Yuritzi Ruíz López

Expediente 1320/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1320/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Yuritzi Ruíz López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ....., autorizado de la parte quejosa, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, proporciona nuevo domicilio de la tercera interesada; en consecuencia, se comisiona de nueva cuenta al Actuario de esta adscripción, para que la emplace a juicio a la persona moral ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA MICHOACÁN S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada, en el domicilio ubicado en ......, de esta ciudad. En el entendido de que deberá informarle que dentro del presente sumario constitucional se señalaron las once horas con cincuenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia constitucional, y correrle traslado con la copia autorizada de la demanda de amparo, auto admisorio y del presente proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la constancia practicada el dieciséis de noviembre del año en curso, por la Actuaria adscrita a este Juzgado Federal, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para emplazar a juicio a la tercera interesada "ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA MICHOACÁN S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no regulada", por los motivos que en la misma se exponen; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, proporcione el domicilio correcto y actual de la citada persona moral, a fin de estar en posibilidad de llamarlo a juicio a deducir sus derechos constitucionales; Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por la naturaleza del acto que por esta vía se reclama, les reviste el carácter de tercero interesado a la persona moral ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA MICHOACÁN S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad no regulada; en consecuencia, de conformidad con los artículos 5°, fracción III inciso b), y 26 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercera interesada, y se comisiona al Actuario de esta adscripción, para que la emplace a juicio en el domicilio ubicado en ************** de esta ciudad. En el entendido de que deberá correrles traslado con la copia autorizada de la demanda de amparo, auto admisorio y del presente proveído. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere, señalándose como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese, y emplácese a la tercera interesada.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia de la demanda de amparo y anexos, con fundamento en los artículos 125, 128 y 138 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós; fórmese y tramítese, en un solo tanto, el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número ***********, promovido por ************, a través de apoderado ************, contra actos de la Presidenta e Integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades, consistentes en: "IV. ACTOS RECLAMADOS De las autoridades señaladas como responsables del inciso a) al c), se reclama: La Iniciativa con carácter de Dictamen que contiene el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de data treinta de mayo de dos mil veintitrés, publicado en la Gaceta Parlamentaria el primero de junio de dos mil veintitrés; turnado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación, y de Seguridad Pública y Protección Civil, para su análisis, discusión y aprobación. De las autoridades señaladas como responsables del inciso d) al i), se reclama: La discusión, votación y aprobación del decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo el Estado, por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, en data primero de junio de dos mil veintitrés. Del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, se reclama: La expedición y promulgación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, el primero de junio de dos mil veintitrés, derivada del precitado decreto número cuatrocientos cinco; y, publicada el dos de junio de dos mil veintitrés, el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo" Escrito aclaratorio "2. Los actos que se consideran lesivos de los derechos de la parte quejosa, son la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, contendida en el Decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo del Estado, en data primero de junio de dos mil veintitrés, como resultado del inconstitucional, inconvencional e ilegal proceso legislativo del que fue materia, esto es, su discusión, votación y aprobación, que concluyó con su publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio de dos mil veintitrés. Así como, los artículos 20, fracción XV y XVI, 206, 223, fracción IV, 224, 228, 229, 234, 252, 254, 256, 258, 259, fracción II y último párrafo, 261, 297 y 298 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, por infringir derechos fundamentales y disposiciones constitucionales, en perjuicio de la quejosa." Ahora bien, además de los efectos y consecuencias de las normas reclamadas, se provee sobre la suspensión provisional en relación con las normas en sí mismas. Por tanto, si bien la legislación procesal constitucional no contempla que proceda la suspensión contra la norma en sí misma considerada, sino únicamente en contra de los efectos que ésta puede producir en el aspecto jurídico o fáctico, lo cierto es que el quejoso se duele en esta instancia constitucional de la creación de la norma reclamada, por lo que en el caso sigue cobrando vigencia lo que el derecho jurisprudencial interno ha sostenido desde la Quinta Época. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE LA NORMA RECLAMADA, EN SÍ MISMA. Atento a lo anterior, SE NIEGA a ********************, la suspensión provisional respecto de los actos que hacen consistir en la iniciativa y discusión del proyecto de Decreto, así como la aprobación, expedición y promulgación del decreto que contiene la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de dos de junio de dos mil veintitrés; lo anterior por agotarse en el momento mismo en que se discutió, aprobó, expidió, promulgó y publicó dicha norma general, siendo improcedente contra los mismos, la medida cautelar solicitada, pues de considerar lo contrario sería darle efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo a que este incidente corresponde, conforme a la Jurisprudencia número 64, aplicada por identidad de razón, visible en la página 109 Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 del rubro: "ACTOS CONSUMADOS.- Es improcedente conceder la suspensión pues equivaldría darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.". Asimismo, tiene aplicación al presente caso, la tesis de jurisprudencia aplicada por identidad de razón, número 1103, visible en la página 1775, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988 cuyo rubro es: "LEYES SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de leyes, si aquellas ya se llevaron a cabo.". SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, RESPECTO DE LOS EFECTOS DE LA NORMA GENERAL RECLAMADA. Por otra parte, respecto de los efectos de la norma general reclamada por el quejoso, la medida cautelar de que se trata se solicita para los siguientes efectos: "se me conceda la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo, con el fin de evitar que se aplique al quejoso lo establecido en Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio de dos mil veintitrés, materia del acto reclamado. Así como, para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar lo dispuesto en los artículos transitorios del Decreto materia del acto reclamado y evitar que se expida su reglamento, la creación del Instituto del Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo, la conformación e instalación del Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, la creación del Sistema Estatal de Información Territorial y Urbanismo, el cobro de pagos de acuerdo a la Ley impugnada y los lineamientos para generar los contenidos de los exámenes de valoración integral teórico y práctico, de conocimientos y habilidades para la expedición de licencias y permisos de conducir." Por lo que se provee al respecto, con apoyo en la Jurisprudencia número P./J. 4/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 14, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". En efecto, la parte quejosa solicita la suspensión de la norma general reclamada, en relación con los efectos que ésta puede producir al aplicarse en el aspecto jurídico o fáctico, por lo que, atento a dicha petición, debe decirse que el artículo 128 de la Ley de Amparo en vigor, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del anterior texto jurídico se concluye que los requisitos de procedencia de la suspensión son los siguientes: a) Que lo solicite el agraviado. b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso concreto, el primer requisito se encuentra satisfecho, dado que la parte quejosa solicitó expresamente en su escrito de demanda, la suspensión de los actos reclamados. En relación con el segundo de dichos requisitos, también se actualiza, en razón a que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en cuyo caso la sociedad está interesada en que éstas se cumplan, igualmente le importa que previamente a cualquier acto de autoridad, al quejoso se le hayan respetado sus derechos fundamentales. Lo anterior es así, porque al delimitar los conceptos precisados en el inciso b), se deben observar las circunstancias especiales del caso concreto, para así explicar, de manera fundada y motivada, si el orden público o el interés social pueden verse afectados por la concesión de la medida cautelar. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, si bien concernía a una ley abrogada, aplica al caso por analogía con base en la regla de que donde existe la misma razón ha de aplicarse la misma disposición, puesto que el núcleo esencial de interés social o de orden público, perviven en la Ley de Amparo en vigor. La jurisprudencia en comento dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.- Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para el otorgamiento de la suspensión definitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, en tanto que la apreciación de su existencia depende del caso concreto y toda vez que los juzgadores de amparo deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio de garantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea el caso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del acto reclamado deben exponer los motivos por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público". Atento a lo anterior, debe decirse que el interés social es todo aquello que tienda a la protección del derecho subjetivo que la normatividad positiva (llámese ley constitucional o secundaria) otorga a la comunidad social como tal, siempre y cuando se contraponga con el derecho subjetivo de cada uno de los miembros en particular. No pasa desapercibido que el interés social se encuentra estrechamente vinculado al concepto de orden público, no obstante que resulte difícil su definición; así, el interés social es aquél que existe cuando, debido a la existencia y realización de algún acto, omisión u hecho, la sociedad, considerada como la comunidad de personas que integran una población determinada puede obtener un provecho o una ventaja previstos en la ley, ya sea mediante la satisfacción de una necesidad colectiva, o el rechazo de cualquier trastorno que resulte en un mal público, todo ello con el propósito de alcanzar el bienestar común. De ahí que, al valorarse cada caso en concreto, se debe ponderar en qué forma se logra el respeto al orden público y al interés social, lo que llevará a concluir si se debe o no conceder la medida cautelar, pues si bien, existen leyes que otorgan beneficios a la colectividad, de los que no debe privársele, por encima de esas leyes está la Constitución y es entonces cuando debe considerarse que el interés social y el orden público no se salvaguardan sólo con el respeto a las leyes, sino fundamentalmente, con la tutela de los derechos humanos, ya que la sociedad también se encuentra interesada en que no queden irremediablemente consumadas las violaciones a esos derechos. Por tanto, se sigue perjuicio al interés social cuando de concederse la suspensión se causen daños y perjuicios a la sociedad, se le prive un provecho concreto y generalizado con la ejecución del acto reclamado, o se obstaculice directamente la satisfacción de una necesidad pública. Por otra parte, se contravienen disposiciones de orden público al conceder la suspensión cuando dichas disposiciones tutelen auténticamente los derechos de la colectividad, tiendan a evitar un mal público o busquen satisfacer una necesidad pública, siempre que la suspensión afecte a ese orden público y, en su caso, se deben examinar los diversos grados de afectación que se causen al interés social y al orden público, así como los daños y perjuicios que pude sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis consultable en la página 185, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, volumen 72, Sexta Parte, de título: "SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO. SU DEMOSTRACIÓN." Así como la tesis consultable en la página 187 del Semanario Judicial del Federación, Séptima Época, volumen 72, Sexta Parte, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN. PRUEBA DEL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL." Establecido lo anterior, al encontrarse reunidos los requisitos previstos por los artículos 125, 128, 129, y 131, de la Ley de Amparo, y dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa, para decidir sobre la suspensión provisional de la norma general reclamada, con relación a sus consecuencias jurídicas en torno a que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran a fin de evitar que se aplique la misma, esto es, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, así como que no se ejecute lo dispuesto en los artículos transitorios del Decreto materia del acto reclamado, procede realizar el siguiente análisis: Con relación a la ponderación entre el interés social de la norma y la contravención de disposiciones de orden público, se considera que en el caso, la concesión de la medida cautelar no ocasiona perjuicio al interés social dado que con su otorgamiento no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 129 de la Ley de Amparo, tampoco se evidencia una afectación al interés social, ya que los actos reclamados únicamente se relacionan con que no se aplique al quejoso la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, así como artículos transitorios del Decreto materia del acto reclamado, sin que hasta este momento se aprecie, al menos de forma indiciaria, un posible perjuicio a la sociedad. Por tanto, sin prejuzgar respecto de la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados y dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa, con fundamento en los artículos 130, 136, 138, 148 y 150 de la Ley de Amparo en vigor, a fin de impedir los efectos y consecuencias de la norma tildada de inconstitucional en la esfera jurídica de la quejosa, se CONCEDE la suspensión provisional a ********************, en relación con sus consecuencias jurídicas, esto es para el efecto de que, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, que no se aplique a dicho solicitante del amparo la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, así como que no se ejecute lo dispuesto en los artículos transitorios del Decreto materia del acto reclamado; lo anterior hasta en tanto las responsables reciban comunicación sobre la suspensión definitiva, ello, porque en la especie la norma reclamada se impugna en su carácter de autoaplicativa, es decir, sin que exista un acto concreto de aplicación, por lo que, en términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 148 de la Ley de Amparo, dicha suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior es así, porque la parte quejosa acredita su interés suspensional con el título de concesión de transporte público ************, mismo que adjuntó a su demanda de amparo, documental que, como se ordenó en el juicio principal al que pertenece este incidente, obra en este último, y que de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ello al momento de la celebración de la audiencia incidental. Tiene aplicación a lo anterior la tesis Jurisprudencial 71/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver." Dicha medida suspensiva se otorga, sin necesidad de solicitar a la parte quejosa exhiba garantía alguna, a fin de que la misma surta sus efectos, en razón a que no existe tercero interesado a quien se pudieran ocasionar daños y perjuicios con la concesión de la misma. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas a que se refiere en su ocurso de cuenta, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos. Mediante oficio correspondiente, al que deberá agregarse copia de la demanda de garantías, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el cual se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuye, asimismo, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al suscrito juzgador establecer el monto de las garantías correspondientes, conforme lo establece el artículo 140 de la nueva Ley de Amparo; apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso concedido, con fundamento en el artículo 142, se presumirá cierto el acto reclamado y además, en su caso, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos del numeral 260 fracción I, de la citada ley. Se señalan DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo aquéllos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que haya servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia incidental. Dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe previo vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.

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