Zaira López Ciriaco

Expediente 747/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
747/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Zaira López Ciriaco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    (7) Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés (fojas 17 a 22), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    (7) Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    (7) A las nueve horas del día de hoy se tiene por legalmente notificada a la parte QUEJOSA. . ., del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, toda vez que no se presentó a notificarse ante este Juzgado Federal, del propio proveído, como se les comunicó en aviso de diecinueve de mayo del año en curso, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. "proveído de dieciocho de mayo pasado: Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual en cumplimiento a la prevención formulada en proveído de once de mayo de dos mil veintitrés (fojas 09 a 12), manifiesta bajo protesta de decir verdad que el dos de marzo de dos mil veintitrés, se decretó el cierre de instrucción en el juicio laboral ***del índice de la responsable Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. I. Decisión sobre la acción de amparo. (DESECHAMIENTO). Ahora, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y lectura integral del libelo constitucional, se advierte que procede desecharlo de plano. En principio, cabe precisar que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese contexto, esta Juzgadora considera se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, preceptos que en lo atinente, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Como puede apreciarse del arábigo transcrito en primer término, el juicio de derechos es improcedente en los demás casos en que la causa de inejercibilidad resulte de alguna otra disposición legal, ya sea de la propia Ley de Amparo o de la Constitución.1 Por su parte, el segundo numeral prevé que tratándose de actos emanados de la tramitación de un procedimiento jurisdiccional, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación. Expresión "actos de imposible reparación". Sus alcances. Al respecto, debe señalarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, por mayoría de votos, sostuvo que la actual Ley de Amparo ofrece precisión acerca de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación. En efecto, el Pleno de ese alto tribunal estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", por lo cual, con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, porque mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo. - Caso concreto. Ahora bien, en el particular, del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral ***del índice de la Junta responsable. Empero, tal actuar sólo puede tener efectos intraprocesales, por lo que no puede considerarse como irreparable para que con ello resulte procedente la vía biinstancial, o la acción constitucional que como medio de defensa hace valer el impetrante de amparo, tal y como lo exige el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia. Lo anterior, pues la omisión reclamada se traduce en una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, de tal manera que, aun cuando se aleguen violaciones a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, ya que no se trata de una omisión autónoma al juicio del que la quejosa forma parte, si no que se da dentro del mismo. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 48/2016, con número de registro 2011580, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Tomo II, página 1086, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Aunado a lo anterior, debe decirse que en el caso concreto no se actualizan los supuestos de excepción a que se refiere la tesis antes invocada, toda vez que, en principio, no se advierte que exista una paralización total del procedimiento de origen que derive de la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen; ello, pues tal conducta omisiva no constituye en sí misma una suspensión de dicho juicio, sino que se traduce en la inacción por parte de la autoridad responsable dentro del plazo que la legislación aplicable establece para emitir el laudo correspondiente. En segundo lugar es así, ya que la omisión combatida tampoco conlleva una dilación abierta en el procedimiento natural que haga procedente el juicio de amparo indirecto, ya que para ello la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado un parámetro mínimo objetivo a fin de otorgar certeza jurídica a los justiciables, el cual permite definir cuándo una dilación procedimental en materia laboral puede considerarse como una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización; situación que no se actualiza en el caso concreto, tal como se verá a continuación. En efecto, la Segunda Sala de ese alto tribunal, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, resolvió la contradicción de tesis 294/2018, en la que determinó que para la procedencia del amparo en el que se reclamen dilaciones presuntamente excesivas de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, deben de transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse la omisión reclamada. De dicha ejecutoria, emergió la jurisprudencia 33/2019 de registro 2019400, visible en la página 1643 del Libro 64, correspondiente al mes de Marzo de 2019, Tomo II, Materias Común y Laboral, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que sirve de apoyo como como criterio orientador, y establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese orden de ideas, se reitera que en la especie no existe una abierta dilación al procedimiento que traiga consigo una paralización de éste, en la medida que no han transcurrido más de 45 días naturales contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo previsto por los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que fuera dictado el laudo correspondiente. Así, con el objeto de sustentar lo anterior, es necesario conocer el contenido de los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la época en que se suscitó la controversia laboral que dio origen el presente asunto, los cuales disponen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." Del artículo 885 antes transcrito, se advierte que el plazo que debe atender la responsable para formular el proyecto de laudo, del cual se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta para que sea votado, es de diez días, y el diverso numeral 886 dispone que los integrantes de la Junta, cuentan con cinco días para solicitar que se practiquen diligencias no realizadas o que resulten necesarias, en cuyo caso se realizarán dentro del término de ocho días; por su parte el artículo 887 señala que transcurridos los términos anteriores, en un plazo de diez días se discutirá y votará el laudo respectivo; y finalmente, el artículo 889 refiere que si el proyecto formulado fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. De manera que, de los preceptos transcritos se advierte que las Juntas están obligadas a emitir los laudos que ponga fin al juicio en los asuntos de su competencia, en un plazo máximo de treinta y tres días hábiles, contados a partir del cierre de instrucción; ello, siempre y cuando que con posterioridad a dicho evento, no se dé la necesidad de desahogar diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera otra diligencia que se haya estimado conveniente para el esclarecimiento de la verdad. En ese contexto, sí como se adelantó, en la demanda de amparo en estudio se señaló como acto reclamado la omisión de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral ***y ésta fue depositada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, el nueve de mayo de dos mil veintitrés, y del escrito de cuenta, se advierte que la promovente señaló bajo protesta de decir verdad, que el dos de marzo de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción. Es inconcuso que el término de treinta y tres días que tenía la responsable para dictar el laudo transcurrió del tres de marzo de dos mil veintitrés al veinticuatro de abril de dos mil veintitrés -con descuento de los días inhábiles de la Junta responsable, que lo fueron el veinte de marzo, cinco, seis y siete de abril, todos de dos mil veintitrés, así como los sábados y domingos comprendidos en dicho periodo. En tanto que del veinticinco de abril de dos mil veintitrés a la fecha de la presentación de la demanda -nueve de mayo actual-, sólo han transcurrido quince días naturales de los cuarenta y cinco a que hace referencia la jurisprudencia citada con antelación. En esa virtud, resulta inconcuso que la omisión reclamada no puede considerarse como de ejecución irreparable, pues aún y cuando se está en presencia de un acto que la quejosa aduce, es contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; lo que no se actualiza, en virtud de la proximidad de la data en que se cerró la instrucción en el juicio laboral de origen. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. En el entendido de que la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia advertido en el presente asunto, se tienen por acreditado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en la demanda de amparo y escrito aclaratorio, las cuales constituyen una confesión que para esta Juzgadora es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

  4. Principal

    (7) Agréguese a los autos el oficio signado por la Administradora de la Oficina de Servicios Directos Juzgado de Pachuca, Hidalgo, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en auto de cuatro de mayo del año en curso, informa que de acuerdo al manual de operación y la Ley Federal del Servicio Postal Mexicano, para realizar la reclamación de una pieza postal nacional, el usuario sólo cuenta con seis meses a partir de la fecha de depósito. En consecuencia, ante la imposibilidad manifestada por la Administradora oficiante para obtenerse las piezas postales acuses de recibo solicitadas por este órgano de control constitucional, y al no contarse con las mismas en autos; en obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena el reenvío de los oficios 773/2022, 774/2023, 947/2022, 949/2022, 953/2022, 954/2022, 958/2022, 960/2022, 961/2022, 967/2022, 968/2022, 969/2022 y 970/2022, dirigidos a las siguientes autoridades responsables: 773/2022 Juez Decimotercero Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México. 774/2022 Actuario adscrito al Juzgado Decimotercero Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México. 947/2022 Comandante General de la Guardia Nacional. 949/2022 Titular de la Guardia Nacional en Tula de Allende, Hidalgo. 953/2022 Comandante del Grupo Tula de la Policía Investigadora de la Procuraduría General De Justicia en el Estado de Hidalgo. 954/2022 Jefe del Grupo Tula de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo. 958/2022 Delegado Estatal de Seguridad Pública y Tránsito en Tula de Allende, Hidalgo. 960/2022 Delegado o Titular de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo. 961/2022 Coordinador de Cumplimientos y Ejecución de Mandatos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 967/2022 Jefe General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 968/2022 Jefe General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública la Ciudad de México. 969/2022 Jefe General de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. 970/2022 Jefe General de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

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