Yuri Diana Bueno Garcia
Expediente 34/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/01/2019
Partes del expediente
- Yuri Diana Bueno Garcia
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintidós de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de nueve de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se desechó la demanda de amparo 34/2019, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Ministerio Público Federal Lista
- Principal
Ciudad de México, quince de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual manifiesta que por causas ajenas a su voluntad, en el escrito inicial de demanda se asentó una fecha diversa de notificación del acto reclamado; asimismo, solicita la devolución de los documentos exhibidos en su demanda de amparo. Al respecto, ténganse por hechas sus manifestaciones, en el entendido que en auto de nueve de enero de dos mil diecinueve este juzgador determinó desechar la demanda de amparo promovida por la quejosa, por lo que ésta tiene expedito su derecho para hacer valer los medios de impugnación que considere pertinentes. Finalmente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos que refiere previa certificación de desglose y toma de razón que de su recibo se deje en autos para constancia legal, por conducto exclusivamente de la propia quejosa, representante legal o autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable No aplica Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista
- Principal
Ciudad de México, nueve de enero de dos mil diecinueve . Registro Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho; fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 000443/2019 34/2019 24174512 ********** Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios de la parte quejosa al siguiente profesionista: Profesionista 1. **********. Dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Y no así a la siguientes profesionista: Profesionista 1. **********. Sin embargo, se le tiene como autorizada para el único efecto de oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acredite haber registrado su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho. Por otro lado, se autoriza en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a la diversa persona que menciona, para el único efecto de oír y recibir notificaciones. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Domicilio dentro de la jurisdicción En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso inicial, el cual es el inmueble ubicado en: Domicilio **********. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante , de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda de amparo, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que el referido ocurso es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Universidad de Ciencias y Administración, Sociedad Civil. La baja de la quejosa como alumna del seminario de titulación en la licenciatura de derecho, impartido en la Universidad de Ciencias y Administración, Sociedad Civil, por motivo de las irregularidades en el certificado de bachillerato expedido a su favor, el cual exhibió en el trámite de inscripción en la citada institución educativa privada. 2. Directora de la Universidad de Ciencias y Administración, Sociedad Civil. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: A efecto de analizar la causa de improcedencia prevista, debe acudirse a su contenido, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" El precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra normas generales o actos consentidos tácitamente, definidos como aquéllos contra los que no se promueva amparo dentro de los plazos enunciados en el numeral 17 de la ley de la materia. Dentro del segundo párrafo, se precisa que no se considera consentida una norma general autoaplicativa, sino sólo si no se promueva juicio de amparo contra el primer acto de aplicación en perjuicio. Asimismo, se prevé la opción de promover recurso o medio de defensa que pueda modificar, revocar o nulificar contra un acto de aplicación o juicio de amparo si se considera la norma general ahí aplicada inconstitucional. Se aclara que se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Finalmente, se dispone que si en contra de la resolución referida procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. A diferencia del consentimiento expreso, para el ahora analizado no sirve de referencia el Código Civil, pues dentro de la teoría de amparo el consentimiento tácito implica la no presentación del medio extraordinario de defensa dentro del plazo establecido en la ley. El consentimiento como causa de improcedencia busca cumplir el principio de seguridad jurídica y evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de su conducta externada de manera libre y espontánea, que patentiza su conformidad con los efectos del acto o norma general reclamada, por no presentar la acción de amparo dentro de los plazos previstos en la ley. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la séptima época identificó los elementos que deben concurrir para que exista consentimiento del acto o norma reclamados. El criterio referido, tiene el registro 232527 y es de rubro y texto siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Tales requisitos son los siguientes: El primer requisito consiste en la existencia del acto o norma general reclamados. Al respecto, su existencia es necesaria, ya que no puede manifestarse la conformidad o consentimiento de un acto que no se conoce y que, por tanto, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Al respecto, sirve de apoyo la tesis P. LXXVI/97 con número de registro 198696 y rubro: "ACTO CONSENTIDO, NO PUEDE TENERSE COMO TAL AQUEL QUE ES INEXISTENTE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA CONFORMIDAD DEL QUEJOSO CON SU FUTURA EMISIÓN." El segundo requisito consiste en que el acto norma reclamados causen un agravio en la esfera jurídica del gobernado. Lo anterior, dado que aun y cuando existiera el acto norma y el quejoso estuviera conforme con aquéllos, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. Resultan aplicables, las jurisprudencias 2a./J. 104/2005, 2a./J. 67/99 y la tesis aislada 2a. XX/96, de la Segunda Sala de la Corte, con registros 177273, 193720 y 200624 y de rubros: "ISSSTELEÓN. LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR LOS TRABAJADORES VARONES, RECLAMANDO LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY QUE LO REGULA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 241, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE DICIEMBRE DE 1993, DEBE PRESENTARSE EN EL PLAZO DE 15 DÍAS, CONFORME AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN." "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO." "AMPARO CONTRA LEYES. PRESUPUESTOS PARA QUE OPERE EL CONSENTIMIENTO TÁCITO." Que la parte quejosa haya tenido conocimiento de él sin haber presentado dentro del término legal la acción constitucional. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó diversas porciones normativas de la anterior Ley de Amparo relativas al consentimiento tácito como causa de improcedencia, además ya se pronunció en otros asuntos respecto a la ley vigente. En los casos conocidos por el Alto Tribunal se decidió en relación: a) momento que debe contarse el plazo para la presentación de la demanda de amparo, b) procedencia del amparo respecto de normas autoaplicativas y heteroaplicativas así como su oportunidad para impugnarlas y c) opción de impugnar la primera aplicación de una norma general por medio de amparo o por un recurso o medio de defensa que pueda modificarlo, revocarlo o nulificarlo. El criterio marcado con el inciso c) es el que interesa por lo que se desarrollará a continuación. Momento en que debe empezar a contarse el plazo para la presentación de la demanda a efecto de determinar si existe consentimiento tácito. Como se mencionó, la demanda de amparo debe presentarse dentro de los plazos establecidos en la ley, al respecto, el Pleno del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 57/2008, analizó cuándo inicia del cómputo para la promoción del juicio de amparo e interpretó el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada (que es parecido al 18 de la vigente) y sostuvo que en ese momento debía contarse a partir del día siguiente a aquél en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis, a saber: que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclama; a aquél en que haya tenido conocimiento; o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Señaló que esos plazos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. En el caso analizado, precisó que si el quejoso conoció el contenido del acto reclamado íntegramente con anterioridad a la fecha en que la autoridad responsable se lo notificó, entonces el cómputo de los quince días debía realizarse a partir del primero, sin importar el medio por el cual lo conoció. El criterio dio origen a la jurisprudencia P./J. 115/2010, con registro 163172 y rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." Anteriormente al pronunciamiento relativo a la exclusión de los plazos, el Pleno sostuvo un criterio similar y determinó que la confesión expresa del quejoso contenida en la demanda sobre el conocimiento del procedimiento que motivó el acto reclamado, constituía prueba plena de ese hecho. Ese razonamiento se asentó en la jurisprudencia P./J. 27/96, de registro 200094 y rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." Una vez expuesta las anteriores consideraciones, procede analizar si el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. En el caso concreto, la quejosa promovió juicio de amparo contra la baja como alumna del seminario de titulación en la licenciatura de derecho, impartido en la Universidad de Ciencias y Administración, Sociedad Civil, por motivo de las irregularidades en el certificado de bachillerato expedido a su favor, el cual exhibió en el trámite de inscripción en la citada institución educativa privada, acto que menciona conoció por la notificación hecha por parte de la Directora de la Universidad de Ciencias y Administración, Sociedad Civil, el cinco de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 27, 28 y 30). En ese sentido, de conformidad con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la referencia para iniciar el cómputo respectivo la constituye el momento en el cual la parte quejosa tiene noticia del acto reclamado, de su aplicación o de su ejecución. De ahí que si la quejosa en su demanda de amparo señaló que tuvo conocimiento del acto reclamado el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió de la siguiente manera: Diciembre 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 Enero 2019 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 Fecha de conocimiento (fojas 27, 28 y 30). Días inhábiles, en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés y veinticinco de diciembre de dos mil dieciocho). Días del plazo. Presentación de la demanda (foja 2). En ese orden de ideas, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el ocho de enero de dos mil diecinueve, según se advierte del sello de dicha oficialía plasmado a foja dos, debe concluirse que la presentación de la demanda de amparo es extemporánea. A mayor abundamiento, es preciso recordar que las hipótesis descritas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, relativas al momento a partir del cual comienzan a correr los plazos para la promoción del juicio constitucional, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, aunque conforme a la primera de dichas hipótesis el plazo debe comenzar a correr desde el día siguiente al en que surte efectos la notificación del acto reclamado, la mecánica del surtimiento de efectos no es aplicable a las dos hipótesis restantes que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo, ya que dicho precepto es categórico y dispone que cuando el quejoso tenga conocimiento del acto o de su ejecución, o se ostente sabedor del mismo, el plazo comenzará a transcurrir a partir del día siguiente al acaecimiento de dichos sucesos, sin que en estas últimas dos hipótesis aplique la mecánica del surtimiento de efectos, como acontece en el caso concreto. Por otra parte, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la diversa causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, en atención a lo siguiente: A efecto de analizar la causa de improcedencia prevista, debe acudirse a su contenido, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (..) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.) El precepto transcrito en primer término, si bien no prevé una causa de improcedencia en sí misma considerada, sí establece una regla que deja abierta la posibilidad de que sean incluidas otras que deriven de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo, sin que por estar en diverso precepto pueda asumirse que es indebido invocarlas. En este sentido, en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, tiene el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio constitucional, aquélla que, con independencia de su naturaleza formal, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, dispone en su párrafo segundo, que los particulares tendrán tal carácter cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (entendida ésta en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la ley de la materia). De igual manera, de conformidad con los artículos 1, 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Al respecto, es importante señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha evolucionado. La Ley de Amparo abrogada establecía en su artículo 5 que eran partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad o autoridades responsables; asimismo, en su numeral 11 disponía "es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la Ley o el acto reclamado", estableciendo de esta manera la forma en que la autoridad podía llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, pero no las características que ésta debía reunir para ser considerada como tal. En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la Quinta Época que el término "autoridades", para los efectos del amparo, comprendía a todas aquellas personas que disponían de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estuvieran en posibilidad material de obrar como individuos que ejercieran actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen. Posteriormente, en la Séptima Época el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó que para los efectos del amparo eran actos de autoridad todos aquellos mediante los cuales los funcionarios o empleados de organismos estatales o descentralizados pretendían imponer dentro de su actuación oficial, con base en la ley y unilateralmente, obligaciones a los particulares, o modificar las existentes, o limitar sus derechos. Más tarde, en la Octava Época se estableció que el carácter de autoridad responsable de una determinada entidad, para los efectos del juicio de garantías, no dependía de su naturaleza jurídica, sino de la participación que tuviera o pudiera tener, con o sin facultades, en la gestación o ejecución de los actos reclamados, cuestión que sólo podía ser dilucidada con pleno conocimiento de causa en la audiencia constitucional. Los criterios sostenidos hasta la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, conducen a determinar que los requisitos del acto de autoridad, para efectos del amparo son los siguientes: 1) que provenga de un órgano del Estado; y 2) que esté revestido de las características de imperatividad, unilateralidad, coercitividad y uso de la fuerza pública. Dentro de esta evolución, Don Ignacio L. Vallarta, con motivo del planteamiento del problema relativo al concepto de autoridad competente y al tema de la incompetencia de origen, realizó un análisis que marcó el camino para la interpretación del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo. El Ministro Vallarta distinguió entre las autoridades de jure y las de facto: 1. Autoridad de derecho, de jure, es aquella persona encargada por voluntad de la ley de ejercer determinadas funciones públicas, contra la cual procede el juicio de amparo, puesto que existe la posibilidad de que ejerza de manera indebida dichas atribuciones en perjuicio de los particulares. 2. Autoridad de hecho (de facto); respecto de la cual, a su vez, distinguió dos hipótesis: Aquella persona que ejerce funciones públicas, aun cuando el nombramiento que le fue conferido se encuentre viciado; no existe vínculo entre la competencia de un órgano de Estado y la legitimidad de la persona que lo encarna. La competencia se vincula con el órgano del Estado y se forma con el conjunto de facultades que la Constitución o la ley le otorgan a ese órgano. Aquella persona que por voluntad de la ley ejerce determinadas funciones públicas, pero que rebasando su órbita de competencia produce actos que lesionan los intereses de los particulares; al respecto, establecía que "tratándose del juicio de amparo, no debe examinarse este concepto con el criterio antes expresado, en cuanto deba exigirse la atribución legal de las facultades correspondientes como indispensable para que un funcionario, agente o empleado, pueda ser considerado como autoridad, ya que de tenerse como necesaria esta circunstancia, se llegaría a la conclusión absurda de que el amparo no procede cuando un órgano del Estado obra fuera de su competencia legal, en perjuicio de los particulares, siendo, estos casos, indudablemente, los que requieren más frecuentemente, y con más imperiosa necesidad, la intervención de la justicia federal"; contra todas ellas, consideró el Ministro Vallarta, procedía el juicio de amparo; sin embargo, lo que interesa apuntar es que nunca sostuvo que el juicio de amparo resultara procedente contra actos de particulares. Sin embargo, en la Novena Época, el Pleno del Máximo Tribunal al resolver el amparo en revisión 1195/1992, se apartó de los anteriores criterios y emitió la tesis número XXVII/97, con número de registro 199459, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Del criterio anterior se desprende que será autoridad responsable para efectos del juicio de amparo aquella que con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Asimismo, impone al juzgador de amparo la obligación, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos de la juicio de amparo, de atender a la norma legal y examinar si la faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. En esta evolución del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, la Ley de Amparo vigente establece la posibilidad de que dicho medio de control constitucional sea procedente contra actos que emanen de particulares, siempre y cuando éstos tengan ciertas características. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 253/2011, determinó que en torno al concepto de autoridad responsable, es necesario analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación; donde el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual, en primer lugar, deberá analizarse si en vez de aquella vinculación se trata de una relación de coordinación, la que excluye la idea de autoridad, ya que por su propia naturaleza existirá un procedimiento establecido en el derecho privado para ventilar cualquier controversia que se suscite en vía civil o mercantil, incluso laboral, o bien, también puede suceder que las normas constitucionales coloquen al Estado en situación jurídica parecida a la de un particular. En este aspecto, resulta necesario atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación: 1. Las relaciones de coordinación, son aquellas que se entablan entre particulares, estableciéndose un plano de igualdad, por lo que para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, entre ellas se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, existe un bilateralidad en el funcionamiento de este tipo de relaciones. 2. Las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, se regulan por el derecho público, este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. 3. Las relaciones de supraordenación, que nacen entre autoridades, esto es, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. En este sentido, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con el particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en una norma general, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos estatales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, con número de registro 161133 y rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Derivado de lo anterior, se colige que el acto de un particular es equivalente al de la autoridad cuando constituya una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad, que expresa una decisión de carácter imperativo y coercitivo, como un órgano autoritario del Estado, por el que se creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten a un particular, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, en una relación de supra a subordinación. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5°, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1. Sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2. Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación. En el caso concreto, la quejosa reclama la baja como alumna del seminario de titulación en la licenciatura de derecho, impartido en la Universidad de Ciencias y Administración, Sociedad Civil, por motivo de las irregularidades en el certificado de bachillerato expedido a su favor, el cual exhibió en el trámite de inscripción en la citada institución educativa privada. Al respecto, este juzgador considera que las autoridades señaladas como responsables Universidad de Ciencias y Administración, Sociedad Civil y la Directora de la citada institución educativa privada, no reúnen tal carácter, toda vez que al realizar actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituyan en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre éstas y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar sus servicios educativos en el nivel superior y actúan con base en una normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las cuales no constituyen un acto de autoridad para efectos de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.65/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017394, la cual es del tenor siguiente: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo". Asimismo, resulta aplicable por las consideraciones que contiene la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L con número de registro 2007580, cuyo rubro y texto dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento". Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable los motivos de improcedencia consignados en los artículos 61, fracción XIV y XXVIII, en relación con el diverso 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, este juzgador determina desechar la demanda de amparo. Notificación al Ministerio Público Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Devolución de documentos Por otra parte, solicita la devolución de los documentos que exhibió con su escrito (inicial de demanda); en atención a su petición, dígasele que por el momento no es posible proveer respecto de su solicitud, hasta en tanto el presente asunto quede como total y definitivamente concluido. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas citadas, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Ministerio Público Federal Lista
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