Yusmileydis Diaz Aguilera
Expediente 652/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 652/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Yusmileydis Diaz Aguilera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
::. Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintidós en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se concedió la suspensión de plano; se determina que es susceptible su depuración dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, esto con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general y en el numeral 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto de dos mil veinte. En lo que respecta al original del incidente de suspensión, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el capítulo 7.1.1, en el numeral dos del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, es depurable una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez por una parte se negó y por la otra se concedió la suspensión definitiva. Luego, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses.
- Principal
::. En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 652/2022-V, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, actuando con Lourdes Cuevas Santiago, secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentran los informes justificados de las autoridades responsables; en consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias y la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales conducentes. Finalmente, téngase por hecha la relación secretarial para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la quejosa y la autoridad responsable 3] Encargada del Despacho de la Estación Provisional en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, por sí y en representación de los 4] Agentes adscritos a dicho instituto, ofrecieron pruebas documentales, sin que las demás partes ofrecieran medio de convicción alguno; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción realizó manifestaciones a manera de alegatos, no así las demás partes, a lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula la fiscal de la adscripción, por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. Visto para resolver el juicio de amparo 652/2022-V, promovido por Yusmileydis Diaz Aguilera, contra actos del Encargada de Despacho de la Estación Provisional en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil veintidós, ante el Secretario de Guardia adscrito a este órgano jurisdiccional, Brandon Germain Tuz Canche en favor de Yusmileydis Diaz Aguilera, solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos de las siguientes autoridades responsables: Autoridad responsable 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo (denominación correcta) 2. Subdirector de Control y Verificación Migratoria de la Oficina de Representación del del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo 3. Encargado de Despacho de la Estación Migratoria Cancún, Quintana Roo (denominación correcta) 4.Agentes adscritos a la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo Cancún, Quintana Roo Ello, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 11, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; actos que hace consistir en: IV.- Actos reclamados: - - - De las autoridades señaladas en el apartado anterior reclamo los siguientes: - - - a) La detención de la parte quejosa fuera de procedimiento. - - - b) La detención o retención de la parte quejosa en la Estación Migratoria de Cancún, del Instituto Nacional de Migración, dentro de algún procedimiento que se sigue en su contra. - - - c) La incomunicación - - - - d) Tortura física y psicológica. - - - e) La orden de deportación emitida en contra de la parte quejosa. SEGUNDO. Radicación, concesión de suspensión de plano y ratificación de demanda de amparo. Recibida la demanda de amparo el veintiséis de junio de dos mil veintidós, ante este órgano jurisdiccional, en auto de la misma fecha, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 652/2022-V; se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados que ameritaban dicha medida; se solicitó a las responsables su informe respecto a dicha medida cautelar y se ordenó la ratificación de la demanda. TERCERO. Admisión de demanda. El veintiséis de junio de dos mil veintidós, ante la actuaria de la adscripción el quejoso Yusmileydis Diaz Aguilera, manifestó su voluntad de ratificar la demanda de amparo promovida en su favor; luego, en auto de esa propia data, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló el pedimento 601/2022 en sentido de sobreseer el juicio; se ordenó la apertura del incidente de suspensión, y se señaló fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y; C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos atribuidos a autoridades administrativas, con ejecución en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias se hacen consistir en: a) La orden de detención dictada en contra de la parte quejosa fuera de procedimiento. b) El acuerdo de presentación emitió el uno de junio de dos mil veintidós, en el expediente administrativo EA/1S.9/INM/ORQR/CUB235/YUSMILEYDIS DIAZ AGUILERA/CUBANA/01-06-2022, por el que determinó el alojamiento temporal de la quejosa Yusmileydis Diaz Aguilera en la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración. c) La incomunicación que dicen sufre la parte quejosa. d) La tortura física y psicológica que dice sufre la parte quejosa. e) La orden de deportación emitida en contra de la parte quejosa. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1] Titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración, por conducto de Sub Representante Federal en Cancún y 2] Encargado de Despacho de la Subdirección de Control y Verificación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de la totalidad de los actos que se les reclaman. Por su parte, las autoridades responsables 3] Encargada del Despacho de la Estación Provisional en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, por sí y en representación de los 4] Agentes adscritos a dicho instituto, al rendir su informe justificado, negaron los actos reclamados precisados en los incisos c) y e) del considerando tercero; sin embargo, no se pronunciaron respecto a la certeza o no de los diversos actos precisados en los incisos a) y d) que se le reclaman. Empero, no ha lugar a tener por ciertos dichos actos que se le atribuyen, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, pues de las constancias que obran en autos se aprecia que son inexistentes. En efecto, la inexistencia de los actos reclamados en estudio se corrobora con las constancias que aportó el 3] Encargada del Despacho de la Estación Provisional en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, consistentes en fotocopia certificada del expediente administrativo EA/1S.9/INM/ORQR/CUB235/YUSMILEYDIS DIAZ AGUILERA/CUBANA/01-06-2022; a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se aprecia que fue dicha autoridad quien el uno de junio de dos mil veintidós, emitió el acuerdo de presentación por el que determinó el alojamiento temporal de la quejosa Yusmileydis Diaz Aguilera en la estación migratoria a su cargo, y que con motivo de la suspensión provisional decretada en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio, determinó su libertad provisional el veintiséis de junio de dos mil veintidós, por lo que es evidente que se encontraba retenida en las instalaciones de dicha autoridad. Con lo anterior narrado, no se demuestra la participación de las diversas autoridades 1] Titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo y 2] Encargado de Despacho de la Subdirección de Control y Verificación Migratoria de la Oficina de Representación ambos del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, en la emisión o ejecución de los actos reclamados. De igual forma, las constancias tampoco demuestran que las autoridades responsables citadas en el presente considerando hayan emitido orden de deportación alguna en su contra de la quejosa. Asimismo, de dichas constancias no se aprecia que la amparista hubiera sido objeto de incomunicación o realizado actos de tortura física o psicológica, máxime que mediante diligencia actuarial de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, manifestó ante la presencia de la actuaria judicial adscrita lo siguiente: .que no ha sido víctima de ningún tipo de tortura física ni psicológica, ni cuenta con ninguna lesión y que se encuentra bien" Sin que pase inadvertida la documental aportada por la parte quejosa, consistente en Impresión sin certificar del pasaporte número J338655, expedido por la República de Cuba, en favor de Yusmileydis Diaz Aguilera. Documental que únicamente cuenta con valor indiciario en términos del numeral 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para demostrar que posiblemente sea una reproducción de su original; sin embargo, no acredita la existencia de los actos reclamados precisados en los incisos a), c), d) y e), del considerando tercero de este fallo, o bien, la participación de las referidas autoridades en la emisión de dichos actos. De igual forma sin que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa consistentes en la instrumental de actuaciones, a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, aporte dato alguno que demuestre la existencia de los actos reclamados, ni tampoco, en términos de los numerales 190 y 218 del código civil federal adjetivo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, opera alguna presunción legal o humana en su favor. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado tal extremo. En ese orden, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de la totalidad de los actos reclamados al 1] Titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo y 2] Encargado de Despacho de la Subdirección de Control y Verificación Migratoria de la Oficina de Representación ambos del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, así como de los señalados en los incisos a), c), d) y e), del considerando tercero de esta sentencia, atribuidos a la 3] Encargada del Despacho de la Estación Provisional en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, y los 4] Agentes adscritos a dicho instituto, por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Por otra parte, las autoridades responsables 3] Encargada del Despacho de la Estación Provisional en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, por sí y en representación de los 4] Agentes adscritos a dicho instituto, al rendir su informe justificado, convinieron en la existencia del acto que se le reclama precisado en el inciso b); lo que se acredita con sus propias manifestaciones y de las constancias remitidas. Lo anterior, dado que con las constancias remitidas por la citada autoridad relativas al expediente administrativo EA/1S.8.2/INM/ORQR/YUSMILEYDIS DIAZ AGUILERA/CUBANA/01-06-2022 de su consecutivo, que fue valorada previamente, se desprende que al momento de la presentación de la demanda de amparo, la quejosa Yusmileydis Diaz Aguilera se encontraba privada de su libertad a disposición de la Encargada de Despacho de la Estación Provisional en Cancún, Quintana Roo, por virtud de un procedimiento administrativo de naturaleza migratoria. Por tanto, es cierto el acto reclamado precisado en el inciso b), del considerando tercero, que se reclama de la 3] Encargada del Despacho de la Estación Provisional en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo, y de los 4] Agentes adscritos a dicho instituto SEXTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que provee: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: Época: Octava Época Registro: 1002334 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 268 Página: 288 IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento. Ahora, respecto al acto reclamado precisado en el considerando tercero, inciso b), de este fallo, se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." [.] Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que en este caso es de quince días, porque se cuestiona el acuerdo de presentación emitió el uno de junio de dos mil veintidós, en el expediente administrativo EA/1S.9/INM/ORQR/CUB235/YUSMILEYDIS DIAZ AGUILERA/CUBANA/01-06-2022, por el que determinó el alojamiento temporal de la quejosa Yusmileydis Diaz Aguilera en la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración. En ese orden de ideas, se precisa que la ley de la materia prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que el término para la promoción del juicio de amparo debe computarse, a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Es importante destacar, que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, debe acreditarse por cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley y no inferirse con base en indicios. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Ahora, de las constancias que integran el expediente administrativo EA/1S.9/INM/ORQR/CUB235/YUSMILEYDIS DIAZ AGUILERA/CUBANA/01-06-2022, mismas que fueron valoradas anteriormente, se advierte que el acto reclamado precisado en el inciso b) consistente en el acuerdo de presentación emitió el uno de junio de dos mil veintidós, en el expediente administrativo EA/1S.9/INM/ORQR/CUB235/YUSMILEYDIS DIAZ AGUILERA/CUBANA/01-06-2022, por el que determinó el alojamiento temporal de la quejosa Yusmileydis Diaz Aguilera en la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración, se advierte que le fue notificado a la quejosa en la misma fecha de su emisión esto es el uno de junio de dos mil veintidós, como se desprende de dicha documental, en virtud de que obra al calce la firma de la parte quejosa en dicho acuerdo que constituye el acto reclamado, por lo que se tiene por hecha y surte sus efectos el mismo día al tratarse de una notificación personal en materia administrativa de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En ese orden de ideas, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, toda vez que los actos reclamados no fueron combatidos dentro del término de quince días que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo resultando extemporánea, pues respecto del acto reclamado precisado en el inciso b), el plazo para presentar la demanda corrió del dos al veintidós de junio de dos mil veintidós, en atención a que dicho acto le fue notificado a la parte quejosa el uno de junio de dos mil veintidós, surtiendo sus efectos el mismo día, excluyendo de ese cómputo el cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de junio de dos mil veintidós, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda la presentó el veintiséis de junio de dos mil veintidós, ante el secretario de guardia de este juzgado de Distrito, indudablemente se hizo de forma extemporánea, por lo que se determina que el acto que aquí se reclama se considera como consentido para efectos del amparo, lo cual torna improcedente el presente juicio de derechos fundamentales. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado precisado en el considerando tercero, inciso b) de este fallo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Yusmileydis Diaz Aguilera, contra los actos de las autoridades responsables, precisados en el considerando tercero por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Lourdes Cuevas Santiago, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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::. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, a través de la cual la autoridad responsable Encargada de Despacho de la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo, del Instituto Nacional de Migración, en cumplimiento al requerimiento que le fue realizado mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil veintidós, remite fotocopia certificada de las constancias que integran el expediente administrativo EA/1S.9/INM/ORQR/CUB235/YUSMILEYDIS DIAZ AGUILERA/CUBANA/01-06-2022 de su consecutivo; en consecuencia, téngase por cumplido el referido requerimiento, déjese sin efectos el apercibimiento ahí decretado y con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de la partes. En ese sentido, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental exhibida por la citada autoridad, y efectúese la relación correspondiente al celebrarse la audiencia constitucional.
- Principal
::. I. Pedimento. Agréguese a los autos la promoción con número de registro 12814, remitida por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado Federal y visto su contenido, téngase por hechas sus manifestaciones ahí vertidas y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo al momento de desahogar la audiencia constitucional. Luego, en cuanto a la solicitud de expedir copias certificadas de la resolución que se pronuncie en este juicio, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que sea dictada la resolución respectiva, se le expedirán copias certificadas de la misma. II. Informe justificado. Por otra parte, glósese a los autos para que obre como corresponda la promoción con número de registro 12805, remitida por la autoridad responsable Agentes adscritos a la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración, por conducto de la Encargada de Despacho de la Estación Provisional en Cancún, Quintana Roo, a través de la cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes, para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. III. Se requieren constancias. Por otra parte, vista el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que por auto de quince de julio de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable Encargada de Despacho de la Estancia Provisional en Cancún, Quintana Roo, del Instituto Nacional de Migración, rindiendo su informe justificado, al cual adjuntó fotocopia certificada de las constancias que integran el expediente administrativo EA/1S.9/INM/ORQR/CUB235/YUSMILEYDIS DIAZ AGUILERA/CUBANA/01-06-2022, de su consecutivo. Asimismo, del oficio de cuenta remitido por la diversa autoridad responsable Agentes adscritos a la Estación Migratoria en Cancún, Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración, por conducto de la Encargada de Despacho de la Estación Provisional en Cancún, Quintana Roo, se advierte que de igual forma remitió fotocopia certificada de dichas constancias. Empero, de una revisión minuciosa de las multicitadas constancias, se advierte que diversas páginas se encuentran incompletas en su parte final. Por lo anterior, y dado que es necesario contar con fotocopia certificada de todas las constancias que integran el expediente administrativo y de forma completa; por tanto, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, 237, fracción I, 259 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la Encargada de Despacho de la Estancia Provisional en Cancún, Quintana Roo, del Instituto Nacional de Migración, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita fotocopia certificada completas (debidamente foliada, rubricada, entresellada y signada por el funcionario público facultado para dicho cotejo), de la totalidad de las constancias que integran el expediente administrativo EA/1S.9/INM/ORQR/CUB235/YUSMILEYDIS DIAZ AGUILERA/CUBANA/01-06-2022, de su consecutivo. Con el apercibimiento que de no cumplir dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. IV Diferimiento de audiencia constitucional Finalmente, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós.
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