Zafar Uktamovich Ulmasov
Expediente 772/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 772/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Zafar Uktamovich Ulmasov
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A PROMOVENTE
- Principal
Visto el estado procesal del juicio en que se actúa, se advierte que aún no se ha desahogado la prueba pericial en materia de documentoscopía; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las nueve horas con treinta y un minutos del veinte de julio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Ahora, del estado de autos se advierte que en proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se requirió al Coordinador Estatal de Servicios Periciales en Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en Tijuana, remitiera el oficio 8095/2023 con firma autógrafa o electrónica con el cual pretendió hacer la designación del perito solicitado al Fiscal General de la República, sin que a la fecha lo haya realizado.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente como constancia el oficio que remite el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en Tijuana, por medio del cual pretende rendir informe en relación con la suspensión de plano decretada en autos, toda vez que carece de firma autógrafa o electrónica. Por tanto, comuníquese a las autoridades migratorias con sede en esa ciudad, que subsiste la solicitud de informe y el apercibimiento contenido en el auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés; en el entendido de que en caso de optar rendir su informe vía electrónica, deberá contar con firma electrónica y la evidencia criptográfica correspondiente. A fin de evitar dilaciones procesales, los oficios que deriven de este acuerdo deberán enviarse vía ordinaria y electrónica a la cuenta de correo electrónico parodriguez@inami.gob.mx la cual se encuentra habilitada por las autoridades responsables de referencia para la recepción de comunicaciones; en la inteligencia que se deberá levantar razón pormenorizada tanto del envío y recepción del correo electrónico respectivo. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** en favor de ********************,********************,********************,********************y********************, contra actos del Representante del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en Tijuana y de otra autoridad; en consecuencia, fórmese el expediente físico y electrónico y anótese su ingreso bajo número 772/2023-3. Suspensión de plano. Ahora, toda vez que del análisis integral del escrito inicial de demanda se desprende que se señalan como actos reclamados la incomunicación, privación de la libertad, detención, presentación, alojamiento, confinamiento, deportación, expulsión o repatriación asistida y traslado a otra estación migratoria de los directamente agraviados ********************,********************,********************,********************y********************; por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta la SUSPENSIÓN DE PLANO para que las autoridades señaladas como responsables dentro de sus atribuciones legales, provean lo conducente a fin de que de inmediato cesen cualquiera de los actos prohibidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las precisiones siguientes: I. Detención y alojamiento en la estación migratoria, así como cualquier otro acto de naturaleza similar. En cuanto a los actos consistentes en la detención y alojamiento en la estación migratoria o cualquier acto de naturaleza similar y con independencia de la forma en que la parte promovente los denomine, si éstos derivan de la probable comisión de un delito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá poner a la parte quejosa a disposición del Agente del Ministerio Público correspondiente. Por el contrario, si la detención no tiene relación con la comisión de un delito la parte quejosa deberá ser puesta en inmediata libertad, bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable, sin perjuicio de que la autoridad migratoria fije las medidas establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, para la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. En ese sentido, en términos de las consideraciones expuestas por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver el amparo en revisión 388/2022, se precisa que, después de transcurridas las treinta seis horas del alojamiento, la autoridad migratoria otorgará a la persona migrante la condición de "estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país", mientras subsista el supuesto por el que se le otorgó dicha condición de estancia. Y, agotada esa condición, el Instituto Nacional de Migración deberá determinar su situación migratoria definitiva; incluso, la relativa a un posible retorno asistido o de deportación. De igual forma, es oportuno señalar que en el supuesto de que la autoridad migratoria advierta la existencia de factores de riesgo grave para la seguridad nacional, el orden público o los derechos y libertades de terceras personas como consecuencia del ingreso ilícito de personas migrantes a territorio nacional mexicano, deberá emitir una determinación en la que defina la gravedad del riesgo que representa para la seguridad del país la circulación de la persona extranjera de mérito dentro de su territorio, así como la temporalidad y las condiciones de su alojamiento; para lo cual deberá hacer un análisis escrupuloso de las características personales de la persona afectada. Además, dicha determinación administrativa que debe, fundada y motivadamente: (1) justificar que se trata de la implementación de una medida razonable, necesaria y proporcional; y, al tenor de ese análisis, (2) demostrar que -en efecto- existe una amenaza presente, directa e imperativa que justifica la reclusión de la persona migrante precisamente por conllevar ese riesgo. Se precisa que, en todo caso recaerá sobre las autoridades migratorias la carga de probar que esa persona en particular representa una amenaza para la seguridad nacional, el orden público o los derechos y libertades de terceras personas, y que no cabe hacer frente a ella con medidas alternativas, por lo que además de la determinación aludida deberán remitir copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior. II. Orden de deportación o cualquier acto de naturaleza similar y traslado a otra estación migratoria Por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la orden de deportación o cualquier acto de naturaleza similar, con independencia de la forma en que la parte promovente los denomine, así como la orden de traslado a otra estación migratoria, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la medida cautelar para que no se ejecuten tales órdenes y la parte quejosa no sea deportada o devuelta a su país de origen o trasladada a una diversa estación migratoria. III. Incomunicación. En cuanto a la incomunicación de la parte quejosa, se precisa que con motivo de la presente medida cautelar, las autoridades responsables deberán permitirle comunicarse con su asesor jurídico o persona de su confianza y de asistencia consular, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y, en caso de negativa, ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundada y motivada. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, de conformidad con los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º y 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentren alojadas en las estaciones migratorias y deben observar los derechos y obligaciones que consagra el artículo 5° de la convención aludida, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; así como los Principios Generales y Buenas Prácticas Sobre la Protección y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Requerimiento de informe de suspensión de plano. Se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del término improrrogable de VEINTICUATRO HORAS informen a este Juzgado de Distrito el cumplimiento dado a la suspensión decretada, debiendo remitir copia certificada, íntegra y legible, de las constancias relativas. En ese sentido, se les requiere para que al rendir el informe de referencia, indiquen cuál es la situación legal que guarda la parte quejosa y específicamente proporcionen la información siguiente: a) La hora, fecha y lugar de su detención. b) El motivo de su detención y las circunstancias particulares del caso concreto. c) Si se inició algún procedimiento migratorio en su contra y su estado procesal. d) La hora en que concluye el término de treinta y seis horas posteriores a su detención y la fecha en que se otorgó a la persona migrante la condición de "estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país". e) Si existen factores de riesgo grave para la seguridad nacional, el orden público o los derechos y libertades de terceras personas como consecuencia del ingreso ilícito de personas migrantes a territorio nacional mexicano y la determinación que se haya emitido al respecto. Bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización de esta fecha; con independencia de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir con su conducta. Asimismo, se previene a las autoridades responsables, que de no cumplir con lo que aquí se ordena podrán incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Exhorto. Ahora, toda vez que de los antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que el promovente aduce que los quejosos ********************,********************,********************,********************y******************** se encuentran en la Estación Migratoria ubicada en la ciudad de Tijuana, Baja California, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional se sirva comisionar al Actuario de su adscripción para que realice lo siguiente: Notifique los oficios derivados del presente proveído a las autoridades responsables Representante del Instituto Nacional de Migración y Titular o encargado responsable de la Estación Migratoria ambos de la ciudad de Tijuana, Baja California. De inmediato busque en la Estación Migratoria de esa ciudad a los directos quejosos ********************,********************,********************,********************y******************** y les notifique el presente auto, entregándoles copia de esta determinación y los requiera para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo presentada en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efecto las medidas dictadas. Asiente las condiciones de salud en las que se encuentren los directamente agraviados. Autorizado Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a******************** Asimismo, se le tiene proporcionando las cuentas de correo electrónico y números telefónicos que indica, los que deberán ser tomados en consideración para, en su caso, facilitar el proceso de notificación. Acceso a expediente electrónico y notificaciones electrónicas. En virtud de que de la certificación de cuenta se advierte que de la consulta realizada en el módulo de "autorizados" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia del nombre de usuario "********************", correspondiente a ********************, como se solicita, se autoriza la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones electrónicas. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial A encargada de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que realice las gestiones necesarias para generar los permisos correspondientes. Exhortación para uso de medios electrónicos Se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales para que de ser necesario puedan llevar a cabo en días y horas inhábiles las diligencias derivadas del presente asunto. Transparencia Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7º, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen, entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles), que pueda contener. Notifíquese.
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