Zaira Yamil Durazo Orduño

Expediente 892/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
892/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
25/01/2022

Partes del expediente

  • ZAIRA YAMIL DURAZO ORDUÑO y Otros.
  • Zaira Yamil Durazo Orduño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a. veinticinco de enero de dos mil veintidós Agréguese a los autos el escrito presentado vía Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por la representante especial de la menor con iniciales V.A.L.D.; en consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se toma conocimiento de sus manifestaciones, en vía de alegatos sin perjuicio de relacionarse al momento de celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Por otra parte, en términos del numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de relacionarlas en audiencia constitucional. Notifíquese.

  2. Incidental

    Tijuana, Baja California, catorce de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por la parte quejosa ***, en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión, en contra de la resolución interlocutoria dictada el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, esto es, una vez que se recaben las constancias de notificación del presente auto, remítanse al Tribunal Colegiado correspondiente, el original de los presentes autos; anexando por separado el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia de la Ciudad de Tijuana, Baja California, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, conforme a lo establecido por el numeral 9° de la ley de la materia, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como delegados de la autoridad responsable a los profesionistas que refiere en su informe de cuenta. De igual forma, téngasele señalando los correos electrónicos y número de teléfono para el contacto respectivo. Asimismo, de conformidad con los numerales 119 y 123, ambos de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las documentales remitidas por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al represéntate especial de la menor quejosa.

  4. Incidental

    Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 892/2021-D, promovido por Zaira Yamil Durazo Orduño, por propio derecho y en representación de su menor hija V.A.L.D, derecho contra actos de la licenciada Briza Ariadnna Bentley Ramírez, Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia y otra autoridad. R e s u l t a n d o I.- El veinte de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y recibida en esa misma data en este órgano jurisdiccional Zaira Yamil Durazo Orduño, por propio derecho y en representación de su menor hija V.A.L.D, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la licenciada Briza Ariadnna Bentley Ramírez, Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia y otras autoridades, que hizo consistir en: "4. ACTOS RECLAMADOS: a) De las autoridades ordenadoras, ya sea como titular y/o como agente investigador de la Subprocuraduría de la defensa de los menores y la familia, reclamo la negativa de aceptar el nombramiento de la psicóloga María Alba Moreno Grijalva, mismo nombramiento que fue solicitado por la suscrita en nombre y representación de mí menor hija mediante escrito de fecha Dos de diciembre del presente año a fin de que la acompañe durante la entrevista y le sirva de apoyo en el transcurso de la misma. Dicha negativa que hasta el momento no me ha sido notificada de manera formal, ya que en mi domicilio no se ha dejado ninguna notificación al respecto y el día trece de diciembre del presente año que me presente personalmente a solicitar dicho acuerdo no fui atendida ya que la Lic. Karina Michelle Díaz Ibarra estaba muy ocupada y no me pudo atender. Por lo que la única noticia que tengo de la negativa a tal nombramiento es momentos después de iniciar la entrevista con la psicóloga Anabel Espinoza Bibianó, quien solicitó la presencia de la Lic. Karina Michelle Díaz Ibarra y fue esta quien me informó que no se llevaría a cabo la entrevista porque no se había autorizado el nombramiento solicitado y posteriormente se me informaría a través de trabajo social la nueva fecha para celebrar la entrevista a mi menor hija, a quien le cuestioné la razón por la cual no se aceptaba el nombramiento indicado me dijo que "porque así lo marca el protocolo del DIF'. b) De la autoridad ejecutora, reclamo la no realización de la entrevista a mi menor hija. Manifestando que al momento en que debía iniciar la· misma, inquirió quien se presentaba con la menor, informando que estaríamos tanto la psicóloga de mi hija como yo pero en ese momento la psicóloga Anabel Espinoza Bibianó me dijo que la indicación que ella tenía era la de llevar a cabo la entrevista únicamente con la presencia de mi menor hija y que nadie más podría estar presente. Razón a la que respondí que no tenía conocimiento de dicha indicación además de que era derecho de mi menor hija estar acompañada por persona de su confianza, por lo que en ese instante fue en busca de la Lic. Karina Michelle Díaz Ibarra, quien es la agente investigadora que trae a su cargo el expediente D/TIJ/001/401/2021. Asimismo, se reclaman todos los actos que sean consecuencia directa o indirecta del acto reclamado, teniendo especial relevancia el hecho de que se trata de un menor de edad así como el carácter ponderante del principio rector del Interés Superior del Menor." De igual manera, solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto siguiente: "Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126, 127, fracción II, 128, 139, 140, 141, 142, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, solicito se conceda la suspensión provisional de los efectos del acto reclamado y se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y con el fin de no ejecutarse de manera definitiva actos de imposible reparación en perjuicio de los derechos de mi menor hija así como al Interés Superior del Niño contraviniendo a lo regulado por los artículos 1, 4 de Nuestra Carta Magna, los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Es por lo que suplico se ordene la suspensión de los actos reclamados hasta en tanto se resuelva definitivamente la presente controversia constitucional [.]." II. Este órgano de control constitucional en acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, admitió a trámite la demanda y ordenó formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión en que se actúa, en el que se proveyó respecto de la suspensión provisional del acto reclamado, solicitó a las autoridades responsables su informe previo, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental la que se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, Considerando Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; y, 49 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente -en lo que aquí interesa-: La negativa de aceptar el nombramiento de la psicóloga María Alba Moreno Grijalva y la no realización de la entrevista a la menor quejosa V.A.L.D Tercero. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe previo; es decir, la autoridad responsable negó el nombramiento de la persona de confianza María Alba Moreno Grijalva, como persona de confianza de la menor V.A.L.D, ello toda vez de que dentro de sus competencias tiene como prioridad salvaguardar la integridad y seguridad de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la custodia temporal de la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes. Cuarto. En ese contexto, cabe señalar que tratándose de la procedencia o improcedencia de la suspensión de los actos reclamados, debe atenderse a los requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo. En la especie, por lo que hace al acto reclamado consistente en la negativa de aceptar el nombramiento de la psicóloga María Alba Moreno Grijalva, la parte quejosa solicitó expresamente en el escrito inicial de demanda la suspensión del acto por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo citado. De igual manera, la parte quejosa refiere acreditar su interés suspensional de manera indiciaria, toda vez que bajo protesta de decir verdad refirió que es parte dentro del expediente del que emana el acto reclamado, aunado de que remitió diversas documentales a su escrito de demanda, las cuales consisten en: Copia simple del acta de nacimiento a nombre V.A.L.D. Copia al parecer de un proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, firmado por la Coordinadora Jurídica de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en esta ciudad. Copia al parecer de una cita al departamento de psicología, a nombre de la menor V.A.L.D., para el día ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Acuse de recibo de un escrito dirigido a la licenciada Briza Ariadnna Bentley Ramírez, Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia y Licenciada Karina Michelle Díaz Ibarra, Agente Procurador para la Defensa de los Menores y la Familia, con fecha de recibo de dos de diciembre del año en curso. Copia simple al parecer de un informe psicológico, suscrito en cuatro de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por la Psicóloga Martha Leticia Cruz Ramírez. Acuse de recibo de un escrito dirigido a la licenciada Briza Ariadnna Bentley Ramírez, Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia y Licenciada Karina Michelle Díaz Ibarra, Agente Procurador para la Defensa de los Menores y la Familia, con fecha de recibo de diez de diciembre del año en curso. Documentales que adquieren valor probatorio de indicio, de conformidad con los artículos 129, 133 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de ahí que -como se anticipó-, acredite de manera indiciaria su interés suspensional al solicitar la medida cautelar por propio derecho y en presentación de su menor hija. Ahora, del informe previo rendido por la autoridad responsable, se advierte que negó el nombramiento de la persona María Alba Moreno Grijalva, como persona de confianza de la menor V.A.L.D; no obstante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, se niega la suspensión definitiva solicitada, toda vez que tiene el carácter de consumado; considerar lo contrario, equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que, en su caso, se llegue a dictar en el juicio principal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial II.3o.J/37, del otrora Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 51, diciembre de 1992, tomo 60, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tiene el carácter de consumados pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncia en el juicio de amparo respectivo". Quinto. Ahora, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la no realización de la entrevista a la menor V.A.L.D, cabe señalar que se reúnen los requisitos establecidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las niñas y los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños", lo cual conlleva que actúen durante su primera infancia por conducto de otras personas -idealmente, de sus familiares-. Así, el derecho de las niñas y los niños a participar en procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica se ejerce, también, progresivamente, sin que su ejercicio dependa de una edad que pueda predeterminarse en una regla fija, incluso de índole legal, ni aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad, sino que el grado de autonomía debe analizarse en cada caso. Por tanto, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. En este sentido, los lineamientos que deben observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica son: (1) Para la admisión de la prueba debe considerarse que: (a) la edad biológica de los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; (b) debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, (c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; (2) Para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) Para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; (c) además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio; (4) Los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y, (5) Debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que en cada una de estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la infancia por lo que no debe adoptarse alguna determinación que implique perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su participación dentro del procedimiento jurisdiccional. Consideraciones que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 12/2017 (10a.) de rubro: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO." Atento a lo anterior, respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, y al tener presente que es un hecho notorio las medidas sanitarias decretadas con motivo de la pandemia COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2, declarada en nuestro país como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, por el Consejo de Salubridad General; y que esos factores pudieran afectar la salud de la menor quejosa, como consecuencia de la presentación para desahogar la diligencia señalada por la responsable. Ahora, tomando en consideración de que en los hechos narrados en la demanda de amparo se advierte que la entrevista que se llevará a cabo con la menor quejosa, es por motivo de una investigación de una denuncia anónima en relación a que en el domicilio de la quejosa se encuentra llorando la multicitada menor, la cual se encuentra registrada en el expediente D/TIJ/001/401/2021, del índice de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia, por ello y atendiendo a los intereses superiores de la menor, se concede la suspensión provisional para el efecto de que se lleve a cabo la entrevista con la menor quejosa, designado una persona de confianza para que esté presente en su desahogo. En el entendido que la menor quejosa V.A.L.D, deberá de encontrarse en un lugar que no represente un ambiente hostil, esto es, donde pueda sentirse respetada y segura para expresar libremente sus opiniones; además de estar presentes el funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben comparecer una especialista en temas de niñez y, una persona de su confianza. En caso de llevarse a cabo la entrevista por medio de videoconferencia la persona de confianza que se designe para ello, deberá encontrarse en otro lugar con diferente equipo de cómputo (no en la misma habitación con la menor) para el desahogo de la entrevista y deberá de reservarse el derecho de hacer el uso de la voz, ya que dicha prueba a recabar es con el fin de determinar la situación jurídica de la menor y descartar la presunción de que sea víctima. Ello, con fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el precepto 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, y en los diversos numerales 3º, 4º, 6º y 7º de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo cual es supremo sobre cualquier pretensión o expectativa, ya que el Estado tiene la obligación de vigilar y velar por el ejercicio pleno de los derechos de los niños, con la finalidad de resolver lo más benéfico para su desarrollo físico y emocional. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. Definición que se desprende de la jurisprudencia 949, visible en la página mil sesenta y seis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Novena Sección - Suspensión del acto reclamado Subsección 1- Reglas generales, Materia: Común, Novena Época, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil repartición que pueda sufrir el quejoso, deberá llegarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." (negritas y subrayado añadido). Cabe precisar que la medida cautelar adoptada, surte efectos hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del asunto, ya que de lo contrario equivaldría a quebrantar la estabilidad de su entorno, y se afectaría el interés superior de la menor e inclusive la salud de la menor quejosa, protegido por el artículo 4° de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, y la Convención de los Derechos del Niño. Máxime que, tratándose de litigios donde tenga que intervenir un menor con circunstancias particulares de salud, la autoridad responsable debe advertir si requiere asesoría de un equipo multidisciplinario relacionado con sus padecimientos a efecto de conocer su situación real y las repercusiones que podría tener un encuentro directo, ya que, incluso, debe ponderar la posibilidad de que en lugar de que acuda a la citada entrevista, sea él quien vaya a su encuentro con la prudencia suficiente para no causar alteraciones que lo afecten física o psicológicamente, pues no debe perder de vista que no se trata de una actuación rutinaria, meramente formal, por lo que deberá emplear mayores recursos humanos y materiales para lograr un encuentro eficaz, aguzando todos los sentidos para obtener datos relevantes que de verdad sirvan al proceso, pero principalmente útiles para el interés superior de la menor involucrada, de tal suerte que las diligencias donde ésta participe, en su caso, deberán estar debidamente preparadas para que den los resultados esperados. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.5.C.J/13, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2179, Materia civil, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DERECHOS PREFERENTES DEL MENOR. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, en el Código Civil para el Distrito Federal, y en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el interés del menor es calificado como superior. Por ello, son derechos preferentes de éste: a) recibir una atención especial en todas las instancias judiciales, administrativas o de bienestar social; y b) dar su opinión y que sea tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, con inclusión de los de carácter judicial y administrativo.". Sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la tesis I.14o.C.23 C (10a.) sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 2016041 de rubro y texto siguiente: "ENTREVISTA CON UN MENOR EN UN PROCESO JURISDICCIONAL. PARA LLEVARLA A CABO EL JUEZ DEBE PONDERAR LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO (INCLUSIVE SU SALUD), ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL INFANTE. El personal judicial receptor de la opinión de un menor de edad en un proceso jurisdiccional no sólo debe atender a su grado de madurez para ordenar que se lleve a cabo la entrevista, sino que deberá evaluar las circunstancias particulares del caso, incluyendo aquellas que limiten la participación del infante. Así, tratándose de litigios donde tenga que intervenir un menor con circunstancias particulares de salud, el Juez familiar debe advertir si requiere asesoría de un equipo multidisciplinario relacionado con sus padecimientos a efecto de conocer su situación real y las repercusiones que podría tener un encuentro directo con dicho juzgador, ya que, incluso, debe ponderar la posibilidad de que en lugar de que acuda al juzgado para la citada entrevista, sea él quien vaya a su encuentro con la prudencia suficiente para no causar alteraciones que lo afecten física o psicológicamente, pues no debe perder de vista que no se trata de una actuación rutinaria, meramente formal, por lo que deberá emplear mayores recursos humanos y materiales para lograr un encuentro eficaz, aguzando todos los sentidos para obtener datos relevantes que de verdad sirvan al proceso, pero principalmente útiles para el interés superior del menor involucrado, de tal suerte que las diligencias donde éste participe, en su caso, deberán estar debidamente preparadas por el juzgador familiar para que den los resultados esperados." Así también sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada P. XXV/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2009999 de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. OBLIGACIONES QUE, PARA SU PROTECCIÓN, DERIVAN PARA EL ESTADO MEXICANO, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en observancia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que la obligación del Estado de proteger el interés superior de los menores durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados implica, entre otras cuestiones, los siguientes débitos: (I) suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades; (II) asegurar, especialmente en los casos en que hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato, que su derecho a ser escuchados se ejerza garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado; y, (III) procurar que no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, su revictimización o un impacto traumático." Sin que la anterior medida cautelar implique la paralización del procedimiento de origen, por lo que ésta deberá continuar con la tramitación de los mismos, por todas sus etapas; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo, ya que de dictarse la misma se dejaría irreparablemente consumado el daño o perjuicio a la menor quejosa. Sin que haya necesidad de fijar garantía alguna, por tratarse de actos que afectan el interés superior de un menor de edad, el cual es considerado de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Federal. En el entendido de que la medida cautelar que se decreta dejará de surtir efecto legal si el acto que se reclama fue emitido en cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo; asimismo, se aclara que dicha medida no incide en la ejecución de alguna sentencia dictada en su contra o se trata de actos diversos a los señalados en el escrito inicial. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 125, 128 y 144 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e Primero. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Zaira Yamil Durazo Orduño, por propio derecho y en representación de su menor hija V.A.L.D, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. Segundo. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Zaira Yamil Durazo Orduño, por propio derecho y en representación de su menor hija V.A.L.D, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando quinto. Notifíquese.

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