Yvonne Idoly Gómez Estrada

Expediente 563/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
563/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Yvonne Idoly Gómez Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    ADM: Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se tuvo por no presentada. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años. Por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia.

  2. Principal

    ADM: Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento formulado en auto de veinticuatro de junio del año en curso; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hágase efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Ahora, si bien es cierto que la notificación del presente auto debe practicarse de forma personal a la quejosa en términos del artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo; no menos cierto resulta que el veinticuatro de junio del año en curso, se le tuvo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito; por tanto, practíquese esta notificación a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por ------------------, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Gobernador del Estado de México; y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno como juicio de amparo -----------. En esas condiciones, procede requerir a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: ÚNICO. La parte quejosa deberá aclarar el acto que reclama en este asunto, así como los antecedentes que le dieron origen Ello tiene razón de ser, pues en el apartado correspondiente a la precisión del acto reclamado, la quejosa señaló como tal: Circunstancia que genera incertidumbre en el suscrito para poder delimitar con precisión cuál es el acto concreto por el que insta la vía constitucional. Lo anterior, ya que su reclamo consiste en la inobservancia del mandato establecido en el artículo 21 Constitucional respecto a las funciones de las instituciones de seguridad pública, destacadamente en el ámbito de la prevención de los delitos, por haber sido víctima del delito de robo de vehículo; sin embargo, tal planteamiento resulta genérico e indeterminado para considerarse como un acto concreto susceptible de análisis constitucional en términos del artículo 1° y 107 de la Ley de Amparo, ya que en todo caso, los actos u omisiones que tenga a bien someter a control constitucional, deben ser concretos y determinados. En efecto, a fin de hacer una comparación a manera de ejemplo, el planteamiento pretendido por la quejosa se equipararía, verbigracia, a establecer que se vulnera el artículo 4° Constitucional por autoridades del sector salud en su vertiente de prevención de las enfermedades, porque a un quejoso se le diagnosticó con diabetes, o bien, que se vulnera el artículo 5° de la Constitución Federal por autoridades del trabajo y la previsión social, en su vertiente del derecho al trabajo, porque un hipotético quejoso quedó desempleado. En síntesis, ese tipo de planteamientos, si bien derivan de parámetros constitucionales, no menos cierto es que resulten genéricos e indeterminados para efectos del juicio de amparo, porque no están encaminados a reclamar actos, normas, o bien, omisiones específicas derivadas de las funciones y actuaciones de las autoridades, sino, por el contrario, versan sobre cuestiones etéreas derivadas de una idea deontológica y aspiracional de los preceptos constitucionales, siendo que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo propósito es salvaguardar la supremacía del orden constitucional a través de la efectivización de los derechos y garantías contemplados en el parámetro de regularidad constitucional; lo que a su vez se traduce en reparar las violaciones concretas cometidas a dichos derechos y garantías para su protección. De modo que el juicio de amparo no es un instrumento experimental para proteger aspiraciones, deseos o ideales generales y abstractos, por legítimos que resulten; sino un verdadero juicio constitucional al servicio de las personas, instituido con el propósito de que las normas, actos u omisiones concretos o determinados de las autoridades, sean sometidos a un control constitucional, y de resultar contrarios a sus estándares, reparar las violaciones correspondientes, en aras de preservar vigente el estado constitucional de derecho. De ahí la necesidad de que la impetrante concrete su pretensión en el acto u omisión de las autoridades, que específicamente le genere perjuicio directamente a ella, lo que como ya se refirió, no puede ser la circunstancia genérica de violación al artículo 21 Constitucional por incumplimiento a tareas de seguridad pública preventivas por parte de las responsables, porque fue víctima de un robo. Máxime que el sistema jurídico mexicano contempla diversos mecanismos legales para dar cauce a todas y cada una de las vicisitudes fácticas que se presenten con motivo de actos y hechos jurídicos lato sensu; en este caso, tratándose de un robo de vehículo, a través de la investigación del hecho delictuoso respectivo por las instituciones establecidas legalmente para ello y conforme a los parámetros de actuación de las autoridades investigadoras y persecutoras de los delitos, también establecidos legalmente para tal fin; con el propósito de que se sancione a los responsables a través de la imposición de la pena correspondiente y el resarcimiento del daño respectivo. Por tanto, la parte quejosa deberá precisar si independientemente de las consecuencias jurídicas correspondientes: 1. Insiste en señalar como acto reclamado el precisado en el escrito de demanda; O bien; 2. Si lo que pretende reclamar es algún acto u omisión en específico relacionado con la tardanza, ineficacia, indiferencia o inacción ante el hecho delictuoso del que fue víctima, por parte de las autoridades competentes, en contravención al mandato establecido en el artículo 21 de la Constitución Federal. En cuyo caso, de reclamarse algún acto u omisión en términos del inciso dos , deberá precisar: a) Qué acto u omisión en específico reclama; b) A qué autoridad o autoridades en específico se los atribuye; c) De qué forma han participado o incurrido dichas autoridades, en el acto u omisión en concreto que se les reclama; d) Si en contra de dicho acto u omisión en específico ha interpuesto algún medio ordinario de defensa, o bien, algún recurso ordinario; antes de acudir al juicio de amparo. Máxime como se ha expuesto, el examen de constitucionalidad en el juicio de amparo solo puede emprenderse a partir de actos u omisiones concretas y determinadas, de los que dependerá el pronunciamiento respectivo, y de ser el caso, los efectos del eventual fallo protector; razón por la que en el caso no se colman los requisitos establecidos en las fracciones III, IV y V del artículo 108 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso resulte procedente requerir copias de traslado del escrito aclaratorio, en virtud de que el presente asunto se ubica en las hipótesis de excepción previstas en el último párrafo del artículo 110 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se apercibe a la parte quejosa que, en caso de no dar cumplimiento en los términos efectuados, se procederá conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio procesal, las listas que se publican en este órgano jurisdiccional, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Sin que resulte necesario efectuar pronunciamiento alguno respecto de personas autorizadas en términos del artículo 12 o 24 de la Ley de Amparo, dado que la quejosa no realizó solicitud alguna al respecto. Ahora, si bien es cierto que la notificación del presente auto debe practicarse de forma personal a la quejosa en términos del artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo; no menos cierto resulta que se le tuvo como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito; por tanto, practíquese esta notificación a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita.

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