Yuri Alondra Garcia Villarruel
Expediente 421/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 421/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Yuri Alondra Garcia Villarruel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en la que se hace constar que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo contra la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA QUE NO AMPARA NI PROTEGE, HA CAUSADO EJECUTORIA. Hágase del conocimiento de las partes, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, previo a al presente auto glósese el original del incidente de suspensión y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez que haya transcurrido el término de CINCO AÑOS, que se establece en el punto de referencia, que será a partir del veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco, previo desglose del escrito de demanda y de la sentencia para su conservación. Esto, ya que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. En ese orden, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el original del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez que haya transcurrido el término de CINCO AÑOS, que se establece en el punto de referencia, que será a partir del veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco, previo desglose de la demanda y de la suspensión provisional y de la suspensión definitiva en que se concedieron las medidas cautelares. Por otro lado, el DUPLICADO DEL CUADERNO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena su guarda por cuerda separada de los presentes autos y transcurridos SEIS MESES, contados a partir de que se ordene el archivo de los presentes autos, procédase a su DESTRUCCIÓN, que se establece en el punto de referencia, que será a partir del veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa ofreció como prueba de su parte diverso documento, en tal virtud, con apoyo en el punto décimo primero, párrafo in fine, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que en el término de NOVENTA DÍAS, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa hoja de desglose y toma de razón que por su recibo deje para constancia. Se le apercibe que en caso de ser omisa, se procederá a su destrucción, de conformidad con el punto décimo primero, último párrafo del citado acuerdo. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, anexó a su oficio con número de correspondencia 5653, copia certificada del juicio de nulidad ***** ; en consecuencia, dado que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, devuélvase la citada constancia a su lugar de origen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 421/2020-II, promovido por ******, por derecho propio, contra actos de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veintiuno de febrero de dos mil veinte y turnado el día hábil siguiente a este Juzgado, ******, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: En su carácter de Ordenadora: La Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En su carácter de Ejecutora: El Tesorero de la Ciudad de México. IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- De los Magistrados de la Primera Sala Ordinaria del actual Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se reclama el proveído del once de diciembre de dos mil diecinueve emitido en el Juicio de Nulidad TJ/I-19302/2018, por lo que hace a la ilegal IMPOSICIÓN de una multa por el equivalente a $4,224.50 (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.). 2.- Del Tesorero de la Ciudad de México, la EJECUCIÓN que pretende dar de dicha sanción pecuniaria en perjuicio del patrimonio de la suscrita". SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. La quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes de los actos reclamados e hizo valer los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO. admisión de la demanda. Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veinte, se registró el expediente con el número 421/2020-II, se admitió a trámite la demanda, se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete y se solicitó a las autoridades su informe con justificación (folios 25 a 27). CUARTO. audiencia constitucional. La audiencia constitucional inició en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México tiene competencia constitucional y legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 52, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto Primero, fracción I y Segundo, fracción I, número 3, y Cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 03/2013, expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en razón de que se reclama un acto emitido después de concluido un juicio de nulidad, con ejecución en la Ciudad de México, donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. fijación de la litis. La sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En el caso, la parte quejosa reclama: El acuerdo de once de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se le impuso multa por $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 M.N.), por incumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad TJ/I-19302/2018. La ejecución de la multa. TERCERO. certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto que se reclama a la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, consistente en la multa impuesta en acuerdo de once de diciembre de dos mil diecinueve, ya que así lo reconoció al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis 305, visible en la página 206, tomo VI, parte SCJN, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, quinta época; cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con las constancias que en copia certificada remitió la responsable, que obran en legajo de pruebas por separado, a las que se concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que la referida sala administrativa emitió el acuerdo impugnado. De igual forma, es cierto el acto reclamado al Tesorero de la Ciudad de México, consistente en la ejecución de la multa, aun cuando lo haya negado al rendir informe justificado. Lo anterior es así, ya que la ejecución que se le atribuye es un acto inminente, toda vez que desde la imposición de la multa se ordenó girar el oficio correspondiente para hacerla efectiva, por lo que solo falta que se cumplan determinadas formalidades legales para su ejecución. Es aplicable al caso, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXVII, página 1912, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS INMINENTES, NO DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE TRATA DE. Si la autoridad ordenadora certifica la existencia del acto reclamado, aun en el supuesto de que la ejecutora niegue haber recibido la orden correspondiente y que en realidad no la haya recibido, sin duda alguna la ejecución de la misma es inminente, y por lo mismo, no debe sobreseerse contra el acto de ejecución que de ella se reclama". Además, de conformidad con el artículo 28, fracción IX, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde al Tesorero de esta Ciudad el cobro de los aprovechamientos generados a favor de esta ciudad. CUARTO. causas de improcedencia. Las partes no hicieron vale causas de improcedencia y este juzgado no advierte que se actualice alguna, por lo que procede el estudio del fondo. QUINTO. estudio del fondo del asunto. No se transcriben los conceptos de violación, por no ser un requisito exigido por el artículo 76 de la Ley de Amparo. La parte quejosa argumenta, en el concepto de violación primero, que se transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aduce que se le impuso multa sin respetar las formalidades del procedimiento establecidas en el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y sin tomar en cuenta que desahogó todos los requerimientos que se le formularon para cumplir la sentencia del juicio de nulidad, por lo que el acuerdo que se reclama carece de la debida fundamentación y motivación. Señala que se aplicó de forma indebida el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, ya que dicho precepto establece que se impondrá multa en caso de que la autoridad muestre renuencia a cumplir con la sentencia de nulidad, lo que implica un incumplimiento de forma plena y total. Sin embargo, afirma que sí realizó actos tendentes al cumplimiento, toda vez que el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve solicitó una prórroga considerable y, luego de que se resolvió el recurso de queja por incumplimiento, exhibió constancias para acreditar que dejó sin efectos el oficio 702/0054/2018 y anexó panilla de liquidación a favor de Raymundo Domínguez Cruz respecto de las diferencias de aguinaldo del año dos mil quince, por lo cual quedó en espera de que la Sala Administrativa emitiera el acuerdo correspondiente en cuanto a la cantidad determinada, para poder continuar con los trámites correspondientes. Menciona que la autoridad responsable no individualizó la sanción, conforme lo establece el artículo 453 del Código Fiscal del Distrito Federal. En el concepto de violación segundo, manifiesta que la ejecución de la multa es ilegal, porque deriva de un acto viciado. Para dar contestación a los argumentos de la quejosa, es necesario transcribir lo que establecen los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 14. (...) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El artículo 14 constitucional consagra el derecho de audiencia previa a los actos privativos. Por su parte, el artículo 16 constitucional señala los requisitos mínimos que todo acto de autoridad debe contener, a saber: 1. Que conste por escrito; 2. Que provenga de autoridad competente, y 3. Que se encuentre fundado y motivado. Lo anterior implica que en todo acto de autoridad debe expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso se configuren las hipótesis normativas. Los anteriores requisitos cobran aplicación no solo para los actos emitidos por autoridades administrativas, sino también para determinaciones emitidas por órganos jurisdiccionales. Sobre el tema, resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 139/2005, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, novena época, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Por otro lado, el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México establece el procedimiento que debe seguirse ante el incumplimiento de la sentencia firme: "Artículo 106. En caso de incumplimiento de sentencia firme, el actor podrá, por una sola vez, acudir en queja, ante la Sala, la que dará vista a la autoridad responsable para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se interpondrá por escrito dirigido al Magistrado Instructor que corresponda; en dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, repetición de la resolución anulada, o bien, se expresará la omisión en el cumplimiento de la resolución de que se trate. El Magistrado pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de sentencia, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, la Sala Ordinaria resolverá si la autoridad demandada ha cumplido con los términos de la sentencia, de lo contrario, la requerirá para que cumpla en un término de otros cinco días, amonestándola y previniéndola de que en caso de renuencia se le impondrá al servidor público respectivo una multa de 50 a 180 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, apercibiéndola además respecto a una sanción de mayor severidad si el incumplimiento persiste. De este requerimiento se dará vista también a su superior jerárquico, con el objeto de que conmine al renuente a realizar el cumplimiento. Si la sentencia no quedó cumplida en el plazo fijado, la Sala emitirá la resolución respectiva, e impondrá el arresto del servidor público renuente hasta por treinta y seis horas, y a su superior jerárquico una multa de 50 a 180 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, requiriéndoles por una última vez el cumplimiento íntegro de la sentencia respectiva en un término no mayor a cinco días. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, la Sala Ordinaria podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo el apercibimiento efectuado. Si en el término fijado no se acredita haber dado cumplimiento cabal a la sentencia, la Sala Ordinaria podrá determinar una nueva sanción al servidor público renuente y a su superior jerárquico, en su caso". Del precepto transcrito se desprende que, ante el incumplimiento, el actor puede acudir en queja por una sola vez y la sala realizará lo siguiente: a) Pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de sentencia, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días. b) Una vez transcurrido el término, resolverá si la autoridad ha cumplido con la sentencia. c) Si estima que no está cumplida, requerirá a la autoridad para que la acate y le concederá diverso término de cinco días, apercibiéndola que, en caso de renuencia, se le impondrá una multa de cincuenta a ciento ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. El procedimiento que debe agotar la Sala respectiva para lograr el cumplimiento de una ejecutoria antes de imponer multa es acorde con lo previsto en el artículo 14 de la Constitución, toda vez que salvaguarda el derecho fundamental de audiencia de la autoridad que funja como demandada en el juicio de nulidad, ya que previo a sancionarla le requiere el cumplimiento del fallo. A través de los requerimientos que realice a las autoridades, se encontrarán informadas del fallo que están obligadas a cumplir, lo que les permitirá acatarlo y evitar que se les apliquen las sanciones correspondientes. Debe tomarse en consideración que se trata de facultades discrecionales que tiene el órgano respectivo para que se cumplan sus determinaciones. El cumplimiento de las resoluciones de nulidad es obligatorio desde que causan ejecutoria, y si bien los ordenamientos legales establecen un procedimiento para constreñir a las demandadas a acatarlas, éstas se encuentran obligadas desde que las determinaciones dictadas en la instancia contenciosa quedan firmes, pues al ser parte del procedimiento no pueden excusarse de realizar lo ordenado, en observancia al derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. En este caso, la quejosa aduce que no ha incurrido en renuencia porque realizó acciones tendentes al cumplimiento, lo que no fue tomado en cuenta por la Sala Administrativa. Es infundado el argumento de la quejosa puesto que, de las copias certificadas del juicio de nulidad de origen, se advierten los antecedentes siguientes. 1. Juicio contencioso. Raymundo Domínguez Cruz solicitó al Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que se calcularan y pagaran las diferencias de aguinaldo del año dos mil quince y subsecuentes. En respuesta, la referida autoridad determinó que no existían diferencias a pagar y, en todo caso, su acción estaba prescrita, por lo que la parte actora promovió juicio de nulidad (folios 1 a 9 del legajo de pruebas). 2. Sentencia de nulidad. La Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México dictó la sentencia en el juicio contencioso administrativo TJ/I-19302/2018, en la que reconoció la validez de la resolución impugnada (folios 39 a 41del legajo de pruebas). 3. Recurso de apelación. La parte actora interpuso recurso de apelación. El Pleno Jurisdiccional del citado Tribunal, mediante resolución de quince de agosto de dos mil diecinueve, revocó la sentencia recurrida y condenó al Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a dejar sin efectos el oficio impugnado y emitir otro en el que determine el cálculo de las diferencias de aguinaldo que le fueron solicitadas, con base en el sueldo tabular y las compensaciones que se pagaron mensualmente de forma ordinaria a la parte actora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 Bis, de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado (folios 72 a 89 del legajo de pruebas). 4. Queja por incumplimiento de la sentencia. El actor interpuso recurso de queja, ante la omisión de la autoridad demandada de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad. Mediante acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, la Sala Ordinaria admitió el recurso y requirió a la autoridad que en el término de cinco días informara sobre el cumplimiento a la sentencia (folios 94 a 96 del legajo de pruebas). La autoridad demandada desahogó el requerimiento mencionado mediante oficio de siete de octubre de dos mil diecinueve, en el que señaló que debía solicitar a las áreas competentes las gestiones de cumplimiento, por lo que solicitó la ampliación del término para cumplir (folios 99 y 100 del legajo de pruebas). 5. Resolución del recurso de queja. La Sala Ordinaria responsable, en resolución de veintiocho de octubre del mismo, declaró fundada la queja, por lo que en términos del artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, requirió a la autoridad demandada a cumplir el fallo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento de imponer multa de cincuenta a ciento ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México (folios 103 y 104 del legajo de pruebas). 6. Actos de cumplimiento. Mediante oficio de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, la autoridad demandada informó que dejó sin efectos el acto impugnado y exhibió planilla de liquidación en la que determinó la cantidad de $13,969.33 (trece mil novecientos sesenta y nueve pesos 33/100 m.n.), por concepto de diferencias de aguinaldo del año dos mil quince, y señaló lo siguiente: "por lo que se solicita se emita acuerdo en el que se fije la cantidad" (folios 108 a 113 del legajo de pruebas). 7. Imposición de multa. Mediante auto de once de diciembre de dos mil diecinueve, la Sala administrativa manifestó que la autoridad demandada no había cumplido la sentencia de nulidad, ya que únicamente exhibió planilla de liquidación respecto de las diferencias de aguinaldo por el año dos mil quince, pero no acreditó haber realizado el cálculo por los años subsecuentes ni que realizó el pago, por lo que hizo efectivo el apercibimiento e impuso multa por cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México y ordenó girar oficio al Tesorero de la Ciudad de México para su ejecución (folios 116 a 120 del legajo de pruebas). Sobre tales bases, se considera infundado el concepto de violación primero, ya que contrario a lo manifestado por la quejosa, sí se cumplieron las formalidades para la imposición de la multa, en razón de que la Sala responsable le requirió el cumplimiento a la sentencia firme, otorgó el término de cinco días y le apercibió con imposición de multa, tal como lo establece el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Además, fundó y motivó su actuar, pues al constatar que la autoridad no acreditó el cumplimiento total a la sentencia, le impuso la sanción pecuniaria correspondiente; de ahí que su proceder está apegado a lo exigido en los artículos 14 y 16 de la Constitución. La autoridad responsable señaló en el acuerdo reclamado los fundamentos legales en que se sustenta la multa (artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México) y las omisiones en que incurrió la autoridad quejosa (calcular y pagar diferencias de aguinaldo por los años subsecuentes a dos mil quince), a pesar de los diversos requerimientos hechos, por lo que la multa se encuentra apegada a derecho, al ser la consecuencia legal que prevé la ley. Por otro lado, son infundados los argumentos atinentes a que la autoridad responsable omitió analizar y aplicar los factores de individualización al imponer la multa. Al respecto, debe señalarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J./127/99, de la novena época, determinó, que si bien, de conformidad con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, en uso de su arbitrio, imponga al servidor público contumaz la multa mínima prevista en la ley, sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y su reincidencia, toda vez que dichos elementos solo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, al ser inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Es por ello que resulta innecesario que la responsable cumpla con los supuestos que refiere la quejosa para individualizar la sanción. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia citada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, diciembre de 1999, página 219 de rubro y texto siguientes: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima". Por otro lado, la quejosa manifiesta que la autoridad responsable no tomó en cuenta los oficios en los que solicitó término considerable para cumplir la sentencia y exhibió planilla de liquidación a favor del quejoso por diferencias de aguinaldo del año dos mil quince, lo que demuestra que no existió renuencia y, por tanto, existió inexacta aplicación del artículo 106 mencionado. Sin embargo, contrario a esa manifestación, del acuerdo reclamado se advierte que la Sala Administrativa sí se pronunció al respecto, pues señaló que la Directora General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México exhibió planilla de liquidación únicamente respecto del ejercicio fiscal dos mil quince, pero omitió calcular la prestación respecto de los años subsecuentes, por lo que no quedó demostrado el cumplimiento a la sentencia. Por lo anterior, no se aplicó de forma indebida el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pues dicho dispositivo legal establece la imposición de multa ante la renuencia de la autoridad de cumplir la sentencia firme; y en el caso, pese a que la quejosa haya realizado diversas acciones con la finalidad de acatar el fallo, lo relevante es que en autos no obra constancia con la que se acredite el cumplimiento total a la sentencia de nulidad, por lo que sí se actualizaron las hipótesis normativas para imponer la multa. Además, la quejosa no justificó la omisión de calcular y pagar las diferencias de aguinaldo por los años subsecuentes a dos mil quince, no obstante que así se le ordenó en sentencia firme, por lo cual debe considerarse que sí existe renuencia de su parte. Por otro lado, la quejosa argumenta que al exhibir la planilla de liquidación solicitó a la Sala Administrativa que emitiera acuerdo en el que fijara la cantidad a pagar para poder continuar con el trámite de cumplimento; sin embargo, ello es insuficiente para considerar ilegal la multa, ya que corresponde a la quejosa determinar y pagar las cantidades respectivas, no solo por dos mil quince, sino también por los años subsecuentes, lo que en la especie no ocurrió, por lo que se encuentra justificada la imposición de la multa. En consecuencia, al resultar infundados los planteamientos de la quejosa, procede negar el amparo solicitado. La anterior determinación se hace extensiva respecto de la ejecución de la multa, ya que no la controvirtió por vicios propios, pues únicamente señaló que es inconstitucional por derivar de un acto viciado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de agosto de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del que se advierte que aún no obra en autos la constancia de notificación personal del proveído de veinticinco de agosto del año en curso relativa al tercero interesado; en consecuencia, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión ni violar las reglas que norman el procedimiento, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las QUINCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo Notifíquese
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERO INTERESADO EL PROVEÍDO DE FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, EN VIRTUD DE QUE NO ATENDIÓ AL CITATORIO DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: PROVEÍDO 25-08-2020: "De conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó que, se suspendieran las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con excepción de los casos urgentes señalados en tales acuerdos. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional del presente juicio y que tácitamente se dejara sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora bien, atendiendo a lo ordenado en el "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19", este juzgado, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo, se ordena fijar las QUINCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE para que conforme a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, tenga verificativo la audiencia constitucional. Lo anterior se hace del conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa al tercero interesado.".- NOT.-
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