Yuri González Vargas
Expediente 1602/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1602/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Yuri González Vargas
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, la parte quejosa ********************, solicita le sean devueltos los documentos exhibidos con la demanda de amparo del presente juicio de amparo y autoriza a diversas personas para recogerlos. En ese sentido, previo cotejo del documento original anexado al presente sumario de amparo, procédase a hacer la devolución del mismo, previa copia certificada, razón y firma que por su recepción obre en autos para debida constancia legal y se tienen por autorizadas a las personas que señala para su devolución
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Yuri González Vargas, por propio derecho, contra actos de la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México "SUTEYM" a través de su titular Herminio Cahue Calderón y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1602/2023-III. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente de que se trata señala como acto reclamado la expulsión del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México "SUTEYM". Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional estima que respecto al citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen en su orden lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo el carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme a los numerales transcritos, el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad y de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de los preceptos transcritos, y cuyas funciones están determinadas por una norma general. En efecto, aun cuando el artículo 5°, fracción II, de la citada ley, al definir quién tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, señala que tienen tal carácter, aquellas entidades que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien aquella que omite el acto que, de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, destacando que para los efectos de la propia Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, siempre y cuando sus funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, debe señalarse que si bien es cierto, el segundo párrafo de esa fracción establece los términos y casos en que los particulares serán parte en el juicio de amparo en calidad de autoridad responsable, previendo que será cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de esa misma fracción, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. Sin embargo, ello no equivale a que el juicio de amparo sea procedente contra actos de particulares per se, sino que se requieren ciertas circunstancias para actualizar su procedencia. Por lo anterior, es conveniente precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya estableció en qué supuestos se está en presencia de actos de autoridad, de entre los cuales destaca en primer término, para este caso en concreto, la existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Lo anterior, tal como lo refiere la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2011, tomo XXXIV, página 1089, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así, la interpretación lógica y sistemática del precepto contenido en la nueva legislación de amparo y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad, esto es, que esté autorizado precisamente con la finalidad de que en nombre del Estado emita actos unilaterales y obligatorios a través de los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que pudieran afectar la esfera legal de otro particular. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Circunstancia, que en el presente caso no se configura. En efecto, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular y, que para emitir esos actos, no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Cabe mencionar a lo anterior el criterio sustentado en la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.), por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página 3823, del Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma". En la especie, la quejosa expresa como acto reclamado la expulsión del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México "SUTEYM". En ese sentido, este Juzgado de Distrito considera que, atendiendo a la naturaleza propia del acto impugnado, este atiende a cuestiones internas propias de la vida jurídica del sindicato, toda vez que la agraviada bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el Sindicato responsable la expulsó, sin que se le haya otorgado la garantía de audiencia respectiva, ni seguido los procedimientos legales correspondientes. En esa tesitura, el juicio de amparo no es la vía idónea para combatir dichas irregularidades, toda vez que, considerando los fines que persigue y su naturaleza, las mismas deben ser combatidas a través del procedimiento ordinario correspondiente. En efecto, el estudio de la procedencia de la vía es un presupuesto procesal de orden público, el cual requiere hacerse previo al estudio de las cuestiones de fondo que se plantean, en este caso, en el juicio de amparo, ya que implícitamente va inmersa la competencia del órgano ante el que se somete la pretensión constitucional del accionante, pues sólo así se cumple con el derecho fundamental de seguridad jurídica y tutela jurisdiccional, establecidas por los artículos 14 y 17 constitucionales. En ese orden de ideas, si la parte quejosa reclama una inminente expulsión del Sindicato del cual forma parte, sin causa legal, por no seguirse las normas del procedimiento respectivas, es inconcuso que dicho acto no constituye una situación cuya impugnación proceda a través del juicio de amparo, sino que, en todo caso, debe ser resuelta por la instancia correspondiente, en la vía ordinaria que se promueva. Precisado lo anterior los actos reclamados no constituyen un acto de un particular, ya que la determinación del Sindicato respecto de la conducta de la agraviada, y sus consecuencias, se lleva a cabo con base en las disposiciones relativas contenidas en los estatutos de dicho organismo sindical que rige su vida interna y proviene de la voluntad de los integrantes de dicho sindicato y no basada en una norma de carácter general; por tanto no tienen las características de un acto de autoridad ya que no extinguen derechos y obligaciones de un gobernado, incorporados a su esfera jurídica, consecuentemente al no estarse en presencia de una relación de supra a subordinación los actos que se reclaman no son susceptibles de ser impugnados en la vía de amparo indirecto. En lo que interesa, tiene aplicación la Jurisprudencia identificada como Tesis: XXVI.2 A (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 3049, Tomo IV Libro 2, Enero de 2014, de la Décima Época, Tesis Aislada Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor a partir del día siguiente, se amplió la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, en casos de excepción, de conformidad con sus artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, también lo es que de tales disposiciones se aprecia, como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general. Consecuentemente, las determinaciones adoptadas por los órganos de gobierno de los sindicatos, a través de las cuales imponen sanciones a sus miembros, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, en relación con los numerales señalados inicialmente." Así como diversa tesis de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1644, del Tomo XCI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "SINDICATOS DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, NO SON AUTORIDADES. Los sindicatos no tienen el carácter de autoridad; pero si sus efectos son sancionados por el Tribunal de Arbitraje como éste, sí tiene el carácter de autoridad, contra él procede el amparo." Por tanto, no se está frente a un acto autoritario, toda vez que, éste se da cuando las responsables, actúan con potestad y poder que les confiere la propia ley, por lo que es inconcuso que, en el caso, no se está en presencia de una relación jurídica de supra a subordinación que actualice la procedencia de la acción constitucional, pues de acuerdo a la naturaleza del acto que se le reclama, la autoridad que se señala como responsable, no está facultado para tomar decisiones unilaterales, de manera imperativa y coercitiva, exigibles al afectado mediante el uso de la fuerza, o a través de otras autoridades. En esas condiciones, con apoyo en los artículos 5, fracción II; 61, fracción XXIII; 112 y 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente se desecha la demanda de amparo promovida por Yuri González Vargas, contra actos de la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México "SUTEYM" a través de su titular Herminio Cahue Calderón y otra autoridad. Cabe señalar que con la determinación alcanzada, la parte promovente no queda sin defensa, pues existen medios ordinarios por los cuales puede hacer valer sus derechos, lo cual atiende a lo que establece el artículo 17 de la Constitución Federal, que prevé el derecho a la tutela jurisdiccional, entendido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Por lo tanto, el hecho de que el juicio de amparo indirecto sea improcedente, en el caso concreto, no implica que no exista una vía idónea y autoridades competentes ante las cuales el particular pueda acudir a hacer valer sus derechos y plantear su reclamo. Luego, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el físico que cita en su ocurso inicial de amparo y se tienen como autorizadas a las personas que refiere, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Así, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos), a través del cual, el representante legal de las autoridades del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite el comprobante de pago a favor de la parte quejosa correspondiente a la segunda quincena de agosto de dos mil veintitrés. No obstante lo anterior, toda vez que en auto de trece de octubre del año en curso, se recibió la promoción 16289, la cual se encontraba dirigida al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl y en virtud de que el oficio de cuenta coincide con el nombre del quejoso y mismo número de juicio, en obvio de mayores dilaciones procesales, mediante oficio envíese a su destinatario correcto.
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