Yuri Emiliano Cinta Domínguez

Expediente 457/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
457/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
14/12/2022

Partes del expediente

  • Yuri Emiliano Cinta Domínguez
  • YURI EMILIANO CINTA DOMÍNGUEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad de México; catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/474/2022, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la determinación tomada en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, por el Pleno del propio Consejo, en la que acordó la adscripción de Blanca Alicia Ochoa Hernández, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia señalada, para que puedan alegar lo que a su derecho e interés convenga. Ejecutoria. Vista la segunda certificación que antecede, se advierte que la sentencia dictada en este juicio, en la que se sobreseyó y se negó el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, no fue recurrida por la misma dentro del término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado ejecutoria; por lo cual, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo del expediente. Tomando en consideración el estado procesal de autos, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN en un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Archívense por separado los cuadernos incidentales. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo antes mencionado el cuaderno original del incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva, es DEPURABLE. Y conforme al ordinal 20, fracción II, inciso a) del mismo Acuerdo el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurra el plazo de seis meses. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula de cada uno de ellos. Finalmente, se aprecia que la parte quejosa no exhibió documentos originales; no obstante, los exhibidos por la parte quejosa, se dejan a su disposición hasta en tanto transcurra el plazo para la ejecución de la valoración de este asunto. Fundamento: Artículo 3, fracción XVIII1 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y capítulo 4, punto 4.3.2 , del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, téngase por recibida la copia autorizada del auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el Cuaderno de Varios 4/2022 del índice de este Juzgado, al que se anexa el oficio del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del amparo en revisión 312/2017, de su índice, de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, siendo las nueve horas con diecisiete minutos del once de octubre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Blanca Alicia Ochoa Hernández, Jueza Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jesús Rivera García que da fe, procede a celebrar la relativa al incidente de suspensión de modificación o revocación a la suspensión definitiva 156/2014.... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : ÚNICO. Es infundado el incidente de modificación o revocación a la suspensión definitiva de conformidad con lo expuesto en la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Ciudad de México; veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos los oficios de cuenta remitidos por el Secretario adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México; a través de los cuales, remite el testimonio de la resolución pronunciada en el incidente en revisión 723/2020, así como el original del incidente de suspensión en que se actúa, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En esas condiciones, agréguese a los autos el testimonio de mérito para los efectos legales a que haya lugar; hágase del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria virtual celebrada el doce de agosto de dos mil veintiuno, el citado tribunal colegiado resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se DESECHAN los recursos de revisión." Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico que para registro tiene este juzgado. Acúsese el recibo correspondiente. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2. De igual manera, hágase del conocimiento a las autoridades responsables que no se les remite copia de la citada resolución, tomando en consideración las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la unión, aunado a que la misma se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Asimismo, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del citado recurso, y para un mejor manejo del asunto, únicamente se agregarán las constancias originales, previa depuración de las mismas que en aquél obren en copia simple. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo 457/2020, promovido por Yuri Emiliano Cinta Domínguez, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado por Yuri Emiliano Cinta Domínguez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que se precisarán en esta sentencia (fojas 2-15). SEGUNDO. Turno al Juzgado de distrito. La demanda fue turnada al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde por auto de treinta y uno de diciembre de dos mil diecienueve, fue radicada con el número de expediente que le correspondió; y previno a la parte quejosa a efecto de que desahogara diversas irregularidades advertidas en su demanda (fojas 18-20). TERCERO. Desahogo de prevención y admisión de la demanda. Escrito de desahogo de prevención suscrito por el quejoso en este juicio (foja 27). Auto de diecisiete de enero de dos mil veinte, mediante el cual el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, desechó parcialmente la demanda y la admitió a trámite respecto al resto de los actos; dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de su adscripción; solicitó informes justificados a las autoridades responsables y señaló hora y fecha para la audiencia constitucional (fojas 28-31); CUARTO. Causa estado desechamiento parcial. En auto de siete de febrero de dos mil veinte, se declaró firme el desechamiento parcial de demanda efectuado en acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veinte (fojas 71-72). QUINTO. Remisión de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Por auto de diecinueve de de febrero de dos mil veinte, por el cual el juez de origen, en cumplimiento al Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal remitió el expediente en que actúa a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Prmera Región, con residencia en la Ciudad de México, para el turno correspondiente y se continuara con el trámite y resolución del asunto (fojas 87-88); SEXTO. Turno y radicación en este juzgado de Distrito. Por razón de turno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento a la Circular 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitió los autos a este órgano jurisdiccional, donde por auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, radicó la demanda; se avocó al conocimiento del asunto registrándolo con el número de expediente 457/2020; convalidó las actuaciones del juez de origen; dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijo día y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 99-101). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral Primero del Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de febrero de dos mil veinte, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de las sentencias de los juicios de amparo en los que se reclamen diversas disposiciones relacionadas con la emisión de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, o bien, que en esa materia se encuentren contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la Ley de Seguridad Nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal; así como aquellas disposiciones relacionadas con el esquema de Austeridad Republicana, incluyendo la Ley Federal de Austeridad Republicana, y las reformas y adiciones en esa materia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Criterios aplicables. Los criterios que se invocarán en esta sentencia son aplicables aún y cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. TERCERO. Precisión de actos. Los actos reclamados materia de litis son los siguientes: La discusión, aprobación y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en específico el artículo 24, párrafo segundo, así como su aplicación. "Artículo 24. Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años". Cabe señalar que, la norma general se reclamó, según se apreció en la demanda, como parte de un sistema normativo complejo que regula diversas disposiciones relacionadas con el esquema de austeridad republicana, el cual incidió en los derechos de la parte quejosa desde su entrada en vigor; es decir, la impugnó en su carácter de autoaplicativa porque estimó encontrarse sujeto a las obligaciones, prohibiciones o sanciones establecidas por dicho régimen jurídico especial, dado que se trata de un servidor público de la Federación. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." CUARTO. Actos inexistentes. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en su denominación correcta de aquella autoridad que señaló el quejoso en su demanda como Titular de la Contraloría del citado instituto, que se hizo consistir en la aplicación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en específico el artículo 24, párrafo segundo, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa desvirtuara esa negativa. Sobre este aspecto, cabe apuntar que no quedó acreditado en autos que el decreto reclamado se haya aplicado a la parte quejosa, habida cuenta que lo impugnó en su carácter de autoaplicativo, es decir, con motivo de su sola entrada en vigor, no en razón de un acto concreto de aplicación. Es decir, la parte quejosa no exhibió prueba alguna de las permitidas por ley para acreditar la existencia de tales actos y correspondía a ella la carga de la prueba al tratarse de actos positivos, en términos de lo dispuesto por el artículo 81 del código supletorio que prescribe que quien afirma debe probar su dicho. En este sentido, a falta de prueba en contrario, se tiene por inexistente el acto citado reclamado a la autoridad arriba señalada. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 1/93, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS DE CARACTER POSITIVO. LOS VICIOS DE CARACTER NEGATIVO QUE SE ATRIBUYAN NO RELEVAN AL QUEJOSO DE LA OBLIGACION DE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE TALES ACTOS." Asimismo, tampoco son ciertos los actos reclamados a la Secretaria de Gobernación, que se hicieron consistir en la discusión, aprobación y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en específico el artículo 24, párrafo segundo, pues así lo manifestó al redir informe justificado, amén que basta imponerse del ordenamiento aludido para advertir que dicha autoridad únicamente refrendó dicho Decreto (acto que no fue relamado por el quejoso), pero no realizó ninguno de los actos precisados al inicio de este párrafo, de ahí que se tengan por no ciertos. Máxime que la certeza de los actos que se reclaman en amparo indirecto, atribuidos a autoridades legislativas en el ámbito de su respectiva competencia relacionados con las leyes, reglamentos, decretos u ordenamientos jurídicos de carácter general, -como el que ahora se debate de inconstitucional- no está sujeta a prueba por ser del conocimiento público a través del Diario Oficial de la Federación, Periódico o Gaceta Oficial de cualquier entidad federativa o del Distrito Federal o municipalidad, puesto que constituyen un hecho notorio desde el punto de vista jurídico, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que basta imponerse del Decreto impugnado para advertir que las referidas autoridades, sí llevaron a cabo los actos que se le reclaman. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.65/2000 de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por tanto, ante la falta de evidencia probatoria atribuible a la parte quejosa, procede sobreseer al respecto en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. QUINTO. Actos ciertos. Son ciertos los actos legislativos reclamados a las autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión; así como del Presidente de la República, que se hicieron consistir, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, en los siguientes: La discusión, aprobación y promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en específico el artículo 24, párrafo segundo. Lo anterior, porque así lo manifestaron al rendir informe justificado, habida cuenta que la certeza de los actos que se reclaman en amparo indirecto, atribuidos a autoridades legislativas en el ámbito de su respectiva competencia relacionados con las leyes, reglamentos, decretos u ordenamientos jurídicos de carácter general, -como el que ahora se debate de inconstitucional- no está sujeta a prueba por ser del conocimiento público a través del Diario Oficial de la Federación, Periódico o Gaceta Oficial de cualquier entidad federativa o del Distrito Federal o municipalidad, puesto que constituyen un hecho notorio desde el punto de vista jurídico, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que basta imponerse del Decreto impugnado para advertir que las referidas autoridades, sí llevaron a cabo los actos que se le reclaman. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.65/2000 de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo impone la obligación de analizar oficiosamente las causas de improcedencia en el juicio por ser una cuestión de orden público y preferente al análisis del fondo del asunto. En razón de ello, se procede al estudio de las causas de improcedencia que, de oficio, se advierten actualizadas en este juicio de amparo en relación con los actos reclamados. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 158, de rubro: "IMPROCEDENCIA." Así como la jurisprudencia 228, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que se advierta de oficio, o bien, las invoquen las partes, por ser una cuestión de estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación con los artículos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la ley de la materia, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Conforme a lo previsto en los artículos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, tiene la calidad de quejoso aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos contenidos en el artículo 1 de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Dicho precepto también establece, entre otras cosas, que la autoridad no podrá invocar interés legítimo, y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, y que el juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. En relación con el interés jurídico para promover el juicio de amparo, el Alto Tribunal del país ha establecido que consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar mediante el juicio de amparo, algún acto de autoridad violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto de autoridad o una norma, que ocasiona un perjuicio a su titular; esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado. Así, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la propia legislación, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ende, la afectación a un derecho legítimamente tutelado, otorga al agraviado la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente, a efecto de exigir se le restituya en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Así como la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, publicada en la página 35, Tomo 60, Diciembre de 1992, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." En el caso, tratándose del amparo contra leyes, este requisito de afectación puede generarse en dos posibles momentos, a saber: a) Por su sola entrada en vigor; y, b) Con motivo de su primer acto de aplicación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los conceptos de normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas, con el propósito de clasificar e identificar los escenarios en que una norma puede generar una afectación a los particulares y la oportunidad para impugnarla mediante el juicio de amparo. Conforme a dicha clasificación, las normas autoaplicativas son aquellas que con su sola entrada en vigor causan una afectación al particular. Por otro lado, las normas heteroaplicativas son aquellas que no generan un perjuicio sino hasta que se suscita un acto concreto de aplicación de la norma; asimismo, el Máximo Tribunal de nuestro país adoptó un concepto para diferenciar dichas normas: el de "individualización incondicionada". Sobre lo anterior, el citado órgano estableció que dicho principio es consubstancial a las normas autoaplicativas; es decir, las que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, toda vez que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En ese sentido, estableció que el principio de individualización incondicionada permite determinar con mayor objetividad la procedencia del amparo contra leyes, toda vez que habilita al juzgador a conocer, en cada caso, si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada, siendo dicha condición la realización de un acto necesario para que la ley adquiera individualización. Sirve de fundamento la tesis de jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, de rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Asimismo es aplicable al caso la tesis 2a. XIX/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, página 206, cuyo contenido es el siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consubstancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.". Sobre estas bases, cuando las obligaciones derivadas de la ley nazcan con ella misma, independiente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones que impone el mandato legal no surjan en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiera para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se estará en presencia de una ley heteroaplicativa o de individualización condicionada. Cabe destacar que, tratándose de las normas heteroaplicativas, el acto concreto de aplicación de las mismas puede efectuarse: De manera directa por una autoridad. Por parte de un particular que actúe por mandato expreso de la ley, como sucede, por ejemplo, en el caso de los retenedores de las contribuciones. Cuando el agraviado se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de una autoridad, como ocurre, por ejemplo, con la autodeterminación o autoliquidación en materia tributaria. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia 2a./J. 36/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 683, de rubro y texto siguientes: "RENTA. LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONDUCE A TENER POR CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA LEY ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES HACENDARIAS, PERO SÍ ES APTA PARA PROMOVER AMPARO CONTRA DICHA LEY. El hecho de que en el juicio de amparo contra leyes el quejoso pruebe a través del recibo de pago de salarios o de la constancia fiscal relativa que el empleador le retuvo el impuesto sobre la renta, no conduce a tener por ciertos los actos de aplicación y ejecución atribuidos a las autoridades hacendarias, ya que para ello no sólo debe advertirse la intervención que éstas hubieren tenido en la recaudación del impuesto respectivo, sino que deben actuar en cumplimiento a las normas reclamadas, es decir, deben hacer cumplir las obligaciones que dimanen de ellas, aun en forma coactiva, sin que dicha retención tributaria conlleve la aplicación o ejecución de la ley por parte de las autoridades, en tanto que el patrón aplica la norma sin intervención de la autoridad fiscal y, por otra parte, si bien esta última tiene facultades para recaudar la contribución, no significa que haya ejecutado la ley tributaria. De ahí que la demostración de la retención en el juicio de amparo no desvirtúa la negativa de los actos de aplicación y ejecución que manifestó la autoridad hacendaria responsable al rendir su informe justificado, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías únicamente respecto a tales actos, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, mas no respecto de la ley reclamada, porque la retención es un acto de aplicación que permite impugnarla". Además, debe precisarse que no cualquier acto de aplicación de una ley heteroaplicativa puede dar pauta para impugnar su inconstitucionalidad en amparo; es decir, debe tratarse del primer acto de aplicación que afecte al gobernado en su interés jurídico, ya que, de lo contrario, se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha causado ningún perjuicio al promovente. Sirve de apoyo la tesis P. XCVII/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, página 92, la cual contiene lo siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURIDÍCO." El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente". Cabe mencionar que el Alto Tribunal ha establecido el criterio de que el acto de aplicación de una ley heteroaplicativa debe ser, necesariamente, real y actual; es decir, no deben tratarse de actos futuros, inciertos e inminentes, toda vez que ello implicaría analizar en abstracto la constitucionalidad de una norma que no causa perjuicio con su sola iniciación de vigencia, situación técnicamente inadecuada dentro del juicio de amparo. Sustenta lo antes indicado la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Julio de 1993, página 243, que dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, IMPUGNACIÓN DE LAS. ES NECESARIO QUE EL ACTO DE SU APLICACIÓN SEA ACTUAL, NO INMINENTE. Es cierto que el juicio de amparo procede contra actos inminentes, entendiéndose por tales aquéllos que necesariamente habrán de presentarse por ser consecuencia de otros ya existentes, pero tratándose de la impugnación de las leyes como heteroaplicativas es indispensable que el acto de su aplicación sea actual, pues de aceptarse un criterio contrario se permitiría el estudio de la inconstitucionalidad de un ordenamiento que no causa perjuicios con su sola iniciación de vigencia, sin que se hubiera registrado en forma clara y concreta un acto aplicativo a través del cual se actualizarán los perjuicios de la ley, situación técnicamente inadecuada". Por otro lado, no hay que pasar por alto la teoría de los componentes de la norma, misma que parte de la idea de que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, que los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercer aquéllos y de cumplir con éstas. Por lo anterior, en el caso la parte quejosa reclama el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en concreto el artículo 24, párrafo segundo, que establece lo siguiente: "Artículo 24. Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años". De los precepto impugnado, en esencia, establece la condición de que una vez que por cualquier motivo exista una separación de cargo, el servidor público respectivo no podrá ocupar puestos en empresas que haya supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años; y, que los entes públicos en un tiempo determinado deberán ajustar sus normativas conforme a la legislación en cuestión. Ahora, sin realizar un análisis a los conceptos de violación, dado que no es posible entrar al estudio de fondo por las razones que en este considerando se explican, de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala que el artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana afecta su derecho a la libre decisión a la profesión, industria, comercio o trabajo que le puedan favorecer, así como que el mismo precepto coarta su derecho a obtener un trabajo digno y socialmente útil derivado de un procedimiento administrativo digno a regular el esquema en que se implementarán las medidas de austeridad, el control de los ingresos y gastos públicos de la Federación, y como parte de ello, se sientan bases para establecer las medidas para la incorporación de empresas, de los servidores públicos que se separen del cargo que ostentan y hayan estado a cargo de la supervisión, regulación o información privilegiada de dichas organizaciones; por lo que a su juicio le causa agravio el hecho de que una vez que por cualquier circunstancia decida separarse de la institución a la cual pertenece, tendría que esperar la inhabilitación de diez años para incorporarse a la iniciativa privada. Ahora bien, de la reproducción de los precepto combatido en relación con la causa de pedir de la parte accionante, se concluye que la norma que tilda de inconstitucional, a pesar de que la impugna en su carácter de autoaplicativa, contrario a ello, la misma tiene naturaleza heteroaplicativa, en tanto los supuestos que contiene no cobran eficacia por su sola entrada en vigor, por lo que su individualización precisa de un acto concreto de aplicación, ya que sus efectos están condicionados expresamente a una circunstancia jurídica concreta, esto es, que el quejoso haya dejado de prestar su servicios al Instituto Nacional de Transparacencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y que pretenda laborar en una empresa supervisada en ejercicio del cargo público; circunstancia que, en el caso, no acontece dado que del acervo probatorio de este juicio constitucional no se observa que el quejoso haya dejado de laborar en la institución a la que pertenece. Por el contrario, lo que se demuestra con aquél es que dicho quejoso es trabajador activo. Inclusive, no pasa inadvertido para este juzgador el argumento toral del accionante, en el sentido de que la norma aquí combatida tiene la naturaleza autoaplicativa, lo cual fundamenta en la tesis aislada 1a. CCLXXXI/2014, registro 2006963, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Décima Época, misma que se reproduce a continuación. INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. Empero, contrario al dicho del quejoso, referente a que la legislación impugnada le genera menoscabo desde su entrada en vigor, este juzgador estima que el decreto reclamado no causa afectación al interés jurídico del quejoso, pues se reitera, el estándar de interés jurídico requiere el menoscabo de un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo de la quejosa, en este caso que los accionantes se hayan separado de la condición de servidores públicos que mantienen con Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, y encuentre impedida para laborar en una empresa supervisada en el ejercicio de sus funciones públicas previas. En ese sentido, es preciso hacer mención que, el estándar de afectación que resulta aplicable al caso que se resuelve es el de interés jurídico y no el de interés legítimo, pues la afectación que alega el promovente no la hace depender de su especial situación frente al ordenamiento jurídico, sino en función de que se encuentra condicionado a los estándares que de manera concreta señala la ley. Por ello, tratándose de normas heteroaplicativas, no cualquier acto legitima al gobernado para acudir en demanda de amparo, por el contrario, es requisito indispensable que dicho acto materialice los supuestos previstos por la norma y que trascienda a la esfera jurídica del gobernado, generándole un perjuicio, entendido como una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Tan es así, que el propio artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, señala que, después del periodo de vacatio legis dirigido a los entes públicos, se determinarán los ajustes normativos respectivos, situación que en este juicio no se advierte y que no señala de manera destacada el accionante, por lo que se concluye que, además, es de naturaleza futura e incierta. En atención a lo anterior, y como se ha referido en este considerando, la legislación en análisis requiere de algún acto concreto de aplicación como condición para actualizar el supuesto normativo; es decir, ". que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años." y ". Los entes públicos en un plazo máximo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, ajustarán sus marcos normativos conforme a lo establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana.". En estas condiciones, del decreto reclamado se obtiene que, si bien los servidores públicos que hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o hayan obtenido información alguna, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años, lo cierto es que para llevar a cabo esta condicionante de inhabilitación es requisito sine qua non, que por cualquier motivo se hayan separado de su cargo. Así, aunque exista la inhabilitación del desempeño de ciertas funciones en la iniciativa privada, la sola expedición de esta ley no le causa perjuicio real y actual a la accionante; por lo mismo, se considera que se trata de acontecimientos de realización futura e incierta, en tanto están supeditados a una condición aún no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada II.1o.29 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Décima Época, misma que se reproduce y es del siguiente tenor. "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. EN LO CONCERNIENTE A LA EVALUACIÓN DOCENTE, LA LEY GENERAL RELATIVA TIENE EL CARÁCTER DE HETEROAPLICATIVA. Para diferenciar una norma autoaplicativa de otra heteroaplicativa se debe atender, fundamentalmente, que en la primera basta que el gobernado se sitúe en la hipótesis normativa para que con su sola entrada en vigor se afecta a su esfera jurídica (por sujetarlo a alguna conducta de hacer o no hacer, sin necesidad del surtimiento de cierta condición o de la realización de algún acto), mientras que si se trata de la segunda se requiere, necesariamente, de algún acto concreto de aplicación como condición para actualizar el supuesto normativo. En estas condiciones, de la Ley General del Servicio Profesional Docente se obtiene que, si bien la evaluación educativa es obligatoria respecto de la cual el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación determinará los periodos y las etapas evaluativas, lo cierto es que para llevarla a cabo la Secretaría de Educación Pública se lo notificará al personal docente a evaluar en el momento oportuno. Así, aunque todos los profesores podrán, en algún momento, ser sujetos de la evaluación docente, la sola expedición de dicha ley no les causa perjuicio real y actual, dado que para estar constreñidos a presentar la evaluación se requiere, indispensablemente, que sean seleccionados y notificados por la autoridad para hasta entonces ser sujetos de la aplicación del ejercicio evaluativo; por lo mismo, éste es un acontecimiento de realización futura e incierta, en tanto está supeditado a una condición aún no cumplida. Por tanto, el acreditamiento del cargo de docente sólo puede servir para sustentar, objetivamente, que en algún momento se podrá ser sujeto de la aplicación del ejercicio evaluativo, pero no que desde la fecha de vigencia de la ley se esté constreñido para ese efecto. Ante lo cual, se concluye que en lo concerniente a la evaluación, la Ley General del Servicio Profesional Docente tiene el carácter de norma heteroaplicativa." Por todo lo expuesto, en el caso, se advierte que la normatividad reclamada, por su sola entrada en vigor, no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de que constituye un mandato que se sujeta acondiciones que inclusive aún no acontecen, por ello es que, se insiste, la emisión de la normatividad impugnada no causa perjuicio al interés jurídico de la parte promovente al ser un acto declarativo, toda vez que su emisión no constituye una acción inmediata y, en todo caso, el perjuicio que aduce le genera, se actualizará hasta en tanto el accionante se separe de su cargo, por lo que en ese momento se podrá impugnar a través del juicio de amparo indirecto que se haga valer en contra del acto de aplicación de dicho ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 77/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, página 382, cuyos rubro y texto son los siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." De ahí que se concluye que no se actualiza la condición que de manera expresa señala el decreto impugnado para que el mismo cause perjuicio en la esfera jurídica de los accionantes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 35, 73 a 75 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Yuri Emiliano Cinta Domínguez, por las razones expresadas en esta resolución. Notifíquese.

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