Zayra Beatriz Lara Lopez
Expediente 416/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 416/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Zayra Beatriz Lara Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que obra por separado el tomo que remitió el Juez Tercero de lo Familiar de esta ciudad, y que el presente asunto se encuentra totalmente concluido Remisión de tomo. En virtud de lo anterior, mediante oficio que se gire devuélvase dicho tomo a la autoridad responsable. Devolución al archivo. Finalmente, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, vuelvan los presentes autos al archivo. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por oficio a la autoridad citada.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el once de julio de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable los anexos que acompañó a su informe de ley. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a las once horas con treinta minutos del once de julio de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Edgar Tadeo Silva Bautista, la declara abierta sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de los autos, entre los que se encuentran: el escrito inicial de demanda y aclaratorio; el auto en el que se admitió a trámite este juicio; los informes justificados rendidos por las auto; y el pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. A lo anterior, el Juez acuerda: téngase hecha la relación de constancias y rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de la autoridad responsable las que ofreció la Juez Tercero de lo Familiar en esta ciudad en el presente juicio, sin que haya necesidad de relacionarlas en virtud de la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". Probanzas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, las cuales serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución; por lo que al no haber diversas pruebas ofrecidas por las partes ni pendientes de desahogo, se cierra el periodo probatorio. Acto continuo, se abre el de alegatos, en el que se hace constar que con fundamento en el artículo 124 de la citada ley, se tienen reproducidos los vertidos por la parte tercera interesada, mismos que podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno y al no existir diversos que tener por reproducidos, se declara cerrada esta etapa. Finalmente, téngase reproducido el pedimento del Representante Social de la Federación adscrito. Con lo anterior, se da por concluida la audiencia y se declaran vistos los autos para dictar resolución. VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 416/2019-VI, promovido por Zayra Beatriz Lara López, contra el acto del Juez Tercero de lo Familiar de esta ciudad y de otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de este Circuito, remitido el día hábil siguiente a este juzgado, Zayra Beatriz Lara López, demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y respecto de los actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORAS: 1. C. JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR DE ESTA CIUDAD. B. EJECUTORAS: 1. C. DIRECTOR GENERAL Y/O COMISARIO DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO." "IV.- ACTOS RECLAMADOS A CADA AUTORIDAD I. DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS RESPONSABLES, El auto de fecha veinticuatro de abril del año en curso, donde la autoridad responsable determina la negativa de la suspensión de las convivencias decretadas entre mi menor hija DEIRAMY PAULINA ALVARADO LARA y sus abuelos paternos MERCEDES LOPEZ MARTINEZ y FILIBERTO ALVARADO MARTINEZ, y dicta en contra de la suscrita un arresto por el término de 12 doce horas en los términos del artículo 71 fracción iv de la ley adjetiva civil, ordenado oficio al Director de la Policía Ministerial del Estado, para que haga efectivo la citada determinación, lo anterior de una manera fuera de todo fundamento y legalidad, dictado en autos del juicio de controversia familiar por regulación de visitas número 777/2018, del incide del Juzgado Cuarto de lo Familiar de esta Ciudad. II. A las autoridades ejecutoras les reclamo la cumplimentación que pretende llevar a cabo la orden de arresto, a fin de detener materialmente a la suscrita, privándome de mi libertad personal y ponerme a disposición de la Autoridad Ordenadora que giró el mandamiento de captura. III. A todas las autoridades responsables, les reclamo, todas las consecuencias jurídicas y de hecho, que derivan de los anteriores actos reclamados, particularmente los daños y perjuicios que se causarían al privarme de mi libertad personal." Por auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo como autoridad sustituta al Juez Tercero de lo Familiar en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa aduce se afectan en su perjuicio los artículos 1, 2, 4, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Previa aclaración, por auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se ordenó emplazar a los terceros interesados Mercedes López Martínez y Filiberto Alvarado Martínez, lo cual aconteció el once de mayo del año en curso, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, de la Constitución General de la República, 35 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción IX y cuarto fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , en principio deben precisarse los actos reclamados en el presente juicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio, así como las constancias que obran en autos se advierte que el acto reclamado lo constituye el proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Cuarto de lo Familiar en esta ciudad, en el juicio de controversia familiar por regulación de visitas 698/2019, en el cual: 1. Se niega suspender las convivencias decretadas entre la menor Deiramy Paulina Alvarado Lara y sus abuelos Mercedes López Martínez y Filiberto Alvarado Martínez; y 2. Se ordena un arresto por el término de doce horas en contra de la aquí quejosa Zayra Beatriz Lara López. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Precisado lo anterior, procede verificar la certeza de los actos reclamados, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Son ciertos los actos reclamados de la Juez Tercero de lo Familiar en esta ciudad (quien conoce actualmente del asunto), precisados en el considerando segundo de la presente determinación, toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su correspondiente informe justificado. Tiene aplicación la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la existencia de la resolución reclamada se corrobora con las constancias que remitió la autoridad judicial responsable en vía de justificación, consistentes en copia certificada del juicio de controversia familiar por regulación de visitas 698/2019, de su índice, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones, además que no fue objetado por las partes. Y la jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por otra parte, no obstante que el Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (en su denominación correcta), al rendir su respectivo informe justificado negó el acto de ejecución que se le atribuye, el mismo debe tenerse por cierto para los efectos del presente asunto, pues al haber aceptado la existencia de la orden de presentación la autoridad ordenadora Juez Tercero de lo Familiar en esta ciudad, y aquélla tiene el carácter de autoridad ejecutora, es inminente la ejecución del acto que se le reclama. Es aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 56, del tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, octava época del Semanario Judicial de Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO.- Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado.". CUARTO. Improcedencia. Atento a la técnica que norma el juicio constitucional deben analizarse las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, del Tomo Parte VIII, del Apéndice al Semanario Judicial, compilación 1917-1985, que señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Para ello, resulta necesario tener como hecho notorio , en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, el juicio de amparo 1269/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Zayra Beatriz Lara López, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad, y otras autoridades, en el cual obra el oficio registrado con el número de correspondencia interna 7541, recibido en este juzgado el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, a través del cual la juez responsable informó respecto al cumplimiento dado a la sentencia dictada en el referido controvertido, y acompañó copia certificada del auto dictado el dieciocho de junio del año en curso. Así, se advierte de oficio que en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XVII y XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de las siguientes consideraciones. Respecto de la parte relativa del proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Cuarto de lo Familiar en esta ciudad, en el juicio de controversia familiar por regulación de visitas 698/2019, en la que se niega suspender las convivencias decretadas entre la menor Deiramy Paulina Alvarado Lara y sus abuelos Mercedes López Martínez y Filiberto Alvarado Martínez, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; situación que acontece en el presente caso. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el acto reclamado lo constituye la determinación de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en la cual, en su parte conducente se señala: "San Luis Potosí, S.L.P., a 24 veinticuatro de abril del 2019 dos mil diecinueve. Agréguense un escrito de ZAYRA BEATRIZ LARA LÓPEZ. Visto el contenido del primero de cuenta, se le tiene por haciendo las manifestaciones que refiere, expresando los motivos por los cuales no da cabal cumplimiento al convenio celebrado en autos, sin embargo, no ha lugar a emitir la suspensión de las convivencias decretadas, toda vez que las mismas serán materia del incidente que nos ocupa. [.]" Sin embargo, de la copia certificada del auto dictado por la Juez Tercero de lo Familiar de esta ciudad el dieciocho de junio del año en curso, en el juicio de controversia familiar por regulación de visitas 698/2019, de su índice, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones , se advierte que la juez responsable indicó: "[.] Ahora bien, en lo que respecta a la suspensión de las convivencias de la menor con sus abuelos paternos, que solicita la promovente, dígasele que esté a lo acordado por auto de fecha 10 diez de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho, en el cual se admitió el Incidente de Cancelación de Convenio, que la ocursante promueve en contra de los señores FILIBERTO ALVARADO MARTÍNEZ y MERCEDES LÓPEZ MARTÍNEZ. Aunado a lo anterior, es de señalar que a los diversos demandados incidentistas, le asiste la presunción de inocencia en conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los hechos que les imputa la aquí actora, en la investigación citada; máxime que el hecho que se interponga una querella, no se obtiene por sí misma, que los abuelos paternos de la menor hija de la actora incidentista, hayan ejecutado las conductas que refiere y que las mismas, afecten la integridad física y emocional de la niña. Bajo ese contexto las copias resultan ineficaces para suspender las visitas pactadas en el convenio de mérito, ya que no hay evidencia para estimar que las convivencias entre los demandados incidentistas y su nieta, representan un peligro para la menor, ya sea en su salud física o mental, por lo que éste Tribunal, está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger los derechos de convivencia que le asisten a la niña DEIRAMY PAULINA ALVARADO LARA, en relación con sus abuelos paternos. Esto se corrobora, según lo ordenado por los artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 269 del Código Familiar del Estado, 1138, 1139 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y demás relativos que vincula a la Juzgadora, a investigar y recabar los medios de prueba, incluso las valoraciones psicológicas que evidencien si el menor, presenta síntomas de abuso y que sean suficientes por sí mismas, para que dicha sanción alcance el derecho de los abuelos para suspender la convivencia con sus nietos menores de edad; siendo menester señalar, que ese abuso impacte de alguna manera en el menor, ya sea en su salud emocional o física, por lo que de no ser así, no existe razón para suspender el derecho en cuestión,' como en el caso acontece. De ahí, a que las convivencias que refiere la actora incidentista, no deben suspenderse por las solas manifestaciones de la actora, ni por la sola existencia de su querella, ya que se requiere la autorización judicial para ello, apoyada en medios' de prueba suficientes; así que ante las diversas manifestaciones de las partes, se considera necesario escuchar a la niña DEIRAMY PAULINA ALVARADO LARA, en términos de los artículos 65 y 66 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y quien deberá estar debidamente representada en juicio por un Tutor. [.] Asimismo y tomando en consideración lo expuesto por las partes del incidente, sin pasar por alto, la naturaleza de las imputaciones de la actora, hacia su contraria parte y que al día de hoy, no existen elementos de prueba para acceder a la petición de suspensión de las convivencias pactadas, y considerando, sobre todo el derecho que le asiste a la niña DEIRAMY PAULINA ALVARADO LARA, a convivir con sus abuelos paternos, con quienes no ha convivido desde el 06 seis de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, se ordena restablecer de inmediato la referida convivencia ello, a efecto de salvaguardar el sano desarrollo de la niña DEIRAMY PAULINA ALVARADO LARA, por lo que resulta necesario la intervención de oficio de la Juzgadora, en términos de los artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° de la Convención de los Derechos del Niño, 4, 12, 15 y 21 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, 269 del Código Familiar del Estado y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y demás relativos, ponderando en mayor grado, la necesidad de la misma en convivir con sus abuelos paternos, ya que de lo contrario, se pondría en riesgo su sano desarrollo. Por tanto, en lo que se recaban las pruebas necesarias para resolver lo que proceda y, considerando la problemática del incidente en que se actúa, así como fa corta edad de la niña DEIRAMY PAULINA ALVARADO LARA, atendiendo su interés superior, se decreta como medida un régimen de convivencias supervisado con sus abuelos paternos FILIBERTO ALVARADO MARTÍNEZ Y MERCEDES LÓPEZ MARTÍNEZ, en los siguientes términos: Los CC. FIILIBERTO ALVARADO MARTÍNEZ Y MERCEDES LÓPEZ MARTÍNEZ, podrán convivir con su nieta DEIRAMY PAULINA ALVARADO LARA, los días viernes de cada semana en las instalaciones de éste Juzgado o bien en el Centro de Convivencia del Poder Judicial del Estado, según el clima y en el siguiente horario: de las 13:00 trece horas a las 14:00 catorce horas y la cual, será supervisada por la Tutora de la menor y la Trabajadora Social Adscrita, dada la problemática existente y, quienes, deberán rendir un informe pormenorizado del desenvolvimiento de las convivencias. [.]" De lo que se advierte que la responsable, negó suspender las convivencias entre FIILIBERTO ALVARADO MARTÍNEZ Y MERCEDES LÓPEZ MARTÍNEZ (aquí terceros interesados) y su nieta DEIRAMY PAULINA ALVARADO LARA, atendiendo a que a su juicio, las solas manifestaciones de la actora y de la querella señalada en dicho auto eran insuficientes, pues se requería la autorización judicial para ello, apoyada en medios de prueba suficientes y escuchar a la niña DEIRAMY PAULINA ALVARADO LARA. Además de que dijo, estaba obligada a investigar y recabar los medios de prueba, incluso las valoraciones psicológicas que evidencien si el menor, presenta síntomas de abuso y que sean suficientes por sí mismas, para que dicha sanción alcance el derecho de los abuelos para suspender la convivencia con sus nietos menores de edad, así como determinar que el alegado abuso impacte de alguna manera en el menor, ya sea en su salud emocional o física, pues de lo contrario no existiría razón para suspender el derecho en cuestión. Sumado al hecho de que ordenó restablecer de inmediato las convivencias entre la menor Deiramy Paulina Alvarado Lara y sus abuelos Mercedes López Martínez y Filiberto Alvarado Martínez, a efecto de salvaguardar el sano desarrollo de dicha menor, y decretó como medida un régimen de convivencias supervisado entre ellos, requiriendo a la madre de la menor en cuestión -aquí quejosa-, para que dé cumplimiento con éste, apercibiéndola que de continuar en su negativa, se retiraría la guarda y custodia de su hija. Entonces, si en el caso, en el proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve reclamado, se negó la suspensión de las convivencias entre la menor Deiramy Paulina Alvarado Lara y sus abuelos Mercedes López Martínez y Filiberto Alvarado Martínez, únicamente partiendo de que ello sería materia del incidente planteado en el asunto de origen. Pero posteriormente, el dieciocho de junio del año en curso, la juez responsable dictó en nuevo acuerdo en el que estableció una nueva negativa, pero con base en que las pruebas y alegaciones formuladas por la solicitante de esa medida eran insuficientes porque no acreditaban el riesgo aludido y porque era necesaria la intervención de esa juzgadora para recabar las pruebas suficientes para poder determinar lo relativo y además se decretó un régimen de convivencias supervisado entre la menor Deiramy Paulina Alvarado Lara y sus abuelos Mercedes López Martínez y Filiberto Alvarado Martínez, a efecto de salvaguardar el sano desarrollo de dicha menor. Ergo, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de la negativa de suspender las convivencias entre éstos, pues al haber emitido la autoridad responsable la ulterior determinación en lo referente a dicha negativa, aquélla ha sido sustituido por ésta, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal juicio sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Además, respecto del arresto por el término de doce horas decretado en contra de la aquí quejosa Zayra Beatriz Lara López, en el auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Cuarto de lo Familiar en esta ciudad, en el juicio de controversia familiar por regulación de visitas 698/2019, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, si la impetrante del amparo se duele de que en dicho auto de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se ordenó un arresto en su contra por el término de doce horas. Pero de la copia certificada del auto dictado por la Juez Tercero de lo Familiar de esta ciudad el dieciocho de junio del año en curso, en el multireferido juicio de controversia familiar por regulación de visitas 698/2019, de su índice, se advierte que la responsable dejó sin efectos lo referente al arresto por el término de doce horas, que se ordenó ejecutar en contra de la aquí agraviada, en el aludido proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve y ordenó girar oficio a la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado, informándole lo anterior y la cancelación del oficio 2298/2019 signado por el Juez Cuarto Familiar de esta Ciudad, dentro del expediente número 777/2018, dirigido a dicha institución. Luego entonces, es inconcuso que con dicha determinación la autoridad responsable dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa incluyendo los efectos de los actos reclamados, al cesar su actuación y haber declarado la insubsistencia de aquéllos, pues dicho acto tildado de inconstitucional ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y por ende no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular. Consecuentemente, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVII y XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho cuerpo normativo, procede sobreseer en este juicio. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Lo resolvió y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Tadeo Silva Bautista, Secretario que autoriza y da fe. Razón. Esta foja es parte final de la sentencia definitiva dictada el once de julio de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 416/2019. Doy fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos del que se advierte que mediante escrito recibido el dieciséis de mayo del año en curso, los terceros interesados Mercedes López Martínez y Filiberto Alvarado Martínez, designaron como representante común al último mencionado, en tal virtud con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte tercera interesada a Filiberto Alvarado Martínez. Por otra parte, visto el escrito de cuenta signado por Filiberto Alvarado Martínez, representante común de la parte tercera interesada; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se le tiene formulando los alegatos de su intención, los cuales podrán ser tomados en consideración al momento de resolver, sin perjuicio de que se haga relación de los mismos en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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