Zayexi Denis Núñez Jiménez
Expediente 1124/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1124/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Zayexi Denis Núñez Jiménez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Coordinadora Departamental de Cumplimiento de Ejecutorias del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual de la Secretaría de Economía, por medio del cual, exhibe diversa documental con la que pretende acreditar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexos, se da vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Notifíquese personalmente al quejoso
- Principal
Ciudad de México, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el plazo que señalan los artículos 97, fracción I, inciso e), en relación con el 98 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto en el que se desechó la modificación por hecho superveniente. Por otra parte, se agrega a los autos la promoción de cuenta en que los quejosos formulan diversas manifestaciones, que para mayor claridad del presente acuerdo, se enlistan a continuación: 1. Realizan diversas apreciaciones subjetivas respecto a la determinación contenida en el proveído de dieciocho de agosto del año en curso. 2. Señalan que las documentales exhibidas en el cuaderno principal sean compulsadas y certificadas para que puedan ser ofrecidas en el incidente en que se actúa. 3. Solicitan se ordene el desahogo de la prueba de "inspección judicial acompañada de peritos en fotografía", con el objeto de comprobar hechos y circunstancias en el incidente de suspensión. 4. Realizan manifestaciones respecto a presupuestos procesales en relación con el ofrecimiento de medios probatorios invocando diversos preceptos de la abrogada Ley de Amparo. 5. Solicitan en términos del artículo 8 Constitucional, se les indique de qué manera pueden demostrar el hecho superveniente que fue desechado en auto de dieciocho de agosto del año en curso. Atento a lo anterior, en relación con el numeral 1, no es el caso de realizar mayor pronunciamiento en virtud de que en el aludido auto de dieciocho de agosto pasado, que quedó firme, se expusieron las consideraciones legales en que se sustentó dicha determinación, sin que este Juzgador pueda revocar sus propias determinaciones. Para el caso es ilustrativa la tesis de rubro siguiente: JUEZ DE DISTRITO, NO PUEDE REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES, EXCEPTO PARA REGULARIZAR PROCEDIMIENTO. (Registro: 2201881, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo de 1992, página 226)???? Ahora, respecto al numeral 2, en relación con la solicitud para que las pruebas documentales exhibidas en el cuaderno principal sean compulsadas y certificadas para que puedan ser ofrecidas en este incidente de suspensión, no es el caso de hacer mayor pronunciamiento, por no corresponder a este expediente dictar el acuerdo conducente, pues la tramitación del principal es por cuerda separada y de manera autónoma que el procedimiento que se continua en este asunto, aún más ya no es el momento procesal oportuno para hacerlo, pues en auto de quince de octubre de dos mil veinte, se acordó lo conducente respecto a la suspensión provisional, sin que en el estado procesal actual se deba acordar lo conducente, pues el cinco de noviembre del año pasado, se dictó la resolución interlocutoria relativa a la suspensión definitiva. Por otra parte, en atención al numeral 3, en que solicitan se ordene el desahogo de la prueba de "inspección judicial acompañada de perito en fotografía", con el objeto de comprobar hechos y circunstancias en el incidente de suspensión, no ha lugar acordar de conformidad el ofrecimiento de la citada probanza en los términos que pretende, pues del estado procesal del presente asunto, se advierte que no existe necesidad para desahogarla por no estar pendiente de resolver cuestión alguna en esta incidencia, pues la audiencia incidental tuvo verificativo a las diez horas con veinticinco minutos del cinco de noviembre de dos mil veinte, en que se resolvió respecto a la suspensión definitiva de los actos reclamados. Para el caso, resulta orientador el criterio contenido en la tesis de rubro siguiente: SUSPENSION, PRUEBA DE INSPECCION OCULAR EN EL INCIDENTE DE. PUEDE OFRECERSE EN LA AUDIENCIA. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 230657, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, página 573, Tipo: Aislada). Ahora, respecto a lo señalado en el numeral 4, en relación a las manifestaciones formuladas por los quejosos respecto a presupuestos procesales en el ofrecimiento de medios probatorios invocando diversos preceptos de la abrogada Ley de Amparo, además del artículo 66, que señala que es de la "Ley Reglamentaria", no corresponde al contenido en la Ley de Amparo vigente, ni al Código Federal de Procedimientos Civiles, ni mucho menos se constituye en un principio general de derecho, sino pertenece al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, que es un ordenamiento legal que no resulta aplicable para la sustanciación del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Amparo. Finalmente, por lo que hace a la solicitud descrita en el numeral 5, para que se les indique de qué manera pueden demostrar el hecho superviniente en la que pretenden basar su solicitud de modificación a la suspensión definitiva, que como se dijo, fue desechada en auto de dieciocho de agosto del año en curso y declarado firme en el presente proveído, no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado. Lo anterior es así, toda vez que este Juzgador en el ejercicio de la función jurisdiccional, en términos del artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia, con la finalidad de administrar justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales deben emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, los cuales rigen el procedimiento y sustanciación del juicio de amparo, lo que implica que por equidad procesal no está facultado para emitir asesorías u opiniones respecto de la manera que deba proceder alguna de las partes contendientes en el presente juicio de amparo, a la luz del artículo 8 de la Carta Maga, por ser el rector del mismo e independiente frente a las partes. Es así, que se debe de mantenerse ajeno a los intereses de las partes en la controversia que conoce, absteniéndose de favorecer indebidamente de manera directa o indirectamente a alguna de las partes involucradas como condición y base protectora de todos los derechos humanos, motivo por el cual, resulta improcedente indicarles de alguna manera la forma en la cual deben promover en el presente asunto, pues se debe mantener ajeno a los intereses de las partes en controversia, así como de dirigir y resolver los conflictos judiciales sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas, como condición y base protectora de todos los derechos humanos, pues en caso contrario provocaría algún favoritismo, situación que reconoce y es ajena para este órgano jurisdiccional, misma que está sancionada en la ley de la materia y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se cita por su aplicación la tesis I.10o.A.4 CS (10a.), del rubro siguiente: PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU FUNDAMENTO Y CARACTERÍSTICAS. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2020021, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: I.10o.A.4 CS (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5311, Tipo: Aislada) Notifíquese personalmente a los quejosos Othón López Fierro y Sonia Monterola Olvera, en el domicilio ubicado en avenida Crisóforo Salido G. número setecientos setenta y seis, planta baja, colonia Escuadrón doscientos uno, alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que feneció el término de diez días otorgado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que realizaran lo siguiente: - Remita las planillas de liquidación a favor de cada uno de los quejosos, de las que se advierta el cálculo del aguinaldo por el ejercicio dos mil diecinueve, tomando en consideración la suma del "sueldo tabular" o "salario base", consignado en el tabulador aplicable, así como las compensaciones adicionales que se pagan, en su caso, mensualmente y en forma ordinaria, consignadas también en el tabulador aplicable. Sin embargo, de las constancias que integran el juicio en que se actúa no se observa que la Directora General de Recursos Humanos y la Directora de Operación y Control de Pago, hayan elaborado la planilla de liquidación a favor del quejoso. En consecuencia, que se hace efectivo el SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b2.0e 06/02/22 13:24:37 apercibimiento decretado en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 193 párrafo primero, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, únicamente se les impone a las personas físicas que ostentan los cargos de Director General de Recursos Humanos y Director de Operación y Control de Pago, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, UNA MULTA DE CIEN veces la unidad de medida actualizada vigente en la Ciudad de México. En virtud de lo anterior, hágasele del conocimiento del Director General de Programación, Organización y Presupuesto y a su superior jerárquico Director General de Recursos Humanos, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que cuentan con el plazo razonable de tres días, para que remitan las planillas de liquidación a nombre de los quejosos. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 49/2003, cuyo texto y rubro son: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE (Jurisprudencia 2a./J. 49/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiséis (226), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de dos mil tres (2003) Lo anterior, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia número P./J.54/2014 (10 a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Tomo I, Noviembre 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b2.0e 06/02/22 13:24:37 JUICIO DE AMPARO P-1873/2019- VII con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b2.0e 06/02/22 13:24:37 informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Por lo que transcurrido dicho término, se abrirá el incidente de inejecución de sentencia, que establecen los artículos 193, primer párrafo, en relación con el diverso 196, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 59/2014 (10a.), de rubro y texto siguientes: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b2.0e 06/02/22 13:24:37 JUICIO DE AMPARO P-1873/2019- VII procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. (Registro: 2007911, Décima Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página: 5) Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se recibió copia certificada de la carpeta de investigación número CI-FCH/CUH-2/UI- 3/S/D/1112/02-2021, que se remitió a la autoridad responsable Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, en razón de que, al rendir su informe justificado, manifestó que, para estar en aptitud de atender la solicitud de inscripción de la quejosa en el Registro Nacional de Víctimas, cuya omisión constituye el acto reclamado en el presente juicio, necesitaba allegarse de diversa documentación e información relacionada con dicha investigación. En tales condiciones, de conformidad con los artículos 75 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a fin de contar con mayores elementos para mejor resolver el presente asunto y conocer la verdad, REQUIÉRASE al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de diez días, contados a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, informe si la documentación contenida en la carpeta de investigación, referida, es suficiente para pronunciarse respecto de la solicitud formulada por Silvia Oviedo Rodríguez, de ingresarla al Registro de Víctimas de la Ciudad de México, como víctima indirecta de Eira Torres Oviedo. En el entendido que de ser afirmativa su respuesta, deberá exhibir la determinación recaída a dicha solicitud, o bien, informe el impedimento que tenga para ello. Apercibida que de no hacerlo, se impondrá a la persona física que ostenta el cargo de la autoridad requerida, una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, con base en lo dispuesto en los artículo 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En estas circunstancias, lo que procede es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, señalamiento que se considera prudente tomando en consideración las cargas de trabajo. Asimismo, se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL." Así como la diversa de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXVIII, página 519, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE." Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
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