Yvon Valdez Martínez

Expediente 1868/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1868/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Yvon Valdez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Devolución de anexo Asimismo, devuélvase a la Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, México, el anexo que remitió al juicio; sin que sea necesario requerir acuse de recibo, en razón de que, se trata de copias certificadas. Vista parte quejosa De igual manera, respecto a las documentales exhibidas por la parte quejosa; se le requiere para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca en el local que ocupa este juzgado a recibir las constancias que adjuntó a su escrito inicial de demanda. Finalmente, para el caso de que la autoridad se encuentre gozando del periodo vacacional correspondiente; comisiónese al actuario judicial de la adscripción para que, precisamente en el día que ésta reanude sus labores, entregue el oficio respectivo, sin necesidad de ulterior acuerdo, mismo que deberá quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad, hasta en tanto sea entregado a su receptor. **

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Desahogo de prevención Intégrese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual desahoga la prevención realizada el seis de diciembre de dos mil veintidós. Oficio Aunado a lo anterior, glósese a los autos el oficio remitido por la Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del cual, da cumplimiento al requerimiento realizado por auto de radicación e informa el estado procesal del juicio relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre modificación de guardia y custodia y cancelación de pensión alimenticia ********************; asimismo, remite las constancias documentales con las que lo acredita. Por tanto, de acuerdo con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que se anexan, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, fórmese el anexo respectivo. Consideraciones previas Ahora, del análisis de la demanda, del escrito por el que la parte quejosa desahoga la prevención realizada en autos, así como de lo informado por el Juzgado Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se advierte que la quejosa reclama el emplazamiento, así como todo lo actuado en el juicio relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre modificación de guardia y custodia y cancelación de pensión alimenticia ********************del índice órgano jurisdiccional antes referido. Asimismo, se observa que a la parte aquí quejosa ********************, le reviste el carácter de demandada en el juicio de origen; además, que dicho juicio se encuentra en trámite, debido a que se ya se celebró la audiencia inicial y, actualmente, la etapa procesal de su desarrollo corresponde a la de preparación de pruebas; es decir, dicho procedimiento de origen no se ha resuelto en definitiva al no haberse dictado la sentencia correspondiente. Desechamiento Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Así, se colige que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que, aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En ese entendido, se advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla y que está previsto en los artículos 107, fracción III, inciso a), penúltimo párrafo, de la constitución, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) (.) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De la transcripción de las porciones normativas en cita, se advierte que el amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa para su impugnación, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El fundamento de este supuesto de improcedencia es el principio de definitividad del amparo, que establece que, antes de promoverlo, la parte agraviada debe agotar todos los medios de defensa ordinarios que la ley prevea contra el acto de autoridad y que produzcan su modificación, nulidad o revocación. La justificación de este principio radica en que el amparo es el único medio extraordinario de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, de ahí que se erija como la instancia final contra la impugnación de cualquier acto de autoridad. De esta forma, la causa de improcedencia destacada se materializa cuando concurren los supuestos siguientes: Que en contra de la resolución judicial proceda algún medio de defensa o recurso, que lo modifique, revoque o anule. Que el acto reclamado no se ubique en alguna de las excepciones al principio de definitividad en el amparo indirecto (las que operan como un sistema; es decir, no son excluyentes una de otra, de tal suerte que si se actualiza alguna, entonces el amparo es procedente), que son: Cuando sean actos que importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Cuando sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Cuando la persona afectada ostente la calidad de tercero extraño al procedimiento. En esta línea de pensamiento, se verifica la concurrencia de los supuestos que materializan la hipótesis de improcedencia en estudio. Procedencia de un medio ordinario de defensa. En el caso a estudio, se advierte que el promovente reclama el emplazamiento, así como todo lo actuado en el juicio relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre modificación de guardia y custodia y cancelación de pensión alimenticia ********************del índice órgano jurisdiccional antes referido, en el que no se ha dictado la sentencia definitiva. En ese contexto, se infiere que la parte quejosa podía obtener la nulificación del emplazamiento en el expediente de origen, mediante la promoción del incidente de nulidad de notificaciones señalado en el ordinal 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que dispone: "Artículo 1.187.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida." En efecto, del análisis sistemático del precepto legal transcrito se advierte que está previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México vigente, los casos en que procede el incidente de nulidad de notificaciones. En las relatadas condiciones el numeral 1.187 de ese Código Civil señala la hipótesis en que se puede promover la nulidad de notificaciones, a saber, cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en el capítulo respectivo de la ley, o bien, se omitiere la misma. Asimismo, con relación a lo actuado en el juicio relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre modificación de guardia y custodia y cancelación de pensión alimenticia ********************, la parte quejosa tiene expedito su derecho para, en su caso, hacer valer los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación adjetiva civil, específicamente en el título noveno de dicho ordenamiento, del que se advierte : TITULO NOVENO Recursos CAPITULO I Disposiciones Generales "Recursos Artículo 1.360.- Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja." "Resoluciones materia de revocación Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Finalidad de la apelación Artículo 1.366.- La apelación tiene por objeto que el Tribunal de Alzada, revoque o modifique la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, los que de no prosperar motivarán su confirmación." "Materia de la queja Artículo 1.393.- El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: I. No admite una demanda; II. Deniega una apelación." De los artículos anteriormente citados, se advierten los medios de defensa que la aquí quejosa, en su carácter de parte demanda en el juicio de origen, puede hacer valer contra las actuaciones derivadas del procedimiento de origen; asimismo, en el supuesto de que existiera alguna violación procesal contra la que agote el recurso correspondiente, en su momento, pudiera hacerla valer al controvertir la sentencia definitiva que se dicte para resolver dicho juicio, en caso de no resultarle favorable. En ese contexto, dado que contra el acto reclamado consistente en el emplazamiento procede el incidente de nulidad de notificaciones, asimismo, que respecto de lo actuado en el juicio la legislación civil prevé medios ordinarios de defensa, mismos que tendrían por efecto revocar, modificar o anular, dichas actuaciones, se estima que se materializa el supuesto descrito en este apartado. No actualización de algún supuesto de excepción. Además, no se está frente a ningún supuesto de excepción de los previamente enlistados en los incisos a), b), c), d) y último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque el emplazamiento o lo actuado en el juicio de origen, no se ubica en ninguna de las hipótesis mencionadas en los primeros dos incisos en cita y, además, la quejosa no es tercera extraña por equiparación a la controversia, pues aún no se ha dictado sentencia en la instancia de origen. En efecto, la quejosa tiene la calidad de demandada en el juicio de donde emana el acto reclamado y a la fecha de la presentación de la demanda no se había fallado en definitiva; por tanto, no se puede estimar que tenga el carácter de tercero extraño a juicio, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impone: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." De ahí que se satisfagan los extremos de este capítulo, lo anterior es así, en razón que dicho carácter no constituye por sí una excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues el entendimiento sistemático de las disposiciones de la constitución y la ley de amparo para la procedencia del juicio de amparo contra actos de imposible reparación permite sostener que, previamente a acudir a la instancia constitucional para combatir actos de esa naturaleza, precisa agotar las instancias ordinarias, a fin de cumplir con aquella máxima que rige la técnica del amparo. Tal argumento encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro X, julio de 2012, tomo 1, página 729, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Por tanto, atento a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), penúltimo párrafo, de la constitución, en relación con el 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, en virtud de ser notoriamente improcedente. Hágase las anotaciones correspondientes.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE 19 DE LOS ACTUALES, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA *** EL AUTO DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022, MISMO QUE EN LA ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Desahogo de prevención Intégrese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual desahoga la prevención realizada el seis de diciembre de dos mil veintidós. Oficio Aunado a lo anterior, glósese a los autos el oficio remitido por la Juez Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, a través del cual, da cumplimiento al requerimiento realizado por auto de radicación e informa el estado procesal del juicio relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre modificación de guardia y custodia y cancelación de pensión alimenticia ********************; asimismo, remite las constancias documentales con las que lo acredita. Por tanto, de acuerdo con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que se anexan, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, fórmese el anexo respectivo. Consideraciones previas Ahora, del análisis de la demanda, del escrito por el que la parte quejosa desahoga la prevención realizada en autos, así como de lo informado por el Juzgado Octavo de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se advierte que la quejosa reclama el emplazamiento, así como todo lo actuado en el juicio relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre modificación de guardia y custodia y cancelación de pensión alimenticia ********************del índice órgano jurisdiccional antes referido. Asimismo, se observa que a la parte aquí quejosa ********************, le reviste el carácter de demandada en el juicio de origen; además, que dicho juicio se encuentra en trámite, debido a que se ya se celebró la audiencia inicial y, actualmente, la etapa procesal de su desarrollo corresponde a la de preparación de pruebas; es decir, dicho procedimiento de origen no se ha resuelto en definitiva al no haberse dictado la sentencia correspondiente. Desechamiento Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Así, se colige que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que, aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En ese entendido, se advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla y que está previsto en los artículos 107, fracción III, inciso a), penúltimo párrafo, de la constitución, en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) (.) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." De la transcripción de las porciones normativas en cita, se advierte que el amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa para su impugnación, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El fundamento de este supuesto de improcedencia es el principio de definitividad del amparo, que establece que, antes de promoverlo, la parte agraviada debe agotar todos los medios de defensa ordinarios que la ley prevea contra el acto de autoridad y que produzcan su modificación, nulidad o revocación. La justificación de este principio radica en que el amparo es el único medio extraordinario de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, de ahí que se erija como la instancia final contra la impugnación de cualquier acto de autoridad. De esta forma, la causa de improcedencia destacada se materializa cuando concurren los supuestos siguientes: Que en contra de la resolución judicial proceda algún medio de defensa o recurso, que lo modifique, revoque o anule. Que el acto reclamado no se ubique en alguna de las excepciones al principio de definitividad en el amparo indirecto (las que operan como un sistema; es decir, no son excluyentes una de otra, de tal suerte que si se actualiza alguna, entonces el amparo es procedente), que son: Cuando sean actos que importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Cuando sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Cuando la persona afectada ostente la calidad de tercero extraño al procedimiento. En esta línea de pensamiento, se verifica la concurrencia de los supuestos que materializan la hipótesis de improcedencia en estudio. Procedencia de un medio ordinario de defensa. En el caso a estudio, se advierte que el promovente reclama el emplazamiento, así como todo lo actuado en el juicio relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre modificación de guardia y custodia y cancelación de pensión alimenticia ********************del índice órgano jurisdiccional antes referido, en el que no se ha dictado la sentencia definitiva. En ese contexto, se infiere que la parte quejosa podía obtener la nulificación del emplazamiento en el expediente de origen, mediante la promoción del incidente de nulidad de notificaciones señalado en el ordinal 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que dispone: "Artículo 1.187.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida." En efecto, del análisis sistemático del precepto legal transcrito se advierte que está previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México vigente, los casos en que procede el incidente de nulidad de notificaciones. En las relatadas condiciones el numeral 1.187 de ese Código Civil señala la hipótesis en que se puede promover la nulidad de notificaciones, a saber, cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en el capítulo respectivo de la ley, o bien, se omitiere la misma. Asimismo, con relación a lo actuado en el juicio relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre modificación de guardia y custodia y cancelación de pensión alimenticia ********************, la parte quejosa tiene expedito su derecho para, en su caso, hacer valer los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación adjetiva civil, específicamente en el título noveno de dicho ordenamiento, del que se advierte : TITULO NOVENO Recursos CAPITULO I Disposiciones Generales "Recursos Artículo 1.360.- Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja." "Resoluciones materia de revocación Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Finalidad de la apelación Artículo 1.366.- La apelación tiene por objeto que el Tribunal de Alzada, revoque o modifique la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, los que de no prosperar motivarán su confirmación." "Materia de la queja Artículo 1.393.- El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: I. No admite una demanda; II. Deniega una apelación." De los artículos anteriormente citados, se advierten los medios de defensa que la aquí quejosa, en su carácter de parte demanda en el juicio de origen, puede hacer valer contra las actuaciones derivadas del procedimiento de origen; asimismo, en el supuesto de que existiera alguna violación procesal contra la que agote el recurso correspondiente, en su momento, pudiera hacerla valer al controvertir la sentencia definitiva que se dicte para resolver dicho juicio, en caso de no resultarle favorable. En ese contexto, dado que contra el acto reclamado consistente en el emplazamiento procede el incidente de nulidad de notificaciones, asimismo, que respecto de lo actuado en el juicio la legislación civil prevé medios ordinarios de defensa, mismos que tendrían por efecto revocar, modificar o anular, dichas actuaciones, se estima que se materializa el supuesto descrito en este apartado. No actualización de algún supuesto de excepción. Además, no se está frente a ningún supuesto de excepción de los previamente enlistados en los incisos a), b), c), d) y último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque el emplazamiento o lo actuado en el juicio de origen, no se ubica en ninguna de las hipótesis mencionadas en los primeros dos incisos en cita y, además, la quejosa no es tercera extraña por equiparación a la controversia, pues aún no se ha dictado sentencia en la instancia de origen. En efecto, la quejosa tiene la calidad de demandada en el juicio de donde emana el acto reclamado y a la fecha de la presentación de la demanda no se había fallado en definitiva; por tanto, no se puede estimar que tenga el carácter de tercero extraño a juicio, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impone: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." De ahí que se satisfagan los extremos de este capítulo, lo anterior es así, en razón que dicho carácter no constituye por sí una excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues el entendimiento sistemático de las disposiciones de la constitución y la ley de amparo para la procedencia del juicio de amparo contra actos de imposible reparación permite sostener que, previamente a acudir a la instancia constitucional para combatir actos de esa naturaleza, precisa agotar las instancias ordinarias, a fin de cumplir con aquella máxima que rige la técnica del amparo. Tal argumento encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro X, julio de 2012, tomo 1, página 729, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. ***." Por tanto, atento a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), penúltimo párrafo, de la constitución, en relación con el 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, en virtud de ser notoriamente improcedente. Hágase las anotaciones correspondientes.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de diciembre de dos mil veintidós. Radicación y registro Vista la demanda promovida por ******, por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1868/2022-IV-B. Consideraciones previas Del análisis del escrito inicial de demanda se advierte que a la parte aquí quejosa le reviste el carácter de parte demandada en el juicio de origen *****, del índice del Juzgado Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; asimismo, que se impuso de los autos y tuvo conocimiento de que fue emplazada mediante edictos, así como, que no se ha dictado la sentencia correspondiente. Prevención Previo a acordar lo conducente respecto de la procedencia de la instancia constitucional, en vista de que existen irregularidades en la demanda de amparo que deben subsanarse, con fundamento en los artículos 108, fracción V, y 114, fracción II, de la Ley, requiérase a la promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, aclare la demanda en los siguientes términos: Amplié de manera clara, cronológica y sucinta, los antecedentes del acto que reclama en la presente instancia constitucional; Precise la naturaleza del juicio de origen en el que le reviste la calidad de demandada, esto es, la materia y la vía; y, Especifique la etapa procesal en la que se encuentra dicho juicio. En el entendido de que deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las autoridades responsables y agente del misterio público federal de la adscripción, y apercibida de las sanciones a que pueden hacerse acreedores a aquellos que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con los actos reclamados, en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Aunado a que la aclaración la tendrá que hacer de manera directa, por escrito, en razón de que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración se realice con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de ella, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la página 102, Tomo XXII, Quinta Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) de la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Apercibimiento Con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se apercibe a la promovente que de no cumplir lo requerido en el plazo y forma indicados, se tendrá por no presentada la demanda de mérito. Solicitud de constancias Con independencia de lo anterior, se requiere al Juzgado Octavo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, informe el estado procesal en que se encuentra el expediente 640/2020, de su índice; debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Apercibido que de ser omiso, o no informar el impedimento legal que tenga para ello, se impondrá a la persona física que ostente el cargo, una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Domicilio, acceso y notificaciones electrónicas Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efecto de oír y recibir notificaciones. En caso de no contar con un usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera extraordinaria y conforme a lo establecido el artículo 257, fracción I del referido Acuerdo General, en el mismo término, deberá proporcionar un número telefónico, a fin de establecer comunicación no procesal y, por excepción, procesal, para realizar las notificaciones a las que les recaiga el carácter personal por este medio, apercibido que de ser omiso al respecto, se le tendrá como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas. Instrucciones para la creación de usuario electrónico A fin de realizar lo anterior, deberá crear su usuario electrónico y tramitarse la firma electrónica vigente (FIREL), así como, solicitarse la autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal, debiendo indicar el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Para lo cual deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea/Usuario/Registro Una vez ahí, colocará los datos correspondientes, leer, y aceptar el aviso de privacidad, posteriormente dar clic en el botón "registrar usuario". Hecho lo anterior, el sistema enviará un correo a la dirección electrónica proporcionada mismo que deberá confirmarse. Una vez confirmado el correo electrónico el sistema corroborará la correcta creación del usuario. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta del expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

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