Yussiff Ginez Amat Wejebe
Expediente 935/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Yussiff Ginez Amat Wejebe
Actuaciones
- Principal
MESA II. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada el nueve de octubre del presente año, por ese Cuerpo Colegiado en la queja 152/2017, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso Yussiff Ginez Amat Wejebe, en contra del auto dictado el veintisiete de julio del dos mil diecisiete, de la que aparece que la citada Superioridad en su único punto declaró infundado el recurso de queja interpuesto. Por ende, con apoyo en el artículo 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. Asimismo, como lo solicita la Superioridad, acúsese recibo de la resolución de nueve de octubre del presente año. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto Número uno de dos mil nueve, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, este expediente se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA II. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 9436, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se dio entrada al recurso de queja interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, contra el auto de veintisiete de julio del año en curso, dictado en autos del presente juicio de amparo, formándose por tal motivo, el toca de queja 152/2017.
- Principal
MESA II. Vista la demanda de amparo promovida por Yussiff Ginez Amat Wejebe, contra el acto que reclama del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se provee: Con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 62, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitir ni tramitar la demanda de que se trata puesto que habrá de desecharse de plano, al advertirse una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta su naturaleza de orden público. Previamente, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta necesario establecer la fijación clara y precisa del acto reclamado, mismo que se advierte del contexto integral de la demanda de que se trata y constancias anexas a la misma, que la parte quejosa se duele de lo siguiente: ".Bajo protesta de decir verdad, reclamo de la autoridad señalada como responsable, la parte conducente del proveído de fecha 7 de julio del año 2017, notificado en fecha 12 de julio del año 2017, dictado el Procedimiento Especial de Divorcio Sin Causales con número de expediente 607/2016 promovido por el suscrito en contra de la ahora tercera interesada, en la cual la responsable no accedió a tener por admitida la prueba pericial en materia de genética molecular de ADN, ofrecida como prueba superviniente en dicho procedimiento." De lo anterior, se desprende que el nombrado Amat Wejebe, reclama la violación a sus derechos fundamentales, derivado de la negativa por parte de la autoridad responsable para tener por admitida la prueba ofrecida consistente en la prueba pericial en materia de genética molecular ADN, a fin de saber si el infante que cita en su escrito es o no su hijo biológico, en autos del Juicio Especial de Divorcio sin causales que promovió en contra de Lourdes González Correa. En ese contexto, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la de la Ley de Amparo, cuya contenido literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la intelección sistemática de los citados artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último invocado a contrario sentido, permite colegir que el juicio constitucional biinstancial procede únicamente respecto de actos dentro del juicio que ocasionen a la parte quejosa una imposible reparación. Asimismo, se hace indispensable establecer que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el actual artículo 107, fracción V, de dicha legislación ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Lo que revela que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, requieren que cumplan con dos condiciones previstas por el legislador. El primero, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, mientras que los primeros, precisan una lesión a bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 39, tomo I, libro 7, de junio de 2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio ordinario civil desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese contexto, cuando como en el caso se trata de actos derivados de un procedimiento civil en la que se reclamen violaciones a derechos adjetivos como lo es el acuerdo reclamado por el cual la responsable negó al quejoso admitir la prueba pericial propuesta; es evidente que la violación reclamada, en el contexto de la Ley de Amparo vigente, no puede estimarse de imposible reparación, pues no tiene como consecuencia la afectación material a "derechos sustantivos", ni la lesión que produce es de tipo "material", tal como lo exige la nueva disposición legal de la materia en la fracción V del artículo 107 citada. De ahí que la violación procesal reclamada -negativa a tener por admitida la prueba pericial en genética (ADN) ofrecida-, no trae una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, de acuerdo con la nueva fórmula legal que prevé la Ley de Amparo vigente. Asimismo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional el criterio jurisprudencial 1a./J. 17/2003, emitido por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, de rubro y texto: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA. Cuando en un juicio ordinario civil en el que se ventilan cuestiones relacionadas con la paternidad, se dicta un auto por el que se admite y ordena el desahogo de la prueba pericial para determinar la huella genética, con el objeto de acreditar si existe o no vínculo de parentesco por consanguinidad, dicho proveído debe ser considerado como un acto de imposible reparación, que puede afectar los derechos fundamentales del individuo, por lo que debe ser sujeto a un inmediato análisis constitucional, a través del juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, por la especial naturaleza de la prueba, ya que para desahogarla es necesario la toma de muestras de tejido celular, por lo general de sangre, a partir del cual, mediante un procedimiento científico, es posible determinar la correspondencia del ADN (ácido desoxirribonucleico), es decir, la huella de identificación genética, lo cual permitirá establecer no sólo la existencia de un vínculo de parentesco, sino también otras características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese estudio, pero que nada tengan que ver con la litis que se busca dilucidar y, no obstante, puedan poner al descubierto, contra la voluntad del afectado, otro tipo de condición genética hereditaria, relacionada por ejemplo con aspectos patológicos o de conducta del individuo, que pertenezcan a la más absoluta intimidad del ser humano." Sin embargo, si bien en dicho criterio vinculante se estableció que la admisión y el desahogo de la prueba pericial en genética ofrecida por la contraparte del quejoso son actos de ejecución irreparable, ya que implican la intromisión a los derechos de la personalidad, intimidad, integridad, individualidad y privacidad de quien será objeto de ella, mediante la toma de muestras de su tejido celular, que puede tener como resultado poner en evidencia características genéticas diversas a aquellas que son objeto de la litis en el proceso natural; no obstante, es evidente que ninguna afectación directa e inmediata de derechos sustantivos resiente la parte quejosa ni el menor al que se pretende practicar la pericial en genética, pues el juez Familiar determinó negar la admisión y desahogo de dicha probanza, y por ende, es evidente que no se procederá a la extracción de tejido celular, con las consecuencias señaladas. A lo que se agrega que el acuerdo reclamado constituye únicamente una violación procesal, pues la única afectación que resiente el quejoso con el desechamiento de esa probanza es que no se acumule al acervo probatorio el resultado de ese medio de convicción, lo que únicamente afecta derechos adjetivos que pueden repararse a través de la resolución de la autoridad que sea favorable a las pretensiones del quejoso en ese procedimiento, y de no ser así, impugnarse a través del juicio de amparo en el que reclame la resolución o el acto respecto del cual sea procedente dicha vía biinstancial, en el se podrá hacer valer todas las violaciones procesales habidas durante el procedimiento de origen. Se invoca en apoyo a lo anterior, por su esencia jurídica, la tesis VI.2o.C.638 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la foja 1068, tomo XXVIII, de diciembre de dos mil ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. POR REGLA GENERAL, EL DESECHAMIENTO DE LA OFRECIDA POR EL QUEJOSO NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA.", publicada con el número 1a./J. 17/2003, en la página 88 del Tomo XVII, abril de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la admisión y el desahogo de la prueba pericial en genética ofrecida por la contraparte del quejoso son actos de ejecución irreparable, ya que implican la intromisión a los derechos de la personalidad, intimidad, integridad, individualidad y privacidad de quien será objeto de ella, mediante la toma de muestras de su tejido celular, que puede tener como resultado poner en evidencia características genéticas diversas a aquellas que son objeto de la litis en el juicio natural. Sin embargo, por regla general, esa afectación directa e inmediata de derechos sustantivos no se actualiza con el desechamiento de la ofrecida por el quejoso, pues con motivo de ello no se procederá a su desahogo ni, por ende, a la extracción de tejido celular, con las consecuencias señaladas. Por el contrario, la única afectación que resiente el quejoso con el desechamiento de esa probanza es que no se acumule al acervo probatorio el resultado de ese medio de convicción, lo que únicamente afecta derechos adjetivos que pueden repararse en caso de obtener sentencia favorable, y de no ser así, impugnarse en vía de agravios en la apelación o, de ser necesario, como violación procesal en el juicio de amparo directo que llegara a promoverse, en términos de la fracción III del artículo 159 de la ley de la materia; y aunado a ello, el referido desechamiento no constituye una violación procesal que afecte a las partes en grado predominante o superior, porque de él no depende la suerte de todo el juicio natural, pues no incide en su continuación ni conlleva el riesgo de que su tramitación resulte ociosa o innecesaria." Máxime que en el procedimiento en el que fue propuesta dicha prueba pericial en materia genética, no se dilucidan cuestiones atinentes a la filiación pues se controvierten cuestiones relacionadas con la disolución del vínculo matrimonial, tales como el régimen de convivencia, pensión alimenticia, por lo que es inconcuso que el desahogo de la citada probanza no causa una afectación al menor involucrado al privarle de la posibilidad de allegarse al conocimiento del vínculo filial a través de esa prueba. En mérito de lo antes expuesto, es claro que si como se vio, los actos que tienen una ejecución de imposible reparación, por regla general, cuando afectan de forma directa y material alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, o en los tratados internacionales; es decir, cuando afectan materialmente derechos humanos; de ahí que, se puede concluir que cuando los actos que se reclaman en un juicio de amparo no tienen una ejecución de imposible reparación, el juicio de amparo es improcedente de conformidad con la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado éste último a contrario sentido. En esa tesitura, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados por la parte promovente atribuida a la autoridad señalada como responsable en el escrito de demanda. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como su autorizada en términos amplios del numeral 12 de la invocada ley a Dianely Grissel Canché Panty y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que designa por así solicitarlo el quejoso. Por otra parte se les autoriza, para la utilización de medios tecnológicos para reproducir las constancias que obran en el presente juicio de garantías, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, estos es para que haga uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente. Finalmente, en atención a lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, se le tiene por opuesta a la publicación de sus datos personales.
- Principal
MESA II. Vista la demanda de amparo promovida por Yussiff Ginez Amat Wejebe, contra el acto que reclama del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se provee: Con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 62, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitir ni tramitar la demanda de que se trata puesto que habrá de desecharse de plano, al advertirse una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta su naturaleza de orden público. Previamente, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta necesario establecer la fijación clara y precisa del acto reclamado, mismo que se advierte del contexto integral de la demanda de que se trata y constancias anexas a la misma, que la parte quejosa se duele de lo siguiente: ".Bajo protesta de decir verdad, reclamo de la autoridad señalada como responsable, la parte conducente del proveído de fecha 7 de julio del año 2017, notificado en fecha 12 de julio del año 2017, dictado el Procedimiento Especial de Divorcio Sin Causales con número de expediente 607/2016 promovido por el suscrito en contra de la ahora tercera interesada, en la cual la responsable no accedió a tener por admitida la prueba pericial en materia de genética molecular de ADN, ofrecida como prueba superviniente en dicho procedimiento." De lo anterior, se desprende que el nombrado Amat Wejebe, reclama la violación a sus derechos fundamentales, derivado de la negativa por parte de la autoridad responsable para tener por admitida la prueba ofrecida consistente en la prueba pericial en materia de genética molecular ADN, a fin de saber si el infante que cita en su escrito es o no su hijo biológico, en autos del Juicio Especial de Divorcio sin causales que promovió en contra de Lourdes González Correa. En ese contexto, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la de la Ley de Amparo, cuya contenido literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la intelección sistemática de los citados artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último invocado a contrario sentido, permite colegir que el juicio constitucional biinstancial procede únicamente respecto de actos dentro del juicio que ocasionen a la parte quejosa una imposible reparación. Asimismo, se hace indispensable establecer que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el actual artículo 107, fracción V, de dicha legislación ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Lo que revela que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, requieren que cumplan con dos condiciones previstas por el legislador. El primero, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, mientras que los primeros, precisan una lesión a bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 39, tomo I, libro 7, de junio de 2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio ordinario civil desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese contexto, cuando como en el caso se trata de actos derivados de un procedimiento civil en la que se reclamen violaciones a derechos adjetivos como lo es el acuerdo reclamado por el cual la responsable negó al quejoso admitir la prueba pericial propuesta; es evidente que la violación reclamada, en el contexto de la Ley de Amparo vigente, no puede estimarse de imposible reparación, pues no tiene como consecuencia la afectación material a "derechos sustantivos", ni la lesión que produce es de tipo "material", tal como lo exige la nueva disposición legal de la materia en la fracción V del artículo 107 citada. De ahí que la violación procesal reclamada -negativa a tener por admitida la prueba pericial en genética (ADN) ofrecida-, no trae una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, de acuerdo con la nueva fórmula legal que prevé la Ley de Amparo vigente. Asimismo, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional el criterio jurisprudencial 1a./J. 17/2003, emitido por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, de rubro y texto: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA. Cuando en un juicio ordinario civil en el que se ventilan cuestiones relacionadas con la paternidad, se dicta un auto por el que se admite y ordena el desahogo de la prueba pericial para determinar la huella genética, con el objeto de acreditar si existe o no vínculo de parentesco por consanguinidad, dicho proveído debe ser considerado como un acto de imposible reparación, que puede afectar los derechos fundamentales del individuo, por lo que debe ser sujeto a un inmediato análisis constitucional, a través del juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, por la especial naturaleza de la prueba, ya que para desahogarla es necesario la toma de muestras de tejido celular, por lo general de sangre, a partir del cual, mediante un procedimiento científico, es posible determinar la correspondencia del ADN (ácido desoxirribonucleico), es decir, la huella de identificación genética, lo cual permitirá establecer no sólo la existencia de un vínculo de parentesco, sino también otras características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese estudio, pero que nada tengan que ver con la litis que se busca dilucidar y, no obstante, puedan poner al descubierto, contra la voluntad del afectado, otro tipo de condición genética hereditaria, relacionada por ejemplo con aspectos patológicos o de conducta del individuo, que pertenezcan a la más absoluta intimidad del ser humano." Sin embargo, si bien en dicho criterio vinculante se estableció que la admisión y el desahogo de la prueba pericial en genética ofrecida por la contraparte del quejoso son actos de ejecución irreparable, ya que implican la intromisión a los derechos de la personalidad, intimidad, integridad, individualidad y privacidad de quien será objeto de ella, mediante la toma de muestras de su tejido celular, que puede tener como resultado poner en evidencia características genéticas diversas a aquellas que son objeto de la litis en el proceso natural; no obstante, es evidente que ninguna afectación directa e inmediata de derechos sustantivos resiente la parte quejosa ni el menor al que se pretende practicar la pericial en genética, pues el juez Familiar determinó negar la admisión y desahogo de dicha probanza, y por ende, es evidente que no se procederá a la extracción de tejido celular, con las consecuencias señaladas. A lo que se agrega que el acuerdo reclamado constituye únicamente una violación procesal, pues la única afectación que resiente el quejoso con el desechamiento de esa probanza es que no se acumule al acervo probatorio el resultado de ese medio de convicción, lo que únicamente afecta derechos adjetivos que pueden repararse a través de la resolución de la autoridad que sea favorable a las pretensiones del quejoso en ese procedimiento, y de no ser así, impugnarse a través del juicio de amparo en el que reclame la resolución o el acto respecto del cual sea procedente dicha vía biinstancial, en el se podrá hacer valer todas las violaciones procesales habidas durante el procedimiento de origen. Se invoca en apoyo a lo anterior, por su esencia jurídica, la tesis VI.2o.C.638 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la foja 1068, tomo XXVIII, de diciembre de dos mil ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. POR REGLA GENERAL, EL DESECHAMIENTO DE LA OFRECIDA POR EL QUEJOSO NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA.", publicada con el número 1a./J. 17/2003, en la página 88 del Tomo XVII, abril de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la admisión y el desahogo de la prueba pericial en genética ofrecida por la contraparte del quejoso son actos de ejecución irreparable, ya que implican la intromisión a los derechos de la personalidad, intimidad, integridad, individualidad y privacidad de quien será objeto de ella, mediante la toma de muestras de su tejido celular, que puede tener como resultado poner en evidencia características genéticas diversas a aquellas que son objeto de la litis en el juicio natural. Sin embargo, por regla general, esa afectación directa e inmediata de derechos sustantivos no se actualiza con el desechamiento de la ofrecida por el quejoso, pues con motivo de ello no se procederá a su desahogo ni, por ende, a la extracción de tejido celular, con las consecuencias señaladas. Por el contrario, la única afectación que resiente el quejoso con el desechamiento de esa probanza es que no se acumule al acervo probatorio el resultado de ese medio de convicción, lo que únicamente afecta derechos adjetivos que pueden repararse en caso de obtener sentencia favorable, y de no ser así, impugnarse en vía de agravios en la apelación o, de ser necesario, como violación procesal en el juicio de amparo directo que llegara a promoverse, en términos de la fracción III del artículo 159 de la ley de la materia; y aunado a ello, el referido desechamiento no constituye una violación procesal que afecte a las partes en grado predominante o superior, porque de él no depende la suerte de todo el juicio natural, pues no incide en su continuación ni conlleva el riesgo de que su tramitación resulte ociosa o innecesaria." Máxime que en el procedimiento en el que fue propuesta dicha prueba pericial en materia genética, no se dilucidan cuestiones atinentes a la filiación pues se controvierten cuestiones relacionadas con la disolución del vínculo matrimonial, tales como el régimen de convivencia, pensión alimenticia, por lo que es inconcuso que el desahogo de la citada probanza no causa una afectación al menor involucrado al privarle de la posibilidad de allegarse al conocimiento del vínculo filial a través de esa prueba. En mérito de lo antes expuesto, es claro que si como se vio, los actos que tienen una ejecución de imposible reparación, por regla general, cuando afectan de forma directa y material alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, o en los tratados internacionales; es decir, cuando afectan materialmente derechos humanos; de ahí que, se puede concluir que cuando los actos que se reclaman en un juicio de amparo no tienen una ejecución de imposible reparación, el juicio de amparo es improcedente de conformidad con la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado éste último a contrario sentido. En esa tesitura, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados por la parte promovente atribuida a la autoridad señalada como responsable en el escrito de demanda. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como su autorizada en términos amplios del numeral 12 de la invocada ley a Dianely Grissel Canché Panty y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que designa por así solicitarlo el quejoso. Por otra parte se les autoriza, para la utilización de medios tecnológicos para reproducir las constancias que obran en el presente juicio de garantías, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, estos es para que haga uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente. Finalmente, en atención a lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, se le tiene por opuesta a la publicación de sus datos personales.
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