Zaid González Ramos
Expediente 1068/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1068/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Zaid González Ramos
Actuaciones
- Principal
... Causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés, donde se desechó la demanda de amparo, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. Archivo.... archívese este expediente como concluido. Destino ...este expediente es destruible. ...
- Principal
... Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ... por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Jalacingo, Veracruz; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 1068/2023/VIII-B. Firma electrónica de promociones. Toda vez que la demanda de cuenta fue presentada físicamente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 253 y 263 fracción I, del Acuerdo General que establece las Disposiciones en Materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se ordena digitalizarla e incorporarla al expediente electrónico con firma electrónica del Secretario, así como las demás promociones y actuaciones que se presenten y generen de forma impresa. Acto reclamado. El auto de vinculación a proceso de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictado contra el quejoso en los autos del proceso penal 169/2023/III por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Jalacingo, Veracruz. Desechamiento. Como aspecto previo, este órgano jurisdiccional, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, debe proceder al análisis de la demanda de amparo que se plantea para que, en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese contexto, se estima que en relación con el acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo . Lo anterior es así, toda vez que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueve contra actos de autoridad que hayan sido consentidos tácitamente, esto es, aquellos en contra de los cuales no se promovió el juicio constitucional dentro de los términos previstos por el artículo 17, en correlación con el diverso 18, ambos de la ley de la materia. Ahora, el artículo 17 establece, como regla general, que la demanda debe presentarse dentro del plazo de quince días, salvo algunos casos de excepción, entre ellos, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea, supuesto en el que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el artículo 18 prevé tres hipótesis a partir de las cuales da inicio el referido plazo genérico de quince días: Primera: se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; Segunda: consiste en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el promovente se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado y, Tercera: que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de la hipótesis prevista en la fracción I, del citado artículo 17 de la Ley de la materia. En tal virtud, la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado -auto de vinculación a proceso de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el proceso penal 169/2023/III-, cuando menos desde el veinte de septiembre del año en curso, pues fue en esa fecha cuando se celebró la audiencia inicial dentro de la cual se dictó la resolución reclamada, en la cual, forzosamente tuvo que estar presente el aquí quejoso ... por ser el imputado. Por lo tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente, en virtud de que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para la presentación de la demanda de garantías, empezó a correr al día siguiente hábil de la fecha en que surtió efectos la notificación del auto de vinculación dictado en su contra, por lo que el término para la presentación de la demanda de amparo, transcurrió del veintidós de septiembre al treinta de octubre de la presente anualidad, tal como se desprende de los siguientes cuadros: SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Inhábil Inhábil 20 Notificación del acto reclamado 21 Surte efectos 22 (día 1) 23 24 25 (día 2) 26 (día 3) 27 (día 4) 28 (día 5) 29 (día 6) 30 1 2 (día 7) 3 (día 8) 4 (día 9) 5 (día 10) 6 (día 11) 7 8 9 (día 12) 10 (día 13) 11 (día 14) 12 Inhábil 13 Inhábil 14 15 16 Inhábil 17 Inhábil 18 Inhábil 19 Inhábil 20 Inhábil 21 22 23 Inhábil 24 Inhábil 25 Inhábil 26 Inhábil 27 Inhábil 28 29 30 (día 15) 31 1 Inhábil 2 Inhábil 3 Inhábil 4 5 6 7 Fecha de presentación de demanda 8 9 Luego, si la demanda de amparo fue presentada el siete de noviembre del año en curso, a través del buzón judicial y registrada ese día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, tal y como se advierte del sello y de la papeleta de turno de demandas de amparo, resulta indudable que el plazo genérico de quince días que impone la ley para promover el juicio de amparo, ya había transcurrido en exceso al momento en que la parte promovente presentó su escrito. Por lo anterior, el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictado contra el quejoso en los autos del proceso penal 169/2023/III por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Jalacingo, Veracruz, debe tenerse por consentido, al no haberse presentado la demanda dentro de los quince días hábiles con que contaba para ello, a partir de que tuvo conocimiento de su existencia, ni actualizarse alguna de las excepciones previstas por el artículo 17 de la Ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia P./J. 45/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 5, que dice: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate." Conclusión. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda origen de este asunto. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, la lista de acuerdos de este Juzgado y por autorizado en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Roberto Guevara Salazar, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuenta con cédula profesional, así como únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones, a Mario Morales Rosas y Alberto Vidal Montero, por así solicitarlo expresamente. Medios de comunicación. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, se tiene a la parte quejosa proporcionando el número telefónico que cita como medio de comunicación. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa... SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA...
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