Zacarías Cecilio Albino de la Cruz
Expediente 646/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 646/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/02/2022
Partes del expediente
- Zacarías Cecilio Albino de la Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
.-Toluca, Estado de México; veintidós de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso *******, por medio del cual solicita le sean devueltos los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda. Atento a lo anterior, previa compulsa y certificación que de las constancias aludidas que se obtenga, hágase la devolución de las mismas. En el entendido de que deberá sujetarse a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, por lo que para el caso de comparecer ante este juzgado se le sugiere hacer uso del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, contenido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, téngase por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; uno de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente para conocimiento de la parte quejosa; ahora, como se evidencia que no se desahogó el requerimiento formulado en auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, se tiene por precluído su derecho para hacerlo. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento respectivo, por lo que se tiene por no presentado el escrito de cuenta, supuestamente signado por el quejoso Zacarías ************, presentando en la oficialía de este órgano jurisdiccional el diecisiete de septiembre del año en curso. ............ Notifíquese.
- Principal
.- Toluca, Estado de México; veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, supuestamente signado por el quejoso **, por medio del cual solicita se autorice en términos amplios a los licenciados ***, sin revocar a los profesionistas designados con anterioridad. Ahora bien, toda vez que la firma que calza el ocurso de cuenta, difiere notoriamente de la estampada en el escrito inicial de demanda, requiérase al quejoso, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, manifieste si suscribió o no el contenido y firma del escrito de cuenta. Consecuentemente, se reserva el acuerdo respectivo hasta en tanto se dé cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído y se apercibe que de no cumplir con el requerimiento formulado dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta. ...Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Jefe de Área del Registro "B" del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, con residencia en Toluca, remite copia certificada de la inscripción así como de la calificación positiva del acta de asamblea de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, con acuerdo de elección 15190020341 perteneciente al ejido del puente de Andaro, municipio de Temascalcingo, Estado de México; en esas condiciones, tomando en consideración que se reservó proveer lo conducente respecto a la admisión o desechamiento de la demanda que nos ocupa, hasta en tanto obrara en autos dicha documentación, circunstancia que ha acontecido; por tanto, se provee lo siguiente: Ahora bien, es conveniente precisar que los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: ******, Desechamiento. En ese sentido, respecto al acto reclamado consistente en la calificación registral positiva e inscripción, relativa a la solicitud de inscripción del acta de asamblea de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, que tiene relación con la remoción y designación del Comisariado Ejidal del Ejido Puente de Andaro, Municipio de Temascalcingo, Estado de México, este Juzgador Federal advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XIX del artículo 27 de la Carta Magna. Dichos preceptos legales y fracciones invocadas, disponen: *******, La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones: (.) ******, De los preceptos legales transcritos se obtiene, en lo que interesa, que, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. El Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. Bajo esa óptica, el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con los numerales 148, 163 y 166 de la Ley Agraria, disponen lo siguiente: **********, De una correcta interpretación de los preceptos legales transcritos, se colige que cuando se reclama alguna de las controversias surgidas por resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria, previstas por la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, es necesario someter previamente dicha cuestión a los citados tribunales, toda vez que al acudir al medio ordinario de defensa que prevé el artículo 163 de la Ley Agraria, se está en posibilidad de obtener la suspensión del acto reclamado con los mismos requisitos que los que la Ley de Amparo exige para otorgar dicha medida, acorde con lo previsto en el artículo 166 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia agraria. Por lo tanto, si se promueve el amparo sin agotar previamente el juicio agrario, opera la causal de improcedencia,******** En tanto que la Ley Agraria en su artículo 166, autoriza a los Tribunales Agrarios para acordar sobre la suspensión de los actos que pudieran afectar a los interesados, en tanto se resuelva el negocio en definitiva, al disponer expresamente que al proveerse sobre dicha medida cautelar debe aplicarse, en lo conducente, lo dispuesto en el título segundo, capítulo I, sección tercera, primera parte de la Ley de Amparo vigente. De lo antes señalado, se advierte que el medio de defensa que puede intentar la parte quejosa, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, sí prevé la figura jurídica de la suspensión de los efectos de los actos que reclama, y los requisitos que se exigen para conceder la suspensión definitiva, son los mismos que se solicitan en la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez, es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, de entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado; así los ordinales 107, fracción IV, de la Constitución Federal y el señalado 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por lo tanto, para acudir a él es necesario agotar, en la vía ordinaria, en este caso concreto los recursos establecidos en la legislación agraria y sus reglamentos, los recursos que procedan, en la medida en que los medios ordinarios de defensa están instituidos para que los afectados los hagan valer, conforme al principio de definitividad del juicio de amparo. En la inteligencia de que quedan expeditos los derechos de la parte quejosa para hacerlos valer ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito Nueve, con sede en Toluca, Estado de México, ante el cual podrá promover oportunamente el juicio de nulidad a que se hizo referencia en esta resolución. Finalmente, debe decirse que no se configura la excepción establecida en la ley, consistente en que no existe la obligación de agotar los recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, lo anterior, porque el acto reclamado sí está fundado. En efecto, la resolución de calificación registral positiva, no adolece de falta de fundamentación, pues la responsable invocó diversos artículos de la Ley Agraria y del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XIX del artículo 27 de la Carta Magna, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ********, contra actos del Registro Agrario Nacional. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
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