Zaira Alejandra Barajas Leal

Expediente 152/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
152/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
29/03/2019

Partes del expediente

  • Zaira Alejandra Barajas Leal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Director General del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco; y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las personas que indica, sin que se le tenga revocando nombramientos anteriores.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Colegiado confirma. Visto el oficio que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1044/2017, un cuaderno de pruebas y copia certificada del testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de revisión 347/2018, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en el cuaderno auxiliar 892/2018, cuyos puntos resolutivos dicen: "Primero. Se desecha por improcedente, el recurso de revisión interpuesto a nombre de la autoridad responsable Coordinador General de Centros Federales, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con apoyo en lo expuesto en el considerando segundo de la presente ejecutoria. Segundo. Se confirma la resolución recurrida. Tercero. Se sobresee en el juicio de amparo venido a revisión, acorde con los razonamientos establecidos en el considerando tercero del fallo recurrido. Cuarto. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Marco Antonio Torres Olayo, contra el acto consistente en el Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en específico sus artículos 8, fracción XII, 10 fracción IV y 12, fracción XXVI, así como en contra del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CFRS2/DA/0559/2017, de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, por los motivos expuestos en los considerandos séptimo y octavo de la sentencia recurrida. Quinto. La Justicia de la Unión ampara y protege a Marco Antonio Torres Olayo, por los motivos y para los efectos establecidos en el considerando último del fallo venido a revisión." Anotaciones. Agréguese a los autos, hágase saber la circunstancia anterior a las partes; efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno; sin glosar el cuaderno de antecedentes relativo dado la voluminosidad del mismo, para un mejor manejo, con excepción de las constancias originales que obren en éste; y acúsese recibo correspondiente. Efectos. En consecuencia, tomando en consideración que en el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar los actos siguientes: [.] para el efecto de que la autoridad responsable Coordinador General de Centros Federales, deje insubsistente el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/1054/2017, de diez de marzo de dos mil diecisiete, y en caso de reiterar la orden de readscripción combatida, con plenitud de jurisdicción, emita otra debidamente fundada y motivada, siguiendo los lineamientos de esta sentencia. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados a las diversas autoridades responsables, en la medida en que no se combaten por vicios propios, sino como una mera consecuencia del acto de la autoridad ordenadora. [.] Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que si es susceptible de dar cumplimiento en tres días, en virtud de lo estipulado en párrafos que anteceden. Requerimiento a la autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo a este Juzgado de Distrito constancia fehaciente de ello. Al respecto, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. Asimismo, el artículo 78 de la Ley de Amparo, establece que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma general, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependan de la propia norma invalidada, es decir, la inaplicación únicamente respecto del quejoso. Por tanto, las autoridades responsables a las que se les reclaman actos legislativos, no tienen que ejecutar acto alguno en cumplimiento al fallo protector, pues el precepto legal que reclama la parte quejosa no puede quedar insubsistente, esto es, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de garantías, contenido en el artículo 107, fracción II, Constitucional, que señala que los efectos de las sentencias de amparo, sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda de garantías, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, además, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Comisionado Nacional de Seguridad Pública, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad responsable Coordinador General de Centros Federales, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Notifíquese.

  3. Principal

    Razón actuarial. Vista la razón que suscribe el Actuario Judicial adscrito, de la que se advierten los motivos por los que no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiséis de febrero del año en curso, en el sentido de notificar y emplazar a los terceros interesados José Antonio López Castro, Ana Paula López Castro y Atzimba Delgado Ibarra. Requiérase. En esta tesitura, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b), y 108, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la invocada ley, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, proporcione el domicilio completo, correcto y actual donde pueda ser notificado los aludidos terceros interesados. Apercíbase. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir, se procederá en términos de lo dispuesto en el primero de los numerales citados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. No obran constancias. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, entre otras cosas, se admitió la ampliación de demanda, y se reservó a proveer sobre la solicitud presentada por la parte quejosa a efecto de que se requiriera por diversas constancias a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit; asimismo, que en diverso auto de ocho de mayo de esa data, se requirió a la autoridad responsable Congreso del Estado de Nayarit para que remitiera copia certificada de la resolución dictada en el procedimiento de remoción R-H-CHCPP-02/2017, sin que a la fecha obren las mismas, constancias que este Juzgado considera son necesarias para la debida integración del presente juicio de amparo. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Amparo, se requiere vía mensajería rápida a la Auditoría Superior y al Congreso, ambos del Estado de Nayarit, para que en el plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remitan copias certificadas, completas y legibles, el primero de los mencionados de los documentos en donde se desprendan los nombramientos del o las personas que ocuparon el cargo de Director General de la Unidad de Administración de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, en el periodo de enero de dos mil catorce a diciembre de dos mil diecisiete; y la segunda de la resolución interlocutoria dictada en el procedimiento de remoción identificada como R-CHCPP-02/2017. Apercibimiento. Apercibidos que de no cumplir con lo solicitado, en el lapso indicado, se les impondrá a sus titulares una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente, en términos del numeral 244, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente. Difiere audiencia. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y se fijan las NUEVE HORAS TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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