Yuridia Calderon Vargas
Expediente 739/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 739/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/09/2021
Partes del expediente
- Yuridia Calderon Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
En veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, el Secretario CERTIFICA: que no se recibió promoción u oficio relativo a la interposición de algún recurso en este juicio constitucional, transcurriendo el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; para todas las partes del treinta y uno de agosto al trece de septiembre del año en curso, toda vez que fueron notificadas personalmente el treinta de agosto del dos mil veintiuno, así como la autoridad responsable mediante oficio, sin contar los días cuatro, cinco, once y doce de septiembre del año en curso. Doy fe.En la misma fecha, el secretario da cuenta, con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada por este juzgado en el juicio de garantías en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, JORGE SALVADOR BAÑALES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.34 19/02/24 09:55:49 destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso a), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. A su vez, se requiere a las partes, para que, de ser el caso, acudan dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido en el expediente, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo, dichos documentos tendrán el mismo destino que el presente expediente. Asimismo, háganse las anotaciones, en el libro de gobierno de correspondiente que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Jorge Salvador Bañales Sánchez, secretario que autoriza y da fe. A.Barrón
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 739/2020III, promovido por Yuridia Calderón Vargas, por conducto de su apoderada Carla Dalila Macías Barqueño.1 ANTECEDENTES: PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. Mediante solicitud presentada el dieciocho de agosto de dos mil veinte, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tepic, Nayarit, la parte quejosa realizó una solicitud en torno a los descuentos salariales con motivo de su crédito de vivienda; y, mediante oficio de once de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable en respuesta manifestó que no era procedente lo solicitado por la parte quejosa. Dicha omisión y respuesta constituyen los actos reclamados. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Veintiocho de octubre de dos mil veinte (fojas 3). Admisión sin incidente de suspensión: Treinta de octubre de dos mil veinte (foja 6 a 9). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Tres de noviembre de dos mil veinte, quien no formuló pedimento (foja 13). Presentación de la ampliación de demanda: Tres de mayo de dos mil veintiuno (fojas 60). 1 Personalidad que acredita con el poder que obra a foja 5. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 739/2020-III [2] Admisión de ampliación de demanda sin incidente de suspensión: Cuatro de mayo de dos mil veintiuno (foja 62 a 64). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito de ampliación de demanda: Seis de mayo de dos mil veintiuno, quien no formuló pedimento. Celebración de la audiencia constitucional: Diecisiete de junio dos mil veintiuno (foja 95). CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza administrativa, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.2 2 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 739/2020-III [3] Juicio de amparo indirecto 739/2020-III SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que las autoridades responsables y los actos reclamados son los siguientes:3 1. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tepic, Nayarit. a) La omisión de dar contestación a la petición realizada mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veinte. b) El oficio DNY´GAC´055/2020, de once de diciembre de dos mil veinte, en el que se dio contestación a la petición referida en el inciso a). de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. 3 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También apoya lo expuesto la jurisprudencia P./J. 49/96 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Materia Común, Página 58, con número de registro 200066, Novena Época, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto." CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 739/2020-III [4] Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Fojas Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tepic, Nayarit. El citado inciso a) y b) Acepta a) Niega b) (desvirtúa) 15 y 17 68 y 76 TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tepic, Nayarit, toda vez que al rendir su informe justificado aceptó expresamente la omisión que se le reclama; asimismo, por lo que hace al diverso acto consistente en la respuesta dada a la solicitud de la quejosa, si bien al rendir su informe justificado negó dicho acto, dicha negativa se desvirtúa, dado que realizó manifestaciones que evidencian su existencia, al justificar la constitucionalidad de dicho acto. Asimismo, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las documentales que la parte quejosa acompañó a su demanda de amparo consistente en el acuse de recibo de la solicitud realizada el dieciocho de agosto de dos mil veinte, así como las que la autoridad responsable allegó al presente juicio de amparo, consistentes en copias certificadas del oficio DNY´GAC´055/2020, las que, al no haber sido objetadas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,4 aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., por tratarse de documentos públicos. 4 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. [.] Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.]" CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 739/2020-III [5] Juicio de amparo indirecto 739/2020-III CUARTO. PROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, respecto al acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en la omisión de dar contestación a la petición realizada por la quejosa mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veinte, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". [.]". La cesación de efectos se actualiza cuando a pesar de la existencia del acto, todos sus efectos han desaparecido o han sido destruidos en forma total e incondicionalmente como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto reclamado no hubiera existido. Lo anterior, porque el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo,5 es el restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, 5 "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.]". CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 739/2020-III [6] restableciendo las cosas al estado que guardaba antes de la violación. En ese sentido, la cesación de efectos del acto reclamado, ocurre al momento en que se actualizan los supuestos siguientes: - Que desaparezcan todos los efectos del acto impugnado en forma inmediata, total e incondicional. - Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 739/2020-III [7] Juicio de amparo indirecto 739/2020-III borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."6 Ahora bien, de las constancias que obran en autos se desprende lo siguiente: 1. Mediante solicitud presentada el dieciocho de agosto de dos mil veinte, ante la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tepic, Nayarit, la parte quejosa, en esencia, solicitó que su descuento salarial con motivo de su crédito de vivienda, no excediera del treinta por ciento de su salario (foja 4). 2. Luego, mediante oficio DNY´GAC´055/2020, de once de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable dio respuesta a la citada solicitud, en esencia, en el sentido de que no era procedente la solicitud de la quejosa, dado que la cantidad que se descuenta no puede ser modificada por así haberse pactado en el crédito 1817025049 (fojas 24 a 27). De lo antes narrado, se desprende que en el caso la cesación del acto reclamado se actualiza toda vez que durante el trámite del juicio de amparo y con posterioridad a la presentación de la demanda que originó el presente expediente -veintiocho de octubre de dos mil veinte-, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tepic, Nayarit Agua, negó a la parte quejosa la solicitud que realizó en su escrito de petición de dieciocho de agosto de dos mil veinte, respecto al descuento de su salario con motivo de su crédito de vivienda, como se advierte del oficio DNY´GAC´055/2020 de once de diciembre de dos mil veinte. 6 Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio 1999, página 38, registro 193758. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 739/2020-III [8] Asimismo, dicha respuesta se hizo del conocimiento de la parte quejosa mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte y veintiuno de abril de dos mil veintiuno, que le fueron notificados por lista el dieciocho de diciembre de dos mil veinte y personalmente el veintidós de abril del año en curso, respectivamente. En ese sentido, con la respuesta emitida por la citada autoridad responsable, se constituyó una situación jurídica idéntica a la que habría existido si las autoridades responsables no hubieran incurrido en la omisión reclamada o si se le hubiera concedido el amparo solicitado a la parte quejosa, por lo que se le restituyó en el goce de sus derechos, actualizándose con ello la cesación de los efectos del acto reclamado; de modo tal, que no es factible examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la citada legislación, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, respecto de la omisión reclamada al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tepic, Nayarit Agua. En otro orden de ideas, respecto al acto reclamado identificado con el inciso b), consistente en el oficio DNY´GAC´055/2020 de once de diciembre de dos mil veinte, en el que se dio contestación a la petición realizada por la quejosa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en en los CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 739/2020-III [9] Juicio de amparo indirecto 739/2020-III artículos 61, fracción XXIII, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en lo conducente, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" Conforme a los preceptos transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, en términos del citado ordinal 5o. A fin de realizar la anterior distinción, es indispensable establecer las bases de diferenciación de los actos de autoridad y de los de particular, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esta teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 739/2020-III [10] ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios y autoridades del fuero común para ventilarlos; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, en las relaciones de supra a subordinación se entablan relaciones entre gobernantes y gobernados, pero el actuar de los primeros es en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 739/2020-III [11] Juicio de amparo indirecto 739/2020-III Es corolario de lo anterior, que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior con imperium.7 De lo expuesto, es preciso señalar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista un acto de autoridad que vulnere los derechos fundamentales de la parte quejosa, en un plano de supra a subordinación. Siendo pertinente aclarar que para que un ente de hecho o de derecho sea considerado como autoridad, debe establecerse 7 Para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, resulta procedente atender al criterio que sustenta la tesis P. XXVII/97, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, Febrero de 1997, página 118, del rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19171988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 739/2020-III [12] como ya se dijo, una relación de supra a subordinación con un particular; además, que esa relación debe tener su nacimiento en la ley, la que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; circunstancias las anteriores que no concurren en el presente caso.8 Ahora bien, el quejoso pretende por medio del juicio de amparo indirecto que se modifiquen los descuentos que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Tepic, Nayarit, hace con motivo del crédito hipotecario 1817025049, pues señala que se le están realizando descuentos superiores al treinta por ciento de sus ingresos salariales. Ahora bien, de las documentales que obran en el sumario se advierte que el descuento reclamado y su ejecución, tienen como causa generadora la ejecución del contrato de apertura de crédito celebrado por la aquí quejosa con el mencionado Instituto a través del cual ejerció los fondos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de modo que la orden de descuento por tal concepto, correspondería a lo pactado en el referido acuerdo de voluntades número 1817025049 (fojas 24 a 45). De eso se sigue que los descuentos no constituyen actos de autoridad revestidos del imperio y unilateralidad, ni se realiza en cumplimiento de la norma que se consideró aplicada, sino que 8 Cobra apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, con registro electrónico 161133, que reza: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 739/2020-III [13] Juicio de amparo indirecto 739/2020-III tienen sustento en el contrato de crédito aludido, por lo que las consecuencias de su cumplimiento, a través de la orden de descuento sobre el salario de la quejosa, debe ser objeto de análisis de una instancia diversa al juicio de amparo, porque se está en presencia de una controversia surgida con motivo de la celebración de un contrato, no así de un acto de autoridad; pues de estimar lo contrario, equivaldría a considerar que, cuando ese mismo tipo de contratos se pactan con una institución de crédito, y ésta última decida ordenar la ejecución de su pago que corresponde enterar al acreditado por dicho crédito, tal proceder fuere considerado acto de autoridad por ser contrario a lo pretendido por el deudor, lo que es inadmisible jurídicamente. Por ende, es inconcuso que los actos que realicen las partes que intervinieron en dichos actos jurídicos son emitidos en un plano de igualdad, dentro de una relación de colaboración, pues esa manera de actuar de parte de la autoridad responsable (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) debe ser analizada partiendo de lo convenido en las cláusulas del contrato; por tanto, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no entraña una violación de derechos fundamentales. En consecuencia, se itera, no se está en el supuesto de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores deba considerarse como autoridad para los efectos del amparo, por el hecho de que continúe realizando descuentos con motivo del crédito hipotecario, pues debe tenerse presente que dicho Instituto, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal en su artículo 123, apartado A, fracción XII, en el caso actúa como un administrador del mencionado Fondo, el cual como organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio tiene el encargo CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 739/2020-III [14] constitucional de operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad sus habitaciones. Incluso, de las disposiciones aplicables de la ley que regula al instituto en cita, se obtiene que los créditos que otorga este último plasmados en los contratos respectivos, no se suscriben en un plano de supra a subordinación entre el instituto y los trabajadores, pues dicho acto, por su propia naturaleza es bilateral; es decir, deriva de un acuerdo de voluntades en el que el instituto accede al otorgamiento de financiamiento a un trabajador para que adquiera en propiedad una habitación, y este último lo acepte en los términos y condiciones que se plasmen en el contrato.9 De esta manera, al no tener la respuesta dada a la petición de la quejosa, las características distintivas para ser considerado 9 Es ilustrativa la jurisprudencia por contradicción, emitida por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 280, que dice: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO RCA-1316-10/05 DE 26 DE OCTUBRE DE 2005, POR LA QUE AUTORIZÓ LA VENTA DE CARTERA VENCIDA, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XXXVI/99, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", estableció que es autoridad para efectos del juicio de amparo el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, de lo que se sigue que autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En congruencia con dicho criterio, el acto por el que el Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en términos de la última parte de la fracción IX del artículo 16 de la Ley que lo regula, emitió la resolución número RCA-1316-10/05 de 26 de octubre de 2005, en la que autorizó la venta de la cartera vencida reservada al 100%, hasta por 56491 créditos, mediante subasta pública, así como a la contratación de los proveedores necesarios para realizar esa venta, cumpliendo con la normatividad que al respecto hubiese emitido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, si bien es cierto es un acto unilateral realizado conforme a las facultades que le otorga la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, también lo es que no contiene las notas distintivas para que pueda considerarse como un acto de autoridad, pues debe tenerse presente que si la venta de la cartera vencida (cesión de derechos), en sí misma considerada, en términos del Código Civil Federal es un acuerdo de voluntades entre acreedor (cedente) y un tercero ajeno a la relación contractual primigenia, o bien, otro acreedor (cesionario) cuyo objeto es transmitir a este último los derechos que el primero tiene contra el deudor, sin que ello implique la extinción de la deuda, y en el caso de que la cesión sea onerosa, como en la especie, el pago realizado por el cesionario al cedente constituye una circunstancia de este contrato, pues se trata del importe de esta operación, resulta válido concluir que a través de la resolución citada (que sólo resulta ser el antecedente de la cesión de derechos), el Instituto no emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, en este caso de los trabajadores cuyos contratos de crédito forman parte de la cartera vencida y que fueron vendidos". CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 739/2020-III [15] Juicio de amparo indirecto 739/2020-III como un acto de autoridad que pueda ser impugnado en amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 5o, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo.10 Así, al decretarse el sobreseimiento en este juicio de amparo, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su demanda de garantías, toda vez que el análisis de las causas de improcedencia en el juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y su actualización impide el análisis de la cuestión de fondo. QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o 10 Es aplicable, la tesis XX.2o.7 A, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, registro 186933, página 1230, que dice: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. HIPÓTESIS EN QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores prevé diversos supuestos en los que dicho organismo público actúa como autoridad; sin embargo, cuando el acto reclamado deriva de los descuentos que el instituto hace sobre el salario del trabajador, vinculados con la relación que establecieron en virtud del contrato de crédito otorgado a favor del último para adquirir en propiedad una vivienda y, por ende, constituyeron derechos y obligaciones recíprocos, en un plano de igualdad, es obvio que tal actuación no se encuentra revestida de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad e imperatividad propias de un acto de autoridad porque, al ejecutarlo, el instituto no se apoya en la ley, sino en el acuerdo tomado entre ambas partes; por tanto, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no entraña una violación de garantías; de ahí que su estudio debe ser resuelto por los tribunales de instancia competentes, conforme con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la propia ley en cita, toda vez que la acción constitucional intentada es improcedente, en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 11, ambos de la Ley de Amparo.". Asimismo, la diversa tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte1, Enero-Junio de 1989, Octava Época, registro 228533, página 394, de rubro y texto: "INFONAVIT. CUANDO CELEBRA CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO PARA EL PAGO DE BIENES INMUEBLES, NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), tiene el carácter de autoridad en tanto actúa como organismo fiscal autónomo para requerir sobre las aportaciones y descuentos omitidos por los particulares, pero tal carácter no le es atribuible cuando a través de sus representantes u órganos administrativos expresa unilateralmente la voluntad de rescindir el contrato celebrado para el otorgamiento de crédito y el pago de los bienes inmuebles que financía, debido al incumplimiento de sus cláusulas por parte de los quejosos, porque tal acto emana de acuerdos celebrados entre particulares, y en esa virtud debe sobreseerse en el juicio de garantías." CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.73 07/01/23 13:31:59 Juicio de Amparo Indirecto 739/2020-III [16] publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Yuridia Calderón Vargas, por conducto de su apoderada Carla Dalila Macías Barqueño, respecto a los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos y razones expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público Federal; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, hasta el día de hoy veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado; ante Carlos Alberto Alcántar Béjar, secretario que autoriza y da fe. Número(s) de oficio(s): 15416 CARLOS ALBERTO ALCANTAR BEJAR
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...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por la parte quejosa Yuridia Calderón Vargas, mediante el cual, solicita la revocación de sus anteriores autorizados, Goretty Lorena Pastor Zamago, Selena Maricruz Rafael Torres y Priscila Parada Vázquez, por tanto se tiene por revocados a los mencionados autorizados. Nuevo domicilio de la parte quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que menciona en el escrito de cuenta, así como el correo electrónico liccarlosagarcia@gmail.com; y el número de celular 311 230 65 04 para facilitar la comunicación. Al respecto, instrúyase al actuario judicial de la adscripción para que las notificaciones personales las efectúe JORGE SALVADOR BAÑALES SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.34 19/02/24 09:55:49 por ese medio, debiendo levantar el acta correspondiente cuando se realice la notificación respectiva. En ese sentido, se comisiona a los actuarios adscritos para que en la medida de lo posible, realicen las notificaciones no procesales por el medio indicado con antelación; lo anterior, para dar cumplimiento al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, el cual en su artículo 5, establece que se puede brindar atención a las personas justiciables por vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea, como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, de lo cual deberán levantar la constancia respetiva, para efecto de su posterior integración. Por autorizado a Carlos Alfonso García Rodríguez, en términos del artículo 12 de la ley de la materia toda vez que de una revisión en el Registro Único de Profesionales del Derecho y/o Dirección General de Profesionistas, se advierte que cuenta con cédula profesional debidamente registrada. Asimismo, a Marisol Valdez Hernández, única y exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, sin que esta autorización tenga mayores alcances. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Jorge Salvador Bañales Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.
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El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable que lo suscribe, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, pónganse a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Asimismo, se tiene como domicilio de la autoridad oficiante el que precisa en los informes de cuenta y como delegados en términos del artículo 9o., de la Ley de Amparo, a las personas que designa. Se autoriza el uso de medios electrónicos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo, reservada o confidencial. Luego, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la constancia que anexó al comunicado de cuenta; sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrar la audiencia constitucional en términos del numeral 124 de la citada legislación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma
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