Yuritzi de Jesús Guzmán Mora
Expediente 241/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/09/2021
Partes del expediente
- Yuritzi de Jesús Guzmán Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad de México, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno Vista la certificación y cuenta que anteceden, de la que se aprecia que ha transcurrido con exceso el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra del proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. Hágase la anotación respectiva en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; transfiérase el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales en el mismo. Por otra parte, toda vez que consta en autos un disco versátil en formato digital, que remitió en su momento la autoridad responsable; al ser innecesaria su conservación, devuélvanse a su lugar de origen. En el entendido de que, la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de la autoridad responsable, de que recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo. Notifíquese.
- Incidental
Ciudad de México, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal por resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, respecto del duplicado del incidente de suspensión con fundamento en el artículo vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, procédase a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los informes justificados de cuenta. Y anexos que acompañan Acto reclamado. Visto el estado de autos, se colige que ***************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la orden de aprehensión, dictada en su contra dentro de la carpeta judicial *************. Improcedencia Ahora, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, porque de actualizarse alguno de los supuestos del aludido precepto, deberá sobreseerse en el juicio constitucional. Así en el asunto que se estudia, este juzgador de amparo considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". Dicha causa de improcedencia, establece que se actualiza cuando en el juicio de amparo se reclama un acto de autoridad de naturaleza procesal, emitido dentro de un procedimiento judicial o uno administrativo seguido en forma de juicio, respecto del cual no es posible decidir sobre su constitucionalidad sin afectar el estado de cosas provocado por un acto nuevo y posterior, también procesal, que sustituye como rector de la situación jurídica del quejoso, al inicialmente reclamado. Así, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior revela que no se trata de cualquier cambio de situación jurídica, sino únicamente el derivado de los diferentes estadios en los que se divide el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; es decir, esta causal de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica por el dictado de un acto posterior al reclamado, que por su existencia o validez, goza de autonomía frente al anterior, de modo que puede subsistir con independencia de que el combatido en el juicio de amparo pudiera ser ilegal, de modo tal, que impide examinar las violaciones alegadas respecto al acto que se reclama, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido. En ese tenor, para que se actualice la referida causal de improcedencia, se requiere indefectiblemente que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso al momento de promover el juicio de amparo y que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado que definía su situación jurídica, sin afectar la situación jurídica que al momento de resolverse en definitiva en juicio de amparo define su estatus jurídico, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, al actualizarse una irreparabilidad jurídica. Así, un elemento medular para tener por actualizada a la referida improcedencia, es que las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo hayan quedado consumadas irreparablemente, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. La consumación irreparable de las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo se presenta cuando el acto reclamado se ejecuta en su totalidad, sin que sea posible volver las cosas a su estado original, en virtud de que no subsiste ningún efecto jurídico; por lo tanto, el cambio de situación jurídica requiere de la plena extinción de las consecuencias del acto reclamado. Es aplicable por las consideraciones que la sustentan el siguiente criterio jurídico: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional".. Lo anterior es así, toda vez que de autos se advierte que el acto reclamado no desaparece, sino que se sustituye como rector de la situación jurídica de la quejosa, al inicialmente reclamado, ya que de las constancias que se allegaron al sumario constitucional, se advierte lo siguiente: El catorce de abril de dos mil veintiuno, la parte quejosa promovió demanda de amparo, en la que señaló como acto reclamado una orden de aprehensión emitida por el Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México, con sede en el reclusorio norte. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se turnó la demanda a este juzgado de amparo y se solicitó el informe justificado de la autoridad señalada como responsable. Del contenido del informe justificado, se advierte que el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia intermedia en la carpeta judicial ************ en la que se declaró sustraída de la acción penal y se ordenó su aprehensión, a efecto de reconducir el proceso. Así, el quince de abril de dos mil veinte, se tuvo por cumplida dicha orden de captura y se llevó a cabo la reanudación del procedimiento, persistiendo las medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, quedando en libertad. De lo antes destacado, se advierte que la parte quejosa, al quedar a disposición de la Juez de Control con motivo de la orden de reaprehensión que se emitió en su contra y al obtener su libertad personal con motivo de las medidas cautelares impuestas, es inconcuso que su situación jurídica cambió. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, pues continuar con el procedimiento hasta la celebración de la audiencia constitucional a efecto de dictar una resolución en el mismo sentido, resultaría en demérito del principio de impartición de justicia pronta y expedita, ya que de cualquier manera, habrían cesado los efectos del acto aquí reclamado. Efectos de la Audiencia Constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con tres minutos del nueve de junio de dos mil veintiuno. Sise. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad de México, a veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que para esta fecha está señalada para su verificativo la audiencia constitucional en el presente expediente; sin embargo, no obra en autos el informe justificado ni la constancia de notificación de la tramitación de este asunto a la autoridad responsable; por tanto, para dar margen a su emplazamiento y, así, esté en posibilidad de rendir su comunicado de ley, se difiere la aludida audiencia y, para su verificativo, se fijan las doce horas con tres minutos del nueve de junio de dos mil veintiuno. Ahora bien, de una interpretación sistemática de los artículos 26, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual hace referencia a las notificaciones vía oficio, así como los diversos 28, 29 y 30, del mismo ordenamiento, que prevén las notificaciones para acuerdos de trámite de menor trascendencia, se procede a notificar por lista a las autoridades responsables a efecto de que queden enteradas del contenido del presente auto. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Notifíquese.
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