Zahamara del Rosario Ramírez Nango
Expediente 726/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Zahamara del Rosario Ramírez Nango
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado declara infundado recurso de queja. Por recibido el oficio 7483/2021 suscrito por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, y anexo, con el que remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de quince de octubre de dos mil veintiuno, dentro del recurso de queja civil 124/2021, interpuesto por la quejosa ************por conducto de su apoderado**********, contra el auto dictado el treinta y uno de agosto del año en curso y devuelve los autos originales del juicio de amparo 726/2021. En su atención, acúsese el recibo correspondiente, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de su envío; y, apareciendo que la superioridad declaró infundado el recurso de queja, hágase de conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Se ordena archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino del expediente principal para archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Existencia de documentos. Ahora, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger el documento catalogado como no original que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éste podrá ser destruido junto con el expediente. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por último, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Se informa cambio de titular. Finalmente, agréguese a los autos la copia del oficio SEADS/814/2021, por medio del cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que el pleno del citado órgano, en sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, determinó la readscripción de la suscrita, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, atento a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase saber lo anterior a la partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Acuse de Colegiado. Agréguese a sus autos el oficio suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa, ************por conducto de su apoderado ***************Quintero, dando origen al recurso de queja 124/2021 del registro del tribunal colegiado de su adscripción. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ********, por conducto de su apoderado *********, personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada del instrumento notarial que exhibe para tal efecto, contra actos de los Magistrados que integran la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 726/2021-VI. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. Se desecha demanda. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En este caso, de lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución emitida el cinco de agosto de dos mil veintiuno dentro del toca de queja número *******, notificada el diez siguiente. Al respecto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." De la interpretacón de las porciones normativas citadas se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, o la propiedad, entre otros. Porque esta afectación o sus efectos, no se destruye fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio dentro de juicio de ejecución reparable, respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí los aludidos valores; sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Esto tipo de actos solo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vistas a obtener un fallo favorable; por lo que cuando se logra este objetivo primordial, los efectos o consecuencias adversas se extinguen en los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado ni dejar ninguna huella en su esfera jurídica. De este modo, el acto reclamado consistente en la resolución dictada en el toca civil de queja *****, formado con la impugnación de la resolución del recurso de revocación dictada por la Juez Tercera de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Extinción de Dominio Del estado de Tlaxcala, y a su vez promovido en contra del auto dictado por esta última, el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en los autos del juicio ******, relativo al juicio ordinario civil de inexistencia de acto jurídico de compraventa, mediante el cual se señaló día y hora para el desahogo de las pruebas de la parte actora, aduciendo que era incorrecta la fecha señalada en virtud de que no se le había notificado el citado auto con la debida anticipación; lo cual, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que el acuerdo que fue recurrido versa sobre la citación para el desahogo de pruebas que ofreció la parte actora en el juicio de origen. Como se advierte, el acto reclamado se trata de una determinación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos procesales relacionados con la admisibilidad de pruebas. Al respecto es dable citar la jurisprudencia 3a./J. 58 8/90, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 207,226, que establece: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO." Así, es evidente que el acto reclamado no se le ocasiona ningún perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, toda vez que la resolución de la que se duele constituye un acto intraprocesal que no es irreparable y no infringe algún derecho sustantivo de manera directa e inmediata. Lo anterior es así, dado que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, establece expresamente que las violaciones a las leyes procesales que trasciendan al resultado del fallo, como lo es la citación para el desahogo de pruebas, serán analizadas, en su caso, en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio; tal como lo previene el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;." De lo expuesto, se advierte que el acto reclamado reviste carácter meramente formal, por lo que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues no produce directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo de la parte quejosa, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho de audiencia, el derecho de petición, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Sobre todo, que el acto reclamado no implica un agravio actual, sino que, en su caso, será hasta el desenlace del juicio de origen en el que el quejoso resentirá, de ser así, las afectaciones de las que se duele en su demanda de amparo. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental tutelado en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación de juicio que resulten de imposible reparación. Sin embargo, se reitera, la resolución del recurso de revocación en relación al desahogo de pruebas de la parte actora en el juicio natural -controvertida a través del recurso de queja- no comporta una afectación a derechos sustantivos, dado que, como se desprende de los conceptos de violación, el vicio que se atribuye radica en la temporalidad en que fue enterada del proveído que fijo día y hora para el desahogo de pruebas ofrecidas por la parte actora, aduciendo que debió hacerse con tres días de anticipación a la fecha señalada. Sin que se observe que dicha resolución trastoque la esfera jurídica de la justiciable en un aspecto diverso a las formalidades del procedimiento, cuya trascendencia, como se dijo, depende del sentido del fallo que se dicte en el juicio de origen. En ese contexto, el acto reclamado por la quejosa no le irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión en su esfera jurídica; esto es, no afecta directa e inmediatamente sus prerrogativas fundamentales y, por ende, no encuadran en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, constitucional, al no causar un daño de imposible reparación, ello en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto. Incluso, al resolverse el juicio de origen, existe la posibilidad de que la hoy quejosa pudiera obtener una sentencia favorable a sus intereses y con ello desaparecerían los posibles perjuicios que le ocasiona el acto reclamado y, aun, cuando dicha resolución le fuese desfavorable, será hasta ese momento en que se encuentre en posibilidad de recurrir a los medios de protección que la ley prevé. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no resultaría factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo; por lo que, con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. Anotación en libro de gobierno y sise. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Autorizados en términos amplios. Por otra parte, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo ******* por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Autorización para consultar expediente electrónico y para recibir notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa y a su autorizada la consulta al expediente electrónico con el usuario LIRA03. Por tanto, se comisiona a la oficial judicial "A" para que realice el alta correspondiente en el sistema. De igual forma, como lo solicita, con apoyo en los artículos 30, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 55, 57 y 58 del Acuerdo General en cita, se ordena que éste y los subsecuentes proveídos, le sean notificados electrónicamente. Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y Datos Personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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