Zajyd Santiago García
Expediente 565/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Zajyd Santiago García
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso **, a través del cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito de demanda. En atención a su contenido, dígasele al promovente que deberá estarse a lo acordado en proveído de quince de julio de dos mil veintiuno, en el que se proveyó lo conducente a la devolución de dichos documentos. Notifíquese a las partes por lista.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente de la cual se desprende que el quejoso ----------, no interpuso recurso de queja contra el auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo señalado en el artículo 98, de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En mérito de lo anterior, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. En diverso aspecto, del estado de autos se observa que la parte quejosa exhibió diversos documentos con su escrito de demanda y escrito aclaratorio; por tanto, se le da vista para que dentro del plazo de noventa días computados legalmente, comparezca debidamente identificada al local de este juzgado a recibir dichos documentos, los cuales en caso de ser omisa, serán destruidos junto con el expediente; lo anterior de conformidad con lo establecido en el considerando décimo primer del Acuerdo General mencionado con antelación. Finalmente, se precisa que para poder acudir a recoger las documentales exhibidas, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por -----------, por medio del cual desahoga los puntos de prevenciones que se le formularon en auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno; por tanto, provéase lo que conforme a derecho corresponda. En ese orden de ideas, vista de nueva cuenta la demanda y escrito aclaratorio suscritos por ---------por su propio derecho y en su carácter de legatario de ------------, personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la copia certificada del testamento público abierto número ciento cuarenta y nueve, de veintinueve de septiembre de dos mil cinco, elaborado ante la fe del Notario Público número ciento cincuenta y seis del Estado de México, en relación con la copia de la audiencia de quince de marzo de dos mil dieciocho celebrada ante el Juez Décimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México. Por otra parte, una vez analizado el escrito inicial de demanda de amparo y escrito aclaratorio, en el caso se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. En ese sentido, del escrito de demanda y escrito aclaratorio se observa que los actos que se reclaman en este asunto son: La determinación de cinco de abril de dos mil diecinueve, emitida en la carpeta de investigación NIC: CAI/MAG/00/EXP/184/00204/19/03, en la que el Agente del Ministerio Público del Primer Turno de Huixquilucan Estado de México, decretó el no ejercicio de la acción penal en esa carpeta. La determinación de fecha doce de junio de dos mil veinte, en la que la Agente responsable ordenó el archivo temporal de esa carpeta. Precisado lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" La fracción transcrita, pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto, por las siguientes consideraciones: De lo anterior, se advierte que para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Al respecto, se debe tener presente el contenido de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. . Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: . XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; . Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, permite considerar que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para reclamarlas ante el Juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. En ese sentido, la víctima u ofendido pueden impugnar las resoluciones que emite el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación.. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra las resoluciones que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden, las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la determinación del no ejercicio de la acción penal y el archivo temporal de la carpeta de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para reclamar las determinaciones del Ministerio Público en la etapa de investigación. En el caso, los actos que por esta vía se reclaman consisten en la determinación del no ejercicio de la acción penal y el archivo temporal de la carpeta de investigación NIC: CAI/MAG/00/EXP/184/00204/19/03, emitidos por el Agente del Ministerio Púbico del Primer Turno de Huixquilucan, Estado de México, contra los cuales procede un medio de impugnación, por lo que se estima se acreditó el motivo de la improcedencia de la demanda. En consecuencia, con apoyo en lo establecido en el 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por -----------por su propio derecho y en su carácter de legatario de José Santiago Suárez, por los motivos expuestos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ---------, por su propio derecho y quien se ostenta como legatario de --------, contra actos de la Agente del Ministerio Público del Primer Turno de Huixquilucan, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 565/2021-VII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2.- Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114, en relación con el 108 fracción, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a ----------, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Exhiba documento fehaciente con el que acredite la personalidad con la que se ostentan en el presente juicio de amparo, es decir, como legatario de ----------. Sin que pase desapercibido que el promovente adjuntó a su demanda de amparo, entre otras constancias, el testamento público abierto de veintinueve de septiembre de dos mil cinco, en el que refiere tiene reconocido el carácter de legatario; sin embargo, dicha documental, así como todas las demás que se exhibieron son copias simples, las cuales por si solas carecen de pleno valor probatorio, aunado a que de dicha copia no se advierte el nombre del promovente sino únicamente de Jorge Neftali, Sagid, José Osmar y Yetlanetzyn de apellidos Santiago García, o en su caso deberá aclarar dicha irregularidad en el nombre. En ese sentido, conforme al artículo 17 Constitucional, se prevé la garantía relativa a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido por los artículos 103 y 107 del mismo ordenamiento fundamental, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, es decir, que estos adquieren matices propios con relación al tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. En consecuencia, si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de amparo, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al Órgano Jurisdiccional para que la analice, corresponde al Juez de Amparo analizarla considerando que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, lo que explica, que el Juez de Distrito debe acatar lo precisado por el más alto tribunal en la jurisprudencia número 2ª./J. 1/96, visible en la página 48, tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 114 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.". En el entendido que el documento con el que pretenda acreditar su personalidad deberá ser anterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Norma criterio a lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, consultable en la página 243, que al rubro señala "REPRESENTACION, NO PUEDE OTORGARSE DESPUES DE INTERPUESTO EL RECURSO O JUICIO RESPECTIVO." Asimismo, deberá señalar "bajo protesta de decir verdad" de manera clara y precisa los antecedentes que dieron origen al acto que se reclama, entre los que deberá incluir la fecha en que tuvo conocimiento de las determinaciones aquí reclamadas. Pues precisamente dichos antecedentes son la base para analizar la acción constitucional en cuestión; entendiéndose por éstos, la relación breve de las actuaciones previas al acto reclamado; así como las condiciones de hecho que generaron la actividad que reprocha, toda vez que la parte quejosa fue omisa en realizar la narración respectiva, pues si bien incorporó capitulo al respecto, únicamente se expuso la fecha en la que se presentó la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación en donde se emitieron los actos y las pruebas que ahí ofreció, sin hacer mayor precisión sobre los actos reclamados. Deberá exhibir seis copias del escrito de demanda, toda vez que no anexó ninguna a su escrito de demanda, siendo que resultan necesarias para correr traslado a los terceros interesados, autoridades responsables y Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Asimismo, deberá presentar seis copias de desahogo y del documento con el que acredite la personalidad con la que se ostenta en el presente asunto, para correr traslado a cada una de las partes. Las copias de la demanda, escrito de desahogo y del documento con el cual acredita su personalidad, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Se apercibe al promovente del amparo que de no dar cumplimiento con el requerimiento marcado con el número uno, únicamente se proveerá lo conducente a la demanda de amparo por su propio derecho, mientras que de no desahogar los restantes requerimientos insertos en este acuerdo, dentro del plazo concedido para tal efecto, tendrá por no presentada la demanda de referencia, en términos del numeral 114 de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en Calle ------------, Municipio de Huixquilucan; Estado de México.----- Por tanto, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21 de la ley de la materia. En ese mismo sentido, se hace del conocimiento al fedatario de la adscripción que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Aunado a ello, se tiene como autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Soledad Santiago Moreno, toda vez que su cédula profesional que la acredita para ejercer la profesión de licenciada en Derecho, se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. También, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa la consulta vía internet del expediente electrónico, relativo al presente juicio de amparo, pues al efecto se proporcionó el usuario "Escudero48"; por tanto, instrúyase a la analista encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que realice las gestiones necesarias. Además de lo anterior, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico soledadsm48@hotmail.com, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y dar expedites al asunto de conformidad con el artículo 17 Constitucional, sin que ello implique que el mismo se tenga para oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no prevé dicho medio para tal efecto. En otro aspecto, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales Aunado a ello, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Jesús Facio Rodríguez, siendo el número 5553870500, extensión 1387, para la atención del presente asunto, ello dentro de un horario a partir de nueve a dieciocho horas, de lunes a viernes. Por otro lado, se hace del conocimiento de la quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente al quejoso.
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