Yuridia Rodríguez Alvarado
Expediente 1432/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1432/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/09/2019
Partes del expediente
- Yuridia Rodríguez Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. ...
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante auto de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, se requirió al tercero interesado ..., a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de dicho proveído, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad o en la zona conurbada, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harían por lista, en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, tomando en consideración que ha transcurrido el plazo concedido a la parte tercera interesada en comento para que señalara domicilio en esta ciudad o en la zona conurbada para oír y recibir notificaciones, sin que lo hubiera hecho, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena que se le notifique por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aun aquellas que sean de carácter personal. Agréguense a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia .................... En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE LE EMPLAZA AL PRESENTE SUMARIO Y NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 25 DE JULIO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Vista la comparecencia de cuenta, se tiene a la quejosa *** desahogando en tiempo la prevención decretada por este juzgado mediante proveído del veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Desechamiento parcial. Ante todo, debe tenerse presente que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo, deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Auxiliar de Trámite y Secretaria de Acuerdos Par adscrito a la Junta Especial Número Treinta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a quienes les reclamó la omisión de dictar la resolución respecto de la declaración de beneficiarios en el juicio laboral *** del índice de la junta responsable. Respecto de dicho acto reclamado a las citadas autoridades, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero, de la citada ley, que disponen: Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto de que realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos humanos reconocidos o las garantías fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo, contra leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. En otras palabras, para atribuir el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernador y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, se afirma que en el caso se actualiza tal causa de improcedencia, debido a que la función del Secretario adscrito a la Junta responsable está limitada a autorizar y dar fe de lo actuado por el Presidente de la Junta, es decir, únicamente funge como fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, por lo que resulta evidente que no actúa en calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, de ahí que no le reviste el carácter de autoridad responsable con el que se le señaló en la demanda de amparo. Por ende, no puede estimarse que el Auxiliar de Trámite y Secretaria de Acuerdos Par adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, les asista la calidad de autoridad responsable, lo que actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1° y 5º de la Ley de Amparo; por lo tanto, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la misma ley, lo procedente es desechar en el juicio respecto de la intervención reclamada a dichas autoridades. Cobra aplicación al caso, por analogía, la jurisprudenciaI.2o.P.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal visible en la página 87, Tomo VII, enero de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama. No se soslaya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el auto inicial no es posible analizar si un acto es de autoridad o no; sin embargo, en este caso no se requiere hacer un análisis profundo, ya que tal estudio tan sólo reproduce lo sostenido en las jurisprudencias transcritas, es decir, sólo se aplican criterios vinculantes aplicables al caso concreto, de modo que sería ocioso tramitar la demanda, por lo que hace al Secretario de Acuerdos Par adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que establece lo siguiente: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)].La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. Admisión por la restante autoridad responsable. Por otra parte, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal, en el que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados. ... Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Incidente de suspensión. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa y a criterio de quien aquí resuelve no procede tramitarlo de oficio, ya que el(los) acto(s) reclamado(s) no encuadra(n) en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Tercero(s) interesado(s). El artículo 5, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo establecen que tienen el carácter de tercero interesado: la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario. En consecuencia, se tiene como tercero(s) interesado(s) a: 1. ***. 2. Instituto Mexicano del Seguro Social e, 3. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Por tanto, se ordena su emplazamiento en forma personal a Principal Afore, sociedad anónima de capital variable, en el domicilio procesal citado, y por medio de oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a efecto de que con copia simple de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y del presente proveído, emplace a juicio al tercero interesado y le haga saber la fecha y hora que tendrá verificativo la audiencia constitucional, y el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene. Intervención del Ministerio Público Adscrito. Dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención legal que le corresponde.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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