Yusi Quispe Castro

Expediente 878/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
878/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Yusi Quispe Castro
  • Yusi Quispe Castro y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido el sobreseimiento fuera de audiencia de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho sobreseimiento en esta instancia, ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental, al no ubicarse en las hipótesis previstas por el artículo 15, esto es, que no se distingue que guarde relación con delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia; contra el ambiente y la gestión ambiental; no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; no versó sobre materia agraria, aunado a que al prudente arbitrio de quien califica, el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Por lo tanto, se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó, en virtud de los razonamientos expresados en las líneas que preceden. En consecuencia, una vez cumplido el plazo de tres años indicado en artículo 21 invocado, dentro de los treinta días posteriores, deberá ser destruido el presente sumario constitucional y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto a la Dirección General de Archivo y Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. JOSE EDUARDO RODRIGUEZ CASTILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.24.37 20/04/23 13:26:25 Se instruye al Secretario encargado del asunto, que previo a la destrucción física del expediente al archivo de este órgano jurisdiccional certifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa; a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25, del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido la determinación de treinta y uno de mayo del año en curso, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en esta instancia, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE. ... Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio que remite el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación a lo acordado en proveído de dieciocho de junio del año en curso, sin que resulte necesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de lo asentado en razón actuarial de la misma data, en la que se hizo constar que se logró la comunicación entre el asesor jurídico y los quejosos; lo anterior, se hace constar para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón de cuenta de la cual se advierte la imposibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado en auto de diecisiete del año en curso, ya que el personal de la estación migratoria en esta ciudad le negó el ingreso a las instalaciones, a efecto de que el promovente del amparo tuviera comunicación con las quejosas, por los motivos expuestos en la razón cuenta. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, para que de inmediato acate la suspensión de plano decretada en auto de quince de junio del año en curso; esto es, cese la incomunicación de las quejosas y les permita comunicarse con sus asesores jurídicos; o bien, informe el impedimento legal para ello, debiendo allegar las documentales en copia certificada que así lo acrediten de manera fehaciente. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, que faculta al órgano jurisdiccional para tomar las medidas a efecto de lograr el cumplimiento de la suspensión, se comisiona de nueva cuenta al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a fin de que, previa comunicación al número telefónico proporcionado en el escrito presentado el diecisiete de junio del año en curso, en compañía del ocursante o cualquiera de sus autorizados, se constituya en las instalaciones de la estación migratoria de esta ciudad, a efecto de que haga constar si las responsables antes mencionadas permiten la comunicación de las quejosas con sus asesores. En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables, a efecto de que dentro del plazo de DOCE HORAS contadas de momento a momento, informen el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en el presente juicio en favor de las quejosas, remitiendo copia certificada de las constancias que lo acrediten, o bien, manifiesten el impedimento legal que tenga para no hacerlo. Apercibidas las autoridades migratorias que, de conformidad con los artículos 147, 158, 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se les podrá imponer una multa por un monto equivalente a cincuenta veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente, la cual deberán cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia que representa; en el entendido, que se encuentran debidamente notificadas de la suspensión de plano decretada en auto de quince de junio de dos mil veintidós, por lo que en caso de incumplimiento se dará vista a las autoridades competentes para que investiguen la comisión del delito que prevé el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, y por ende, les podrá ser impuesta una pena de tres a nueve años de prisión, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, con independencia de los demás delitos en que pudieran incurrir. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Laura Isabel Guerrero Vara, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, asistida de la Secretaria, Celia Eulalia Guillén Guerrero, quien autoriza y da fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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