Yuridia Monroy Martínez
Expediente 1578/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1578/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Yuridia Monroy Martínez
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez; en atención a su contenido, téngasele por acusando recibo del oficio por el cual le fue remitido por incompetencia el juicio de amparo 1578/2019, promovido por ******, por propio derecho, e informando que el juzgado de su adscripción aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del mismo. En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, vistas las constancias del presente cuaderno de antecedentes, y toda vez que carece de valor institucional histórico y no aporta mayores elementos al acervo archivístico, de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses a partir de este proveído.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1578/2019; fórmese expediente impreso y electrónico. Antes de proveer respecto de la procedencia del juicio constitucional, conviene determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden, se advierte que de manera literal la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente: "Lo es la multa impuesta por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a la suscrita mediante acuerdo de fecha 21 de agosto del 2019, emitido dentro del expediente laboral número 575/2011." Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, para lo cual, debe indicarse que el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de garantías, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de control constitucional donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que la promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, refiere en su demanda que el acto reclamado esencialmente es la ejecución de la multa decretada mediante acuerdo dictado el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en el expediente laboral ***, por el equivalente a trescientos cincuenta días de salario mínimo vigente, misma que se ejecutará en Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, por ser el lugar donde radica; máxime que esta se hará efectiva de su propio peculio y no del Erario Municipal. En ese contexto, si la determinación combatida indefectiblemente tendrá una ejecución material en el municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, es dable concluir que ello se debe contemplar para decidir quién será el Juez competente del presente asunto. Por lo anteriormente expresado, se considera que al tener el acto reclamado un efecto positivo porque se ejecutará en el municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, se tiene que se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, este Juzgador es incompetente para conocer del presente juicio de amparo. En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda con todos sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en turno, con residencia en Acapulco de Juárez, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esa sede, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio, toda vez que en su ámbito espacial de competencia está tratando de ejecutarse materialmente el acto reclamado. No se estima procedente pronunciarse respecto a la suspensión del acto reclamado por no encontrarse en el supuesto del artículo 15 del párrafo segundo y del artículo 48 de la Ley de Amparo. Con copia de la demanda fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del juicio principal. *** se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a ***, toda vez que cuentan con registro de sus cedulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que indica por así solicitarlo expresamente. De conformidad en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Hágase saber que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese.
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