Yuridia Anabel Rodríguez Rodríguez

Expediente 797/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
797/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2017

Partes del expediente

  • Yuridia Anabel Rodríguez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que el auto a través del cual se tuvo por no presentada la demanda ha causado estado.

  2. Principal

    Notificación personal.

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo indirecto promovida por xxxxxxxxxx, contra actos del 1. Fiscal General del Estado de Veracruz y/o quien legalmente represente a dicha dependencia, con sede en Xalapa, Veracruz, y otras. Fórmese expediente y regístrese con el número 797/2017-VI en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte el acto reclamado es: El oficio FGE/FCEIDVFMNNyTP/EA/711/2017 de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (del cual anexa copia simple), emitido por la Fiscal Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con sede en Xalapa, Veracruz, en el cual se ordena el cambio de adscripción de la quejosa de la Agencia del Ministerio Público Investigadora Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia en Cardel, Veracruz a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con residencia en Veracruz, Veracruz, y la conmina a presentarse a partir del veintinueve de agosto al doce de septiembre de dos mil diecisiete, en las oficinas de su nueva adscripción. Así, en la especie se considera se surte el supuesto de improcedencia que resulta de relacionar el que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se desprende que el juicio biinstancial es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. Para promover demanda de amparo, es importante precisar que autoridad responsable, de conformidad con el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, los elementos necesarios para la conformación de un acto emitido por una autoridad para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: 1) Que quien lo emite tenga características de órgano público (incluyendo a particulares equiparados a autoridad). 2) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3) Que sea emitido o realizado unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. Acorde con lo anterior, el concepto de autoridad, excluye, por regla general, los actos, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente; por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. En el caso concreto, se está en presencia de relaciones jurídicas de coordinación, es decir, las entabladas entre particulares. Para dirimir las controversias que surgen de ellas se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; las partes están en el mismo nivel; en las relaciones de coordinación existe bilateralidad. En la especie, la relación existente entre la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la quejosa es de coordinación, en virtud que la impetrante aduce tener la categoría de analista administrativo adscrita a la Agencia del Ministerio Público Investigadora Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia en Cardel, Veracruz, esto es, queda de manifiesto la existencia de una relación laboral. Al respecto, cabe destacar que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave regula las relaciones administrativas y laborales de dicha Fiscalía con los Fiscales, Facilitadores, Peritos, Policías de Investigación y de toda aquella en sus distintas modalidades, y Auxiliares de Fiscal que formen parte de la Fiscalía General y demás servidores públicos, en términos de sus numerales 77 y 78, que establecen: "Artículo 77. Régimen Laboral del Personal Ministerial, Pericial y Policial. Los Fiscales, Facilitadores, Peritos, Policías de Investigación y de toda aquella en sus distintas modalidades, y Auxiliares de Fiscal que formen parte de la Fiscalía General, con base a los artículos 21 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, quedarán sujetos al Servicio de Carrera, en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad, la presente Ley, su Reglamento y la normatividad que para tal efecto expida el Fiscal General. Artículo 78. Régimen Laboral de los Trabajadores de Confianza En atención a la naturaleza de las funciones que tiene a su cargo la Fiscalía General, los demás servidores públicos distintos a los señalados en el párrafo anterior, que presten sus servicios en la misma, incluyendo al personal de designación especial, serán considerados trabajadores de confianza en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para todos los efectos legales, por lo que únicamente gozarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social. [.]" En relación con dichos preceptos la parte quejosa tiene el cargo de analista administrativo, el cual está previsto en el artículo 3, Apartado D (relativo a los servidores públicos con funciones administrativas), fracción XXXI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Se encuentra dentro de la categoría de trabajadores que se estiman de confianza, pero además no están sujetos al servicio de carrera, pues desempeñan funciones netamente administrativas; y, por ende, no se vinculan directamente con la procuración de justicia, al no tener sus servicios relación directa con la investigación y persecución de los delitos en términos del artículo 21 de la Constitución, como en el caso de los Fiscales, Facilitadores, Peritos, Policías de Investigación y de toda aquella en sus distintas modalidades, y Auxiliares de Fiscal. Razón por la cual la quejosa mantiene con esa dependencia una relación laboral ordinaria y, en consecuencia, de coordinación. De lo anterior, es dable concluir que, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con residencia en Veracruz, Veracruz, no está actuando con el carácter de una autoridad, al hacer un cambio de adscripción, en términos del artículo 31, fracción V de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sino en su calidad de patrón de la quejosa. Por lo que, en todo caso en contra de esas acciones existen procedimientos ordinarios para resolver este tipo de controversias, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. Sin que, desde luego, se esté en el caso de señalarle específicamente a la parte quejosa, cuáles serían los medios de defensa ordinarios idóneos a los que deberá acudir a fin de lograr como parte en el juicio natural a hacer respetar sus derechos, con base en la jurisprudencia 2ª./J.125/2012 (10ª) de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia Constitucional en el País, registro IUS 2002215, que se publicó en la página 1583, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 2, Materia (s) Constitucional-Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, siguiente: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. Lo anterior, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en la ejecutoria emitida el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en los autos de la queja 275/2016 de su índice. En razón de lo expuesto, al no haberlo hecho así, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda del juicio protector de derechos humanos por su notoria improcedencia, pues se actualizó la causa a que se hizo referencia en el cuerpo de esta resolución, esto es, la prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo.

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