ZAINE MORALES RAMOS y Otros.

Expediente 1083/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 30 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1083/2018
Año
2018
Actuaciones
30
Última actuación
07/04/2021

Partes del expediente

  • ZAINE MORALES RAMOS y Otros.
  • Zaine Morales Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la responsable sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia engrosada el veinte de marzo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa "....... . Inconforme con tal resolución, "....... , en representación de los terceros interesados ".......... , interpuso recurso de revisión; medio de impugnación del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, bajo el expediente de amparo en revisión "...... , quien en ejecutoria de diez de diciembre de dos mil veinte, confirmó la sentencia recurrida que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, realizaran lo siguiente: Dejar sin efecto la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el Toca Penal"........ , por la que se revocó la resolución recurrida de dos de mayo de dos mil dieciocho, en la que se declaró procedente el incidente no especificado de segunda remisión parcial de la pena, en el expediente de ejecución "...... , dictada por la Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Emitir una nueva resolución, en la que atendiendo a las consideraciones plasmadas en la sentencia: ordene a la Juez de Ejecución, una vez aplicado el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal que, en audiencia bajo el principio de inmediación y contradicción, con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre el beneficio preliberacional que sea de mayor tutela para la quejosa, ya sea mediante la figura de la aplicación retroactiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o bien la de ultractividad de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad para el Estado de Oaxaca. Motivo por el cual, mediante acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento correspondiente a la autoridad responsable. En acatamiento a lo anterior, por acuerdo de nueve de febrero del actual, se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en suplencia por ausencia de la Secretaria de Acuerdos, por medio del cual remitió la resolución de ocho de febrero del año en curso, dictada en la toca penal "...... de su índice, donde dejó sin efectos la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, asimismo dejó insubsistente la resolución de dos de mayo de dos mil dieciocho, emitida por la Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante la cual declaró procedente el incidente no especificado de segunda remisión parcial de la pena de prisión, a favor de la sentenciada aquí quejosa "...... en el expediente de ejecución "...... ; y dictó una nueva, en la que ordenó al Juez de Ejecución Penal sede Ixcotel, Oaxaca, que una vez aplicado el tramite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en audiencia bajo el principio de inmediación y contradicción, con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre el beneficio preliberacional que sea de mayor tutela para la quejosa, ya sea mediante la figura de la aplicación retroactiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o bien la de ultractividad de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad para el Estado de Oaxaca. En consecuencia, como la autoridad judicial responsable dejó insubsistente la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el Toca Penal 201/2018 de su índice y, en su lugar, dictó una nueva, en la que ordenó al Juez de Ejecución Penal sede Ixcotel, Oaxaca, que una vez aplicado el tramite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en audiencia, bajo el principio de inmediación y contradicción, con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre el beneficio preliberacional que sea de mayor tutela para la quejosa. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la responsable sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia engrosada el veinte de marzo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa "....... . Inconforme con tal resolución, "....... , en representación de los terceros interesados ".......... , interpuso recurso de revisión; medio de impugnación del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, bajo el expediente de amparo en revisión "...... , quien en ejecutoria de diez de diciembre de dos mil veinte, confirmó la sentencia recurrida que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, realizaran lo siguiente: Dejar sin efecto la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el Toca Penal"........ , por la que se revocó la resolución recurrida de dos de mayo de dos mil dieciocho, en la que se declaró procedente el incidente no especificado de segunda remisión parcial de la pena, en el expediente de ejecución "...... , dictada por la Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Emitir una nueva resolución, en la que atendiendo a las consideraciones plasmadas en la sentencia: ordene a la Juez de Ejecución, una vez aplicado el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal que, en audiencia bajo el principio de inmediación y contradicción, con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre el beneficio preliberacional que sea de mayor tutela para la quejosa, ya sea mediante la figura de la aplicación retroactiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o bien la de ultractividad de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad para el Estado de Oaxaca. Motivo por el cual, mediante acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento correspondiente a la autoridad responsable. En acatamiento a lo anterior, por acuerdo de nueve de febrero del actual, se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en suplencia por ausencia de la Secretaria de Acuerdos, por medio del cual remitió la resolución de ocho de febrero del año en curso, dictada en la toca penal "...... de su índice, donde dejó sin efectos la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, asimismo dejó insubsistente la resolución de dos de mayo de dos mil dieciocho, emitida por la Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante la cual declaró procedente el incidente no especificado de segunda remisión parcial de la pena de prisión, a favor de la sentenciada aquí quejosa "...... en el expediente de ejecución "...... ; y dictó una nueva, en la que ordenó al Juez de Ejecución Penal sede Ixcotel, Oaxaca, que una vez aplicado el tramite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en audiencia bajo el principio de inmediación y contradicción, con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre el beneficio preliberacional que sea de mayor tutela para la quejosa, ya sea mediante la figura de la aplicación retroactiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o bien la de ultractividad de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad para el Estado de Oaxaca. En consecuencia, como la autoridad judicial responsable dejó insubsistente la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el Toca Penal 201/2018 de su índice y, en su lugar, dictó una nueva, en la que ordenó al Juez de Ejecución Penal sede Ixcotel, Oaxaca, que una vez aplicado el tramite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en audiencia, bajo el principio de inmediación y contradicción, con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre el beneficio preliberacional que sea de mayor tutela para la quejosa. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la responsable sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia engrosada el veinte de marzo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa "....... . Inconforme con tal resolución, "....... , en representación de los terceros interesados ".......... , interpuso recurso de revisión; medio de impugnación del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, bajo el expediente de amparo en revisión "...... , quien en ejecutoria de diez de diciembre de dos mil veinte, confirmó la sentencia recurrida que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, realizaran lo siguiente: Dejar sin efecto la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el Toca Penal"........ , por la que se revocó la resolución recurrida de dos de mayo de dos mil dieciocho, en la que se declaró procedente el incidente no especificado de segunda remisión parcial de la pena, en el expediente de ejecución "...... , dictada por la Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Emitir una nueva resolución, en la que atendiendo a las consideraciones plasmadas en la sentencia: ordene a la Juez de Ejecución, una vez aplicado el trámite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal que, en audiencia bajo el principio de inmediación y contradicción, con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre el beneficio preliberacional que sea de mayor tutela para la quejosa, ya sea mediante la figura de la aplicación retroactiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o bien la de ultractividad de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad para el Estado de Oaxaca. Motivo por el cual, mediante acuerdo de dos de febrero de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento correspondiente a la autoridad responsable. En acatamiento a lo anterior, por acuerdo de nueve de febrero del actual, se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en suplencia por ausencia de la Secretaria de Acuerdos, por medio del cual remitió la resolución de ocho de febrero del año en curso, dictada en la toca penal "...... de su índice, donde dejó sin efectos la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, asimismo dejó insubsistente la resolución de dos de mayo de dos mil dieciocho, emitida por la Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante la cual declaró procedente el incidente no especificado de segunda remisión parcial de la pena de prisión, a favor de la sentenciada aquí quejosa "...... en el expediente de ejecución "...... ; y dictó una nueva, en la que ordenó al Juez de Ejecución Penal sede Ixcotel, Oaxaca, que una vez aplicado el tramite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en audiencia bajo el principio de inmediación y contradicción, con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre el beneficio preliberacional que sea de mayor tutela para la quejosa, ya sea mediante la figura de la aplicación retroactiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o bien la de ultractividad de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad para el Estado de Oaxaca. En consecuencia, como la autoridad judicial responsable dejó insubsistente la resolución de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el Toca Penal 201/2018 de su índice y, en su lugar, dictó una nueva, en la que ordenó al Juez de Ejecución Penal sede Ixcotel, Oaxaca, que una vez aplicado el tramite previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en audiencia, bajo el principio de inmediación y contradicción, con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre el beneficio preliberacional que sea de mayor tutela para la quejosa. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.

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