Zaidel González Palma
Expediente 235/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 21 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 235/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Zaidel González Palma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la presente data. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente principal una vez transcurridos cinco años es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión una vez transcurridos cinco años es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el segundo párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que es susceptible de destrucción, al existir cuaderno original de dicho incidente una vez transcurridos seis meses. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar en autos alguno.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la presente data. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente principal una vez transcurridos cinco años es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión una vez transcurridos cinco años es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el segundo párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que es susceptible de destrucción, al existir cuaderno original de dicho incidente una vez transcurridos seis meses. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar en autos alguno.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 235/2019, promovido por Zaidel González Palma, contra actos del Fiscal General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y otras autoridades, los cuales consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 5°, 14, 16 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veinte de marzo de dos mil diecinueve (foja 2 del juicio), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, Zaidel González Palma solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. A) En su calidad de AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA Y EJECUTORAS: 1. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ; JEFE DE RECURSOS HUMANOS de la misma procuraduría (.) 2. FISCAL REGIONAL ZONA CENTRO-CÓRDOBA, VERACRUZ. ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA FISCALÍA REGIONAL ZONA CENTRO-CÓRDOBA, VERACRUZ (.) 3. FISCAL INVESTIGADOR DE FORTÍN, VERACRUZ. IV. ACTO RECLAMADO. A) De la ordenadora y ejecutora, LA NEGATIVA a recibirme la entrega recepción de las carpetas de investigación que tuve a mi cargo como auxiliar del FISCAL INVESTIGADOR DE FORTÍN, VERACRUZ, encargado de la mesa I y como consecuencia de ello la liberación a mi cargo de dichas carpetas de investigación." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve (fojas 14 a 16 del juicio), este Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda, solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, debido a que se reclama un acto que no requiere ejecución material, por lo cual la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, en términos del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: ? Del Fiscal Investigador de Fortín, Veracruz; del Fiscal Regional Zona Centro-Córdoba; del Enlace Administrativo de la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba; del Fiscal General del Estado de Veracruz; y del Subdirector de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, ambos con residencia en Xalapa: La negativa de recibir las carpetas de investigación que tuvo a su cargo el impetrante de amparo, como auxiliar del Fiscal Investigador de Fortín, Veracruz. TERCERO. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables, Fiscal Investigador de Fortín, Veracruz, Fiscal Regional Zona Centro-Córdoba, Enlace Administrativo de la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba, Fiscal General del Estado de Veracruz y Subdirector de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, ambos con residencia en Xalapa, precisado en el considerando anterior, consistente en la negativa de recibir al quejoso las carpetas de investigación que tuvo a su cargo cuando fungía como auxiliar de la Fiscalía Investigadora, con residencia en Fortín, Veracruz, así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (fojas 32, 36, 52 y 53 del juicio), sin que el quejoso aportara prueba alguna que desvirtuara tales negativas. En efecto, se estima que la carga probatoria del citado acto reclamado correspondía a la parte quejosa, esto es, demostrar que las autoridades responsables se negaron a recibir las citadas carpetas de investigación, para con ello desvirtuar la negativa de las autoridades responsables al rendir sus informes con justificación, pero dicha carga no se satisfizo. De ahí que, se reitera, el acto reclamado por el solicitante del amparo consistente en la "negativa" precisada, resulte inexistente. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto al acto y autoridades de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 366, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." No pasa inadvertido que el Fiscal Regional Zona Centro-Córdoba, en alcance a su informe justificado, haya remitido el acta de entrega-recepción de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, a través del cual el Fiscal Investigador de Fortín, Veracruz recibió del aquí quejoso, Zaidel González Palma las carpetas de investigación que éste tenía en "tramite" como auxiliar de la mesa I de la Fiscalía a su cargo; pues a ese respecto cabe indicar que con dicha documental lo único que se acredita es que hasta esa fecha no se había realizado la entrega-recepción de los citados expedientes; pero no que las autoridades responsables se hayan negado a recibirlos. Finalmente, es pertinente indicar que en cuanto a la solicitud formulada por el quejoso en su escrito de alegatos de cinco de abril del presente año (foja 58), en el sentido de que se dé vista al Ministerio Público Federal para que tenga conocimiento de los hechos falsos que el Fiscal Investigador de Fortín, Veracruz, expuso en su informe justificado, al indicar que no era cierto el acto reclamado; no ha lugar a acordar de conformidad dicha solicitud, en la medida que si bien el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, contempla la pena de prisión, pecuniaria, destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión, cuando se acredite que al rendir su informe justificado, la autoridad responsable exprese un hecho falso o niegue la verdad; sin embargo, en el caso, este Juzgado no advierte la actualización de dicha hipótesis en atención a lo expuesto en líneas precedentes, esto es, que el impetrante no desvirtuó la negativa de la autoridad responsable. CUARTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que por auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve (fojas 14 a 16 del juicio), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ZAIDEL GONZÁLEZ PALMA, respecto del acto reclamado a las autoridades precisadas en el resultando primero, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución...
- Incidental
ÚNICO. Se NIEGA **********, la suspensión definitiva que solicitó, en contra del acto que reclamó de las autoridades señaladas como responsables precisadas en el considerando segundo de esta resolución, y por los motivos expuestos en el mismo.
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