Yuridia Sarai Tun Mora

Expediente 390/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
390/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Yuridia Sarai Tun Mora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en Observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito, mediante el cual solicita acceso al expediente electrónico; al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que no se le otorgó la intervención en el presente juicio, ello en virtud de que mediante auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se desechó la demanda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés Agréguese a los autos para que surta sus efectos a los que haya lugar el escrito de la quejosa Yuridia Sararí Tun Moira, mediante el cual está dando cumplimiento al requerimiento que obra en autos. Atento a lo anterior, se tiene a Yuridia Sararí Tun Moira, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Desechamiento de la demanda: Ahora, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este órgano de control constitucional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 107, fracción I, de la ley de la materia. En efecto, para el caso que nos ocupa, el acto reclamado en esta instancia constitucional, es el siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADO Director de Entrega Recepción del Órgano Interno de la Fiscalía General del Estado de Morelos. El requerimiento a la quejosa para el efecto de contestar, aclarar y solventar las observaciones que la diversa autoridad realizó y remitir dicha contestación ante el Órgano Interno de Control. Requerimiento de información relacionada con el acta de entrega-recepción número OICFGMOR/ER/167/2022, derivado del oficio de observaciones de treinta de diciembre de dos mil veintidós, recibido por el órgano Interno de control el día nueve de febrero de dos mil veintitrés. La orden de notificación del oficio de observaciones de treinta de diciembre de dos mil veintidós, recibido por el Órgano Interno de Control el nueve de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual el Servidor Público (el que recibe) realizo observaciones a la quejosa. La determinación de concederle un término a quince días hábiles para que conteste, aclare y/o solvente las observaciones, ordenando remitirlas al órgano de Control Interno. Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Morelos. El inminente requerimiento a la quejosa para el efecto de contestar, aclarar y solventar las observaciones que la diversa autoridad realizó y remitir dicha contestación ante el Órgano Interno de Control. El inminente requerimiento de información relacionada con el acta de entrega-recepción número OICFGMOR/ER/167/2022, derivado del oficio de observaciones de treinta de diciembre de dos mil veintidós, recibido por el órgano Interno de control el día nueve de febrero de dos mil veintitrés. La inminente orden de notificación del oficio de observaciones de treinta de diciembre de dos mil veintidós, recibido por el Órgano Interno de Control el nueve de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual el Servidor Público (el que recibe) realizo observaciones a la quejosa. La inminente determinación de concederle un término a quince días hábiles para que conteste, aclare y/o solvente las observaciones, ordenando remitirlas al órgano de Control Interno. Servidor Público, Lic. Indira Bautista Escobedo, adscrita a la Dirección General de Justicia Alternativa en Materia Penal del Centro de Justicia Alternativa de la Fiscalía General del Estado de Morelos El requerimiento de información relacionado con el acta de entrega-recepción OICFGMOR/ER/167/2022, derivado del oficio de observaciones de treinta de diciembre de dos mil veintidós. Servidor Público Notificador en funciones de Actuario o notificador. 1. La notificación del oficio de observaciones de treinta de diciembre de dos mil veintidós, recibido por Órgano Interno de Control el nueve de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual el Servidor Público (el que recibe) realizo observaciones a la suscrita quejosa en mi calidad de servidor público saliente. Sin embargo, dichos actos no son susceptibles de analizarse en esta instancia constitucional, en atención a que los actos reclamados no le causan a la parte quejosa una afectación actual, real y directa. A fin de dilucidar lo anterior, debe acudirse al contenido del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". De los preceptos anteriores se destaca que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que esa improcedencia derive de la Ley de Amparo. Asimismo, se prevé que la persona quejosa tiene tal carácter cuando aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico En ese contexto normativo, esta juzgadora sostiene que los actos reclamados no le depara una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, como a continuación se verá: A. El oficio OICFGMOR.AINV.DER.014.2023-01 y las observaciones realizadas al acta de entrega-recepción OICFGMOR/ER/0167/2022, de quince de noviembre de dos mil veintidós, atribuidos al Director de Entrega Recepción del Órgano Interno de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y a Índira Bautista Escobedo, Facilitadora de Justicia Alternativa adscrita al Centro de Justicia Alternativa de la Fiscalía General del estado de Morelos -servidora pública que recibe-, no causa una afectación a la esfera jurídica de la quejosa Esta juzgadora advierte que el oficio OICFGMOR.AINV.DER.014.2023-01, tiene por objeto hacer del conocimiento de la parte quejosa las observaciones al acta de entrega-recepción OICFGMOR/ER/0167/2022, de quince de noviembre de dos mil veintidós, realizadas por la servidora pública Índira Bautista Escobedo, Facilitadora de Justicia Alternativa adscrita al Centro de Justicia Alternativa de la Fiscalía General del estado de Morelos -servidora pública que recibe-, en la cual la aquí quejosa, en su calidad de servidora pública saliente, le hizo entrega de catorce expedientes. Pero ello, no implica que se trate de un acto que le esté fincando en definitiva alguna responsabilidad administrativa, y por tanto, no se afecta viola de manera directa un derecho sustantivo de la quejosa, pues únicamente se le concedió un plazo para que contestara, aclarara o solventara las supuestas inconsistencias detectadas por la servidora pública que recibe. En ese orden de ideas, esta juzgadora llega a la conclusión de que el acto que pretende reclamar en esta sede constitucional, no le causa perjuicio alguno, y por tanto, no tiene interés para controvertirlo. Esto es así, ya que el concepto de interés jurídico presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado a favor del gobernado o particular que promueve el juicio, de manera que la transgresión de uno de esos derechos por parte de una autoridad legislativa, judicial o administrativa, lo faculta para acudir ante el órgano jurisdiccional a solicitar que cese esa violación. Así, es la violación a ese derecho protegido por el ordenamiento legal lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio biinstancial que se intenta. Lo anterior encuentra sustento la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Máxime que el oficio OICFGMOR.AINV.DER.014.2023-01, no consigna una sanción, o responsabilidad contra de la ahora quejosa, pues no es la naturaleza jurídica de tal documento, y si bien pudiera existir la posibilidad de que a la postre, pudieren derivar consecuencias jurídicas del requerimiento en comento, ello se trata de una circunstancia estrictamente hipotética o eventual, es decir, que pudiera o no generarse y, por tanto, se trata de un acto futuro de realización incierta, respecto del cual el amparo es improcedente. B. Los actos reclamados al Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Morelos no causa una afectación actual, real y directa a algún derecho subjetivo de la parte quejosa, por tratarse de actos futuros inciertos Respecto de los actos que la quejosa reclama del Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y que califica de inminentes, contrario a lo afirmado en la demanda inicial y en el escrito aclaratorio, son inciertos, ya que no existe una certeza clara y fundada de su realización, es decir, de si esa autoridad realizará algún requerimiento con relación al acta de entrega-recepción OICFGMOR/ER/0167/2022, de quince de noviembre de dos mil veintidós. De ahí que no proceda el juicio de amparo indirecto, puesto que tales carecen de la producción de algún efecto jurídico, al ser precisamente, de realización incierta. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1032, tomo XV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 284557, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS O PROBABLES. Contra ellos es improcedente conceder el amparo.". Así, como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 839, tomo XX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 282232, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente conceder la protección federal.". No se pierde de vista la jurisprudencia 1a./J. 25/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE", en la cual se sostuvo, en esencia, que la reclamación de un acto futuro o incierto del que no puede saberse con exactitud si es o no inminente, no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esta determinación es acorde a ese criterio jurisprudencial, pues la propia Primera Sala del Máximo Tribunal, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 62/2002-PS, de la que derivó la jurisprudencia en comento, sostuvo lo siguiente: "Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se puede advertir que existen actos futuros e inciertos y actos futuros pero inminentes. En los primeros, su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio, que el artículo 4o. de la ley en cita exige como condición para que pueda promoverse el juicio. En ese supuesto, con apoyo en el artículo 145 de la propia ley, procede desechar la demanda, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En cambio, respecto de los actos citados en segundo lugar, por su calidad de inminentes, prevalece la certeza de que se realizarán, ya sea de inmediato o cumplidas ciertas condiciones, y debido a la plena convicción de que habrán de realizarse en tiempo cercano, es procedente contra ellos el juicio de garantías. En esas circunstancias, cuando de la simple lectura de la demanda de amparo indirecto se advierta, sin lugar a dudas, que los actos reclamados son futuros e inciertos, se actualiza el supuesto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito puede y debe desecharla de plano. Sin embargo, cuando exista duda de si tales actos, bajo determinadas condiciones, llegarán a realizarse o se requieran elementos probatorios para saber si verdaderamente se trata de actos futuros e inciertos, se deberá admitir la demanda a trámite, sin perjuicio de que durante la tramitación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, ya que en este último supuesto, ante la certeza de la existencia de una causal de improcedencia, lo conducente será sobreseer en el juicio. [.] En otras palabras, se puede afirmar con propiedad que si al reclamarse en la demanda de amparo indirecto un acto de carácter futuro e incierto, por ejemplo, la probable orden de un embargo de bienes, de lanzamiento y desocupación de un inmueble, o cualquier otra actuación de un juicio civil donde se involucre el posible conocimiento del emplazamiento o de la existencia del juicio civil por parte de la quejosa, y con la sola lectura de la demanda no puede saberse con exactitud si a pesar de ser un acto futuro es inminente, o bien, si se llegará o no a materializar el acto que le agravie, cuya situación haga necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión; ese acto, así reclamado, al generar duda, no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el artículo 145 de la Ley de Amparo, para desechar de plano la demanda y, en consecuencia, el Juez de Distrito deberá admitir a trámite la demanda (a menos que existiera algún otro motivo real para desechar o mandar aclarar el escrito inicial), y hasta que se pronuncie la sentencia resolver lo conducente en el juicio de amparo. Esto obedece a que para estar en condiciones de saber si el acto reclamado que es considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, el Juez debe tener a la vista las pruebas que podrían constar en un determinado juicio o archivo público, y si estima racionalmente que en el lapso comprendido entre la presentación de la demanda de amparo y el momento en que se decide sobre su admisión, la responsable ya ordenó que se lleve a cabo el acto reclamado o esté a punto de hacerlo, o bien, que aunque ésta lo llegara a negar en su informe justificado, el afectado pudiera demostrar lo contrario durante el juicio, es conveniente admitir la demanda. Si bien esa información pudiera no desprenderse íntegramente de la sola lectura de la demanda de amparo indirecto, y no obstante que la eventual existencia del acto reclamado podría generar un motivo de improcedencia del juicio de amparo, al contarse con indicios que permitan presumir tanto que el acto reclamado puede tener existencia, como que puede no tenerla, dicho motivo de improcedencia no es manifiesto ni indudable, como para poder desechar la demanda desde el primer acuerdo que se dicta en esa instancia, tal como lo exige el artículo 145 de la Ley de Amparo." Como puede verse, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, clasifica a los actos futuros de la siguiente manera: Actos futuros e inciertos: su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio. Actos futuros pero inminentes: son aquellos respecto de los cuales prevalece la certeza de que se realizarán, ya sea de inmediato o cumplidas ciertas condiciones, y debido a la plena convicción de que habrán de realizarse en tiempo cercano, es procedente contra ellos el juicio de amparo. A raíz de esa clasificación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que, tratándose de actos futuros e inciertos, el juicio de amparo es improcedente, pues no se tiene certeza de si se realizarán o no. Respecto de los actos futuros inminentes, se determinó que el amparo indirecto sí es procedente, pues al ser inminentes, solo se requiere con que se cumplan determinadas condiciones, de las que se tiene plena certeza de que se realizarán, de manera que el acto habrá de realizarse en un tiempo cercano. En esas circunstancias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó en que si de la demanda de amparo se advierte, sin lugar a dudas, que los actos reclamados son futuros e inciertos, se actualiza el supuesto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que debe desecharse. En cambio, cuando se tiene duda de si tales actos, bajo ciertas condiciones llegarán a realizarse, o se requieren de elementos probatorios para saber si verdaderamente se trata de actos futuros e inciertos, se debe admitir a trámite la demanda. En el caso, si los actos reclamados consisten en un requerimiento de información relacionada con el acta de entrega-recepción OICFGMOR/ER/0167/2022, de quince de noviembre de dos mil veintidós, atribuido al Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Morelos, cuya incertidumbre no permite asegurar algún perjuicio a la parte quejosa; puede afirmarse que se trata de actos futuros inciertos, pues se requiere en primer lugar, que existan determinadas condiciones que hagan presumir que en un futuro cercano habrán de realizarse. Por esas razones, este órgano jurisdiccional estima que lo reclamado, no causa una afectación a la esfera jurídica de la justiciable, motivo por el cual se procede a desechar la demanda de amparo por improcedente; desechamiento que se hace extensivo al acto reclamado al notificador señalado como responsable. Finalmente debe decirse a la parte promovente, que lo anterior no es violatorio del derecho de acceso a la justicia, ya que el desechamiento de mérito obedeció al marco jurídico establecido para la procedencia y tramitación del juicio de amparo. El aserto de este juzgado, se corrobora con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual concluyó que la aplicación del principio pro persona no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Esto se desprende de la jurisprudencia de número 2a./J. 56/2014 (10a.), cuyos datos de identificación y rubro a continuación se transcriben: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés Agréguese a los autos el oficio suscrito por el delegado de la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual desahoga el requerimiento que le fuera formulado por auto de siete de marzo de la anualidad y remite las constancias solicitadas. Se tiene a la autoridad responsable realizando manifestaciones y dando cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, con las documentales que exhibe y manifestaciones dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contados a partir de que sea notificada del presente auto, manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese y personalmente a la quejosa.

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