Yuridia Evelin Hernández Hernández
Expediente 551/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 551/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Yuridia Evelin Hernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
(1)... Estado de autos. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado en este expediente, no fue recurrido dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que tuvo por no presentada, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que dispone que en los que se hubiese dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dé por concluido, se establece que el presente expediente, es susceptible de destrucción, y no se considera de relevancia jurídica o documental...
- Principal
(1) Visto el estado de autos y, desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, que a la fecha transcurrió el término concedido de cinco días concedido a la quejosa ***, en representación de los menores * y *, para dar estricto y cabal cumplimiento a la prevención que se le hiciera en auto de diecinueve de abril del presente año, sin que diera acatamiento a lo ordenado por este Juzgado de Distrito. En esas condiciones, y ante su omisión, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado se tiene por no presentada la demanda de amparo intentada.
- Principal
(2). Apertura del incidente. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo promovido por **** por sí y en representación de *****, asociación civil, contra un acto que reclaman del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y otras autoridades. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su correspondiente informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, y en el que expresarán si son o no ciertos los actos que se les atribuyen; de igual forma, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables, a fin de que proporcionen los datos que tengan a su alcance y que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes; para lo cual se les envía al efecto copia simple de la demanda. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto el acto que de ellas se reclame, cuando así corresponda, se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. También se informa a las autoridades responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá por hecha la notificación; en la inteligencia de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Audiencia incidental. Se señalan las doce horas del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia incidental. Pruebas y cotejo. Se tienen por anunciadas las documentales adjuntas a la demanda de amparo, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia incidental, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Amparo, aún sin que exista gestión expresa de parte interesada. Como se proveyó en el cuaderno principal, se ordena realizar la compulsa y certificación de los documentos exhibidos por el quejoso, para que consten en ambos cuadernos incidentales. Requisitos de la suspensión. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que la parte quejosa debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado. En ese orden de ideas, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario que: a. La solicite el quejoso; y b. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Demanda de amparo y escrito aclaratorio. De los citados documentos se advierten los siguientes datos: Parte quejosa: ************ Autoridades responsables: 1. Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo; 2. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo; 3. Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Hidalgo; 4. Ayuntamiento de Atitalaquia, Hidalgo; 5. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atitalaquia, Hidalgo; 6. Ayuntamiento de Atotonilco de Tula, Estado de Hidalgo; y, 7. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo. Actos reclamados: La omisión de adoptar todas las medidas a su alcance para restaurar ecológicamente y sanear la zona donde se encuentra la fosa séptica con coordenadas *********** en el lugar conocido como ********** dentro del municipio de ******** en su comunidad de *****, colindando con el pueblo de ************. Ahora, la parte quejosa manifestó que solicita la suspensión del acto reclamado en los siguientes términos: Solicito con fundamento en lo establecido en el artículo 125, 127, 147 y los demás relativos de la Ley de Amparo, la suspensión provisional y, en su momento, la definitiva del acto reclamado, así mismo en sus efectos y consecuencias, al señalar actos de naturaleza negativa como lo es en este caso una omisión, es de vital importancia señalar que el acto no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la suspensión, pues de lo que se desprende del ya mencionado artículo 147 que dice: 'atendiendo a la naturaleza del acto reclamado' debe analizarse en función a sus consecuencias. Lo anterior, tomando en consideración que respecto a la medida suspencional (sic) solicitada se cumplen los requisitos estipulados en el artículo 124 de la Ley de Amparo, y debido a que los actos reclamados en comento revisten la naturaleza omisiva por parte de las autoridades, en constante continuación. En el caso que nos ocupa, los actos reclamados en la presente instancia, son actos de tracto sucesivo por lo tanto las afectaciones continúan, toda vez que las autoridades responsables, no cumplen con los mandamientos constitucionales, ni convencionales, a los que hago mención Al respecto, es oportuno precisar que en atención al criterio derivado de la contradicción de tesis 36/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este juzgado federal puede conceder la medida cautelar para efectos y consecuencias distintas de las propuestas por la parte quejosa, siempre y cuando se trate de los actos reclamados en el juicio de amparo, tal como lo pone de manifiesto el siguiente criterio jurisprudencial: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. Negativa de la medida cautelar. En primer lugar, debe decirse que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por la parte quejosa supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, que el acreditamiento implica que corresponde a los peticionarios de amparo la carga procesal de allegar elementos de prueba que revelen, al menos indiciaria o presuntivamente, que realmente son titulares de un derecho sustentado en una causa legal que podría afectarse con la ejecución de los actos reclamados, dado que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. En la especie, se tiene por acreditado el interés suspensional de la parte quejosa con la copia certificada del instrumento público número **********a través del cual se protocolizó la constitución de la asociación civil denominada **** persona moral que alega ser titular del derecho ambiental y el ecosistema presuntamente vulnerado. En efecto, este órgano jurisdiccional considera que el interés legítimo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado; por lo tanto, si la moral quejosa con la documental de mérito, acredita contar con domicilio en Avenida **********, Hidalgo y que, entre otras cuestiones, su objeto social se encuentra dirigido a 'propugnar por el mejoramiento del preciado líquido que se encuentra en los ríos, lagos, presas, canales, pozos, etc., para evitar que se sigan dañando y contaminando en perjuicio de la humanidad, la hora y la fauna', es posible afirmar, que existe ese vínculo entre la parte quejosa y el ecosistema presuntamente vulnerado. Para demostrar lo anterior, es preciso referir que al resolver el amparo en revisión 307/2016, la Primera Sala del Alto Tribunal expuso diversos argumentos para dar respuesta a la siguiente interrogante ¿quién puede reclamar una violación al derecho humano al medio ambiente en el juicio de amparo? Para tal efecto, la Primera Sala destacó que el medio ambiente, como elemento indispensable para la conservación de la especie humana tiene un carácter colectivo y, por lo tanto, se trata de un bien público cuyo disfrute o daño no sólo afecta a una persona, sino que importa a la comunidad en general, por lo cual su defensa y titularidad es de carácter difuso; de ahí que deba ser reconocido en lo individual y en lo colectivo. En esa tesitura, no obstante que una mayor protección del medio ambiente implicaría que cualquier persona pudiera reclamar su afectación como un bien común, independientemente de su relación específica con el medio afectado, lo cierto es que los mecanismos de defensa aún no han logrado un desarrollo de índole global que permita una interacción de esta naturaleza entre los distintos sistemas de judicialización. Sin embargo, la protección de esta especial categoría de derechos ha evolucionado, por ejemplo, a través de la incorporación de conceptos como el interés legítimo. Bajo esa directriz, la Primera Sala apuntó que el reconocimiento del interés legítimo no implica la generalización de una acción popular, en tanto no se busca tutelar un interés genérico de la sociedad, sino garantizar el acceso a la justicia ante lesiones a intereses jurídicamente relevantes y protegidos. Es por ello que se ha dicho que quien alega un interés legítimo se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de protección que alega, ya sea de carácter particular o derivado de una regulación sectorial o grupal que le permite hacer valer una afectación a su esfera jurídica precisamente a partir de la expresión de un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad. En función de lo anterior, la Primera Sala concluyó que el interés legítimo para promover un amparo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales. Por lo tanto si un determinado ecosistema se pone en riesgo o se ve afectado, la persona o comunidad que se beneficia o aprovecha los servicios ambientales que dicho ecosistema brinda, se encuentra legitimada para acudir al juicio de amparo con el objeto de reclamar su protección, lo cual resulta acorde con el principio de participación ciudadana y con la configuración axiológica de este derecho humano, en tanto su titularidad no solo importa una facultad, sino principalmente un deber de cuidado y protección. Con otras palabras, la privación o afectación de los servicios ambientales que brinda un determinado ecosistema es lo que califica la especial posición del accionante para acudir al juicio de amparo a reclamar su protección, en tanto le permite formular un agravio diferenciado frente al resto de las personas que pueden sentirse afectadas por el daño al medio ambiente, además de que su protección se traduce en la obtención de un beneficio específico: el restablecimiento de dichos servicios ambientales en su favor. Así, la Primera Sala estimó que para resolver si se actualiza el interés legítimo de quien promueve un juicio de amparo en defensa del medio ambiente, el juzgador sólo deberá determinar si quien alega ser titular del derecho ambiental se beneficia o aprovecha los servicios ambientales que presta el ecosistema que alega vulnerado. Dan cuenta de lo anterior, los siguientes criterios que al respecto emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. Quien alega un interés legítimo en materia ambiental se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de protección que alega, ya sea de carácter particular o derivado de una regulación sectorial o grupal que le permite hacer valer una afectación a su esfera jurídica, precisamente a partir de la expresión de un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad. El interés legítimo para promover un juicio de amparo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales; por lo que la privación o afectación de éstos es lo que califica la especial posición del accionante para acudir al juicio de amparo a reclamar su protección, en tanto que le permite formular un agravio diferenciado frente al resto de las personas que pueden sentirse afectadas por el daño al medio ambiente, además de que su protección se traduce en la obtención de un beneficio específico: el restablecimiento de dichos servicios ambientales en su favor. De lo anterior se concluye que para determinar si se actualiza el interés legítimo en materia ambiental, el juzgador sólo deberá determinar si quien alega ser titular del derecho ambiental se beneficia o aprovecha de los servicios ambientales que presta el ecosistema que alega vulnerado. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER UN JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. OBLIGACIÓN DE LOS JUZGADORES EN SU ANÁLISIS. El análisis en relación con la actualización del interés legítimo en juicios ambientales también se rige por los principios que norman esta materia; en este tenor, a la luz del principio de participación ciudadana y el correlativo de iniciativa pública, el Estado tiene la obligación de fomentar la participación del ciudadano en la defensa del medio ambiente y crear entornos propicios para este efecto. Específicamente, los juzgadores tienen la obligación de hacer una interpretación amplia en relación con la legitimación activa en el juicio de amparo en materia ambiental, lo cual no significa que sea ilimitada, pues quien acude a este juicio debe acreditar ser beneficiario de los servicios ambientales que presta el ecosistema que estima afectado. A partir de lo anterior, es posible advertir que la relación que guarda el sujeto frente al servicio ambiental afectado, permite la construcción de un elemento que dota de equilibrio los dos extremos en tensión, la tutela efectiva del derecho humano al medio ambiente como interés difuso y el funcionamiento del sistema judicial. Por lo tanto, acorde con todo lo expuesto, este juzgado federal concluye que en el caso, está probado que existe un vínculo entre la parte quejosa, esto es, quien alega ser titular del derecho ambiental y el ecosistema presuntamente vulnerado. Una vez concluido lo anterior, es necesario precisar que, además de los requisitos previstos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, relativos a que el órgano jurisdiccional realice un análisis del perjuicio al interés social o de la contravención de disposiciones de orden público, así como de llevar a cabo un examen ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 131, primer párrafo, de la ley de la materia, que establece: ARTÍCULO 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. Del precepto normativo en cita, se desprende que, cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, como sucede en el caso, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y, una vez cumplido lo anterior, acredite el interés social que justifique su otorgamiento. A partir de lo anterior, es posible concluir que, con las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, hasta el momento, no se encuentra acreditado el daño inminente e irreparable a la pretensión de la parte quejosa en caso de que se le niegue la medida cautelar. Es válida la conclusión alcanzada, en virtud de que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, no tienen el alcance suficiente para acreditar acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue. En efecto, la documental pública consistente en la escritura pública número tres mil seiscientos setenta y ocho sirve para acreditar la personalidad con la que se ostenta en el presente juicio de amparo y, de manera indiciaria, su interés suspensional. Por su parte, la copia de su credencial, el recibo de pago, y los diversos escritos de petición, no acreditan ni aun de manera indiciaria, el daño inminente e irreparable a su pretensión, en virtud de que, sirven para acreditar, que la promovente cuenta con una identificación oficial, que realizó un pago y, que en diversas oportunidades han realizado solicitudes diversas a autoridades municipales de su localidad, así como la respuesta dada a algunas de ellas. Finalmente, las fotografías sin certificar que adjunta a su escrito de demanda carecen de valor probatorio pleno por sí mismas. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, no es posible valorar a dichas documentales como indicio válido para presumir el daño inminente e irreparable a su pretensión, en virtud de que, en su caso, únicamente tienen como alcance un indicio válido de la existencia de la fosa séptica, no así del daño a que se ha hecho referencia, al no estar relacionadas con otros medios de prueba, que permitan a este juzgado advertir que la existencia y condiciones de la citada fosa causan en perjuicio de la parte quejosa cierto daño en los términos indicados. Sustentan lo anterior, los criterios emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO., establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. FOTOGRAFIAS OFRECIDAS COMO PRUEBAS. Para que las fotografías ofrecidas como prueba sean apreciadas correctamente debe tomarse en cuenta el texto del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El mismo expresa: El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquiera especie, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo presentado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial. Esto quiere decir que las fotografías presentadas en un incidente de suspensión, al no estar certificadas, no hacen prueba plena. Por ende, con fundamento en los artículos 131, 138 y 146 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se impone NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA, al no acreditarse ni aun de manera indiciaria el daño inminente e irreparable a que se refiere el citado numeral 131 de la Ley de Amparo. Autorizados. Se tienen por autorizados en términos limitados del numeral 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que designa la quejosa, toda vez que en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no obra registro de sus cédulas profesionales, por lo cual, una vez que realicen lo anterior, se les reconocerán las amplias facultades previstas en el artículo en mención. Designación de usuarios para consultar el expediente electrónico y realizar notificaciones de carácter personal. Por otra parte, se tiene a la quejosa solicitando autorizar a los usuarios ********* a efecto de que se les permita consultar de manera electrónica en el presente expediente; así como, que se le practiquen las notificaciones que deriven del presente asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, toda vez que los citados usuarios en comento se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los mismos para realizar la consulta del expediente electrónico y para que se les practiquen las notificaciones de carácter personal que deriven del presente asunto, mediante vía electrónica; circunstancia de la cual deberá tomar nota el Actuario judicial de la adscripción a quien le corresponda la práctica de las notificaciones derivadas de este asunto. A fin de llevar a cabo lo ordenado, realícense las gestiones electrónicas necesarias para autorizar a los usuarios *********** en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que puedan llevar a cabo la consulta electrónica del expediente en que se actúa y se les practiquen las notificaciones de carácter personal, vía electrónica. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento de la promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. Se hace extensivo a las partes el contenido del artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19. Se hace saber a las partes que de conformidad con el artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, en este edificio sede se encuentra habilitada la Oficialía de Partes Común (OPC), para la recepción de promociones presentadas físicamente, la cual conforme al artículo 12, fracción I, del ACUERDO GENERAL 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-9, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil veintidós, operará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 03:00 p.m., con excepción de los días inhábiles. En la inteligencia que dicha Oficialía -por lo que hace a este Juzgado de Distrito- prestará servicios de las 8:00 a las 15:00, exclusivamente, ello en atención a que de conformidad con el ANEXO 1, relativo a la Asignación de turno y horario escalonado para el trabajo presencial en los órganos jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 15 del citado ACUERDO GENERAL 7/2022, este juzgado cubrirá un horario matutino, con hora de entrada 8:30 y hora de salida será a las 15:30. Así, con base en el numeral citado, la persona actuante y encargada de la recepción de las promociones que, conforme a la normatividad aplicable deban presentarse ante la oficialía de partes de cada órgano jurisdiccional, hasta en tanto se concluya el turno de la Oficialía de Partes Común (OPC), procederá a entregar la totalidad de las promociones correspondientes a una persona que acuda por cada uno de los órganos jurisdiccionales atendidos por la misma. Esto es, no obstante la hora en que se realice la entrega física de las promociones presentadas por cualquiera de las partes ante dicha Oficialía, será hasta después de las 14:00 horas de ese día cuando serán remitidas a este Juzgado de Distrito, motivo por el cual las mismas no podrán ser observadas físicamente en el día de su presentación, menos aún podrán ser atendidas en las horas programadas en las audiencias señaladas. Lo que se insiste, se hace del conocimiento de las partes a fin de que presenten con la debida oportunidad -y tomando en consideración lo ya expuesto-, toda clase de promociones (informes, alegatos o pruebas); esto es, el día anterior al señalado para la celebración de la audiencia respectiva. Exhortación a que hace alusión el artículo 22 del citado ACUERDO GENERAL 21/2020, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: I. Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/20 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán genera citas, a través del sistema Agenda OJ, para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que le hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.
- Principal
(2) Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de cinco días concedido a **** [parte quejosa] para dar cumplimiento a la prevención efectuada en auto de veintitrés de marzo del año en curso, sin que dieran cumplimiento a ello. En esas condiciones, y ante su omisión, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto citado en el párrafo precedente, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo intentada.
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