Yusmila Zamora Alemán

Expediente 1059/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1059/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • LIANNA DE LA CARIDAD DOMÍNGUEZ PARDO y Otros.
  • Yusmila Zamora Alemán
  • Lianna de la Caridad Domínguez Pardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Consecuentemente, toda vez que se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir de esta fecha, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 18 del Acuerdo en cita, toda vez que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original es susceptible de depuración. Por tanto, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, transcurrido el cual, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Asimismo, se precisa que en el citado expediente original, no obra algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Glósese copia autorizada del presente proveído, en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado remitido vía electrónica por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado; y en atención a su contenido, se provee: Visto el anexo de cuenta, en concepto del suscrito, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues está demostrado que en la especie ocurrió un cambio de situación jurídica. El precepto citado establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto por cambio de situación jurídica y para su actualización deben cumplirse los siguientes requisitos. a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo, la tesis 2ª.CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, del tomo IV, diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 199808 que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. (...) En el caso, tales presupuestos se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: a) Los actos reclamados de que se trata derivan de un procedimiento administrativo migratorio instaurado a las aquí quejosas. b) Con motivo de la suspensión de plano concedida por este órgano tutelar de derechos fundamentales, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, acompañó a su oficio de cuenta, copia certificada de las determinaciones de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, de las que se observa que ordenó la salida de la estación migratoria, de las aquí quejosas, a efecto de que abandonen el territorio nacional por sus propios medios. c) Derivado de lo anterior, deviene innegable que este órgano no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la determinación de orden de salida de la estación migratoria, que es la que actualmente rige el estadio procesal; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. d) El auto de salida no guarda vinculación directa con el presente juicio de amparo. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata quedaron afectados por la determinación de salida de la estación migratoria; de ahí que en su caso, las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Robustece lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y seis, del texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. (...) Por analogía, se cita la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 1688, Libro 41, abril de 2017, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SI SE RECLAMÓ LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y, PREVIO A LA EMISIÓN DE ESA CONTESTACIÓN, CULMINÓ ÉSTE CON EL DICTADO DEL FALLO DEFINITIVO, SE ACTUALIZA ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. (...) En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1059/2022-VI, promovido por Lianna de la Caridad Domínguez Pardo y SECCIÓN DE AMPARO Yusmila Zamora Alemán, contra actos del SUBDIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN SAN LUIS POTOSÍ. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. La parte quejosa reclama de SUBDIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN SAN LUIS POTOSÍ, como autoridad responsable, en lo que interesa al presente incidente, los actos que a continuación se precisan: La negativa de recibir y tramitar la solicitud realizada con apego al artículo 102 de la Ley de Migración. SEGUNDO. El Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado, negó la existencia de los actos que en el presente incidente interesan, sin que esa negativa se encuentre desvirtuada en autos con prueba alguna en contrario. En consecuencia, lo procedente es negar la suspensión definitiva que se solicita. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo en los artículos 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Lianna de la Caridad Domínguez Pardo y Yusmila Zamora Alemán, respecto de los actos reclamados de la autoridad precisada en el considerando primero de la presente resolución, por los motivos expuestos en el diverso segundo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe relativo a la suspensión de plano rendido por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado de San Luis Potosí, de conformidad con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Como lo solicita, se autoriza la consulta del presente asunto en la vía solicitada, con fundamento en el artículo 8° Constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, con el usuario "jsflorest". Ahora bien, glósense al sumario, las razones actuariales de cuenta, de las que se advierte que el Actuario Judicial adscrito, el doce de agosto del presente año, se constituyó en las Oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, para notificar a Liliana de la Caridad Domínguez Pardo y Yusmila Zamora Alemán, el proveído de esa data, observándose que las citadas impetrantes ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor por Arnaldo Rodríguez; en consecuencia, se tiene a las directamente agraviadas por ratificando la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV de la Constitución Federal; 1°, 15, 108, 109, 115, 116, 117, 125, 126, 140 148, y relativos de la ley la materia, se admite la demanda en sus términos. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión que se solicita respecto de la negativa de recibir y tramitar la solicitud del procedimiento administrativo respectivo, a fin de regularizar y obtener su legal estancia en México, dado que en lo atinente a los diversos actos ya se emitió la suspensión de plano. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita. Requiérase a la responsable para que en caso de que sea cierto el acto que se le atribuye, al rendir el respectivo informe justificado, se remitan las constancias a que alude el artículo 117, párrafo cuarto, de la ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva del expediente de que se trate, a fin de analizar su constitucionalidad; con el apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley en consulta. Indíquese a la autoridad responsable que preferentemente deberá remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba. Como lo solicita, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se señalan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. En la inteligencia de que, tomando en consideración la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 y el esquema de trabajo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, las partes únicamente podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, previo a la celebración de la aludida audiencia, así lo deberán informar por escrito a fin de que este juzgado se encuentre en aptitud de acordar lo respectivo para que aquélla se suscite mediante videoconferencia en términos del numeral 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64, de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. También hágaseles saber que este juzgado podrá brindar atención e información a los justiciables a través del correo institucional que quedó precisado en párrafos anteriores o en el teléfono 4448389300 (extensión 1614) o en el celular 4442380496. Asimismo, se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1253 del libro XVI, enero de 2013, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Y con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que deriven del presente asunto. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, lo que incluye a la autoridad responsable, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); asimismo, se les hace saber que no se recibirán promociones, informes o escritos por correo electrónico, toda vez que la Ley de Amparo no reglamenta este medio como correspondencia legal entre las partes y el juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese

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