Z Y F Agencia Aduanal, Sociedad Civil

Expediente 857/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 28 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
857/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Z Y F Agencia Aduanal, Sociedad Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Ciudad de México, treinta de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que remite los autos originales del juicio en que se actúa y el testimonio de la resolución dictada el doce de mayo de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión R.A. 137/2022 de su índice, la que concluyó en los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO: Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO: Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos, las autoridades y, por los motivos precisados en la sentencia recurrida." Determinación. De lo anterior, este Juzgado de Distrito toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Con el fin de evitar la voluminosidad del asunto en que se actúa y dificultar su manejo para foliar, sellar y rubricar que dispone el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, desglósense las copias simples con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes con motivo del recurso de revisión planteado en autos... Acúsese recibo vía interconexión y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo anterior, toda vez que la superioridad determinó confirmar la sentencia definitiva dictada por este juzgado federal el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. Comuníquese a las partes la presente determinación y con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo archívese el presente asunto como totalmente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente... Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, cinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado vía electrónica por la actuaria judicial adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual informa el contenido del auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, pronunciado en el toca relativo al amparo en revisión R.A. 137/2022, por el Magistrado Presidente del órgano colegiado en cita, del que se desprende que recibió los autos originales del juicio de amparo 857/2020; así como el original del escrito de expresión de agravios relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia de veintiséis de enero de dos mil veintidós; e informa que admitió dicho medio de impugnación. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se está a la espera de que la superioridad emita la resolución que en derecho corresponda. Notifíquese...

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por el representante legal de la parte quejosa, por el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes la copia del escrito de expresión de agravios de mérito y una vez que obren en autos las constancias de notificación correspondientes, dentro del término de tres días, remítanse las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación del recurso de referencia, anexando por separado el original del escrito de expresión de agravios, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Asimismo, se informa al tribunal que la sentencia impugnada es localizable en el portal de intranet. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Jesús Coronel Montiel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 857/2020, promovido por Z y F Agencia Aduanal, sociedad civil, por conducto de su representante legal Alonso Zinser Almanza, contra actos de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y turnado el día siguiente a este órgano jurisdiccional, Z y F Agencia Aduanal, sociedad civil, por conducto de su representante legal Alonso Zinser Almanza, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se señalan: LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. La Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 2. La entonces Dirección de Auditorías Directas (hoy de Procesos de Auditoría) de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 3. La entonces Dirección de Revisiones Fiscales (hoy de Verificaciones Fiscales) de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 4. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 5. El Servicio de Administración Tributaria. ACTOS RECLAMADOS: De cada una de las autoridades señaladas como responsables en el apartado inmediato anterior, en el respectivo ámbito de su competencia se reclaman: a) De la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, se reclama la orden de revisión de escritorio o gabinete y/o orden de visita domiciliaria contenida en el oficio número IAD0900018/13, de fecha 15 de febrero de 2013, mediante la cual, en forma por demás ilegal y contraria a derecho, se ordenó que se ejerciera en contra de Z Y F AGENCIA ADUANAL, S.C., la práctica de una revisión de escritorio o gabinete y/o visita domiciliaria, de aquéllas a que se refiere el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, como sujeto directo en materia del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Única, así como retenedor en materia del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre la Renta, por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de2010. b) De las autoridades responsables reclamo la falta de notificación y la sustanciación del procedimiento derivado de la ejecución y seguimiento de la orden de revisión de escritorio o gabinete y/o orden de visita domiciliaria contenida en el oficio número IAD0900018/13, de fecha 15 de febrero de 2013, tales como son las actas parciales, finales u oficio de observaciones consecuentes a las notificación de la orden precisada anteriormente. c) De las autoridades responsables reclamo la falta de notificación de la conclusión del procedimiento ejecutado en la orden de revisión de escritorio o gabinete y/o orden de visita domiciliaria contenida en el oficio número IAD0900018/13, de fecha 15 de febrero de 2013, mismo que desconozco y que es violatorio del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación. d) Al respecto, resulta de vital importancia destacar a su Señoría que en virtud de que a la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, mi representada no tiene conocimiento del contenido de las actuaciones que integran el ejercicio de la facultad de comprobación de la orden de revisión de escritorio o gabinete y/o orden de visita domiciliaria contenida en el oficio número IAD0900018/13, de fecha 15 de febrero de 2013, mediante la cual, en forma por demás ilegal y contraria a derecho, se ordenó que se ejerciera en contra de Z Y F AGENCIA ADUANAL, S.C., la práctica de una revisión de escritorio o gabinete y/o visita domiciliaria, de aquéllas a que se refiere el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, como sujeto directo en materia del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Única, así como retenedor en materia del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre la Renta, por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de2010. e) Las consecuencias jurídicas derivadas de los actos referidos anteriormente." SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. La quejosa señaló que no existe tercero interesado; narró los antecedentes del acto reclamado; indicó como derechos violados los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Primera prevención de la demanda. Mediante acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte (fojas 27 a 30), este Juzgado de Distrito ordenó registrar la demanda con el número 857/2020; y, previno a la promovente del amparo para que aclarara su demanda respecto de los siguientes puntos: Sentido de la determinación inicial. A fin de estar en posibilidad de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV, 110 y 114, fracciones I, II, IV y V de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de la legal notificación de este proveído de cumplimiento a lo siguiente: 1. Autoridades responsables. a) De la lectura del apartado señalado como "ACTO RECLAMADO", en sus incisos "b)" y "c)", se advierte que se duele de diversas acciones realizadas en su contra, sin embargo, las menciona de forma genérica; por lo que, deberá indicar que acto le atribuye a cada una de las autoridades señaladas de responsables. (.) CUARTO. Primer escrito aclaratorio. Mediante escrito presentado el diez de septiembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido el día siguiente a este Juzgado de Distrito (fojas 34 y 35), la parte quejosa desahogó el requerimiento que le fue formulado, al efecto manifestó lo siguiente: A) Respecto del apartado ACTO RECLAMADO, en los incisos b) y c), se desprende lo siguiente: Al respecto, es de señalarse que se atribuyen como actos reclamados indicados en los incisos b) y c), consistentes en la notificación del inicio, substanciaron y conclusión de las actuaciones de fiscalización ordenadas al amparo del oficio IAD0900018/13, de fecha 15 de febrero de 2013, las cuales se atribuyen a las autoridades denominadas: 1. Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México. 2. La entonces Dirección de Auditorías Directas (hoy de Procesos de Auditoría). 3. La entonces Dirección de Revisiones Fiscales (hoy de Verificaciones Fiscales). Se dice lo anterior, ya que de acuerdo a lo manifestado en el hecho identificado con el numeral 5, en el que medularmente señale que al acudir a las Oficinas de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México, me informaron de la existencia de los actos reclamados en los incisos b) y c), sin proporcionarme más datos de dicha revisión, y sin entregarme alguna acta de notificación de los actos emitidos, por tal motivo, las autoridades señaladas como responsables, son atribuibles a esas actuaciones. (.) QUINTO. Segunda prevención de aclaración de demanda. Previa ratificación de la firma del escrito anterior, mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte (fojas 46 y 47), este Juzgado de Distrito previno nuevamente la promovente del amparo para que aclarara lo siguiente: 1. Autoridades responsables. a) El quejoso deberá indicar qué acto le reclama al Servicio de Administración Tributaria, ya que, de la lectura del apartado señalado como ACTO RECLAMADO, en sus incisos b) y c), se advierte que se duele de diversas acciones realizadas en su contra, sin embargo, las menciona de forma genérica. (.) SEXTO. Segundo escrito aclaratorio. Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido el día siguiente a este Juzgado de Distrito (fojas 48 a 51), la parte quejosa desahogó el requerimiento que le fue formulado, al efecto manifestó lo siguiente: (.) Al respecto, es de señalarse que se atribuyen como actos reclamados indicados en los incisos b) y c), consistentes en la notificación del inicio, substanciaron y conclusión de las actuaciones de fiscalización ordenadas al amparo del oficio IAD0900018/13, de fecha 15 de febrero de 2013, las cuales se atribuyen a las autoridades denominadas: 1. Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México. 2. La entonces Dirección de Auditorías Directas (hoy de Procesos de Auditoría). 3. La entonces Dirección de Revisiones Fiscales (hoy de Verificaciones Fiscales). y 4. Servicio de Administración Tributaria. Se dice lo anterior, ya que de acuerdo a lo manifestado en el escrito inicial, el objeto del oficio IAD0900018/13, de fecha 15 de febrero de 2013, fue la de iniciar la práctica de una revisión de escritorio o gabinete y/o visita domiciliaria, de acuerdo a lo que se refiere el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, como sujeto directo en materia del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Única, así como retenedor en materia del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre la Renta, por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de2010. De lo anterior se desprende que corresponde a actos que tienen por obejto el revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de mi representada en materia de impuestos federales coordinados, pues es de conocido derecho que las autoridades de las Entidades Federativas que ejerzan facultades de comprobación respecto de las contribuciones citadas, lo hacen a través de los convenios o acuerdos que tiene celebrados con la Federación y que por tanto en los procedimientos y juicios en los que se impugne o se controvierta la legalidad y/o inconstitucionalidad de dichos actos se deberá emplazar al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por lo anterior es que en mi demanda se señaló al Servicio de Administración Tributaria como autoridad responsable en el presente juicio. (.) SÉPTIMO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte (fojas 53 y 54), este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le corresponde; y, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. OCTAVO. Celebración de audiencia y dictado de la primera sentencia. Previos los trámites legales correspondientes, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta de diecisiete de noviembre de dos mil veinte que concluyó con el dictado de la primera sentencia en la que se resolvió lo siguiente: ÚNICO. Se sobresee en el juicio. NOVENO. Recurso de revisión. Mediante escrito recibido el tres de diciembre de dos mil veinte, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, respecto del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito bajo el toca R.A. 23/2021 de su índice, en el que resolvió lo siguiente: PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia recurrida de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 857/2020, promovido por Z y F, Agencia Aduanal, sociedad civil. SEGUNDO.- Se ordena reponer el procedimiento, en los términos precisados en esta ejecutoria. DÉCIMO. Reposición de procedimiento y vista a la quejosa para ampliar la demanda de amparo. Por auto dictado el nueve de julio de dos mil veintiuno, se acató la determinación de la Superioridad, dejando sin efectos la audiencia y sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, previniendo a la parte quejosa para lo siguiente: (.) manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo, ello dentro de los quince días hábiles que establecen los numerales 17, 111, fracción II y el propio 117 del citado cuerpo normativo; lo anterior, respecto de las documentales acompañadas en el informe justificado rendido por el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la propia entidad; es decir, respecto del: Oficio SF/TDF/SF/A/0008/2014, de nueve de febrero de dos mil catorce, por virtud del cual se dejó sin efectos la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece. DÉCIMO PRIMERO. Ampliación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintiuno, la parte quejosa manifestó que si era su voluntad ampliar la demanda de amparo, respecto de las siguientes autoridades responsables y actos reclamados: III. Actos reclamados. (en la presente ampliación de demanda). Oficio SF/TDF/SF/A/0008/2014 de nueve de febrero de dos mil catorce, por virtud del cual se dejó sin efectos la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece. El citatorio número UDA/13/110/2012, de 18 de febrero de 2014, así como el acta de notificación de fecha 19 de febrero de 2014, mismos que fueron dados a conocer mediante el informe rendido por la autoridad responsable. La falta de conclusión y notificación de la visita domiciliaria ordenada al amparo de la orden número IADO0900018/13, dentro del plazo contemplado dentro del artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación. IV. Autoridades responsables. 1.- Subtesorera de Fiscalización la Lic. Sonia Hernández Pineda, adscrita a la Secretaría de Finanzas del entonces Distrito Federal, ahora, Ciudad de México, a quien se le atribuye la emisión del acto reclamado con el numeral 1) y 3) 2.- El C. Jorge Daniel Serna Guerrero en su carácter de notificador adscrito a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, a quien se le atribuye la emisión o ejecución de los actos identificados en el numeral 2). DÉCIMO SEGUNDO. Prevención de la ampliación de la demanda. Mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil veintiuno (foja 258), este Juzgado de Distrito previno a la promovente del amparo para lo siguiente: Exhiba una copia del escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio; así omo dos copias de su escrito de ampliación; a fin de estar en posibilidad de emplazar a juicio a la nueva autoridad responsable que señala en el ocurso de cuenta DÉCIMO TERCERO. Desahogo, requerimiento y ratificación de firma. Mediante escrito presentado el doce de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido el día siguiente a este Juzgado de Distrito (fojas 261 a 263), la parte quejosa pretendió desahogar el requerimiento que le fue formulado; sin embargo, por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se le requirió a efecto de que ratificara la firma plasmada en el referido escrito, lo cual realizó, tal y como se desprende del acta de comparecencia de veinte de agosto de dos mil veintiuno. DÉCIMO CUARTO. Admisión de la ampliación de demanda. Previa ratificación de la firma del escrito anterior, mediante acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno (fojas 271 y 272), este Juzgado de Distrito admitió a trámite la ampliación de la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le corresponde; y, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. DÉCIMO QUINTO. Audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley, se celebró la misma al tenor del acta que para ese efecto se levantó, declarándose vistos los autos de este juicio de amparo para dictar la resolución que ahora se pronuncia; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción I, segundo, fracción I, numeral 3, y cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos atribuidos a autoridades administrativas, con ejecución dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Designación y adscripción de titular. Para efectos del artículo 51 y 52 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó que a partir dieciséis de noviembre del año próximo pasado, el suscrito Ulises Oswaldo Rivera González, sería el titular de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; como se desprende del oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual se informó a las partes a través del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. TERCERO. Medidas para prevenir COVID-19. En atención a lo dispuesto en la CIRCULAR 1/2022, MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la cual es de fundamental importancia preservar la salud, vida e integridad del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, y a buscar alternativas para dar continuidad a la prestación del servicio público de impartición de justicia; hágase del conocimiento de las partes que las labores inherentes a la tramitación, integración, resolución y eventual cumplimiento de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, se hará atendiendo a tales elementos, tomando en cuenta el considerable número de casos positivos de COVID-19 reportados en el juzgado, lo cual ha disminuido sensiblemente el número de personas en condiciones de llevar a cabo las múltiples tareas que en este órgano se llevan a cabo, por lo que algunas actuaciones, acuerdos o diligencias podrían llegar a tener retrasos respecto de los tiempos o formas que para cada caso exige la ley, por lo que se pide comprensión a los justiciables y atención a los miembros del juzgado para cumplir con todo ello en cuanto sea posible. Asimismo, atendiendo a la circular referida, en la parte en que instruye a privilegiar el trabajo remoto y a celebrar sesiones, audiencias y diligencias judiciales cuya naturaleza lo permita mediante el uso de videoconferencias y, en general, de manera remota; se ordena a los Actuarios del juzgado que implementen herramientas y opciones para la atención de las personas justiciables y, de manera especial para practicar notificaciones mediante la utilización de videoconferencias, informando al efecto a los justiciables de las dificultades que enfrenta el Poder Judicial de la Federación en general y este órgano jurisdiccional en especial, a fin de que la comunicación de los acuerdos dictados en los juicios en que son parte puedan llevarse a cabo con el menor retraso posible. CUARTO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Sustenta lo anterior la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, de la ampliación a la misma, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la quejosa reclama: 1.- Del Titular de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México: 1.1.- La orden de visita domiciliaria contenida en el oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece, emitida con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta la quejosa como sujeto directo en materia del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Empresarial a Tasa Única e Impuesto al Valor Agregado y como retenedor del Impuesto Sobre la Renta, e Impuesto al Valor Agregado, por lo que hace al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. 1.2.- El oficio SF/TDF/SF/A/0008/2014 de nueve de febrero de dos mil catorce, por el que se dejó sin efectos la orden de visita domiciliaria contenida en el citado oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece. 1.3.- La omisión de concluir y notificar dicha conclusión respecto de la visita domiciliaria ordenada mediante el referido oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece. 2.- Del Titular de la Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, del Titular de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, del Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria: 2.1.- La notificación de inicio, la substanciación -tales como son las actas parciales, finales u oficio de observaciones- y la notificación de conclusión, del procedimiento de visita domiciliaria ordenada en el oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece. 3.- De Jorge Daniel Serna Guerrero, en su carácter de notificador adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México: 3.1.- El citatorio número UDA/13/110/2012 de dieciocho de febrero de dos mil catorce, así como el acta de notificación de diecinueve de febrero de dos mil catorce, respecto del oficio SF/TDF/SF/A/0008/2014 de nueve de febrero de dos mil catorce, por el que se dejó sin efectos la orden de visita domiciliaria contenida en el citado oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece. QUINTO. Inexistencia de los actos reclamados. NO SON CIERTOS los actos reclamados al Titular de la Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (fojas 67 y 68), al Titular de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (fojas 67 y 68), al Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (fojas 67 y 68) y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria (foja 65), consistentes en la notificación de inicio, la substanciación -tales como son las actas parciales, finales u oficio de observaciones- y la notificación de conclusión, del procedimiento de visita domiciliaria ordenada en el oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece. NO SON CIERTOS los actos reclamados al Titular de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, consistentes en la omisión de concluir y notificar dicha conclusión respecto de la visita domiciliaria ordenada mediante el referido oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, toda vez que los negaron al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de las autoridades que se trata en relación con los actos referidos. SEXTO. Existencia de los actos reclamados. SON CIERTOS los actos reclamados al Titular de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (fojas 69 a 79), consistentes en la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece, emitida con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta la quejosa como sujeto directo en materia del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Empresarial a Tasa Única e Impuesto al Valor Agregado y como retenedor del Impuesto Sobre la Renta, e Impuesto al Valor Agregado, por lo que hace al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; así como el oficio SF/TDF/SF/A/0008/2014 de nueve de febrero de dos mil catorce, por el que se dejó sin efectos la orden de visita domiciliaria contenida en el citado oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece. También SON CIERTOS los actos reclamados a Jorge Daniel Serna Guerrero, en su carácter de notificador adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, consistentes en el citatorio número UDA/13/110/2012 de dieciocho de febrero de dos mil catorce, así como el acta de notificación de diecinueve de febrero de dos mil catorce, respecto del oficio SF/TDF/SF/A/0008/2014 de nueve de febrero de dos mil catorce, por el que se dejó sin efectos la orden de visita domiciliaria contenida en el citado oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, pues así lo reconocieron dichas autoridades al momento de rendir sus correspondientes informes justificados. Certeza de actos que se corrobora con las copias certificadas exhibidas por las autoridades responsables, documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y respecto de las cuales se dio vista a la parte quejosa. SÉPTIMO. Estudio de las causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las propongan las partes, o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, este Juzgado de Distrito advierte, de oficio, que por lo que se refiere a la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha orden no afecta el interés jurídico de la parte quejosa. El referido precepto establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Dicho precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Al respecto, es importante distinguir entre la titularidad de un interés jurídico o legítimo (cuestión de derecho) y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Así, el interés jurídico en el juicio de amparo se refiere a la titularidad que tiene el quejoso en relación con los derechos transgredidos y, en consecuencia, se requiere que el acto de autoridad que se reclama lesione de manera directa el derecho de que es titular la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que uno de los principios constitucionales que rigen al juicio de amparo es el denominado agravio personal y directo, que se contempla en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, de la siguiente manera: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Dicho principio es recogido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo que, en la parte que interesa, prevé lo siguiente: 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Derivado de estas normas, tenemos que el juicio de amparo procede contra actos que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa. Ahora bien, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado que deriva de una situación particular frente al orden jurídico. En otras palabras, los mencionados supuestos son excluyentes entre sí, ya que no resultaría lógico que se aduzca tener un interés jurídico y legítimo en forma simultánea, pues forzosamente el quejoso se debe situar en uno u otro supuesto, pero no es posible que se ubique en ambos. Para demostrar que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión es necesario señalar que en el caso concreto, el estándar de afectación que resulta aplicable es el de interés jurídico y no el de interés legítimo, toda vez que la afectación que alega el promovente la hace depender de la emisión de la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece, emitida con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta la quejosa como sujeto directo en materia del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Empresarial a Tasa Única e Impuesto al Valor Agregado y como retenedor del Impuesto Sobre la Renta, e Impuesto al Valor Agregado, por lo que hace al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; y, no con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Precisado lo anterior, debe decirse que la orden de visita de mérito no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, pues no produce una afectación real y actual sobre su esfera jurídica. Lo anterior es así, ya que mediante el oficio SF/TDF/SF/A/0008/2014, de nueve de febrero de dos mil catorce, que en copia certificada obra a fojas 81 y 82, documental a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se advierte que la entonces Subtesorera de Fiscalización de la Tesorería del Distrito Federal de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, dejó sin efectos la orden de visita domiciliaria que se reclama mediante el presente juicio de amparo, así como todo lo actuado desde su notificación, en razón de que la contribuyente, ahora quejosa, ya había sido revisada por diversa autoridad fiscal, a saber, por la Administración Local de Auditoría Fiscal del Oriente del Distrito Federal, pues ésta emitió el oficio de solicitud de información y documentación número GRM1400009/11, contenida en el oficio 500-73-07-01-02-2010-12476, de treinta y uno de enero de dos mil once, al igual que la orden de visita de domiciliaria número VRM1400145/10, contenida en el oficio 500-73-07-01-02-2010-13427, de treinta y uno de enero de dos mil once, por el mismo período. En efecto, la orden de visita domiciliaria no causa afectación alguna a la parte quejosa, pues al haberse dejado insubsistente, dejó de producir efectos en su esfera jurídica; esto es, se dejó de crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta, real y actual sobre su esfera de derechos, con lo que no se le ocasiona un perjuicio real en su esfera de derechos. En conclusión, la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece, no afecta el interés jurídico de la quejosa. En virtud de las consideraciones expuestas, al acreditarse plenamente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso 63, fracción IV, de la citada ley, por lo que hace a la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece, reclamada al Titular de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. En otro orden de ideas, de igual manera de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado al Titular de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, consistente en el oficio SF/TDF/SF/A/0008/2014 de nueve de febrero de dos mil catorce, por el que se dejó sin efectos la orden de visita domiciliaria contenida en el citado oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece. En ese sentido, este juzgado advierte de oficio que se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no formuló conceptos de violación en contra de la emisión del oficio SF/TDF/SF/A/0008/2014 de nueve de febrero de dos mil catorce, por el que se dejó sin efectos la orden de visita domiciliaria contenida en el citado oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece. Los artículos en comento disponen lo siguiente: La fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que las causas de improcedencia, también pueden derivar de la propia legislación de la materia. Así se tiene que en el caso, el diverso precepto 108 de la legislación en comento, establece cuáles son los requisitos que debe contener un escrito de demanda de amparo, y la fracción VIII, alude que se deberán expresar el o los conceptos de violación que el agraviado enderece contra el acto reclamado, pues a través de esos planteamientos, se formulan esas violaciones a los derechos fundamentales. Ante la ausencia total de los mencionados conceptos de violación, procede sobreseer por regla general en el juicio de amparo, al no tener materia sobre la que versará la litis constitucional, ya que la consecuencia de no hacerlo se traduce en la imposibilidad del juzgador de efectuar un análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues por virtud de la conjunción de los principios de instancia de parte y estricto derecho que rigen en la materia, ante la ausencia de argumentos que acusen la violación de derechos fundamentales, el Juez de amparo se encuentra impedido para pronunciarse al respecto, aunado a que no se advierte motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja. En ese sentido, precisa destacar que del análisis integral de los conceptos de violación no se advierte de manera alguna que el quejoso reclame el oficio SF/TDF/SF/A/0008/2014 de nueve de febrero de dos mil catorce, por el que se dejó sin efectos la orden de visita domiciliaria contenida en el citado oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece, pues ninguno de sus motivos de disenso se encuentra dirigido a controvertir el mismo. De ahí que este juzgado considera que al no exponer la parte quejosa algún razonamiento con el que demostrara de qué manera el referido oficio vulnera sus derechos fundamentales o cuando menos cuál es la lesión o agravio que la misma le ocasiona, es claro que la causa de pedir requerida para estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad, no quedó satisfecha, y, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia en cita. Consideración que se apoya en la jurisprudencia número P./J. 68/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. Bajo tales condiciones, se impone sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado al Titular de la Subtesorería de Fiscalización de la Tesorería de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, consistente en el oficio SF/TDF/SF/A/0008/2014 de nueve de febrero de dos mil catorce, por el que se dejó sin efectos la orden de visita domiciliaria contenida en el citado oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, de igual manera de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados a Jorge Daniel Serna Guerrero, en su carácter de notificador adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, consistentes en el citatorio número UDA/13/110/2012 de dieciocho de febrero de dos mil catorce, así como el acta de notificación de diecinueve de febrero de dos mil catorce, respecto del oficio SF/TDF/SF/A/0008/2014 de nueve de febrero de dos mil catorce, por el que se dejó sin efectos la orden de visita domiciliaria contenida en el citado oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece, en virtud de que forman parte de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, mismos que no constituyen una resolución definitiva, máxime que con dichas actuaciones se notificó el oficio por el que se dejó sin efectos el acto reclamado primigenio, aunado a que la quejosa no formuló conceptos de violación en contra de dicho oficio. Para corroborar lo anterior, los numerales citados disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Conviene precisar que para la actualización de la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII de numeral 61 de la Ley de la Materia, es necesario efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que en la especie se haya apelado al contenido del numeral 107, fracción III, en comentario. De lo anterior, se desprende que el Juicio de Amparo es un procedimiento especial, que procede, entre otros supuestos, en contra actos, omisiones o resoluciones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva; por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Debe precisarse entonces, si en el caso, se está en presencia de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Cabe destacar que el Poder Judicial de la Federación ha destacado que por procedimiento administrativo seguido en forma de juicio debe entenderse no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho de audiencia. Al respecto, el Máximo Tribunal de la Nación sostuvo que para arribar a esa conclusión se toma en consideración que cuando se trata de actos procesales, la regla general es que el amparo indirecto sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan definiendo la situación jurídica correspondiente; así consta, en el juicio de amparo directo, donde ordinariamente, de acuerdo con el artículo 170 de la Ley de Amparo, no procede contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la sentencia definitiva o laudo que decide el juicio. En todas estas hipótesis los actos procesales aislados anteriores a la resolución definitiva pueden causar perjuicio al particular que interviene en el juicio o procedimiento, pero aunque así acontezca, el amparo sólo procede, por regla general, cuando sobreviene la definitiva; por ende, el quejoso debe esperar ésta, y si lo perjudica, podrá atacarla junto con las violaciones cometidas durante el procedimiento. Por tanto, si la regla general constituye que ciertas violaciones procesales puedan plantearse a través del juicio de amparo hasta que se dicte la resolución definitiva, resulta obvio que la razón de tal sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal para hacer expeditos los juicios y procedimientos. De tal suerte que si esa es la razón del sistema legal, debe considerarse que opera también tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, pues la misma necesidad de expeditez se da tanto en los juicios o procesos formales, como en los procedimientos seguidos en sede administrativa, con independencia de que se trate de que la autoridad deba decidir una controversia entre partes contendientes, o que simplemente se limite a seguir el trámite legal establecido para dar audiencia a un particular, máxime si se toma en cuenta que la celeridad es básica en todo procedimiento administrativo, por ser de orden público; de modo que en este aspecto opera la misma regla que para los procedimientos formales. Se obtiene la misma conclusión de la interpretación del artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no hace distinción entre procedimientos en los que la autoridad administrativa, no jurisdiccional, dirime un litigio entre partes contendientes, y aquellos en los que solamente sigue un trámite procedimental frente a un particular en preparación de su resolución, por lo que al no establecer distinción de trato, debe entenderse que comprende a todos ellos. Adoptar una interpretación contraria al indicado sistema que establece la Ley de Amparo, produciría en la práctica la dificultad del funcionamiento de la administración pública en el campo en el que actúa frente a los particulares, cuando lo hace a través de procedimientos; obstáculos éstos que se tendrían sin ninguna necesidad, en virtud de que a través del amparo con motivo de la resolución definitiva se repararían, desde una óptica general, todas las violaciones. No obstante, la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo determina que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y actos en el procedimiento que sean de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así la fracción III incisos a) y b) alude a actos en procedimientos seguidos en forma de juicio, pues lo que se pretende a través de ese precepto es que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la resolución definitiva. Entonces, si la regla general consiste en que contra actos intraprocesales no procede juicio de amparo, la excepción consiste en que el juicio bi-instancial resulta procedente cuando se trata de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, que afectan a las partes en grado predominante o superior y cuya afectación debe determinarse objetivamente al tomar en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegue a dictarse; en otras palabras cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que significan una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, para asegurar su desarrollo con respecto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio. Ahora bien, nuestro Máximo Tribunal ha definido el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Matera, precisando al efecto que como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el numeral referido, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;; por lo que podía afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo esta interpretación, el Alto Tribunal dedujo las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, los actos reclamados no se ubican dentro de los supuestos contemplados en la fracción III, del artículo 107 de la Ley de la Materia, pues, no estamos en presencia de actos que constituyan una resolución de carácter definitivo, ni son de imposible reparación. Lo anterior es así, ya que tanto el citatorio número UDA/13/110/2012 de dieciocho de febrero de dos mil catorce, así como el acta de notificación de diecinueve de febrero de dos mil catorce, respecto del oficio SF/TDF/SF/A/0008/2014 de nueve de febrero de dos mil catorce, por el que se dejó sin efectos la orden de visita domiciliaria contenida en el citado oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece, no constituyen actos de imposible reparación en tanto que no afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del gobernado, pues en todo caso sólo constituyen una afectación a derechos adjetivos o procesales de defensa, ocasionando que no trascienda a la esfera jurídica del quejoso; máxime que con dichas actuaciones se notificó el oficio por el que se dejó sin efectos el acto reclamado primigenio, aunado a que la quejosa no formuló conceptos de violación en contra de dicho oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por el sentido que la rige, la tesis I.15o.A.99 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, abril de dos mil ocho, página 2394, de la Novena Época, que dispone lo siguiente: ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. CONTRA LOS ACTOS DE SU NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN IMPUGNADOS POR VICIOS PROPIOS, POR REGLA GENERAL, EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la visita domiciliaria se desarrolla mediante un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por lo que el amparo indirecto es procedente sólo contra la resolución final que llegue a dictarse, oportunidad en la que el gobernado podrá plantear todas las irregularidades que estime actualizadas durante ese procedimiento, según lo dispone el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo. Sin embargo, también ha sustentado que esa regla no es absoluta, pues existen casos en los que el juicio de garantías puede promoverse, desde luego, como son aquellos en que el quejoso es tercero extraño al procedimiento, cuando impugna la constitucionalidad de normas generales o reclama actos que revistan una ejecución de imposible reparación. Ejemplo de este último caso se presenta a través de la reclamación de la orden de visita, que por ser un acto susceptible de afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado consagrados en el artículo 16 de la Constitución General de la República, como lo es la inviolabilidad del domicilio, reviste una ejecución irreparable que autoriza a ejercitar en su contra la acción de garantías sin tener que esperar a que se dicte la resolución final en el procedimiento de visita. Sobre esas premisas, es inconcuso que cuando en el juicio de amparo se reclama la orden de visita y los actos relacionados con su notificación y ejecución, de resultar ese mandamiento inconstitucional, también serán violatorios de garantías, por vía de consecuencia, los demás actos del procedimiento relativo; pero en el evento de que la orden de visita resulte constitucional, no será procedente analizar por vicios propios los actos subsecuentes a la emisión de ese mandamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en relación con el citado artículo 114, fracción II, pues en ese supuesto, de no actualizarse alguna de las excepciones mencionadas, cobra vigencia la regla general de procedencia del juicio de amparo sólo contra la última resolución del procedimiento de visita. En ese orden de ideas, lo procedente es hacer extensivo el sobreseimiento respecto de los actos reclamados consistentes en el citatorio número UDA/13/110/2012 de dieciocho de febrero de dos mil catorce, así como el acta de notificación de diecinueve de febrero de dos mil catorce, respecto del oficio SF/TDF/SF/A/0008/2014 de nueve de febrero de dos mil catorce, por el que se dejó sin efectos la orden de visita domiciliaria contenida en el citado oficio IAD0900018/13, de quince de febrero de dos mil trece que atribuye a Jorge Daniel Serna Guerrero, en su carácter de notificador adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos a) y b), ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese; personalmente vía electrónica a la quejosa, y por oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en términos del artículo 26, fracciones II, incisos a) y c, y III de la Ley de Amparo. Lo resolvió y firma Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido de Felipe Camacho Silva, secretario de juzgado que autoriza y da fe, hoy veintiséis de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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