Zacarias Pech Chan

Expediente 34/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
34/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
06/02/2019

Partes del expediente

  • Zacarias Pech Chan

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, seis de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, por medio del cual solicita se informe si el juicio de amparo 38/2017, de su índice, fue turno a este órgano jurisdiccional el nueve de marzo de dos mil diecisiete. En atención a su contenido, infórmese: 1.- Que efectivamente el juicio de amparo 38/2017, de su índice, fue remitido por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, registrado con el número 853/2017, el nueve de marzo de dos mil diecisiete. 2.- Que mediante proveído de cinco de abril de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto registrándolo con el número 549/2017, acumulado al juicio de amparo 34/2017. 3.- Que el dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, se dictó la resolución respectiva en el presente juicio de amparo; y, 4.- que mediante proveído de catorce de noviembre del dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia y se ordenó el archivo del mismo. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Finalmente, una vez que surta efectos la notificación de este proveído, devuélvase al archivo el presente juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a veintidós de junio de dos mil dieciocho. Visto el oficio enviado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, en Chihuahua, Chihuahua, mediante el cual acusa recibo del recurso de revisión 353/2017 de su índice y ordena su archivo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese el oficio de cuenta, para que obre como corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la primera certificación de cuenta se hace efectivo a la parte quejosa el apercibimiento decretado en autos, y con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Para estos efectos, en primer lugar es necesario tener presente cuáles fueron los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional: se declaró la inconstitucionalidad del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, relativo a la facultad de la autoridad de practicar revisiones electrónicas. Respecto de esta norma, cabe aclarar que se declaró la inconstitucionalidad de su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el 9 de diciembre de 2013, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, vigente a partir del 1 de enero de 2016. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. Pronunciamiento de cumplimiento. Respecto al artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, la concesión del amparo se otorgó para el efecto de que: En caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. De la anterior transcripción, cabe destacar la porción subrayada, pues a partir de ahí se advierte la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, con número de registro 2012935, de rubro: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015." Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (foja 501), autoridad vinculada al cumplimiento, mediante la cual informa que no ha emitido actos tendientes a conseguir el cobro de una preliquidación, en términos del artículo declarado inconstitucional. Así pues, la autoridad manifestó que no aplicó la norma, pues no le instauró a la quejosa un procedimiento de revisión electrónica con base en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Tomando en cuenta las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que la norma no ha sido aplicada a la quejosa, aunado al hecho de que ésta última no realizó manifestación alguna relacionada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se declara que la sentencia concesoria está cumplida, en relación con el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015. Archivo del expediente. Finalmente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del cuaderno principal en que se actúa. Para tales efectos, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. En consecuencia, para dar cumplimiento al punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo en mención. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo, del propio punto invocado, es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, conforme a lo previsto en el punto VIGÉSIMO, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Por otra parte, se ordena la devolución de los documentos originales presentados por la parte quejosa, previa identificación con documento oficial vigente, provisto de fotografía y firma, así como toma de razón que por su recibo deje en autos para debida constancia legal; asimismo, se hace de su conocimiento, que de no presentarse a recogerlo dentro del plazo de noventa días a que hace referencia el capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del referido acuerdo, se correrá la suerte del expediente principal en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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