Z People, Sociedad Civil
Expediente 227/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/04/2023
Partes del expediente
- Z People, Sociedad Civil
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
1. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no existe diligencia pendiente por practicar; en consecuencia, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico. Atendiendo a la información contenida en el expediente judicial en que se actúa y con la finalidad de establecer el plazo de resguardo, así como el criterio para su destino final, el presente expediente se clasifica como un asunto DESTRUIBLE, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 14 y 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35, último párrafo, del mencionado Acuerdo General; y de conformidad con la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que el expediente electrónico y físico coinciden íntegramente, para los efectos legales conducentes.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. Se desecha por improcedente el incidente de nulidad de notificaciones.
- Juicio de Amparo Directo
1. Visto el escrito electrónico de cuenta de Angélica Ramírez Calpeño, en su carácter de representante legal de la moral quejosa denominada Z People, sociedad civil, con el que, plantea incidente de nulidad de notificaciones contra la notificación practicada, por medio de lista, del auto de dieciséis de octubre del año próximo pasado, dictado en los autos del juicio de amparo directo 227/2020, de la estadística de este tribunal colegiado, con el cual, se desechó por improcedente la demanda de amparo promovida por la moral quejosa, ahora incidentista, por conducto de Verónica Dionisio Fonseca, actuaria judicial adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien diligenció el despacho 282/2020, emitido en los autos del expediente en que se actúa. 2. Con fundamento en los artículos 66 y 68 de la Ley de Amparo, se admite, a trámite el incidente de nulidad de notificaciones, sin suspender el procedimiento. 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Amparo, dése vista a la servidora pública Verónica Dionisio Fonseca, actuaria judicial adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien practicó la notificación impugnada, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con copia del escrito con el que se promueve el incidente de nulidad de que se trata. 4. También con fundamento en el precepto legal citado en el párrafo que antecede, se fijan las diecisiete horas del veintinueve de noviembre del año en curso, para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, que se llevará a cabo en las oficinas que ocupa este tribunal. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 25, párrafo cuarto, del Acuerdo general 21/2020 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el similar 20/2021, únicamente en relación con el periodo de su vigencia; amén de que se procurará hacer uso de los equipos de cómputo disponibles en el órgano jurisdiccional para asegurar la sana distancia entre quienes acudan presencialmente. 5. Para cumplir con lo anterior, se instruye a la actuaria y actuarios adscritos a este órgano colegiado, que al momento de notificar a las partes la presente determinación, se haga entrega del código QR respectivo, el cual, también se deberá dejar en el acceso del edificio sede de los tribunales colegiados y juzgados de distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, de modo que puedan ingresar a este órgano colegiado, bajo la regla de hasta dos personas por código, en la fecha y hora indicada; asimismo, dése aviso a la administración del citado edificio de la celebración de la audiencia incidental mencionada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del acuerdo general invocado en el párrafo que antecede.
- Juicio de Amparo Directo
1. Se tiene por recibido el oficio de cuenta del índice de la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual se rinde el informe justificado respectivo; y se remiten los autos del juicio de nulidad 50/20-11-02-6-OT, en el cual obra agregado el escrito de demanda de amparo promovida por Z People, Sociedad Civil, por conducto de su representante legal Angélica Ramírez Calpeño, personalidad que le fue reconocida en auto de nueve de enero del año en curso, por la magistrada instructora de la Sala responsable, en contra de la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte, dictada en los autos del juicio de nulidad aludido, así como un diverso juicio de nulidad 33/19-12-02-4 y expediente administrativo relativo al juicio de nulidad citado en primer término. Acúsese recibo. 2. Con fundamento en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno como AMPARO DIRECTO 227/2020. Hágase del conocimiento de las partes que no se integrarán al expediente electrónico las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio Tribunal que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados, que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este Órgano Colegiado deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las que se conservarán en este tribunal sin digitalizarse, o bien, si se procede a su digitalización, no serán visibles para la parte respectiva; tampoco formarán parte las constancias que por imposibilidad material no se puedan digitalizar; asimismo, con fundamento en el artículo 6º de los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, a prudente arbitrio de esta presidencia, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstas en el expediente impreso, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Se instruye a los Actuarios adscritos a este Órgano Colegiado a dar fe de que las promociones, documentos, autos y resoluciones coincidan en su totalidad en el expediente impreso y en el electrónico, de conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. 3. La presente demanda de amparo deviene notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3, 5, fracción I, 6 y 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo. Para justificar lo anterior, es preciso citar lo que dispone el artículo 3° de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." 4. Del citado precepto legal transcrito, se advierte que las promociones dentro del juicio de amparo pueden presentarse, a saber: a) por escrito, b) de forma oral y c) de forma electrónica, estas última mediante el uso de una Firma Electrónica, conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, la norma legal en comento no hace mención a la posibilidad de presentar demanda de amparo en la Oficialía de Partes Común en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como un medio alternativo para promover un juicio de amparo directo. Tampoco se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación declaratoria pública de un convenio de interconexión con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, menos aun que éste se haya publicado en el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Acuerdo General 12/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En esas condiciones, ante la no existencia de un convenio de interconexión e intercomunicación con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para la recepción de una demanda de amparo directo, por medio de la referida oficialía de partes y mediante una firma electrónica distinta a la FIREL o e.firma, se puede inferir que la demanda de amparo que se adjuntó al oficio de cuenta, si bien se firmó electrónicamente, lo cierto es, que esa firma no cumple con los lineamientos que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal; por consiguiente, ese documento adquiere la calidad de un documento presentado en copia simple, que impide tener por manifestada la voluntad de la moral quejosa, para combatir el acto reclamado. Lo anterior es así, dado que la firma constituye un requisito esencial para atender cualquier promoción judicial, la cual sirve para darle autenticidad y determinar en su caso los derechos y obligaciones que adquiere el signante, en virtud del contenido del escrito. De manera que, al no existir la firma autógrafa de quien promueve el amparo directo de que se trata, no puede considerarse expresada la voluntad del quejoso, para combatir el acto reclamado. Para sustentar lo que se afirma, es necesario transcribir los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I, 6 y 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. -----[.]" "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. ----- [.]" LEY DE AMPARO. "[.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. [.] "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo se rige, entre otros, por el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, consagrado por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, además, se reitera en el numeral 6o. de la Ley de Amparo. Lo anterior, implica que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pero no oficiosamente; y, que la forma idónea de manifestar ese agravio o perjuicio es por medio de la firma autógrafa que obre en el escrito, cuya promoción puede hacerse por sí o a través de representante legal, de manera escrita o de forma electrónica, en este último supuesto, mediante el uso de firma electrónica (FIREL), la cual hace las veces de firma autógrafa. Tal requisito no puede considerarse una formalidad impeditiva u obstaculizadora del acceso a la justicia, sino por el contrario, se adecua a los fines perseguidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que cualquier persona puede ejercer su derecho de petición cuando exterioriza de manera cierta y fehaciente su voluntad. Apoya a lo anterior, por analogía, la tesis 1a.XLV/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 171, tomo XXI, junio de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL. EL ARTÍCULO 199 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL EXIGIR QUE TODA PROMOCIÓN ESTÉ FIRMADA POR QUIEN LA FORMULE, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La obligación contenida implícitamente en el precepto legal mencionado, en el sentido de que para accionar el aparato de justicia contencioso-administrativo el escrito de demanda debe estar firmado precisamente por quien lo promueve (salvo las excepciones allí consignadas), no transgrede el derecho a la tutela judicial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es del mismo talante que otros requisitos constitucionalmente válidos, como el del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos. La firma es la manera usual en la que los sujetos formalizan la expresión de su voluntad, por lo que el escrito que carece de la firma del promovente debe considerarse como un simple papel que no incorpora voluntad alguna. Así, la exigencia de que para dar trámite a una demanda deba estar firmada por quien la promueve, constituye una formalidad que no puede considerarse como impeditiva u obstaculizadora del acceso a la jurisdicción, ni innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad, sino que, por el contrario, se adecua plenamente a los fines perseguidos por la Constitución Federal en el sentido de que cualquier persona puede ejercer su derecho de acción cuando exterioriza de manera cierta y fehaciente que su voluntad es, precisamente, excitar al aparato de justicia. 5. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3, 5, fracción I, 6 y 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha por improcedente la demanda de amparo promovida por Z People, Sociedad Civil, por conducto de su representante legal Angélica Ramírez Calpeño, en contra de la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte, dictada en los autos del juicio de nulidad 50/20-11-02-6-OT, del índice de la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 32/2018, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo I, enero de 2019, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓBNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." 7. Dése la intervención que corresponda a la Fiscalía Federal adscrita a este Tribunal 8. Sin que haya lugar a tener como autorizados a los profesionales que señala en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque si no existe voluntad para promover el presente juicio de amparo, tampoco existe voluntad para autorizar a los profesionales que menciona, incluso para autorizar la consulta del expediente electrónico que se crea con motivo del presente asunto, ya que las y los titulares de los órganos jurisdiccionales verificarán la capacidad procesal de las partes, de sus representantes y autorizados facultados, para otorgar el acceso a ese expediente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, párrafo segundo, 36, párrafo tercero y 37, todos, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. 9. Cabe destacar que la parte quejosa tiene su domicilio fuera de la residencia de este Tribunal Colegiado. Ahora bien, a efecto de brindar una justicia pronta y expedita, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo, prevén atribuciones a favor de los Juzgadores, con el fin de dar cumplimiento a esas prerrogativas. Tal es el caso de las notificaciones que deben realizarse en lugar distinto, al en que se encuentra la sede del Órgano Jurisdiccional que tiene conocimiento del asunto, pues, tratándose de los particulares (quejosos, terceros interesados y particulares señalados como autoridades responsables), el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia, prevé que la diligencia se realizará por despacho. Bajo esos términos, a efecto de evitar dilaciones y lograr la eficacia de las notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo, además, en los artículos 79, 80, 81 y 82 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento y comedido despacho número 282/2020 mediante el módulo de Interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en turno, remitiéndole para tal efecto el documento digital con la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas de la suscrita Magistrada Presidenta y del Secretario de Acuerdos con quien se actúa, como lo establece el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas y, además, por así haberse comunicado en la Circular SECNO/3/2017, de veintisiete de agosto de dos mil diecisiete, emitida por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; solicitando al juez mencionado realice las diligencias que considere necesarias para cumplir lo encomendado en términos del citado código adjetivo federal; la notificación motivo del despacho deberá realizarse: A la parte quejosa: Z People, Sociedad Civil, por conducto de quien legalmente la represente, en el domicilio ubicado en Insurgentes Sur, número 688, segundo piso 201-A, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, código postal 03100, Ciudad de México. Lo anterior, para que en auxilio de las labores de este Tribunal Colegiado se sirva ordenar a quien corresponda lleve al cabo la notificación, en forma personal, del presente proveído a la citada parte y le requiera para que, en el plazo de tres días contados a partir de aquel al en que surta efectos la notificación, señale domicilio, para oír y recibir notificaciones, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, bajo el apercibimiento que de ser omisa, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista. Solicitándole atentamente a ese Juzgado, en términos del Acuerdo General 12/2020 antes referido, devuelva esta Comunicación Oficial en esa vía. 6. ACUSES DE RECIBO. Se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que, hasta que concluya en definitiva el trámite de este asunto, las constancias de notificación y los acuses de recibo de autos, testimonios y demás anexos recibidos por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, así como de autoridades responsables y terceras interesadas, se agreguen a los autos del expediente en que se actúa, para que obren como corresponda, sin dar cuenta a la suscrita Magistrada Presidenta para el dictado de una resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5° y 6°, párrafos primero y segundo, de los Lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el uno de octubre de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, ya que no se consideran actuaciones indispensables, pues, la resolución que se llegue a dictar con motivo de los acuses recibidos, sólo tendrá como efecto ordenar su integración a los autos referencia, excepción hecha de los casos en los que se adjunte algún documento original o copia certificada respecto de los que se deba proveer, así como aquellas comunicaciones oficiales relacionadas con el cumplimiento a una ejecutoria de amparo, dictada en un juicio uniinstancial; sin embargo, los acuses recibidos se deberán registrar en el Libro de Registro de Ingresos de Oficios Varios, a fin de que el número de promoción con los que se registre, sirva para su vinculación en el expediente electrónico. 7. De conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte; y, por tratarse de una situación de emergencia sanitaria, se autoriza que la notificación de la presente determinación, se lleve a cabo por medio de correo electrónico institucional a la Sala administrativa responsable y autoridad tercera interesada, con oficio digitalizado y con la utilización de la firma electrónica. En este caso, se deberá obtener confirmación de la recepción del correo electrónico, la cual se certificará por parte de la servidora o servidor público adscrito a la Actuaría de este Tribunal; y, para el caso, de que no pueda lograr la confirmación de la recepción del correo electrónico, deberá notificar por oficio a la citada autoridad, previa razón de imposibilidad, en la que haga constar los motivos por los cuales no logró notificar la presente determinación por ese medio electrónico. 8. Hágase saber a las partes el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales.
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