Yuriria Carbajal Ibarra

Expediente 585/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
585/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
26/10/2016

Partes del expediente

  • Yuriria Carbajal Ibarra
  • Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
  • Partido Nueva Alianza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto dictado el veinte de septiembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad rindiendo su informe justificado; asimismo, en términos del artículo 9 de la citada Ley, se tiene como delegado a la persona que menciona. Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable a su informe justificado se aprecia que en auto de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la parte actora aquí quejosa compareció ante la responsable a recibir el cheque exhibido por la parte demandada por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de finiquito del laudo condenatorio, ordenándose el archivo del expediente laboral como asunto total y definitivamente concluido a petición de la actora, documentales a la que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De las referidas constancias se advierte que se actualiza una causal de sobreseimiento en el presente juicio de garantías. En efecto, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del texto legal preinserto, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa la jurisprudencia número 2ª./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el peticionario en esencia reclama de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la omisión de hacer efectivos los apercibimientos y medidas de apremio a la demandada por negarse a cumplir con el convenio de pago, para cumplir con el laudo de fecha veinticinco de octubre de dos mil once. Ahora bien, de las constancias que remite la responsable consistentes en las copias certificadas del expediente laboral D.O. 60/2008, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable el diecisiete de junio del año en curso, ordenó el archivo del juicio laboral de origen como asunto total y definitivamente concluido, al solicitarlo la parte actora, ya que acudió ante la responsable a recibir el cheque por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de finiquito del laudo condenatorio, y toda vez que la pretensión final de la quejosa es la de lograr la ejecución del laudo condenatorio, y al haberse dado por pagada de las prestaciones reclamadas, trae como consecuencia que los actos reclamados cesen en sus efectos. Ello es así, dado que la cesación de efectos en comento, constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud de que la responsable el diecisiete de junio del año en curso, ordenó el archivo del juicio laboral de origen como asunto total y definitivamente concluido, al darse la parte actora por pagada del finiquito del laudo condenatorio, con lo cual restituye a la impetrante de garantías en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de la retardación de justicia que tilda de inconstitucional, precisamente porque ese acto ya no invade la esfera jurídica de la amparista, de allí, que en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que da lugar a decretar en el juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración. Es así, toda vez que ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. En virtud de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL QUE TENDRÍA VERIFICATIVO EL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus relaciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe apuntar que, este Juzgador se encuentra imposibilitado de analizar la legalidad o ilegalidad del auto de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, pues, de lo contrario, se contravendrían los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 63, 65 y 74 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior la tesis siguiente:

  3. Principal

    Por recibido el oficio número 432, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja laboral 67/2016, interpuesto por la quejosa .... en contra del auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda promovida por dicho quejoso; en atención a lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y toda vez que de la presente ejecutoria se aprecia que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO. Se declara FUNDADO el recurso de queja a que esta toca se refiere." En virtud de lo anterior, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, en los términos que en ella se especifica y, toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del juicio; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni advertirse que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. INFORME JUSTIFICADO Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Asimismo, requiérase a la autoridad señalada como responsable para el efecto de que informe a este Juzgado de Distrito, si en el expediente del que emana el acto que reclama el quejoso, se han promovido diversos juicios de garantías, debiendo señalar el órgano u órganos de control constitucional que le haya tocado conocer del mismo y el número mediante el cual se haya radicado. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Al igual, se le hace saber que, si se omite manifestar si han cesado los efectos del acto reclamado o han ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto citado en el párrafo que antecede. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene por ofrecida la documental que exhibió en sus escrito inicial de demanda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. TERCERO INTERESADO Por otra parte, con fundamento en el artículo 5° de la ley de la materia, se tiene como tercero interesado al Partido Nueva Alianza, con domicilio en Baltazar R. Leyva Mancilla, Lote uno (1), Manzana dos (2), segundo piso, colonia Universal de esta Ciudad, en consecuencia, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena a la Actuaria Judicial adscrita a este órgano de control constitucional para que se constituya en el domicilio citado y con copia simple de la demanda lo emplace a juicio.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos del presente juicio del que se desprende que en proveído de veinte de mayo del año en curso (f-25), se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra del auto de diecisiete de mayo del actual (f- 16 a 20), ordenándose remitir copia certificada del presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, para la substanciación de dicho recurso, el cual toco conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, sin que se haya agregado copia de la notificación hecha a la parte quejosa del auto recurrido; por tanto, envíese copia certificada de dicha notificación al Tercer Tribunal Colegiado, para los efectos legales correspondientes.

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