Zaragoza Gutiérrez Barrera

Expediente 693/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
693/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
08/04/2021

Partes del expediente

  • Titular del Organo Administrativo Desconcentrado de Prevención Y Readaptación Social (Oadprs), Con Domicilio En la Ciudad de México
  • Zaragoza Gutiérrez Barrera
  • ZARAGOZA GUTIÉRREZ BARRERA y Otros.
  • GILBERTO SAÚLA ALMANZA MARTÍNEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    León, Guanajuato, ocho de abril de dos mil veintiuno. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de uno de diciembre de dos mil veinte. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; así como a su defensor público. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado José Luis Sánchez García, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Defensor Público acepta cargo. Agréguese a los autos el escrito presentado por ********* y, en atención a su contenido, téngasele cumpliendo el requerimiento efectuado en proveído de veintidós de enero de dos mil veintiuno, toda vez que acepta y protesta el cargo de defensor público del aquí quejoso privado de la libertad *********. Y como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario (*****) se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que se satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio. En cuanto a las copias de la totalidad de las constancias que integran el expediente, que solicita sean digitalizadas y enviadas a cualesquiera de los correos electrónicos que proporciona; dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud, toda vez que el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, no prevé hipótesis alguna consistente en el envío por medios electrónicos de constancias certificadas del expediente de amparo, ya sea del impreso o del electrónico, o de las relativas a los recursos dentro del juicio, pues solamente regula la integración de los expedientes electrónicos que permiten a las personas justiciables promover, consultar expedientes, recibir notificaciones e interponer recursos, así como la celebración de audiencias y comparecencias a distancia. Aquel trámite tampoco se encuentra previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues de la lectura de los mismos se advierte que se refieren a copias certificadas para recepción física, tan es así que en su redacción hacen referencia a que el promovente tendrá que cubrir las costas, lo cual significa realizar el pago de las fotocopias de las constancias o documentos que se soliciten al órgano jurisdiccional. No está permitido expedir a las partes constancias por vía electrónica como lo pretende el promovente. Sin que lo anterior deje en estado de indefensión al peticionario del amparo, ya que en este auto se autorizó a su defensor la consulta del expediente electrónico, aunado a que el aludido profesionista está facultado tanto para gestionar la obtención de las copias que para su defensa requiera. Con independencia de que se autoriza al referido profesionista para que consulte de manera electrónica el presente expediente, se hace de su conocimiento que mediante proveído de uno de diciembre del año pasado, se desechó la demanda de amparo, a fin de que manifieste lo que a su representación legal convenga. Comunicación al quejoso sobre designación de defensor público. Notificaciones a la parte quejosa.

  3. Principal

    Instituto Federal de Defensoría Pública designa defensor. Agréguese a los autos el oficio que remite la Encargada del Despacho de la Delegación Guanajuato del Instituto Federal de Defensoría Pública, en suplencia de la Titular de la misma, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de treinta de diciembre de dos mil veinte, designa al licenciado ************, con la finalidad de fungir como defensor público federal del quejoso privado de la libertad *************. Sin que obste a lo anterior que el oficio de cuenta carezca de firma autógrafa, ya que al encontrarse firmado digitalmente y haberse remitido vía correo electrónico institucional, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19, se acuerda su contenido. Requiérase al defensor público federal *****************, para que, dentro del término de tres días, acepte y proteste el cargo de defensor público federal del quejoso privado de la libertad *********** por medio de escrito, mismo que deberá hacer llegar de manera electrónica, en el que constará su firma electrónica, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19. Se exhorta al defensor público del quejoso, para que se imponga de la totalidad de los autos y en su caso, promueva lo que a su asesoría técnica considere pertinente.

  4. Principal

    Se hace efectivo apercibimiento y se solicita designación de asesor jurídico. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, toda vez que por auto de once de diciembre de dos mil veinte, se tuvo al quejoso designando como su defensor particular al licenciado -------------------------, sin que a la fecha haya comparecido este último citado a aceptar el cargo conferido, a efecto de no dejar en estado de indefensión al quejoso y proteger su derecho a una tutela judicial efectiva, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, párrafo primero, 77, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, 17 de la Constitución Federal; 8.2, incisos d) y e), 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y con copia de la demanda de amparo, requiérase a la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guanajuato, con sede en la capital, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación que se le haga de este proveído, designe a alguno de los defensores públicos adscritos a esta ciudad, a efecto de que represente y asesore jurídicamente al quejoso durante la tramitación del presente juicio de amparo. Es importante destacar que la asesoría jurídica que se solicita, no tiene como finalidad que dicho servicio sea prestado en la causa penal de origen o en alguna cuestión inherente a los delitos del fuero Federal por los que se instruye la causa penal en su contra, sino en el presente juicio constitucional, el cual tiene carácter de Federal. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial 43/2019 de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Decisión que se toma por lo resuelto en la queja 161/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, en la que estimó que un determinado profesionista en derecho designado en términos amplios por un quejoso en un determinado juicio constitucional, no significa que dicho abogado haya aceptado llevar a cabo su asistencia a favor de tal demandante del amparo, dado que no existe justificación lógica o jurídica que autorice tal conclusión, ya que para ello, es necesario que exista la manifestación de voluntad del citado profesionista para desempeñar el cargo conferido en la substanciación del juicio federal en el cual fue nombrado.

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