Yuriria Macías de la Sancha
Expediente 339/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 02/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Yuriria Macías de la Sancha
- Agente del Ministerio Público Adscrito Al Juzgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de septiembre de dos mil quince. Visto el oficio de cuenta que suscribe el PRESIDENTE EJECUTOR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, por medio del cual en atención al oficio 64368/2015 acusa recibo de las copias certificadas del juicio 01/343/13 en dos anexos; el que se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y advirtiéndose que por oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, diecinueve de agosto de dos mil quince. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 339/2015-II-B, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el treinta y uno de julio de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Por otra parte, toda vez que el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado remitió copia certificada de las actuaciones que emanan del juicio obrero 01/343/2013 en dos anexos; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando de la manera más atenta se sirva acusar de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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Se tiene a la vista para resolver el juicio de amparo 339/2015-II, promovido por Yuriria Macías de la Sancha por conducto de su apoderada legal Reyna Alicia Gómez Vargas y; RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el diecisiete del mismo mes y año a este Juzgado en razón del turno, compareció Yuriria Macias de la Sancha, por conducto de su apoderada legal Reyna Alicia Gómez Vargas a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, que hicieron consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- A).- DEL PRESIDENTEEJECUTORDEL H. TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, la denegación de justicia, toda vez que se niega a dictar en contra del demandado H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC,MORELOS, en el expediente número 01/343/13, el contenido del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como a tomar todas aquellas medidas necesarias para que se ejecute el laudo, negativas plasmadas en los autos de fechas 5 de febrero del 2015, 12 de enero del 2015, 25 de Noviembre del 2014, 20 de octubre del 2014, 13 de Agosto del 2014. B).- H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS, la negativa de cumplir el laudo de fecha 6 de Marzo del 2014, es decir, se niega a reinstalar al quejoso y a pagar las prestaciones a que fue condenado." SEGUNDO. La demanda se registró bajo el expediente 339/2015-II, el dieciocho de febrero de dos mil quince, por una parte se desechó únicamente por cuanto a los actos que reclamó al Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y, por la otra se admitió por cuanto al Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por lo que se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se emplazó a la parte tercero interesado. TERCERO. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito cuyos Magistrados Integrantes en sesión de veintinueve de mayo de dos mil quince determinaron declarar infundado el recurso de queja de la quejosa. CUARTO. Por acuerdo de ocho de junio de dos mil quince, se tuvo por recibida la ejecutoria pronunciada por el Tribunal de Alzada y, se ordenó continuar con el procedimiento, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que se inició en términos del acta que antecede y; CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se verificó el acto de aplicación de las leyes que se reclaman. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, en criterio jurisprudencial, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda integralmente, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar el alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que al enunciarla se haga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable al caso la jurisprudencia P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, del tomo XIX correspondiente a abril de dos mil cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y cuyo texto son del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías es necesario fijar adecuadamente los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra del escrito de demanda de garantías, atendiendo a los aspectos explicados en líneas precedentes, se precisa que el acto que se reclama en esta instancia es: La omisión genérica que reclama, esto es, tomar las medidas necesarias para ejecutar el laudo, dentro del expediente laboral 01/343/13. Los autos de trece de agosto, veinte de octubre, veinticinco de noviembre, estos de dos mil catorce y doce de enero de dos mil quince, por medio del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado no apercibió al Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos con una multa de hasta por quince salarios mínimos vigentes en el Estado conforme la fracción I del artículo 124 de la Ley de Servicio Civil en el Estado de Morelos. El auto de cinco de febrero de dos mil quince, por medio del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado apercibió al Tesorero del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y no al Presidente y Síndico del Ayuntamiento de dicho municipio con una multa de hasta por quince salarios mínimos vigentes en el Estado conforme la fracción I del artículo 124 de la Ley de Servicio Civil en el Estado de Morelos. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Con relación al acto reclamado consistente en la omisión genérica que reclama, esto es, tomar las medidas necesarias para ejecutar el laudo, dentro del expediente laboral 01/343/13, no es cierto dicho acto, ya que en la fase de ejecución del laudo corresponde a las partes realizar los actos necesarios para dar impulso al procedimiento de ejecución, pues en dicha etapa procesal depende de la previa petición de la parte titular del derecho y dicha solicitud debe hacerse cada vez que sea necesario, hasta lograr el pago de las cantidades a las que fue condenada la parte demandada. Además, que la ejecución de laudo en forma genérica que reclama la quejosa, son actos futuros e inciertos, ya que depende de la actividad previa de la quejosa y que además dependen que la autoridad responsable provea o no respecto a la ejecución del mismo, lo que se concluye que al reclamarse la omisión de la responsable de manera genérica, y ordenar proveer de manera oficiosa lo conducente para continuar con la ejecución del laudo, el juicio de amparo sería improcedente. Se afirma lo anterior ya que no puede abarcar actos futuros que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución del laudo, ya que, al requerir del impulso e intervención del ejecutante, en el que se lograra o no su materialización. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 2771, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, diciembre de dos mil once, Tomo 4, correspondiente a la Décima Época, de cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.". Así como en la diversa jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2772 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, diciembre de dos mil once, Tomo 4, correspondiente a la Décima Época, que se trascribe a continuación: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo.". Tiene apoyo a la presente determinación, los criterios jurisprudenciales citados, porque nuestro más alto tribunal al emitirlos, trataron de la carga procesal que tiene el ejecutante para la prosecución del laudo y, determinó que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la ejecución de un laudo, sería improcedente, porque se estaría ante un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías; ya que dicha ejecución, depende de la previa petición del ejecutante. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO Por otro lado, respecto de los actos reclamados consistentes en los autos de trece de agosto, veinte de octubre, veinticinco de noviembre, estos de dos mil catorce y doce de enero de dos mil quince, por medio del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado no apercibió al Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y el diverso de cinco de febrero de dos mil quince, por medio del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado apercibió al Tesorero del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y no al Presidente y Síndico del Ayuntamiento de dicho municipio con una multa de hasta por quince salarios mínimos vigentes en el Estado conforme la fracción I del artículo 124 de la Ley de Servicio Civil en el Estado de Morelos. Son ciertos dichos actos reclamados al Presidente del Tribunal Estatal de conciliación y Arbitraje del Estado, puesto que está probado que emitió los siguientes autos: En audiencia de trece de agosto de dos mil catorce, el Tribunal obrero dictó la resolución incidental de cuantificación de laudo, cuantificó las prestaciones económicas a la que fue condenada el Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y le concedió el término de quince días para que diera cumplimiento voluntario. Asimismo, en auto de veinte de octubre de dos mil catorce, el Presidente responsable decretó el auto de requerimiento de pago y/o embargo, comisionó al Actuario de su adscripción a efecto de que asociación de la parte actora, llevara a cabo dicha diligencia. De igual forma, en auto de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el Tribunal obrero dio trámite al incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte demanda, señaló fecha para que tuviera verificativo y comisionó al Actuario adscrito para que notificara a las partes. Mientras que, en auto de doce de enero de dos mil quince, el Tribunal obrero admitió a trámite el incidente de revisión de actos de ejecución cometidos por el Presidente responsable y Actuario adscrito, señaló fecha y ordenó llevar a cabo la diligencia de reinstalación de la parte actora. Sin embargo, de dichos autos no se advierte que se haya hecho apercibimiento al Ayuntamiento demandado con aplicar una multa de hasta por quince salarios mínimos vigentes en el Estado conforme la fracción I del artículo 124 de la Ley de Servicio Civil en el Estado de Morelos. Por su parte, en auto de cinco de febrero de dos mil quince, el Presidente responsable decretó el auto de requerimiento de pago y/o embargo, comisionó al Actuario de su adscripción a efecto de que asociación de la parte actora, llevara a cabo dicha diligencia; asimismo, apercibió al Tesorero del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, con la aplicación de una multa de quince días de salarios mínimos, conforme la fracción I del artículo 124 de la Ley de Servicio Civil en el Estado de Morelos. De ahí, que en dicho auto se aprecia que el apercibimiento antes mencionado fue al Tesorero y no al Presidente y Síndico del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. Dichas constancias obran agregadas en copia certificada, las cuales ameritan valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º. Con relación a lo anterior, es de observarse el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 3/94, publicada en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Además así lo aceptó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio preferente. Con relación a los actos que hicieron consistir en los autos de trece de agosto, veinte de octubre, veinticinco de noviembre, estos de dos mil catorce y doce de enero de dos mil quince, por medio del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado no apercibió al Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos con una multa de hasta por quince salarios mínimos vigentes en el Estado conforme la fracción I del artículo 124 de la Ley de Servicio Civil en el Estado de Morelos, el suscrito juzgador advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia que prevé la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." En ese orden de ideas, cabe precisar que la fracción XIV del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos que señala la propia ley. De las constancias que integran el presente sumario se desprende lo siguiente: En audiencia de trece de agosto de dos mil catorce, el Tribunal obrero dictó la resolución incidental de cuantificación de laudo, cuantificó las prestaciones económicas a la que fue condenada el Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y le concedió el término de quince días para que diera cumplimiento voluntario, de dicho auto la parte quejosa tuvo conocimiento en la misma fecha por haber comparecido a la misma. Asimismo, en auto de veinte de octubre de dos mil catorce, el Presidente responsable decretó el auto de requerimiento de pago y/o embargo, comisionó al Actuario de su adscripción a efecto de que asociación de la parte actora, llevara a cabo dicha diligencia, el cual fuera notificado a la quejosa el veintiuno de ese mes y año. De igual forma, en auto de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el Tribunal obrero dio trámite al incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte demanda, señaló fecha para que tuviera verificativo y comisionó al Actuario adscrito para que notificara a las partes, notificado a la quejosa el veintiocho de noviembre del año anterior. Mientras que, en auto de doce de enero de dos mil quince, en el que el Tribunal obrero admitió a trámite el incidente de revisión de actos de ejecución cometidos por el Presidente responsable y Actuario adscrito, señaló fecha y ordenó llevar a cabo la diligencia de reinstalación de la parte actora, se desprende que se notificó a la quejosa el diecinueve de enero del año que transcurre. Documentales que fueran valoradas con anterioridad. De lo detallado en párrafos que anteceden, es indudable que el término que prevé el numeral 17 de la ley de la materia, transcurrió en exceso, ya que el cómputo de las notificaciones realizadas a la quejosa de los autos que reclama en la presente instancia constitucional, a saber, trece de agosto, veintiuno de octubre, veintiocho de noviembre de dos mil catorce y diecinueve de enero de dos mil quince, se advierte que el término de quince días que refiere el artículo en mención, transcurrió en exceso a la fecha de la presentación del escrito de demanda, que fuera presentada hasta el dieciséis de febrero de dos mil quince, esto es, tiempo después de haber fenecido los términos para hacerlo. Se afirma lo anterior, ya que, si tomáramos en consideración la última notificación realizada a la quejosa de diecinueve de enero de dos mil quince, por ser la más cercana a la fecha de la presentación de la demanda de amparo y, al efectuar el cómputo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la legislación federal en consulta, se desprende que el término transcurrió del veintiuno de enero al doce de febrero de dos mil quince, sin contar los días veinticuatro, veinticinco, treinta y uno de enero, uno, dos, cinco, siete y ocho de febrero del año que transcurre, por haber sido inhábiles; por lo que resulta incuestionable que la presentación de la demanda de que se trata se realizó en forma extemporánea, consintiendo así, tácitamente los actos que reclama. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que aparece publicada en la página 395 del Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Mayo de mil novecientos noventa y dos, correspondiente a la Octava Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DEL QUEJOSO, CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO POR CONDUCTO DEL. Si en el juicio original aparece que el apoderado general para pleitos y cobranzas del quejoso, compareció a dicho proceso en su nombre y representación, es claro que a partir de tal comparecencia, tuvo conocimiento, el aludido quejoso, del referido juicio, en el cual se ostenta como extraño y, por ello, a partir del día siguiente le empezó a correr el término de quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de garantías.". En tales condiciones, al haberse consentido los autos de trece de agosto, veinte de octubre, veinticinco de noviembre, estos de dos mil catorce y doce de enero de dos mil quince que reclama en esta instancia constitucional, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, razón por la que debe sobreseerse en el presente juicio respecto a dichos autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de Amparo. Siguiendo el análisis de las causas de improcedencia, respecto del diverso acto que se hizo consistir en el auto de cinco de febrero de dos mil quince, por medio del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado apercibió al Tesorero del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y no al Presidente y Síndico del Ayuntamiento de dicho municipio con una multa de hasta por quince salarios mínimos vigentes en el Estado conforme la fracción I del artículo 124 de la Ley de Servicio Civil en el Estado de Morelos. El suscrito juzgador advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" Dicha fracción señala que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, que según criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3277/98, refirió que dicho consentimiento se debe de entender como la manifestación de voluntad del quejoso que hace de forma consciente y opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamado que le causa un agravio o perjuicio presente y actual. De ahí, para que se entienda que un acto de autoridad se entienda por consentido se deben de reunir tres requisitos, a saber: 1) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; 2) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado y; 3) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. Un ejemplo de manifestación de voluntad que entraña ese consentimiento, se presenta cuando el quejoso se acoge y cumple, voluntariamente, con el acto reclamado sin reserva alguna, como puede ser el sujetarse a las condiciones que en una sentencia la impongan. Ahora bien, trasladando lo anterior al caso concreto, como ya quedó precisado en autos, la parte quejosa hizo consistir su acto reclamado en el auto de cinco de febrero de dos mil quince, dentro de los autos del expediente laboral 01/343/13, por medio del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado apercibió al Tesorero del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos y no al Presidente y Síndico del Ayuntamiento de dicho municipio con una multa de hasta por quince salarios mínimos vigentes en el Estado conforme la fracción I del artículo 124 de la Ley de Servicio Civil en el Estado de Morelos. Sin embargo, de las mismas constancias que obran e autos se desprende que en la diligencia de diecisiete de marzo de dos mil quince en la que el Actuario adscrito al Tribunal obrero responsable, hizo constar que se constituyó en las instalaciones del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos asociado de Yuriria Macias de la Sancha y su apoderada legal, para dar cumplimiento al auto de cinco de febrero de dos mil quince; asimismo, requirió al Tesorero municipal de dicho Ayuntamiento, sin embargo, hizo constar en dicha diligencia que no se encontraba dicho ente público; por lo que la parte actora, solicitó se hicieran efectivos los apercibimientos decretados en el acuerdo de cinco de febrero de dos mil quince y se aplicara la multa a la que hace referencia el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil, ello debido a la negativa de dar cumplimiento voluntario al requerimiento de pago. En tal sentido, si la quejosa manifestó su voluntad de aceptar los efectos del auto de cinco de febrero de dos mil quince, con relación al apercibimiento que se diera al Tesorero Municipal consistente en la multa que al efecto establece el artículo 124 fracción I de la Ley de Servicio Civil en el Estado de Morelos al solicitar que se hicieran efectivos los apercibimientos decretados en dicho acuerdo; con ello se entiende que consintió que el requerimiento y cumplimiento del auto de ejecución de esa fuera a cargo de dicho ente público. En otras palabras, la quejosa reclamó el auto de cinco de febrero de dos mil quince en la que el Presidente responsable apercibió al Tesorero del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, pues refiere que el cumplimento del laudo deba ser a cargo del Presidente y Síndico de dicho Ayuntamiento; empero, en diligencia de diecisiete de marzo de dos mil quince en la que se requirió al Tesorero de dicho Ayuntamiento el cumplimiento del laudo, la quejosa solicitó, se le hicieran efectivos los apercibimientos decretados en dicho auto. Por tanto, de dichas manifestaciones que realizó la quejosa se advierte que consintió expresamente el acto que reclama en la presente vía constitucional. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 80/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 217, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y contenido: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL CONTENIDA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA. La causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando el acto reclamado en el amparo indirecto es la resolución que negó la ratificación del quejoso en el ejercicio del cargo como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y los actos que le precedieron, y durante la tramitación del juicio solicita y obtiene una pensión por jubilación, toda vez que tal proceder constituye una manifestación de voluntad que entraña su consentimiento contra el acto controvertido e implica la aceptación de la terminación de la relación laboral, es decir, la baja en el cargo de Magistrado por virtud de la resolución que determinó su no ratificación, pues esa circunstancia constituye un presupuesto indispensable para ser favorecido con el beneficio de la jubilación." En las relatadas circunstancias, dado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, respecto del auto de cinco de febrero de dos mil quince, es procedente sobreseer el presente juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, del mismo ordenamiento legal. La jurisprudencia que se invoca resulta aplicable al presente asunto, en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril siguiente, según el artículo Sexto Transitorio de dicha ley, que dice: "SEXTO.- La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que se no se oponga a la presente ley". Sin que pase inadvertido para el suscrito Juzgador, que en el juicio laboral de origen está conformado por una serie de etapas procesales concatenadas entre sí, hasta su total conclusión; sin embargo, el análisis del acto reclamado se limita únicamente a la etapa específica en donde se cometió la violación procesal; luego entonces, las nuevas violaciones que se llegaran a producir dentro del juicio laboral de origen, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo Vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Como sustento a lo anterior se invoca la tesis 2a. CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 732 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, trece de diciembre de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y cuyo texto se trascribe a continuación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." De igual forma, no pasa desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." (Lo resaltado es propio). ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Yuriria Macias de la Sancha, contra los actos que reclamó al Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por los razonamientos expuestos en los considerados tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. En cumplimiento al acuerdo general 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogó los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinó el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura para ser agregada a los autos y, en su oportunidad, archívese el expediente como concluido. Así lo resolvió y firma el Licenciado el Licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, hoy treinta y uno de julio de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa ante Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de junio de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante cual remite copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio laboral 01/1274/2013-IB de su índice; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales que haya lugar. En tales condiciones, es procedente requerir a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación del presente proveído remita copia certificada de las gestiones que se encuentre realizando a fin de dar cumplimento a la ejecutoria de amparo. Apercibido que de no hacerlo dentro del término señalado, se impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 237 de la ley de la materia, con relación con el diverso artículo 259. Finalmente, se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda, el acuse de recibo relativo a la notificación del oficio y autoridad responsable que en él se citan, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que da fe.
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