudo, o bien, procediera al embargo de bienes, sin embargo, no ha procedido a su ejecución. No obstante, toda vez que el acto redargüido fue dictado por su superior jerárquico y al tener inmersa una orden de ejecución, debe tenerse por cierto, pues su cumplimiento se encuentra comprendido dentro de sus funciones legalmente encomendadas, lo cual puede acontecer en cualquier momento. Robustece lo anterior, la tesis de registro digital 227890, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con que se comparte criterio y es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado. CUARTA. Análisis de causas de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El segundo numeral consagra el principio de definitividad que rige el juicio de amparo respecto de actos emitidos por tribunales judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, conforme al cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos decisivos, ya que, en caso contrario, el acto no es reclamable en amparo. Tal precisión implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. Si las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo suplantaría las facultades del juez común. A través de los medios de impugnación ordinarios se pretende demostrar ante el tribunal de alzada competente o revisor, que el inferior que dictó la resolución impugnada, no aplicó correctamente la ley en el caso en concreto, o arribó a esa resolución violando las normas esenciales del procedimiento, por lo que de resultar exitosa su promoción, el agravio inicialmente causado puede desaparecer; sin embargo, si no se ejercen, a pesar de que aquél persista, sólo el gobernado debe soportar las consecuencias de no haberse defendido por los recursos legales procedentes y conducentes. De esto se sigue, que si el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo en términos de las normas antes referidas, la propia ley reglamentaria establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio, la improcedencia del juicio, esto es, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación otorga de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio tenga como consecuencia por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el dispositivo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones XVIII, XIX y XX, prevé todos aquellos supuestos en los que el juicio es improcedente en virtud de que el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En este caso específico, la que se estima configurada es la primera de ellas. Los elementos cuya configuración da lugar a que se integre la causal de improcedencia en análisis, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con que se comparte criterio, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA. Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia" . Se cita también la jurisprudencia I.4º C.J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con que este juzgador comparte criterio, del siguiente tenor: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73 fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada: Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquéllos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución" . Debe señalarse que, no obstante que el principio de definitividad en su doble connotación, esto es, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general, la propia ley reglamentaria establece ciertas excepciones, atendiendo, particularmente, a la índole de la parte quejosa y a la naturaleza del acto reclamado. Por ello, no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo, cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tampoco debe cubrirse dicho requisito cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, y cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En ese sentido, los contados casos de excepción a este principio, son de aplicación estricta, pues así han quedado expresamente definidos en la ley. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia VI.2º.C. J/260, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con que se comparte criterio, de literalidad: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas" . Ahora, tratándose del ejercicio de un derecho humano, ello trae aparejado como consecuencia que no debe existir obstáculo jurídico que implique la imposibilidad de hacer valer un acceso efectivo a la justicia y que la parte agraviada pueda acudir en sede ordinaria y combatir el acto del que se duele. Para resolver el problema jurídico, es preciso realizar una relatoría de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil número 337/2022, que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe justificado, valoradas en el considerando tercero, de las que se advierte: Mediante escrito presentado el uno de abril de dos mil veintidós, José Javier Escamilla Baldovinos e Indra Saharaí Gómez Monoya, en calidad de endosatarios en procuración de Nain Fuentes Nieto, promovieron demanda en la vía ejecutiva mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa, en contra de Zayra Tinoco Sánchez y otros demandados. En proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, el juez responsable admitió a trámite la demanda y toda vez que consideró que el título exhibido en ella trae aparejada ejecución, comisionó al actuario de su adscripción para que se constituyera en legal y debida forma en los domicilios de los accionados y les requiriera el pronto y efectivo pago de $146,336.00 (ciento cuarenta y seis mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal y demás prestaciones accesorias, asimismo, los emplazara a juicio y les hiciera saber que contaban con el término de ocho días para dar contestación a la demanda. En diligencia de cinco de julio de dos mil veintidós, se llevó a cabo el emplazamiento de Zayra Tinoco Sánchez, asimismo, se le requirió el pago de la cantidad referida en el párrafo que precede, al respecto dijo no tener dinero para pagar, máxime que efectuó el pago de la parte que le correspondía del adeudo, sin que se verificara el embargo respectivo, porque la deudora no permitió el acceso a su domicilio. En auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, a solicitud de la parte actora, el juez responsable autorizó al actuario adscrito para que se constituyera en el domicilio de la demandada Zayra Tinoco Sánchez, en conjunto con el auxilio de la fuerza pública, con la finalidad de hacer respetar la determinación ordenada en auto admisorio, esto es, requiriera el pago del adeudo o en su caso, procediera al embargo de bienes y de ser necesario, se rompieran las cerraduras. Siendo este último proveído el acto reclamado. El acto impugnado en esta instancia constitucional se rige por las disposiciones del Código de Comercio, en tal virtud, resulta conveniente invocar los artículos 1334, 1335, 1339 y 1340 de dicho ordenamiento. De los numerales transcritos se advierte que el recurso de revocación tiene las siguientes notas distintivas: a) Procede contra autos y decretos dictados en primera instancia. b) No procede contra los autos que fueran apelables, de conformidad con lo establecido por el propio Código de Comercio, es decir, de aquellos dictados en procedimientos en donde la sentencia es susceptible de apelarse, causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone. c) Debe interponerse ante el juez que dicte la resolución impugnada o ante quien lo sustituya en el conocimiento del negocio. d) Su interposición debe hacerse dentro de los tres días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar. e) Se debe sustanciar dando vista a la parte contraria por el término de tres días y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes; y, f) La resolución que decida el recurso de revocación es irrecurrible. De lo anterior, se desprende que cuando la apelación no procede en juicios mercantiles tratándose de asuntos cuyo monto se ventile en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $757,365.46 (setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, de conformidad con el citado artículo 1340 del Código de Comercio, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó. En el caso, el quejoso reclama el auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 337/2022, del índice de las autoridades responsables, en el que, en esencia, en acatamiento al auto admisorio de dieciocho de abril del año pasado, se facultó al ministro ejecutor para que se constituyera en el domicilio de la codemandada Zayra Tinoco Sánchez, siendo éste calle Brucelas, número cincuenta, del fraccionamiento o colonia Villa Universidad, de esta ciudad, en su calidad de deudora y la requiriera por el pago de la cantidad que se le reclama como suerte principal, la cual asciende a $146,336.00 (ciento cuarenta y seis mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional), y anexidades legales, y que de no hacerlo, le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar lo reclamado por la parte actora. En ese sentido, se considera que el referido acto reclamado no constituye una sentencia definitiva, tampoco interlocutoria o auto definitivo que ponga fin al juicio de origen, por lo que, en la especie, contra el precisado proveído no procede el recurso de apelación previsto en el numeral 1336 del Código de Comercio, pues se trata de un negocio cuya cuantía es de $146,336.00 (ciento cuarenta y seis mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional), y conforme al artículo 1339 del invocado código, el recurso de apelación no procede cuando el monto del asunto sea inferior a $757,365.46 (setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal. De esta manera, del análisis del precepto invocado se desprende que la revocación es un medio de defensa que el legislador instauró para el efecto de que el juez de origen, revoque, si así procede, los autos que emitió, en el supuesto de que, en contra de éstos no resulte procedente el diverso recurso de apelación. Por tanto, se considera que el acuerdo en el que se contiene la orden de embargo en contra del aquí quejoso, dictado en el juicio de origen, al no ser apelable conforme a la legislación mercantil respectiva, es revocable en términos del artículo 1334 del Código de Comercio. Desde esa perspectiva, la parte quejosa estuvo en aptitud de interponer el recurso de revocación contra el citado auto antes de acudir a reclamarlo en el juicio de amparo, ya que es el medio de impugnación que expresamente establece la legislación ordinaria aplicable, mediante el cual puede ser revocado, modificado, o nulificado, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional; por tanto, como no se satisfizo ese presupuesto procesal, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia que se analiza. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 101/2001, de registro digital 188092, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación". Asimismo, robustece esta consideración la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), de registro digital 2005047, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". Así, se estima que el quejoso está obligado a agotar el recurso de revocación previo a promover el presente juicio de control constitucional, en observancia al principio de definitividad, ya que a través de ese medio de defensa el peticionario de amparo podía hacer valer las alegaciones que estimara pertinentes, y en vista de ellas, la autoridad respectiva estaría en aptitud de revocar, modificar o confirmar la determinación reclamada y, al no hacerlo, el presente juicio se torna improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así lo estimó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/2015, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), de registro digital 2017117, de epígrafe y contenido siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Se precisa, que en el caso no se está en alguno de los casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; así como tampoco el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Tampoco en la excepción prevista por el inciso c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que de las constancias de autos, se desprende que la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña, pues es la parte demandada en el juicio del que deriva el auto que autorizó el embargo combatido, quien fue emplazada a juicio el cinco de julio de dos mil veintidós y requerida para llevar a cabo la diligencia de embargo ordenada en auto admisorio el dieciocho de abril del año pasado, inclusive, en proveído de ocho de agosto del mismo año, se le tuvo contestando la demanda con oportunidad, sin que reclamara dicha diligencia y proveído, aunado a que en el juicio de origen a la fecha de presentación de la demanda -veintinueve de noviembre de dos mil veintidós- no se había emitido sentencia definitiva. Por lo que, a la fecha de la presentación de la demanda, no se encontraba en un total desconocimiento que le impidiera imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, a través de los recursos o medios de defensa ordinarios los intereses que le asisten. Lo antes dicho, además tiene sustento por analogía y por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J.198/20089, de registro digital 168011, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo". En este orden de ideas, y por todos los argumentos expuestos en torno a la naturaleza del juicio de amparo y sobre el principio de definitividad, es que previo a acudir al medio de control constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio de defensa previsto por la ley ordinaria, aunado a que tampoco se ubica en diversa causa de excepción del principio de definitividad. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la citada ley. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al actuario adscrito, al no haberse reclamado por vicios propios, sino como una consecuencia directa del atribuido a la autoridad ordenadora. Sirve de apoyo la tesis de registro digital 253622, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de rubro y texto: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Al haberse decretado el sobreseimiento, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Tampoco, pasa inadvertido el alegato formulado por la agente del Ministerio Público de la adscripción; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Zayra Tinoco Sánchez, contra los actos reclamados al juez y actuario del Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, por los motivos y fundamentos expuestos en la consideración cuarta. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Expedición de copias. Visto el escrito de cuenta signado por el tercero interesado Nain Fuentes Nieto, por medio del cual solicita copias simples de todo lo actuado en el presente juicio de amparo; en atención a ello, y conforme a los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a su costa la expedición de las mismas para los efectos legales conducentes. Autorizados. Como lo solicita el tercero interesado, se autoriza para recogerlas a José Javier Escamilla Baldovinos e Indira Saharai Gómez Montoya. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintitrés. 1. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y al Actuario adscrito, rindiendo su informe justificado; mismo con el que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes. 1.1. Prueba. Se tiene a la citada autoridad remitiendo como complemento de su informe justificado, copias certificadas de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil ********************, de donde emana el acto reclamado; por lo tanto, con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón a su propia y especial naturaleza; además, con dichas documentales se ordena dar vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. 1.2 Se forma tomo de pruebas. Con las constancias que acompañó la autoridad responsable, fórmese un cuaderno de prueba por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. 2. Diferimiento anticipado. En mérito de lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas del diecisiete de enero de dos mil veintitrés y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.
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