Zayra Herrera Martínez

Expediente 802/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
802/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2018

Partes del expediente

  • Zayra Herrera Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ZAYRA HERRERA MARTÍNEZ, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.ISA*

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el telegrama signado por el Subadministrador de Amparo e Instancias Judiciales adscrito a la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales "5", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual, solicita copia de la ejecutoria dictada a fin de dar cumplimiento con la sentencia de amparo; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En tales condiciones, como lo solicita la autoridad responsable, remítase copia de las constancias que refiriere, para los efectos legales a que haya lugar. Por consiguiente, requiérase a la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "En consecuencia, con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que no se le aplique en lo presente ni en lo futuro la regla 1.3.10.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, mientras no sea modificada; en consecuencia, deberá realizarse el cálculo del tributo a enterar conforme a lo dispuesto por los artículos 93 y 96 del Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta -vigente al momento que se efectuó la retención respectiva- denominado "DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO", así como en las diversas disposiciones secundarias aplicables y, en caso de existir diferencias a favor de la quejosa, con motivo del recalculo del impuesto a retener, le deberán ser entregadas." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el SUBPROCURADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTAS Y CONTENCIOSO ESTATAL, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual manifiesta las razones de imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. La autoridad oficiante, manifiesta que la razón esencial, es por no contar ya con los recursos económicos para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Resulta inadmisible lo planteado porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 5/2011, sostuvo que si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. Por tanto, corresponde a la autoridad desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de la sentencia de amparo e instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. De no ser así, bastaría con que las autoridades obligadas gestionaran debidamente ante las autoridades competentes incidentes de imposibilidad material debido a que no tienen presupuesto, para quedar exoneradas de la aplicación de las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la propia Constitución Federal. Por tanto, indíquese a la autoridad oficiante que se esté a lo acordado en auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

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